nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, catorce de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que comparece don PABLO DANIEL PEÑALOZA PARRA, abogado, actuando a favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A., por el acto ilegal y arbitrario de fecha 1 de septiembre de 2025, rechazando verbalmente su solicitud de retiro de fondos para extranjero mediante, vulnera los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que don nombre reservado solicitó mediante el portal web correspondiente a la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida, la devolución de fondos previsionales, conforme a la Ley N° 18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros, adjuntando la documentación requerida, incluyendo constancia electrónica de afiliación al Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS), declaración jurada ante notario y título profesional apostillado.

Expone que fue notificado que su trámite se encontraba detenido por documentación incompleta o insuficiente, como consecuencia de lo anterior, el recurrente en fecha 1 de septiembre de 2025, se comunica vía telefónica al número de contacto disponible para los afiliados, siendo informado verbalmente del rechazo de su solicitud, argumentando que la constancia de afiliación no contaba con su debida apostilla o legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país de origen, o que se encontraba "vencida".

Enfatiza que es un hecho de público conocimiento la imposibilidad material de los nacionales venezolanos de obtener la legalización consular o apostilla de documentos en Chile, debido al quiebre de las relaciones diplomáticas entre ambos países, lo que dejó sin representación consular a los nacionales venezolanos. Sostiene que esta situación constituye un caso fortuito o fuerza mayor, según el artículo 45 del Código Civil, y que, en consideración a ello, presentó el documento debidamente apostillado a través de declaración jurada ante notaría chilena.

Aduce que la constancia electrónica del IVSS es verificable en línea a través del portal oficial del IVSS mediante un código alfanumérico o el número de cédula de identidad, lo que demuestra su autenticidad y vigencia, y que la conducta omisiva de la recurrida de no verificar dicha afiliación es arbitraria.

Destaca que la Ley N° 18.156, en sus artículos 1 y 7, establece los requisitos para la devolución de fondos a trabajadores extranjeros y afirma haber dado íntegro cumplimiento a estos requisitos.

Señala que otras Administradoras de Fondos de Pensiones, a modo ejemplar AFP Cuprum y AFP Modelo, han aceptado solicitudes de retiro de fondos en similares condiciones, realizando la verificación del código de validación de la constancia electrónica, adoptando una interpretación no formalista de la norma. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones que han acogido recursos en casos análogos, primando el espíritu de la ley sobre interpretaciones excesivamente literales y reconociendo la imposibilidad material de cumplir con ciertas formalidades.

Solicita ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos, y en general, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que comparece don Daniel Santoni, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., evacuando el informe y solicitando el rechazo íntegro de la acción de protección, con costas, fundado en que la materia reclamada por la recurrente no es propia de una acción cautelar, puesto que no existe un derecho indubitado, sino que existe un derecho controvertido, motivo por el cual, no puede solucionarse vía recurso de protección.

Explica que PROVIDA S.A. rechazó solicitud de la recurrente de autos, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo con las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones.

Añade que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156.

Enfatiza que la Constancia de Cotizaciones legalizada ante notario o verificable en línea no cumple con los requisitos del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, ni con la exigencia del Título XI del Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, que requiere una certificación legalizada. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y Cortes de Apelaciones que confirman la estricta aplicación de la normativa en cuanto a la legalización y apostilla de los documentos extranjeros.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo en todas sus partes del recurso de protección, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Así, son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que la Ley N°18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1º de dicha ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como esos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones copulativas: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

QUINTO: Que, en relación con las exigencias para acreditar la afiliación a un sistema previsional extranjero, la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices, las cuales son de carácter obligatorio para las Administradoras. Dichas instrucciones establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, incluyendo la necesidad de que la cobertura por enfermedad contemple explícitamente tanto prestaciones médicas como pecuniarias, así como la exigencia de que los documentos emitidos en el extranjero se encuentren debidamente legalizados o apostillados para su validez en Chile.

SEXTO: Que consta del mérito de autos que la Administradora de Fondos de Provida S.A. rechazó la solicitud del recurrente, argumentando que no se acompañó constancia de afiliación vigente el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

SÉPTIMO: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente y las razones esgrimidas por la recurrida, esta Corte no advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la Administradora. La negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente y de las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad competente, la Superintendencia de Pensiones.

En tales condiciones, no se configura el presupuesto esencial de ilegalidad o arbitrariedad que permita acoger la acción cautelar de protección interpuesta, debiendo esta ser necesariamente declarada sin lugar.

Por las razones anotadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta en favor de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-21164-2025.