nombre reservado con SUBSECRETARIA DEL PATRIMONIO CULTURAL

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de julio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Renzo Rodrigo Gandolfi Díaz, abogado, en representación convencional de doña nombre reservado, servidora pública adscrita a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, quien deduce acción de protección en contra de dicho órgano dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por haber dictado la Resolución TRA N.° 122510/1/2024, con toma de razón el 14 de octubre de 2024 y notificada el 17 de octubre del mismo año, mediante la cual la autoridad administrativa declaró la vacancia de su cargo por salud incompatible, invocando lo dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, sobre la base de que la funcionaria había hecho uso de licencias médicas, continuas o discontinuas, por un período superior a seis meses dentro de los últimos dos años, lo que, a su juicio, vulnera las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente se desempeñaba como funcionaria a contrata, asimilada a grado 12° de la Escala Única de Sueldos, con más de siete años de antigüedad, desde su ingreso el 10 de octubre de 2018, habiendo progresado desde funciones administrativas hasta alcanzar el cargo de profesional de apoyo en la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas, instancia en la que ha desempeñado funciones sustantivas, incluso de carácter jerárquico, en atención a su experiencia y trayectoria.

Cuestiona la razonabilidad y legalidad de la decisión, por cuanto a la fecha de dictación del acto de vacancia, ya se encontraba reincorporada plenamente a sus labores, habiendo hecho uso de reposo médico por 9 días en enero, 14 días en febrero y 7 días en mayo de 2024, lo que califica como un uso marginal de licencias de ese año.

Sostiene, además, que durante el año 2022 sólo usó 6 días, siendo el grueso del reposo médico en 2023, producto de un episodio depresivo severo diagnosticado clínicamente, derivado de una ruptura de pareja con antecedentes de violencia intrafamiliar.

Manifiesta que esta situación fue debidamente informada a su jefatura, incluso mientras se encontraba con licencia fue requerida constantemente por sus superiores para resolver asuntos propios de la unidad, dada su posición estratégica en la estructura del servicio. Acompaña prueba de su evaluación de desempeño de 2024, donde obtuvo 88,25 puntos, siendo calificada en Lista N.°1 (Distinción) y con observaciones elogiosas por parte de su jefatura directa. Agrega que en 2022 y 2023 también obtuvo notas sobresalientes: 94 y 77,25 puntos, respectivamente.

Indica que fue sometida a una evaluación por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), la cual, mediante Resolución Folio N°17858343 de fecha 28 de agosto de 2024, determinó expresamente que su salud era recuperable, cumpliendo además funciones al momento de dicha evaluación y a la fecha de notificación de la resolución de vacancia.

Alega que la autoridad no valoró debidamente dicha declaración de recuperabilidad, ni se pronunció sobre la idoneidad o compatibilidad efectiva de su salud con el cargo, lo que conforme al tenor literal del artículo 151 del Estatuto Administrativo, en su redacción modificada por la Ley N° 21.050, resulta imprescindible para la configuración válida de la causal de vacancia por salud incompatible.

Denuncia que el acto recurrido adolece de falta de motivación, proporcionalidad y racionalidad, vulnerando de ese modo el principio de debido proceso administrativo y el control jurisdiccional de la potestad discrecional, al haberse omitido todo procedimiento que permitiera a la funcionaria defenderse previa a la decisión. Añade que no se indicó medio alguno de impugnación en la resolución, impidiendo así también el ejercicio del derecho a recurrir.

Invoca la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N.º 2 Constitución Política de la República), al señalar que existen otros funcionarios en igual o peor situación de ausentismo médico a quienes no se les ha instruido proceso alguno, configurando una discriminación arbitraria en su contra. A su juicio, la autoridad ha utilizado el criterio numérico de días de licencia sin considerar las causas, desempeño efectivo, condiciones de salud y evaluaciones positivas, ni tampoco si existía recuperabilidad clínica o no.

También se invoca la vulneración del derecho de propiedad (art. 19 N.º 24 CPR), entendido como el derecho al ejercicio estable de un cargo público, el cual no puede cesarse sino por causas legales debidamente acreditadas y respetando los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Alega que el acto recurrido carece de tales elementos y se funda en una interpretación restrictiva y mecánica del artículo 151 del Estatuto Administrativo, omitiendo el análisis conjunto del inciso final de dicha norma, el pronunciamiento de COMPIN, y el su contexto funcional.

