nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, nueve de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 25 de septiembre de 2025, comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor y representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por haber incurrido en un acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, decisión que estima contraria a derecho por fundarse en exigencias no previstas en la Ley N° 18.156, vulnerando con ello las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de derecho de propiedad, consagradas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que solicitó a la AFP recurrida, a través de su portal web, la devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, normativa que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros y habilita la devolución de fondos cuando se cumplen los requisitos legales. Indica que dicha solicitud fue rechazada mediante notificación efectuada por correo electrónico con fecha 1 de septiembre de 2025, comunicación en la cual la recurrida informó que la constancia electrónica de afiliación previsional acompañada no cumplía con la normativa vigente, por no corresponder —a su juicio— a una certificación de afiliación válida, no señalar prestaciones específicas, no encontrarse firmado por la entidad emisora ni apostillada o legalizada, y en cuanto a la declaración jurada por no no haber sido emitido por la entidad de seguridad social a la cual me encuentro afiliado fuera de Chile y o por una embajada o consulado del país de origen.

Seguidamente, cita los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, que establecen, por una parte, la exención de cotizaciones previsionales respecto de trabajadores técnicos extranjeros que se encuentren afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que manifiesten su voluntad de mantener dicha afiliación; y, por otra, la posibilidad de solicitar la devolución de los fondos previsionales en caso de haberse efectuado cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones. A partir de ello, sostiene que cumple íntegramente con los requisitos exigidos por la ley, en cuanto es profesional extranjero, se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen y ha manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación.

Argumenta que la AFP recurrida habría realizado una interpretación excesivamente formalista y restrictiva de la normativa, desatendiendo la finalidad del legislador, cual es permitir que los técnicos extranjeros dispongan de sus ahorros previsionales cuando cumplen los requisitos legales. En este sentido, sostiene que la recurrida incorporó requisitos no previstos expresamente en la ley, tales como la exigencia de apostilla o de vigencia de la constancia, lo que configuraría un actuar ilegal y arbitrario. Se agrega que la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales cuenta con un código de verificación que permite comprobar su autenticidad a través de medios electrónicos oficiales, lo que, según el recurrente, no habría sido verificado por la recurrida, pese a encontrarse a su disposición.

Asimismo, expone que la recurrida habría rechazado la solicitud sin una motivación suficiente y sin ponderar adecuadamente los antecedentes acompañados, desconociendo que la constancia de afiliación puede ser descargada y verificada sucesivamente, y que la variación de los códigos de verificación responde al propio funcionamiento del sistema de seguridad social del país de origen. Añade que la exigencia de documentos emitidos por embajadas o consulados resulta de difícil o imposible cumplimiento atendida la inexistencia de relaciones diplomáticas vigentes, circunstancia que, según el recurrente, fue ignorada por la AFP.

Finalmente, sostiene que el actuar de la recurrida vulnera la igualdad ante la ley, al dar al recurrente un trato distinto respecto de otros solicitantes que, encontrándose en condiciones similares, habrían obtenido una respuesta favorable, y afecta asimismo el derecho de propiedad, al impedirle disponer de los fondos previsionales de su titularidad sin una justificación legal suficiente, privándolo de un atributo esencial del dominio sobre dichos bienes incorporales.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que el acto impugnado es ilegal y arbitrario, se deje sin efecto el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, disponiendo la devolución de los fondos previsionales solicitados dentro de un plazo razonable, además de adoptar todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que comparece Rodrigo Montero Atria, abogado, y evacua informe en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima (AFP Modelo), solicitando el rechazo del recurso de protección deducido en su contra, con expresa condena en costas, por estimar que el proceder de la recurrida se ajustó a la normativa aplicable a las solicitudes de devolución de fondos previsionales por “técnico extranjero” y, en todo caso, no constituye un acto ilegal ni arbitrario que vulnere garantías constitucionales.

En primer lugar, expone que el 29 de agosto de 2025 el recurrente ingresó una solicitud de devolución de fondos previsionales en virtud de la Ley N° 18.156, respecto de cotizaciones enteradas por su empleador Logística Transporte y Servicios LTS Ltda. En ese contexto, señala que el solicitante acompañó, para acreditar el cumplimiento de requisitos, diversos documentos, entre ellos: título profesional, declaración jurada ante notario, constancia electrónica de cotizaciones, contrato de trabajo de 21 de marzo de 2025 y anexo de contrato de la misma fecha.

