nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

C.A. de Santiago Santiago, catorce de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, e interpuso recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el rechazo al pago del subsidio por concepto de licencias médicas N° 101632504-6 y N° 103427777-6, extendidas por su médico tratante don nombre reservado durante sus períodos pre y post natal por un total de 126 días. Lo anterior, debido a que la recurrida estimó que no se acreditaba la calidad de trabajadora dependiente de la reclamante ni la solvencia económica del empleador, actuación que considera ilegal y arbitraria, vulneratoria de los derechos fundamentales a la vida e integridad física y psíquica, protección de la salud y propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza, al carecer de motivaciones técnicas que le sirvan de sustento.

Expresa que durante más de 3 años trabajó como Ingeniera en Administración en la empresa "LIBESA LTDA", presentando su renuncia voluntaria el 22 de febrero de 2024, encontrándose con fuero maternal por embarazo. Posteriormente, con fecha 1º de marzo de 2024, comenzó a prestar servicios como encargada de oficina para la empresa "TRANSPORTES FW CARGO SpA", con un contrato de trabajo indefinido y una remuneración de $1.217.917.

Explica que durante su embarazo le fueron otorgadas dos licencias médicas: la primera N° 101632504-6 por 42 días de reposo prenatal a partir del 22 de abril de 2024, y la segunda N° 103427777-6 por 84 días de descanso postnatal desde el 7 de junio de 2024. Con fecha 20 de agosto de 2024, la COMPIN-Región Metropolitana resolvió negar el pago del subsidio por concepto de dichas licencias médicas, fundando su decisión en que no se acreditaba la calidad de trabajadora dependiente de la reclamante ni la solvencia económica del empleador.

Al efecto, señala que aportó diversos antecedentes para acreditar tanto su relación laboral como la solvencia de su empleador, incluyendo declaraciones mensuales de impuestos, certificados de vigencia de la sociedad, cotizaciones previsionales, contrato de trabajo, liquidaciones de sueldo y declaraciones juradas de testigos, entre otros documentos. No obstante, mediante Resolución Exenta R-01-UJU-149555-2024 de fecha 24 de septiembre de 2024, la SUSESO se limitó a informar los resultados de la fiscalización del vínculo laboral efectuada por la COMPIN, señalando que carecía de facultades para pronunciarse sobre asuntos de vínculo laboral.

Argumenta que la decisión de la recurrida vulnera sus derechos constitucionales: a la vida e integridad física y psíquica, al afectar su bienestar durante el período de embarazo y posparto; a la protección de la salud, al obstaculizar el acceso a prestaciones de seguridad social; y el derecho de propiedad, al privarla del subsidio que legalmente le corresponde.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UJU-149555-2024, se ordene el pago inmediato del subsidio correspondiente a las licencias médicas rechazadas, y se adopten todas las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la COMPIN R.M., al evacuar el informe solicitado, expone que si bien autorizó las licencias médicas N° 101632504-6 y N° 103427777-6, extendidas por un total de 126 días por reposo pre y post natal desde el 21 de abril hasta el 21 de agosto de 2024, determinó que la recurrente no tenía derecho al pago del subsidio correspondiente.

Indica que, con fecha 25 de abril de 2024, requirió a la recurrente que aclarara su relación laboral y acompañara el contrato con la empresa TRANSPORTES FW CARGO SpA, RUT N° RUT reservado, su nuevo empleador, como también los subsidios pagados por CCAF Los Andes. Asimismo, solicitó al empleador acreditar solvencia económica, dado que las rentas por las que fue contratada la recurrente eran considerablemente altas. Adicionalmente, se le pidió acompañar el finiquito del empleador anterior, COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LTDA.

Agrega que el 30 de mayo de 2024, la licencia médica anterior al pre natal (N° 6720-0) también se mantuvo sin derecho a pago por no acreditarse ingresos ni finiquito con el empleador anterior. Si bien el 12 de julio de 2024 la recurrente acompañó el finiquito solicitado, se decidió mantener sin derecho a pago las licencias pre y post natal, fundamentando que el nuevo empleador no acreditaba solvencia económica acorde a la renta pactada.