Solicita que se acoja la acción de protección y en consecuencia se deje sin efecto la Resolución TRA N.º 122510/1/2024; que se declaren nulos todos los actos administrativos posteriores que suponen la validez del acto recurrido; que se ordene su reincorporación en las mismas condiciones que detentaba, junto con el pago de remuneraciones, asignaciones y bonos dejados de percibir, y; que se restablezca el imperio del derecho, con expresa condena en costas a la recurrida.

Segundo: Que informando al tenor del recurso comparece nombre reservado, Subsecretaria del Patrimonio Cultural, solicitando el rechazo integral del recurso, con costas, por cuanto el acto administrativo que se impugna se habría dictado con estricto apego al ordenamiento jurídico, sin incurrir en ilegalidad o arbitrariedad alguna.

En primer lugar, en cuanto a los hechos que motivaron la adopción de la medida, se señala que la recurrente ingresó a prestar servicios en la Subsecretaría del Patrimonio Cultural el 1 de enero de 2019, luego de haber ejercido funciones en calidad de reemplazo durante parte del año 2018. Desde ese momento, y hasta el año 2022, mantuvo una relación funcionaria en régimen de contrata. A partir del año 2022, se comenzó a registrar un aumento progresivo en el uso de licencias médicas por parte de la funcionaria, las cuales se incrementaron significativamente a lo largo del año 2023, y continuaron manifestándose durante el año 2024.

Indica que, conforme al análisis de la documentación administrativa, consta que entre el 7 de noviembre de 2022 y el 31 de mayo de 2024, la señora nombre reservado presentó un total de 184 días de inasistencia justificada por licencia médica, cifra que excede en más de un mes el límite de seis meses continuos o discontinuos contemplado por el artículo 151 del Estatuto Administrativo para configurar la causal de salud incompatible con el desempeño del cargo. Destaca que este cómputo ha sido detalladamente individualizado en la Resolución TRA N° 122510/1/2024, la que fue objeto de toma de razón con fecha 14 de octubre de 2024 por la Contraloría General de la República.

Explica que, ante este escenario, y conforme al procedimiento legal vigente, mediante Oficio Ordinario N° 262 de 17 de mayo de 2024, la Subsecretaría solicitó formalmente la evaluación de la condición de salud de la funcionaria a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana. Esta última, mediante informe con Folio N° 1785343, de fecha 28 de agosto de 2024, concluyó que la señora nombre reservado presentaba un estado de salud recuperable, es decir, no se encontraba afecta a una situación de irrecuperabilidad.

Refiere que, en consecuencia, la Subsecretaría procedió conforme a la ley y dictó la resolución que declara vacante su cargo, basándose en la superación del umbral legal de ausencias y en la calificación de salud recuperable emitida por el órgano técnico competente.

Hace presente, que la ausencia prolongada de la recurrente generó dificultades operativas dentro del equipo de trabajo, provocando sobrecarga laboral para el resto del personal, en contravención a la necesidad de continuidad del servicio público.

Advierte que es deber de la administración garantizar la prestación permanente, regular y eficiente de las funciones asignadas a sus unidades, y que, esta situación se evaluó con seriedad y diligencia por parte de la jefatura, considerando los antecedentes clínicos, el historial administrativo, y el pronunciamiento técnico de la COMPIN.

En relación al marco normativo aplicable, se indica que el artículo 146 del Estatuto Administrativo establece las causales de cesación en el cargo, entre ellas, la declaración de vacancia, prevista en su letra c). A su vez, el artículo 150, letra a), faculta dicha declaración cuando concurre una situación de salud irrecuperable o incompatible.

Indica que, el artículo 151 especifica que puede considerarse salud incompatible con el desempeño del cargo, cuando el funcionario ha hecho uso de licencias médicas continuas o discontinuas por más de seis meses en los últimos dos años, sin que exista declaración de salud irrecuperable.

Observa que esta disposición fue modificada por la Ley N° 21.050, que agregó como requisito la evaluación previa de la COMPIN, cuyo pronunciamiento sobre la recuperabilidad del funcionario es un presupuesto esencial para la validez del acto administrativo. Agrega que, en este caso, dicha evaluación se realizó, arrojando como resultado un diagnóstico de recuperabilidad, habilitando así la aplicación del artículo 151, en su hipótesis de salud incompatible con el cargo.

