nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

Santiago, nueve de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, actuando a favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., por haber rechazado su solicitud de retiro de fondos para extranjero mediante un acto notificado el tres de septiembre de dos mil veinticinco. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que, en su concepto, la recurrida incurre en una mala interpretación de la norma y obstaculiza el proceso, desatendiendo el objetivo del legislador de permitir al extranjero disponer de su propiedad, lo cual implica dispensar un trato desigual a los administrados, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19 N°2, y a la propiedad privada, consagrado en el artículo 19 N°24, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas- Explica que don nombre reservado solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida, la devolución de fondos previsionales, conforme a la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros, adjuntando la documentación requerida. Sin embargo, mediante correo electrónico de fecha tres de septiembre de dos mil veinticinco, fue informado por la administradora del rechazo de su solicitud.

En relación con el decreto de nombramiento, indica que la jurisprudencia ha sostenido que no corresponde una aplicación estricta de los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, en orden a incluir únicamente los convenios entre empleadores y trabajadores regidos por el Código Laboral. Argumenta que el vínculo jurídico entre el empleador y el trabajador, sustentado en un decreto de nombramiento a través de Resolución Exenta, es un contrato de trabajo con sujeción a estatuto especial, siendo aplicable la normativa que permite el retiro de fondos de manera supletoria.

Respecto a la legalización del certificado de afiliación, aduce una imposibilidad técnica y material de obtener la legalización consular de la declaración jurada o certificado de afiliación al Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS), debido al quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que dejó sin representación consular a los nacionales venezolanos.

Enfatiza que esta situación constituye un caso fortuito o fuerza mayor, según el artículo 45 del Código Civil, y que, en consideración a ello, presentó el documento debidamente apostillado a través de declaración jurada ante notaría chilena, la cual debe tener la misma naturaleza probatoria que la declaración jurada que anteriormente se obtenía desde la embajada venezolana.

Sostiene que al rechazar la solicitud la AFP incurre en una conducta omisiva de verificar la afiliación, la cual es posible de comprobar en línea a través del portal oficial del IVSS con un código de verificación, lo que demuestra la autenticidad del documento.

A su vez, destaca que la Ley N° 18.156, en sus artículos 1 y 7, establece los requisitos para la devolución de fondos a trabajadores extranjeros, a saber: estar afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación. Afirma haber dado íntegro cumplimiento a estos requisitos, acompañando el contrato de trabajo, anexo, la constancia electrónica de cotizaciones al IVSS y el título profesional.

En virtud de lo expuesto, considera que la Administradora de Fondos UNO S.A. realiza una interpretación formalista de la norma, desconociendo un documento válido por la falta de verificación o vigencia de la declaración de afiliación, lo cual ignora la protección previsional en su país de origen.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A. reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo de cinco días o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos, y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., evacuó el informe solicitado, solicitando el rechazo íntegro de la acción de protección con costas, fundado en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.

Refiere que el veintiocho de agosto de dos mil veinticinco, don nombre reservado inició ante la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A. el trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, conforme a la Ley N°18.156, respecto del empleador “ANESTRAUMA SpA”, acompañando contrato de trabajo con ANESTRAUMA SpA, anexo de contrato de trabajo ANESTRAUMA SpA, título de médico cirujano otorgado por la Universidad de Carabobo, apostilla del título profesional, constancia electrónica de cotizaciones y declaración jurada ante notario. Con fecha tres de septiembre de dos mil veinticinco, se le informó el rechazo de la solicitud indicando que los documentos presentados no cumplen con los requisitos, específicamente el anexo de contrato de trabajo y el certificado de institución de seguridad social.

Como fundamentos de derecho, señala que el recurso de protección exige la existencia de un derecho indubitado y un acto u omisión arbitrario o ilegal, lo que no ocurre en la especie, ya que la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros es excepcional y está sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 y la Circular N°553, los cuales no se han cumplido. Destaca que el principio de territorialidad rige en materia laboral y previsional en Chile, salvo por convenios bilaterales o la Ley N°18.156. Para la exención de cotizar o la devolución de fondos, el artículo 1° de la Ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI) exigen copulativamente: a) que el trabajador posea conocimientos técnicos acreditados por documentos legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente; b) que se encuentre afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, anterior a su contrato en Chile, que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, acreditado por certificación legalizada de la institución correspondiente; y c) que el contrato de trabajo respectivo exprese la voluntad del trabajador de mantener dicha afiliación. Además, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil exige que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile estén debidamente legalizados, lo que implica el atestado de un agente diplomático o consular y la certificación de su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

En ese orden de cosas, sostiene que su actuación se ha ajustado a las disposiciones legales vigentes, incluyendo el Oficio Reservado N° 2966, de fecha tres de agosto de dos mil veintitrés, de la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Oficio Reservado N° 25057, de fecha veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, de la Superintendencia de Pensiones, y el Oficio Ordinario N° 12954, de fecha diecisiete de julio de dos mil veinticinco, de la Superintendencia de Pensiones, que establecen los requisitos de legalización y apostilla.

