Protección contra Google Chile Limitada y en contra del medio Scribd

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, profesor de educación física, quien interpone recurso de protección en contra de Google Chile Limitada y en contra del medio Scribd.cl, buscador on line, solicitando que se ordene a los recurridos la eliminación de toda información referida a su nombre, condena, dirección y todo otro dato personal.

Funda su acción en que Google Chile Limitada ha permitido que en diversas páginas se tenga acceso a una información que es secreta, publicando un fallo que le condena como autor del delito de abuso sexual de menor de 14 años, exponiendo íntegramente la sentencia definitiva dictada en la causa RIT 255-2022, en la que se incluyen datos como fechas, su nombre completo y otros datos de carácter confidencial. Por su parte, la recurrida Scribd.cl da acceso a la totalidad del fallo, con iguales datos.

Considera que los recurridos han atropellado sus derechos fundamentales, especialmente su derecho a la intimidad, privacidad y honor, derechos garantizados en el N° 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, derechos resguardados también en la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. Sostiene que el derecho vulnerado se manifiesta también en la protección de las comunicaciones y la inviolabilidad del hogar, los que sólo pueden ser vulnerados por una orden judicial.

Seguidamente alude a los delitos contra la intimidad contemplados en los artículos 161-A y 197 del Código Penal.

Por estas razones, solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a Google Chile Limitada y a Scribd.cl eliminar toda publicación que diga relación con su nombre, condena y demás datos personales de la red social y buscador y se tomen las medidas que este tribunal estime pertinentes para restablecer y garantizar los derechos cuya protección invoca, con costas del recurso.

Segundo: Que Google LLC evacúa el informe requerido por esta Corte, solicitando el rechazo de la acción de protección.

Como primera defensa, la recurrida aduce falta de legitimación pasiva. Señala que Google LLC actúa exclusivamente como motor de búsqueda, limitándose a indexar información pública disponible en internet, sin crear, editar, ni supervisar los contenidos que terceros publican. En tal sentido, invoca el artículo 85, letra p), de la Ley N° 17.336, que exime expresamente a los motores de búsqueda de la obligación de supervisar los datos que transmiten o referencian, destacando que son los autores de los contenidos quienes controlan plenamente su disponibilidad y, por ende, quienes revisten la calidad de legítimos contradictores en acciones de esta naturaleza.

En segundo lugar, la recurrida argumenta que las publicaciones impugnadas se encuentran amparadas por la garantía constitucional de libertad de expresión consagrada en el artículo 19, N° 12, de la Constitución Política de la República, complementada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sostiene que dicha garantía comprende tanto la dimensión individual de difundir información como la dimensión colectiva de acceder y recibirla, siendo ambas indivisibles, de modo que ordenar la eliminación o desindexación del contenido constituiría una restricción desproporcionada a dicha libertad.

Tercero: Que, por resolución de 20 de abril de 2026 que rola a folio 17, se prescindió del informe solicitado a la recurrida Scribd.cl.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal —esto es, contrario a la ley— o arbitrario —producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él— y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que el acto que se tacha de ilegal y arbitrario consiste en la publicación de una sentencia penal dictada por un tribunal de la república, donde se condenó al recurrente como autor de un hecho ilícito determinado, información que se encuentra indexada al motor de búsqueda de internet de dominio de Google y en el sitio de internet de Scribd.cl, lo que habría comprobado el día 29 de agosto de 2025.

Sexto: Que a efectos de resolver lo planteado en el arbitrio es necesario establecer ciertos hechos que se encuentran asentados en autos: 1. Que el recurrente expone que fue condenado como autor de un delito en virtud de la sentencia dictada en la causa RIT 255-2022, RUC 1700549252-1, pronunciada por un tribunal de la república; 2. Que la respectiva sentencia aparece reproducida en su integridad en la página de internet de Scribd y que se encuentra indexada en el motor de búsqueda Google; 3. Que Google no es la creadora de los datos que el recurrente cuestiona, limitándose el motor de búsqueda a indexar la información creada por terceros, y que, por su parte, es de público conocimiento que Scribd es otro buscador de acceso libre y colaborativo; y, 4. Que la información a la que se puede acceder por el ya citado motor de búsqueda o en el sitio de internet de Scribd, en caso alguno resulta inexacta, adolece de falta de integridad o es falsa.

Séptimo: Que el recurrente alega que las publicaciones a las que se permite acceso por las recurridas contienen información secreta y protegida, correspondiente principalmente a sus datos personales, como al hecho de haber sido condenado por el delito ya señalado.

Así las cosas, el asunto radica no sólo en lo relativo a los datos personales del recurrente, sino esencialmente en determinar, si tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico “el derecho al olvido”, esto es, si una persona puede aspirar a la eliminación de una información que le provoca perjuicios y que se encuentra contenida en sistemas informáticos conectados a la red mundial de información.

Octavo: Que, en el presente caso se trata de una publicación que corresponde precisamente a una sentencia dictada en contra del recurrente, respecto de la cual el motor de búsqueda y sitio de internet recurridos tan sólo reproducen.

Noveno: Que, puestos en este último escenario, cabe señalar que el artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República garantiza «El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia […]», por lo que no cabe duda de que nuestro ordenamiento jurídico protege la vida privada de las personas y su honra.

Sobre el particular conviene tener presente que dentro del derecho a la honra se encuentra consagrado también el derecho al buen nombre, consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, derecho personalísimo que puede verse afectado cuando se publican en internet afirmaciones deshonrosas a su respecto, que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa.