Argumenta que, a diferencia del escenario de salud irrecuperable, que da lugar a un proceso de retiro asistido por la autoridad médica previsional, la causal de salud incompatible con el cargo no exige un impedimento absoluto y permanente para el desempeño de funciones, sino la concurrencia de dos elementos objetivos: la acumulación de licencias médicas por más de seis meses dentro de un período de dos años, y la ausencia de una declaración de irrecuperabilidad por parte de COMPIN, ambos requisitos se encuentran debidamente cumplidos en el caso de marras.

Subraya que la interpretación de esta norma ha sido reafirmada en reiteradas oportunidades por la Contraloría General de la República, en dictámenes tales como los N° 17.351, 30.943, 20.322 de 2018, el N° 10.237 de 2019, y el reciente Dictamen N° E27522N24, que reconocen expresamente la legalidad de declarar la vacancia de un cargo cuando se verifica este umbral de inasistencia y se ha descartado la irrecuperabilidad.

Destaca especialmente que la COMPIN no debe pronunciarse sobre la compatibilidad funcional con el cargo, sino únicamente sobre la recuperabilidad clínica, siendo la autoridad administrativa la encargada de ponderar, conforme a derecho, si la recuperación es o no compatible con la continuidad en la función pública.

Asimismo, invoca jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que habría convalidado esta interpretación, en autos Rol N° 88.329-2020, y respecto a la Corte de Apelaciones de Santiago, en autos Rol N° 17.760-2024.

Enfatiza que la función pública exige presencia efectiva, por cuanto la Administración del Estado tiene el mandato constitucional de actuar al servicio de la persona y del bien común, conforme al principio de servicialidad.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, se aclara que la recurrente desempeñaba un cargo en calidad de contrata, situación jurídica definida en el artículo 3, letra c) del Estatuto Administrativo como un empleo de carácter transitorio, sujeto a renovación anual y cuya duración máxima se extiende hasta el 31 de diciembre de cada año, salvo prórroga expresa.

Asegura que, en este régimen, no existe derecho de propiedad sobre el cargo, ni tampoco estabilidad funcionaria como ocurre con los funcionarios de planta, lo que habría ratificado la Contraloría General de la República en dictámenes como el N° 22.209/2003 y el N° 66.193/2013, y la Excma.Corte Suprema, en autos N° 8.034-2010, 9.621-2010 y 9.801-2010.

Respecto del derecho a la igualdad ante la ley invocado al amparo del artículo 19 N° 2 de la Constitución, la Subsecretaría sostiene que la medida adoptada no constituye un trato discriminatorio, sino la consecuencia de una norma legal que se aplica a todos los funcionarios que reúnan los requisitos objetivos establecidos por el legislador. Agrega que, no se ha acreditado que se haya actuado con desviación de poder, ni que se haya excluido a otros funcionarios en situación similar sin causa, sino que, por el contrario, la declaración de vacancia obedece a un marco legal que exige salud compatible como condición habilitante para el ingreso y permanencia en la Administración Pública, conforme al artículo 12 letra c) del Estatuto Administrativo.

Apunta que la ley permite que la salud del funcionario sea considerada un elemento de exclusión legítima, en tanto afecta la idoneidad funcional para el ejercicio de la función pública, razonamiento que, según indica, ha sido acogido por el Tribunal Constitucional, en sentencia Rol N° 2.921/2016, que reconoció que la figura de vacancia por salud incompatible busca resguardar el interés público y el funcionamiento continuo de los servicios del Estado, sin que ello implique una vulneración de derechos fundamentales.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley-o arbitrario- producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad reprocha la parte recurrente, es el acto administrativo contenido en la Resolución TRA N° 122510/1/2024, que fue objeto del trámite de toma de razón el 14 de octubre de 2024 y notificada el 17 de octubre del mismo año, por el cual se declaró vacante su cargo por “salud incompatible” bajo el siguiente tenor:

“1.- Que, el artículo 113 del Estatuto Administrativo dispone que “La declaración de irrecuperabilidad afectará a todos los empleos compatibles que desempeñe el funcionario y le impedirá reincorporarse a la Administración del Estado”. Por otra parte, la letra a) de su artículo 150 señala que un servidor público cesará en su cargo por declaración de vacancia, entre otras causales por “Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”

2.- Que, el artículo 151 del mismo cuerpo legal establece: “El Jefe Superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica de un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”. Por otra parte, su inciso final establece que “El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

3.- Que, la funcionaria nombre reservado, R.U.N. N° RUT reservado, profesional a contrata asimilada a grado 12° de la E.U.S., de esta Subsecretaría, presentó e hizo uso de 214 días de licencia médica tipo 1. Sin embargo, de acuerdo con lo señalado en el Dictamen n° 16.458, de 2001 de la Contraloría general de la República, para el cómputo de días solo se debe contabilizar el total de licencias médicas que fueron aprobadas por la respectiva Institución de Salud Previsional, lo que en este caso corresponde a un total de 184 días durante los últimos dos años desde la fecha de este acto administrativo, conforme al detalle que indica.