Asimismo, argumenta que la ausencia de representación diplomática venezolana en Chile no la habilita a prescindir de una exigencia legal expresa para garantizar la autenticidad y validez de los documentos, y que ella carece de facultades para reemplazar o interpretar dicho requisito.

Además, menciona que su consulta a la Superintendencia de Pensiones con fecha veinticuatro de enero de dos mil veinticinco, sobre la posibilidad de flexibilizar la vigencia de los certificados IVSS verificables online, fue rechazada por exceder las competencias de dicho organismo.

Reitera que la “Constancia de Cotizaciones” legalizada ante notario no cumple con los requisitos del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, ni con la exigencia del Título XI del Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, que requiere una certificación legalizada que acredite afiliación efectiva y cobertura de prestaciones. El Oficio Ordinario N°12954, de fecha diecisiete de julio de dos mil veinticinco, de la Superintendencia de Pensiones, aclara que las certificaciones electrónicas de la autoridad previsional venezolana que no estén firmadas, apostilladas o legalizadas no son medio de prueba válido, y que las declaraciones juradas ante notario público chileno tampoco son idóneas.

Finalmente, indica que detectó dos versiones de anexos de contrato con firmas disconformes del supuesto representante legal, lo que genera dudas sobre la autenticidad de la manifestación de voluntad del trabajador de mantener su afiliación previsional extranjera.

Por todo lo anterior, concluye que no ha existido un acto u omisión ilegal o arbitrario, ni se ha causado agravio o vulneración de garantías constitucionales, por lo que solicita el rechazo en todas sus partes del recurso de protección, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud devolución de fondos previsionales para extranjeros realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., lo cual le fue comunicado al recurrente por correo electrónico de 03 de septiembre de 2025, pretendiendo que se ordene a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho.

QUINTO: Que, en lo que se refiere al requisito invocado por la recurrida, la norma aplicable es el artículo 1° letras a) y b) de la ley precitada, la cual, en lo pertinente, establece lo siguiente:

Artículo 1°: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un LEY 18726 régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y… b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Al respecto, Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II Cotizaciones Previsionales, Título XI Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales, número 1, letra B), señala expresamente la forma en que se debe acreditar este requisito, esto es:

“b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Esta condición se considerará cumplida también respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante la certificación que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio.”.

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que en la documentación presentada por la recurrente consistente en el anexo de contrato de trabajo y en el Certificado Institución de Seguridad Social, lo cierto es que no dan cumplimiento a las exigencias contenidas en la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, no siendo idóneos para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1 letra a) de la ley N° 18.156, ya que este debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

SÉPTIMO: Que, en tal virtud, siendo este un requisito necesario para la procedencia de la solicitud efectuada, lo que fluye de la sola lectura del precepto recién reproducido, la no concurrencia de cualquiera de esos supuestos impide dar curso a la solicitud de la actora, con lo cual ha de concluirse que la recurrida AFP UNO S.A, al denegar la devolución de las cotizaciones requeridas por el recurrente, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, pues se ha limitado a dar aplicación a la legislación vigente, señalando las razones que tuvo para así decidirlo.

OCTAVO: Que, por otro lado, cabe dejar establecido que la manifestación de voluntad del trabajador en cuanto a mantener el régimen previsional de su país de origen, debe realizarse en el contrato de trabajo mismo y no en anexos como ha ocurrido en este caso con el anexo de 16 de junio de 2025; ello, sin perjuicio de que, además, la AFP recurrida da cuenta de ciertas irregularidades que habría constatado en los anexos de contrato de trabajo presentados por el recurrente, en cuanto a las firmas que en ellos se consignan por el representante del empleador, lo que permite dudar de su veracidad.

NOVENO: Que, en consecuencia, el recurso debe ser desestimado, siendo inoficioso ponderar las garantías fundamentales que la actora estima vulneradas.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Pablo Daniel Peñaloza Parra actuando a favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N ° 21048-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Pedro Caro Romero, conformada por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.