nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de nombre reservado.

nombre reservado, veintiséis de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, actuando en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., representada por don nombre reservado, por haber rechazado de manera ilegal y arbitraria su solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros. La parte recurrente estima que dicha actuación vulnera sus derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, garantizados en el artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República, respectivamente, por lo que solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y se proceda a la devolución de sus ahorros.

En cuanto a los antecedentes que motivan la acción, se expone que el recurrente solicitó ante la recurrida la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, la cual permite la exención de cotizaciones a técnicos extranjeros. No obstante, con fecha 2 de septiembre de 2025, la AFP notificó al afiliado que su trámite se encontraba detenido debido a la falta de una constancia de afiliación vigente debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Tras acudir presencialmente a las dependencias de la administradora para aclarar su situación, un ejecutivo de atención al público le reiteró verbalmente que su solicitud quedaba rechazada por no contar con el documento bajo las formalidades exigidas, pese a que el interesado manifestó que los instrumentos aportados eran los únicos de los que disponía.

Refuerza la argumentación del recurso la tesis de que la recurrida ha incurrido en una interpretación excesivamente formalista y restrictiva de la normativa. Se sostiene que la Ley N 18.156 exige únicamente acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de seguridad social en el extranjero y que haya manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo, requisitos que se habrían cumplido íntegramente. La parte recurrente enfatiza que la autenticidad de la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) puede ser verificada directamente por la AFP mediante el código alfanumérico que contiene, ingresándolo en el portal web oficial de dicha institución. Asimismo, se hace presente como un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos de acudir a representación consular para legalizaciones debido a la crisis institucional y la falta de relaciones diplomáticas actuales entre ambos Estados, lo que constituye un evento de fuerza mayor.

En relación con la afectación de derechos, el recurso sostiene que el actuar de la recurrida vulnera la igualdad ante la ley al otorgar un trato desigual y excluyente frente a otros solicitantes en idénticas circunstancias —citando como ejemplo el caso de AFP Cuprum que sí validó documentos similares—, y lesiona gravemente el derecho de propiedad sobre los ahorros previsionales al imponer barreras formales no contempladas en la ley que impiden al recurrente disponer de fondos que son de su exclusivo dominio.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, realizar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados en un plazo razonable.

Segundo: Que, con fecha 21 de octubre de 2025, evacuando el informe solicitado por esta Ilustrísima Corte, comparece don Daniel Santoni, abogado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo íntegro de la acción de protección, con expresa condenación en costas.

En primer lugar, sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la materia planteada, por cuanto esta constituye un asunto de lato conocimiento y carácter contradictorio. Argumenta que, al existir un derecho controvertido y no indubitado, la acción excede la finalidad conservativa y de emergencia propia de este arbitrio constitucional.

En cuanto al fondo, la recurrida afirma que su actuar se ajusta estrictamente a la Ley N° 18.156 y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Explica que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos de don nombre reservado obedeció a que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) presentada se encontraba vencida y carecía de la debida legalización o apostilla.

Expone que las certificaciones electrónicas que no han sido apostilladas por la autoridad competente venezolana, y que mencionan coberturas de forma genérica sin permitir inferir periodos determinados, no son suficientes para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido por la ley. Al respecto, señala que, desde la entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, dicha formalidad es exigible para documentos públicos extranjeros conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Indica que, de acuerdo con el Decreto Ley N° 3.500, las AFP tienen como objeto exclusivo administrar fondos y otorgar las prestaciones que la ley establece, estando legalmente impedidas de destinar los fondos a fines distintos de las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, salvo las excepciones legales taxativas. En tal sentido, afirma que ProVida tiene la obligación de observar todas las formalidades legales y administrativas antes de aprobar una devolución de fondos para técnicos extranjeros.

Concluye que, al no existir un acto ilegal o arbitrario, no se configura un agravio ni la privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales del recurrente, puesto que la negativa responde únicamente a la aplicación de la legislación vigente.