5.- Que, conforme a lo anterior, esta Subsecretaría a través del Ord. N° 262, de fecha 17 de mayo de 2024, que se adjunta a esta resolución exenta, solicitó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) la evaluación respecto a la condición de irrecuperabilidad de salud de la funcionaria.

6.- Que, con fecha 28 de agosto de 2024, a través del Folio N° 1785343, la COMPIN remitió la Resolución de Evaluación, señalando que la funcionaria nombre reservado, presenta un estado de salud recuperable.

7.- Que, conforme a lo señalado por Contraloría General de la República en dictámenes N° 28.713, de 2011; 2.415, de 2013; 13.570, de 2015; 5.014, de 2016 y 33.241 de 2019, entre otros, la autoridad de un servicio tiene la facultad exclusiva para calificar la procedencia de declarar la vacancia de un cargo por salud incompatible con su desempeño, una vez producidas las circunstancias de hecho requeridas por la normativa.

8.- Que, en el caso en particular de la funcionaria nombre reservado se han cumplido las circunstancias de hecho requeridas para dar lugar a la declaración de vacancia del cargo que desempeña como profesional a contrata, asimilada a grado 12° de la E.U.S. en esta Subsecretaría, ha hecho uso de licencias médicas por un lapso discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, con un total de 184 días, sin mediar declaración de salud irrecuperable y, que lo anterior fue requerido a la COMPIN, organismo que determinó que la funcionaria posee un estado de salud recuperable.

RESUELVO:

DECLÁRASE VACANTE POR SALUD INCOMPATIBLE, a contar de la notificación de la total tramitación del presente acto administrativo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, el cargo servido por:

1) Don (a) nombre reservado, R.U.N. N° RUT reservado, PROFESIONAL, grado 12° ESCALA UNICA DE SUELDOS, Contrata, del servicio SUBSECRETARIA DEL PATRIMONIO CULTURAL.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y NOTIFÍQUESE.”

Quinto: Que en cuanto a la normativa aplicable corresponde indicar que el artículo 146 c) del Estatuto Administrativo señala: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: c) Declaraciones de vacancia;”. Asimismo, el artículo 150 del Estatuto Administrativo dispone que: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo”.

Por su parte, el artículo 151 del Estatuto Administrativo –de acuerdo a la modificación introducida por el artículo 63 de la Ley N° 21.050- dispone que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código de Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Por último, el artículo 3° inciso final de la Ley N° 19.880 dispone: “Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional”.

Sexto: Que el término de la contrata se realizó en virtud del artículo 3° de la Ley N° 18.834, el cual dispone que el empleo a contrata es de carácter transitorio, esto es, que, si bien su duración se extiende por ley hasta el 31 de diciembre de cada año, ello no es óbice para que el Jefe Superior de Servicio pueda disponer el término anticipado, si los servicios no son requeridos o si existe una declaración de vacancia del cargo.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 151 del Estatuto Administrativo, se establece que el Jefe de Servicio podrá considerar como salud incompatible el uso de licencia médicas por un lapso superior a 6 meses continuo o discontinuo, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Séptimo: Que, en consecuencia, después de la modificación introducida por la Ley N° 21.050, para aplicar el artículo 151 del Estatuto Administrativo resulta estrictamente necesario solicitar la evaluación a la COMPIN respecto del estado de salud que afecta a un funcionario, cuyo informe sólo puede señalar dos opciones: que sea el estado de salud irrecuperable o recuperable, conservando en ambos casos la administración la facultad de mantener al funcionario en el respectivo cargo o declarar su vacancia , en los términos del artículo 151 del Estatuto Administrativo.

De esta forma, el pronunciamiento de la COMPIN de recuperabilidad no resulta vinculante para la recurrida, toda vez que aún en dicha hipótesis, igualmente puede estimar la jefatura del servicio que la salud del funcionario es “incompatible” con el funcionamiento de la entidad, dado que en dicho contexto se trata del ejercicio de una potestad exclusiva de la administración.