Sostiene que AFP Modelo efectuó el análisis de los antecedentes a la luz de la Ley citada, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y de la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, organismo regulador. En ese examen, afirma que se solicitó al recurrente aportar un certificado de afiliación a un régimen previsional extranjero, por considerar que la constancia electrónica de cotizaciones y las declaraciones juradas del propio trabajador no serían aptas para acreditar afiliación a un sistema de seguridad social fuera de Chile. En específico, refiere que el 1 de septiembre se envió correo electrónico informando que la solicitud se encontraba pendiente y requiriendo un “Certificado de Seguridad Social extranjero” que mencione cobertura mínima en enfermedad, invalidez, vejez y muerte, “legalizado o apostillado”, agregando que la constancia electrónica no sería un certificado de afiliación, no señalaría prestaciones específicas, no estaría firmada ni apostillada/legalizada, y que la declaración jurada tampoco cumpliría la normativa por no emanar de la entidad de seguridad social extranjera ni de embajada o consulado correspondiente. Según el informe, pese a ello, el recurrente volvió a acompañar los mismos documentos, motivo por el cual se rechazó la solicitud, reiterándose las razones antes indicadas.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la recurrida afirma que la Ley N° 18.156 configura un régimen excepcional y que su artículo 7° permite la devolución de fondos previsionales únicamente si se cumple con los requisitos del artículo 1°, destacando, en particular, la exigencia de estar afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Sostiene, además, que las AFP tienen por objeto exclusivo administrar fondos y otorgar prestaciones conforme al D.L. N° 3.500, y que la Superintendencia de Pensiones posee atribuciones para fijar interpretaciones obligatorias e impartir instrucciones, citando en respaldo un oficio (N° 21.480 de 2017) en que se instruye acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado que acredite cobertura durante la prestación de servicios, y el Compendio (Libro II, Título XI) que exige acreditación mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, con constancia de las prestaciones. También invoca los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil en materia de instrumentos otorgados fuera de Chile, y agrega consideraciones relativas a la fe pública y seguridad del tráfico jurídico.

Finalmente, desde la perspectiva del recurso de protección, sostiene que esta acción procede solo ante actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen garantías del artículo 19 de la Constitución, y que en autos AFP Modelo actuó conforme a la normativa vigente y a las instrucciones del órgano fiscalizador, de modo que no existiría vulneración de derechos fundamentales.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías allí expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio, debiendo el tribunal adoptar las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

La procedencia de esta acción se sujeta a la concurrencia copulativa de dos condiciones esenciales: la existencia de un acto u omisión ilegal – contrario a derecho– o arbitrario –caprichoso o antojadizo– y que este cause privación, perturbación o amenaza a una o más de las garantías constitucionales que la misma disposición protege.

CUARTO: Que la Ley N° 18.156 establece una excepción de carácter restrictivo al principio de territorialidad de la seguridad social en Chile, permitiendo a técnicos extranjeros retirar sus fondos previsionales si cumplen requisitos copulativos: a) Calidad de técnico; b) Afiliación a un régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y c) Cláusula de voluntad en el contrato de trabajo.

Sobre el particular, la Superintendencia de Pensiones, como órgano regulador técnico, ha instruido mediante el Compendio de Normas y diversos Oficios Ordinarios (específicamente el N° 12.954 de 2025) que el cumplimiento de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 debe acreditarse mediante certificación de la institución extranjera debidamente legalizada o apostillada, y que dicha cobertura debe ser verificable respecto del periodo solicitado;

QUINTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Modelo, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por el recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el certificado de seguridad social extranjero, que mencione como mínimo la cobertura de las siguientes prestaciones: enfermedad, invalidez, vejez y muerte, legalizado o apostillado.

SEXTO: Que el actuar de AFP Modelo S.A. no puede ser calificado de ilegal, por cuanto se sustenta en la aplicación de la normativa legal vigente y en las instrucciones obligatorias de su órgano fiscalizador. Tampoco puede tildarse de arbitrario o caprichoso, ya que su decisión se encuentra motivada en una deficiencia formal del documento presentado —la falta de apostilla o legalización válida conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil —, estándar que la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema ha validado como un requisito exigible por las Administradoras.

SÉPTIMO: Que, por consiguiente, al no constatarse un actuar que se aparte de la legalidad o de la razón, y existiendo una controversia técnica sobre la suficiencia de los medios de prueba para acceder a un beneficio excepcional, la presente vía cautelar no resulta idónea para declarar un derecho que no tiene el carácter de indubitado. Las alegaciones sobre fuerza mayor y validez de certificados electrónicos sin apostilla exceden el marco de este recurso, debiendo ventilarse, en su caso, ante la autoridad administrativa superior o en un procedimiento de lato conocimiento.

OCTAVO: Que, en virtud de lo expuesto, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales de la recurrente, la acción de protección debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Pablo Peñaloza Parra, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Protección N°21.098-2025.