nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, catorce de enero de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, quien interpone acción constitucional de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra de AFP Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por estimar que el acto mediante el cual se rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales, notificado con fecha 27 de agosto de 2025, vulnera las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere, en síntesis, que la recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales al amparo de lo dispuesto en la Ley N°18.156, por cumplir con los requisitos legales en su calidad de trabajadora extranjera afiliada a un régimen de seguridad social en su país de origen, acompañando constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), documento que cuenta con código de verificación pública en el sitio oficial de dicho organismo, además de contrato de trabajo y título profesional; sin embargo, la AFP recurrida rechazó la solicitud sosteniendo genéricamente que el certificado de afiliación no sería válido, exigiendo formalidades no previstas en la ley —como su legalización o apostilla— y omitiendo verificar la autenticidad del documento electrónico acompañado, pese a ser objetivamente comprobable por medios tecnológicos idóneos y de acceso público, lo que califica como un actuar ilegal y arbitrario, que le impide disponer de sus ahorros previsionales, afectando su derecho de propiedad y su igualdad ante la ley.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso y se ordene a las recurridas efectuar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, disponiendo la devolución de los fondos previsionales solicitados.

Segundo: Que informó la recurrida AFP ProVida S.A. solicitando el rechazo del recurso, señalando que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales de la actora se ajustó a lo dispuesto en la Ley N°18.156, al Decreto Ley N°3.500, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a las instrucciones obligatorias impartidas por la Superintendencia de Pensiones, por cuanto la recurrente no acreditó debidamente cumplir con los requisitos legales para acceder al beneficio, en particular, la afiliación vigente y efectiva a un régimen de seguridad social extranjero que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, mediante certificación válida y con valor probatorio en Chile.

Agrega que la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con las exigencias normativas, al encontrarse vencida, carecer de legalización o apostilla y no permitir verificar el período ni el alcance de la cobertura previsional invocada, sin que el solo código de verificación electrónica supla dichas formalidades.

Sostiene que su actuación se limitó al cumplimiento del principio de legalidad y a la observancia de la interpretación administrativa vinculante del órgano fiscalizador, negando haber incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna ni haber vulnerado las garantías constitucionales denunciadas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo, preceptúa: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Quinto: Que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme con N°7 del artículo 47 de la ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la ley N°18.156.

Entre ellas, y en lo pertinente al arbitrio en estudio, mediante el Oficio N°12954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: “Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión. A este respecto se reitera que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los citados artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla. En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia”.

Sexto: Que, atendido lo anteriormente expuesto, es posible concluir que la forma y oportunidad en que se debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, están expresamente fijadas por ésta, y han sido además precisadas por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y su jurisprudencia administrativa, sistema normativo que efectivamente exige determinadas formalidades a los documentos que se acompañen en este proceso por el solicitante, sin las cuales dichos documentos no tienen valor ni efecto en Chile.

Séptimo: Que, en consecuencia, como ha señalado reiteradamente la Excma. Corte Suprema (Roles N°55.974-2025, 39.783-2025, 57.250-2025, 56.604-2025 y 40.112-2025, entre otros) respecto a la alegación sobre la imposibilidad material de legalizar y apostillar los documentos desde Chile, atendido el término de las relaciones consulares entre este país y Venezuela, si bien dicha circunstancia dificulta el cumplimiento del requisito establecido en la normativa, no lo hace imposible de cumplir, ya que el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.

Octavo: Que de lo analizado hasta ahora se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna y, por el contrario, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos.

Luego, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado.

Noveno: Que las circunstancias anteriores conducen necesariamente al rechazo del arbitrio constitucional deducido.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza el recurso de protección interpuesto en contra de AFP Provida S.A. y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-21108-2025.