Octavo: Que, de acuerdo al tenor del acto impugnado se advierte que corresponde a un acto administrativo fundado desde los hechos y el derecho-analizándose de manera pormenorizada la situación particular de la recurrente-, dictado en el ejercicio de una facultad legal y contando con el cumplimiento de los requisitos que el Estatuto Administrativo exige al efecto, conforme además al artículo 3° inciso final del referido cuerpo normativo –presunción de legalidad de los actos administrativos-, toda vez que fue tomado de razón por la Contraloría General de la República con fecha 14 de octubre de 2024 y notificada el 17 de octubre del mismo año.

Noveno: Que, asimismo, resulta pertinente tener presente que, mediante el Dictamen N° 17.351 de 2018, el Ente Fiscalizador ha sostenido que “la resolución de la evaluación que realice la COMPIN, constituye para la autoridad que lo solicita un antecedente sobre la irrecuperabilidad de la salud del servidor, ya que se trata de la valorización que un organismo técnico especializado, realiza acerca de la condición de salud de ese empleado.

Atendido lo anterior, en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo y resolver la vacancia de éste por esa causa”, resultando para estos efectos la jurisprudencia administrativa vinculante para la administración, conforme con lo dispuesto en los artículos 9 y 19 de la Ley N°10.336 sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

Décimo: Que, en síntesis, la autoridad recurrida sostiene que su decisión tuvo como fundamento reconocer en los hechos los evidentes impedimentos de salud de la recurrente en relación con el ejercicio del cargo, por lo que dispuso su vacancia a efectos de cubrirlo en el futuro y dotar al respectivo servicio público de los elementos humanos necesarios e idóneos para dar continuidad operativa a los procesos administrativos que la ley mandata, antecedentes que implicaron que se declarara su “salud incompatible”, en los términos antes explicitados.

En efecto, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico del cáncer y la protección a la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario, y a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años.

Undécimo: Que de lo expresado aparece que la decisión recurrida fue adoptada en virtud del ejercicio de la atribución conferida por ley al jefe de servicio, quien ponderó en el curso del procedimiento no sólo la concurrencia de los requisitos objetivos previstos por la normativa pertinente para la declaración objetada, sino también la probabilidad de contar con el concurso de los servicios del recurrente para los fines del servicio a partir de su reintegro, después de ausencia por motivos médicos, en base a antecedentes que sostienen la calificación de incompatibilidad que se formulara, y que priva de sustento a las imputaciones de ilegalidad y arbitrariedad del recurso.

Duodécimo: Que, asimismo, tampoco se ha demostrado la existencia de una arbitrariedad, pues el acto impugnado se fundamenta en la declaración previa de salud recuperable y en el hecho acreditado de haber hecho uso de licencia médica (184 días) en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, lo que transforma su permanencia en el cargo incompatible con los fines del servicio a prestar.

Décimo tercero: Que en relación a lo impetrado mediante el presente arbitrio constitucional, es del caso enfatizar la naturaleza esencialmente cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental y, particularmente, en la circunstancia que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado, en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.

Décimo cuarto: Que, es así como, aparece que el asunto propuesto a través de esta acción constitucional, en cuanto a la presunta inconsistencia entre la declaración de recuperabilidad de la salud con la consideración de su incompatibilidad con el servicio, rebasa sus límites y propósitos, dado que necesariamente supone dirimir los tópicos antes consignados para cuyos fines este procedimiento tutelar no resulta idóneo.

Décimo quinto: Que, lo cierto es entonces que el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de derechos, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose aquéllos indubitados es del parecer que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito –como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Décimo sexto: Que, en base a lo expuesto con antelación, el actuar de la recurrida se ajustó completamente a la normativa vigente y a lo previsto en los artículos 6° y 7° de nuestra Carta Fundamental, sin que haya existido ilegalidad o arbitrariedad alguna –denunciada o verificable- de parte de la recurrida.

Décimo séptimo: Que, en conformidad a lo antes referido, al no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado y encontrándose el acto administrativo debidamente fundado en su decisión, por ende, no se configura un acto ilegal y/o arbitrario, por lo que corresponde rechazar el recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso interpuesto por Renzo Rodrigo Gandolfi Díaz, abogado, en representación convencional de doña nombre reservado.

Regístrese y archívese.

Redactor ministro (s) señor Sergio Guillermo Córdova Alarcón, quien no firma por ausencia.

N°Protección-21121-2024.