nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, seis de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Ernesto Manríquez Mendoza, abogado, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, profesional, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. (en adelante AFP Planvital), por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la resolución de fecha 16 de septiembre de 2025, mediante la cual la recurrida rechaza la solicitud de devolución de fondos previsionales amparada en la Ley N° 18.156, lo que vulneraría su garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, por lo que pide a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se ordene a la recurrida proceder a devolver a su representado, dentro de tercero día, los fondos previsionales cotizados que estuvieren en el supuesto de la Ley N° 18.156, dictando para ello la resolución que en Derecho corresponda.

En cuanto a los antecedentes expone el recurrente que es profesional técnico extranjero y que solicitó se le aplicara la exención de cotización de fondos previsionales dispuesta por la Ley N° 18.156, pidiendo la devolución de los fondos cotizados. Para ello, acompañó copia apostillada de su título profesional, su contrato de trabajo con un anexo en el que declaró encontrarse afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), entidad que, según la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social de Venezuela y la Ley de Seguro Social de Venezuela, garantiza prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Adicionalmente, acompañó un Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales expedido por dicho Instituto, el cual posee un código de verificación que permite validar su autenticidad y vigencia directamente en la página web del IVSS. Señala que, dado que este documento no tiene firma electrónica avanzada, esta parte hizo que la Notario Claudia Paola Olguín Vargas certificara que se ingresó a la página "www.ivss.gov.ve", desplegándose la "Constancia electrónica de cotizaciones del ciudadano nombre reservado", lo cual, a su juicio, constituye una constatación de hechos personales realizada por ministro de fe con plena validez probatoria conforme al artículo 408 del Código de Procedimiento Civil.

Sostiene que la AFP recurrida, al rechazar la devolución, condicionó la misma a que dicho certificado de afiliación se encuentre debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que considera una exigencia arbitraria e ilegal, argumentando que introduce un requisito no contemplado en la ley y excluye una forma de verificación idónea y accesible. Cita jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso que, en un caso similar, acogió un recurso de protección al considerar que la verificación web de un certificado del IVSS por parte del tribunal era suficiente para acreditar la afiliación, y que la insistencia en la apostilla resultaba desproporcionada y arbitraria, perturbando el derecho de propiedad. Por lo que pide, en consecuencia, se acoja el recurso en los términos planteados.

SEGUNDO: Que informando al tenor del recurso, A.F.P. Planvital S.A., solicita el rechazo de la acción, con costas.

Argumenta, en primer lugar, la improcedencia de la vía cautelar, señalando que el recurrente pretende la declaración de un derecho discutido y la modificación de normas legales vigentes, materias propias de un juicio de lato conocimiento.

En cuanto al fondo, niega la existencia de acto ilegal o arbitrario. Sostiene que el rechazo a la solicitud se fundó estrictamente en el incumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156 y la normativa impartida por la Superintendencia de Pensiones.

Específicamente, indica que las constancias electrónicas del IVSS que no estén apostilladas o legalizadas carecen de valor probatorio suficiente en Chile conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de la Apostilla de La Haya.

Agrega que la Superintendencia de Pensiones ha instruido expresamente que, los documentos deben cumplir con las formalidades de legalización o apostilla para acreditar fehacientemente la cobertura de los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que la mera verificación electrónica o declaraciones juradas, incluyendo aquellas realizadas por ministros de fe sobre constataciones en portales web, no suplen dicha exigencia legal ni otorgan la certeza jurídica necesaria para una excepción al régimen previsional chileno. Cita jurisprudencia y normativa administrativa que avalaría su actuar.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal o que sea producto del mero capricho.

QUINTO: Que la controversia jurídica se centra en determinar si la exigencia formulada por AFP Planvital, consistente en requerir que el certificado de afiliación a la seguridad social extranjera (IVSS) se encuentre debidamente apostillado o legalizado para proceder a la devolución de fondos bajo la Ley N° 18.156, constituye un acto ilegal o arbitrario, considerando la existencia de mecanismos de verificación digital en el documento presentado y la certificación notarial de la misma.

SEXTO: Que la Ley N° 18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de dicha ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como esos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones copulativas: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

SÉPTIMO: Que, en relación con las exigencias para acreditar la afiliación a un sistema previsional extranjero, la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices, las cuales son de carácter obligatorio para las Administradoras. Dichas instrucciones establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, incluyendo la necesidad de que la cobertura por enfermedad contemple explícitamente tanto prestaciones médicas como pecuniarias, así como la exigencia de que los documentos emitidos en el extranjero se encuentren debidamente legalizados o apostillados para su validez en Chile.

OCTAVO: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente y las razones esgrimidas por la recurrida, esta Corte no advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la Administradora. La negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente y de las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad competente, la Superintendencia de Pensiones.

En tales condiciones, no se configura el presupuesto esencial de ilegalidad o arbitrariedad que permita acoger la acción cautelar de protección interpuesta, debiendo esta ser necesariamente declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-21066-2025.