Décimo: Que, aunque la libertad de expresión ha sido fundamental en el imaginario de la comunicación en el ciberespacio, la experiencia ha demostrado que en los entornos de comunicación virtual dicha libertad pudiera entrar en conflicto con otras libertades individuales, por ejemplo, el derecho al buen nombre, cuando este es vulnerado con una afirmación deshonrosa publicada, frente a la cual la persona tendría posibilidades de exigir y lograr una pronta corrección.

Undécimo: Que, sin embargo, conforme a lo informado, aparece de toda evidencia que esa discusión excede con creces los límites de la presente acción cautelar, que no es un sustituto del procedimiento de lato conocimiento encomendado a la jurisdicción civil, a quien corresponde conocer eventuales trasgresiones a la protección de la privacidad de las personas como ocurre con las acciones que regula la Ley N° 19.628 sobre la misma materia y, que en el caso de la comisión de eventuales ilícitos penales referidos a imputaciones calumniosas existe una jurisdicción penal a quien corresponde su conocimiento; instancias que permiten a todas las partes en conflicto —y de manera robusta— acreditar el fundamento de sus planteamientos mediante la existencia de un término probatorio en el primer caso y, otro investigativo en el segundo, garantizándose así la bilateralidad de la audiencia.

Cabe resaltar adicionalmente que en los presentes autos lo que se pretende eliminar es una información que en el mismo libelo se reconoce es veraz, siendo evidente la existencia de un interés público en que la información sea conocida, razón por la cual, es menester concluir que en este caso la libertad de información prevalece por sobre el derecho a la honra y a la privacidad invocada por el recurrente.

Lo anterior, por lo demás, resulta concordante con lo dispuesto por el artículo 44, inciso tercero, del Código Procesal Penal, que, refiriéndose al registro de las actuaciones judiciales, señala: «En todo caso, los registros serán públicos transcurridos cinco años desde la realización de las actuaciones consignadas en ellos».

Por último, esto también resulta coincidente con lo establecido por el artículo 30, inciso tercero, letra f), de la Ley N° 19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, en cuanto preceptúa que se consideran como hechos de interés público de una persona, los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos, razón por la cual es factible colegir que la información que el recurrente solicita eliminar, en cuanto dice relación con la comisión de un delito, se vincula con un hecho de interés público.

Duodécimo: Que, por otra parte, debe resaltarse que la historia no se borra ni se elimina, por el contrario, es importante su preservación, y parte importante de ella está constituida por los registros noticiosos, es por ello que dicho material se preserva y se cuida en la Biblioteca Nacional. En este orden de ideas, no existe razón legal para concluir que las empresas periodísticas no puedan mantener en sus sitios información de noticias pretéritas que ellas mismas dieron a conocer y en cambio la biblioteca o en este caso Google no pueda facilitar a usuarios el conocimiento de aquellas, tratándose, insistimos, de información cuya veracidad no se encuentra cuestionada.

Decimotercero: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, como ya se anticipó, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela en favor del recurrente, pues no se ha configurado acto alguno que sea susceptible de ser calificado como arbitrario o ilegal, lo que conlleva necesariamente al rechazo de la acción constitucional deducida en la especie.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Google Chile Limitada y de Scribd.cl.

Se previene que el ministro (I) señor Guillermo Rodríguez González concurre al rechazo de la acción constitucional teniendo además presente las siguientes consideraciones: 1°) Que el recurrente sitúa buena parte de su reproche en la divulgación de sus datos personales, extremo que exige, a juicio de este previniente, un pronunciamiento propio. El artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas «El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley», de manera que la protección de los datos personales constituye una garantía autónoma, amparada por el artículo 20 del mismo cuerpo fundamental, pero cuyo ejercicio la propia Carta remite a la regulación legal. 2°) Que esa regulación es la de la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, cuyo artículo 2°, letra f), entiende por datos de carácter personal «los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables». Los antecedentes cuya eliminación se pide revisten esa calidad; pero su sola condición de datos personales no vuelve ilícita su difusión, desde que ella proviene de una sentencia judicial cuyo registro es público conforme al artículo 44, inciso tercero, del Código Procesal Penal, sin que el arbitrio identifique precepto alguno de la Ley N° 19.628 que las recurridas hubieren infringido. 3°) Que la acción de protección supone, además, un derecho indubitado sobre el cual haya de recaer la cautela. En ese sentido ha resuelto la Corte Suprema que “en ausencia de un derecho indubitado que amparar, no resulta posible acoger la presente acción cautelar, toda vez que, dicha circunstancia constituye uno de los presupuestos básicos para otorgar la cautela impetrada” (sentencia de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, Rol N° 146.860-2023, “nombre reservado con Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo”). En la especie, la pretensión de que se supriman de los registros informáticos los antecedentes de una sentencia condenatoria veraz y firme carece de esa nota, pues su reconocimiento supone dar por establecido en nuestro ordenamiento un derecho a la supresión de información lícitamente difundida cuyo contorno es precisamente lo que se discute. 4°) Que, en razón de lo concluido, resulta innecesario pronunciarse sobre la falta de legitimación pasiva opuesta en el informe, cualquiera sea la calidad en que las recurridas hayan comparecido.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redactada por la abogada integrante señora Francisca Amigo Fernández, quien no firma por encontrarse ausente.

Protección N°21.091-2025.