En ese orden de cosas, la COMPIN R.M. fundamenta su decisión señalando que, según los documentos acompañados, específicamente en la Declaración Mensual y Pago Simultáneo del Servicio de Impuestos Internos (Formulario 29), durante febrero de 2024 la empresa TRANSPORTES FW CARGO SpA presentaba una base imponible de solo $140.000, y en marzo de 2024 un remanente de crédito por $22.631, lo que demostraría la manifiesta imposibilidad de la empresa para cumplir con las altas remuneraciones pactadas con la recurrente.

En tal contexto, sostiene que sus actuaciones se enmarcan dentro de los parámetros objetivos dispuestos por la ley, citando específicamente el D.S. N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, el cual establece en su artículo 14 la competencia privativa de la COMPIN para rechazar o aprobar licencias médicas.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso y la expresa condena en costas de la recurrente, argumentando que esta habría actuado temerariamente al gestionar en su beneficio, y a raíz del inminente uso de su derecho de pre y post natal, su oportuna contratación por una empresa que manifiestamente no tenía solvencia económica, pactando un sueldo por el máximo imponible.

TERCERO: Que la Superintendencia de Seguridad Social, al informar, opone como primera alegación la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, argumentando que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica pertenece al campo de la seguridad social, garantía que no se encuentra amparada por el recurso de protección según el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Sostiene que se trata de un procedimiento de urgencia de carácter excepcional que sólo procede respecto de los derechos taxativamente señalados en la Carta Fundamental.

En subsidio, señala que doña nombre reservado reclamó ante dicha Superintendencia el 12 de agosto de 2024 en contra de la COMPIN Región Metropolitana por haber autorizado sin derecho a subsidio por incapacidad laboral el reposo indicado en las licencias médicas N°s 101632504-6 y 103427777-6, por un total de 126 días a contar del 21 de abril de 2024. En este contexto, expone que recabó los antecedentes del caso ante la COMPIN respectiva, teniendo a la vista el Listado Maestro de Licencias Médicas de FONASA, que acredita que las licencias reclamadas fueron autorizadas sin derecho a pago por "EMPL. NO ACREDITA SOLVENCIA DE PAGO".

En ese orden de ideas, indica que mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-149555-2024 de fecha 24 de septiembre de 2024, resolvió mantener lo obrado por la COMPIN fundamentando que, conforme al artículo 1° del D.S. N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, la licencia médica tiene dos objetivos esenciales: permitir la ausencia justificada al trabajo y el otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral. Asimismo, sostiene que el vínculo entre empleador y trabajador debe comprobarse mediante la constatación de huellas materiales y concretas que den cuenta del desarrollo efectivo de las labores, no bastando para estos efectos la sola exhibición de documentos formales.

Agrega que la jurisprudencia vigente de dicho Servicio establece que no existen preceptos que le habiliten para pronunciarse sobre asuntos de vínculo laboral, debiendo someterse el asunto al conocimiento de los tribunales de justicia en caso de existir dudas al respecto. Finalmente, señala que no existe vulneración a las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, toda vez que ha actuado dentro del marco de sus atribuciones legales, sin afectar el derecho a la vida e integridad física y psíquica ni el derecho de propiedad sobre un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral que no cumple los requisitos legales para nacer a la vida jurídica.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, en primer término, debe descartarse la argumentación referida a la improcedencia de conocerse por la vía de la acción de protección este asunto, por tratarse de un tema relativo al derecho a la seguridad social que no está dentro de los tutelados en el artículo 20 de la Carta Política, pues la situación que afecta a la actora, de ser efectiva, podría vulnerar también otros derechos fundamentales que sí son protegidos por esta acción constitucional.

SEXTO: Que el acto que se tacha de ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta R-01-UJU-149555-2024 emanada de la SUSESO con fecha 24 de septiembre del 2024, que mantiene el rechazo decidido por la COMPIN sobre el pago de los subsidios por concepto de las licencias médicas N° 101632504-6 y N° 103427777-6 emitidas en favor de la recurrente.

