nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, nueve de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, quien deduce recurso de protección en favor de doña nombre reservado, ciudadana venezolana, en contra de AFP UNO S.A., por el rechazo de 1 de septiembre de 2025 a su solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156. Sostiene que la recurrente cumple con todos los requisitos legales para la devolución, al encontrarse afiliado a un sistema de seguridad social extranjero, esto es, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, circunstancia acreditada mediante constancias electrónicas verificables en línea.

Señala que el motivo del rechazo invocado por la AFP recurrida es no presentar el certificado de afiliación y la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es insuficiente para acreditar la cobertura del país de origen exigida en la letra a) del artículo 1° de la ley 18.156, por cuanto no indicaba cobertura en caso de enfermedad con prestaciones médicas y pecuniarias.

Alega que la AFP incurre en un actuar ilegal y arbitrario al exigir requisitos no contemplados en la ley, en particular, la vigencia y apostilla de documentos y al desatender la finalidad de la normativa especial, realizando una interpretación excesivamente formalista.

Sostiene que dicha actuación vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad contempladas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, al impedir al recurrente disponer de sus ahorros previsionales y darle un trato desigual respecto de otros solicitantes en situación análoga.

Invoca abundante jurisprudencia de la Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones que ha declarado ilegal y arbitraria la negativa de las AFP a devolver fondos previsionales a té cnicos extranjeros, cuando se acredita afiliación a la seguridad social del país de origen por medios verificables, aun sin legalización o apostilla.

Solicita se acoja el recurso, se deje sin efecto el rechazo impugnado y se ordene a la AFP emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y proceder a la devolución de los fondos previsionales solicitados.

Segundo: Que evacuando el informe la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., solicita el rechazo íntegro del recurso de protección deducido en su contra, con expresa condenación en costas, fundado principalmente en la inexistencia de acto ilegal o arbitrario atribuible a su representada y en la improcedencia de la acción cautelar para resolver materias de lato conocimiento.

Señala que no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario, pues rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente, por no cumplirse los requisitos copulativos exigidos por la Ley N°18.156 y la normativa administrativa impartida por la Superintendencia de Pensiones. Indica que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no especifica adecuadamente las coberturas previsionales exigidas por la ley.

Explica que, conforme al régimen general del DL N°3.500, los fondos previsionales tienen un destino exclusivo y legalmente predeterminado, esto es, financiar pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia y que las AFP se encuentran expresamente impedidas de otorgar beneficios distintos a los contemplados en la ley, salvo las excepciones legales, entre ellas la prevista en la Ley N°18.156, cuya aplicación exige el estricto cumplimiento de sus requisitos.

Agrega que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S) no cuenta con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal ya que la afiliación a un sistema previsional extranjero debe acreditarse mediante certificación válida en Chile, debidamente legalizada o apostillada, conforme a las normas generales sobre valor probatorio de documentos extranjeros.

En cuanto a la improcedencia de la acción cautelar, la funda en que la materia planteada no sería propia de un recurso de protección, sino de lato conocimiento y carácter contradictorio. Sostiene que la recurrente pretende, en los hechos, cuestionar la legalidad y constitucionalidad del sistema previsional regulado por el DL N° 3.500 y modificar el régimen normativo vigente, lo que excede la finalidad cautelar y urgente del recurso de protección. Afirma que no existe un derecho indubitado, sino un derecho controvertido, cuya resolución requiere un procedimiento declarativo.

Finalmente, sostiene que no concurren los requisitos copulativos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, a saber, acto ilegal o arbitrario, agravio y afectación de garantías fundamentales, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en ese sentido, la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección, hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, conforme a lo señalado, el acto impugnado en estos autos consiste en la comunicación de 1 de septiembre de 2025 mediante la cual la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por la recurrente en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 18.156, fundándose dicha decisión en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios exigidos para acceder a dicha devolución.

Sexto: Que, encontrándose regulada la materia de que se trata la presentación constitucional en la Ley N°18.156, corresponde traer a colación las normas aplicables al caso. Al efecto, el artículo 1° de dicho cuerpo legal dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su turno, el artículo 7° de la misma ley señala: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Séptimo: Que en este mismo sentido, es menester señalar que conforme lo indicado en el Oficio Ordinario N° 12.954, emitido con fecha 15 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones -que responde a una consulta realizada por distintas administradoras de fondos- se señala que para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la ley 18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que efectivamente contó con cobertura por todos los riesgos exigidos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada, según las normas del Convenio de la Haya y el Código de Procedimiento Civil.

Octavo: Que, en la especie, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, se observa que la recurrente acompañó un certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que no cuenta con la información y exigencias legales mencionadas y tampoco la debida apostilla o legalización exigida por la normativa vigente.

Noveno: Que, acorde a lo expuesto necesariamente se debe concluir que las exigencias que fundan la negativa de la AFP, encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria.

Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N° 18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Décimo: Que a mayor abundamiento, la presente vía no resulta idónea para la discusión planteada en el recurso, no sólo por existir los procedimientos específicos correspondientes, a los que debe sujetarse la recurrente; sino también porque lo relevante, en definitiva, es que la recurrente carece de un derecho indubitado que pueda ampararse a través del ejercicio de esta acción de protección, la que busca la tutela inmediata y objetiva frente a vulneraciones ostensibles de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, los que no deben merecer duda alguna en cuanto a su existencia y ejercicio por el afectado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

Se previene que el abogado integrante señor Parada concurre al rechazo de este recurso, atendido el último pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema en causa rol 33.946-2025 sobre la materia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-21093-2025.