Finalmente, la parte recurrida solicita a esta magistratura que se sirva rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías allí expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio, debiendo el tribunal adoptar las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. La procedencia de esta acción se sujeta a la concurrencia copulativa de dos condiciones esenciales: la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a derecho– o arbitrario –caprichoso o antojadizo– y que este cause privación, perturbación o amenaza a una o más de las garantías constitucionales que la misma disposición protege.

Cuarto: Que la Ley N° 18.156, en su artículo 1° letra a) exige como requisito para la exención de cotizaciones que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. La Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales, ha dictado diversas instrucciones y oficios que precisan la forma de acreditar dichos requisitos. En particular, el Oficio Ordinario N° 23.241, de 13 de septiembre de 2016, exige que la certificación de cobertura previsional “expresamente señale que el trabajador ha tenido y tiene derecho a ella durante su permanencia en Chile, debiendo además en el caso de la cobertura de enfermedad, especificar que comprende las prestaciones médicas y pecuniarias”.

Asimismo, el Oficio Reservado N° 25.057, de 29 de diciembre de 2023, y el Oficio Ordinario N° 32.365, de 27 de diciembre de 2016, instruyen que la documentación pertinente debe presentarse “debidamente legalizada o apostillada, según corresponda”, detallando el procedimiento para aquellos casos en que no exista reciprocidad o el estado no sea miembro de la convención de la apostilla, exigiendo documentos legalizados conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Quinto: Que la recurrida ha sostenido, y los instrumentos acompañados por ambas partes en este proceso no desvirtúan, que la documentación presentada por el recurrente no cumple con las exigencias formales y sustantivas de la normativa aludida. Específicamente, se ha señalado que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del IVSS no se encuentra debidamente legalizado o apostillado en los términos que la normativa establece de conformidad con lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y los Oficios N° 25.057 y N° 32.365.

Respecto a la alegación del recurrente sobre la imposibilidad material de obtener la legalización consular de la constancia del IVSS debido a la situación diplomática y la invocación de fuerza mayor o caso fortuito, esta Corte estima que, si bien la situación descrita por el recurrente podría configurar una dificultad, la misma no exime del cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a un beneficio legal de carácter excepcional. Por ende, la Ley N° 18.156 y su normativa complementaria, incluyendo las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, establecen condiciones copulativas que deben ser acreditadas de manera fehaciente, y no es posible flexibilizar dichas exigencias por circunstancias personales, sin desnaturalizar el propósito de la ley y las instrucciones de la autoridad reguladora.

Sexto: Que, de lo expuesto, se concluye que la recurrida actuó en el marco de las instrucciones dictadas por dicho organismo técnico, lo que impide calificar su actuar como arbitrario o ilegal en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, ya que su decisión se funda en la aplicación de una normativa específica y en las directrices de su órgano fiscalizador, y no en un capricho o una contravención a la ley. No se advierte, en consecuencia, la privación, perturbación o amenaza de derechos indubitados, sino más bien una controversia sobre el cumplimiento de requisitos legales para acceder a un beneficio.

Séptimo: Que en mérito de lo expuesto y no habiéndose acreditado que el rechazo de la solicitud del recurrente por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. constituya un acto arbitrario o ilegal que vulnere las garantías constitucionales invocadas, la presente acción constitucional será desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas de conformidad, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso interpuesto por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Se previene que el Ministro (s) Sr. Valderrama Martínez, concurre al rechazo de la acción de protección intentada en estos autos, teniendo únicamente presente para ello que, en cuanto a la idoneidad del recurso de protección, esta acción no constituye una instancia de lato conocimiento para resolver controversias sobre la correcta aplicación o interpretación de normativas especiales, especialmente en materias técnicas como la previsional, para las cuales existe un órgano especializado, como la Superintendencia de Pensiones, facultado expresamente para conocer y resolver reclamos de afiliados conforme al artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N° 101, de 1980.

Regístrese y archívese.

Protección N° 21.049-2025.