SÉPTIMO: Que, mediante Resolución Exenta N° R-01-UJU-149555-2024, de 24 de septiembre de 2024, se dispuso lo siguiente:

“1.- Que, mediante presentación de 12/08/2024, ha recurrido a esta Superintendencia doña nombre reservado, R.U.N. RUT reservado, reclamando en contra de la COMPIN Región Metropolitana, que no le ha pagado el subsidio de las licencias médicas de descanso de maternidad N°s. 101632504-6 y 103427777-6, por un total de 126 días a contar del 21/04/2024. 2.- Que, requerida la citada COMPIN, informó el 20/08/2024, que no se acredita solvencia económica de acuerdo a sus rentas. 3.- Que, conforme se desprende del artículo 1°, del D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, la licencia médica tiene dos objetivos esenciales, a saber, permitir la ausencia justificada al trabajo y el otorgamiento de un subsidio que reemplace la remuneración durante el período de incapacidad laboral; finalidades que resultan improcedentes en caso de licencias médicas presentadas por quien no acredita la condición de trabajador. Que, el vínculo entre empleador y trabajador, necesario en toda relación laboral, debe comprobarse mediante la constatación de huellas materiales y concretas que den cuenta del desarrollo efectivo de las labores, no bastando para estos efectos la sola exhibición de documentos formales, tales como contrato de trabajo, certificado otorgado por la propia empleadora, registros de asistencia, liquidaciones de remuneración o comprobantes de pago de cotizaciones previsionales. Que, precisamente, las gestiones de fiscalización tienen por objeto evitar el pago improcedente de un subsidio por incapacidad laboral derivado del uso de una licencia médica, a quien no detente realmente la calidad de trabajador. 4.- Que, la COMPIN rechazó efectuar el pago del subsidio de las licencias médicas de que se trata, por no acreditarse la calidad de trabajadora dependiente de la reclamante y solvencia del empleador. 5.- Que, sobre esta materia se debe hacer presente que la jurisprudencia vigente de este Servicio, establece que no existen preceptos que le habiliten para pronunciarse sobre asuntos de vínculo laboral, debiendo, en caso de existir dudas al respecto, someterse el asunto al conocimiento de los Tribunales de Justicia.”.

OCTAVO: Que el artículo 48° del D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, dispone “Las Compin y las ISAPRE, deberán fiscalizar el ejercicio legítimo del derecho a licencia médica” y el subsidio a que ésta da derecho al trabajador se funda, precisamente en la existencia de una relación laboral real.

Por ende, la COMPIN se encuentra legalmente facultada para fiscalizar la existencia del vínculo laboral real de la recurrente con la empresa TRANSPORTES FW CARGO SpA, desde que ello es supuesto del subsidio laboral pretendido, lo que resulta suficiente entonces para desestimar la ilegalidad de su actuar.

De la misma manera cabe concluir respecto del pronunciamiento de la SUSESO que confirma lo decidido por la COMPIN, ante la ausencia de elementos para revertir esa decisión.

NOVENO: Que, por otra parte, la COMPIN, para arribar a la decisión cuestionada y que mantiene la SUSESO, recopiló los antecedentes pertinentes mediante su fiscalización y, además, valoró todos aquellos que adjuntó la recurrente en sede administrativa y que vuelve a acompañar ante esta Corte, emitiendo una decisión motivada que avala razonablemente su conclusión de que no se acreditó la calidad de trabajadora dependiente de la reclamante ni la solvencia económica del empleador, lo que permite descartar la arbitrariedad de la misma. Por la misma razón, debe descartarse la arbitrariedad de lo obrado por la SUSESO.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, como se desprende del tenor del recurso, acceder al mismo necesariamente pasa por valorar nuevamente todos los antecedentes recopilados por COMPIN en su fiscalización como los acompañados por la recurrente, a fin de asentar el real vínculo de la actora con la empresa mencionada, propósito que excede el objeto de la acción constitucional en estudio, pues no se trata de hechos indubitados, que además no pueden ser dilucidados en un procedimiento sumarísimo que carece de etapa probatoria, como el presente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-21071-2024.