Protección contra Ejército de Chile

C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece nombre reservado, Oficial del Ejército de Chile con el grado de Capitán, quien interpone recurso de protección en contra del Ejército de Chile, representado por su Comandante en Jefe, General de Ejército nombre reservado, denunciando la existencia de actos y omisiones ilegales y arbitrarios que, a su juicio, han vulnerado las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, particularmente el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho al debido proceso, el derecho a defensa jurídica y la igual protección en el ejercicio de los derechos, todo ello en el contexto de una investigación sumaria administrativa instruida en su contra.

Expone que mediante Resolución Exenta de fecha 31 de enero de 2024 se dispuso el inicio de una Investigación Sumaria Administrativa a raíz de una denuncia por presunto acoso sexual, procedimiento que, conforme a su naturaleza y finalidad, debía ceñirse estrictamente a la normativa especial aplicable a las Fuerzas Armadas, en particular al DNL-910, Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas, al Protocolo Conjunto para las Fuerzas Armadas ante denuncias de acoso sexual o laboral, aprobado por Resolución Exenta N.º 6800/76 del Ministerio de Defensa Nacional, y a la cartilla institucional vigente sobre la materia, cuyo objeto exclusivo es esclarecer de manera objetiva y acotada los hechos denunciados.

No obstante lo anterior, sostiene que la autoridad recurrida incurrió en un actuar ilegal y arbitrario al ampliar el objeto del procedimiento desde su resolución de apertura, incorporando un eje investigativo indeterminado y ajeno a la denuncia original, consistente en investigar “cualquier otra conducta que pueda vulnerar la reglamentación vigente”, lo que, a su juicio, desnaturalizó el procedimiento, configuró un tipo conductual en blanco y permitió finalmente sancionar conductas no vinculadas al acoso sexual denunciado, afectando gravemente su hoja de vida institucional sin una imputación clara, precisa ni previa.

Agrega que, luego de evacuar descargos al primer dictamen fiscal, notificado en julio de 2024, la autoridad resolvió reabrir el procedimiento en septiembre de 2024, ampliando nuevamente el objeto de la investigación para incorporar materias relativas a seguridad militar, órdenes, planes y disposiciones internas, sin que mediara solicitud fundada del fiscal ni concurrencia de los presupuestos exigidos por la normativa aplicable.

Frente a dicha resolución, interpuso recurso de reposición, el cual no fue resuelto, solicitando posteriormente se declarara el silencio administrativo negativo, petición que tampoco obtuvo pronunciamiento alguno.

Sostiene asimismo que, en paralelo al desarrollo del sumario, fue objeto de conductas de acoso laboral, las que denunció formalmente ante la institución en octubre de 2024, la que fue desestimada de plano, sin instrucción de procedimiento ni citación de las partes, en contravención a la normativa interna vigente. Añade que posteriormente dedujo una denuncia de tutela laboral ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, dirigida en contra de diversas autoridades militares, manteniéndose, pese a ello, la investigación sumaria bajo la dirección de la misma autoridad que había desestimado su denuncia administrativa y que, además, figuraba como demandada en sede laboral, lo que —afirma— comprometió gravemente la imparcialidad del procedimiento.

Expone que el procedimiento se extendió por más de dieciocho meses, excediendo ampliamente los plazos máximos establecidos tanto en el DNL-910 —que fija un plazo ordinario de 20 días, prorrogable excepcionalmente hasta 60— como en el artículo 27 de la Ley N.º 19.880, sin que existieran circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que lo justificaran. Añade que durante la tramitación se restringió ilegítimamente su derecho a defensa, al negársele el acceso íntegro y oportuno al expediente administrativo, otorgándosele únicamente accesos parciales, fragmentados y extemporáneos, lo que le impidió preparar adecuadamente sus descargos.

Finalmente, indica que mediante resolución de 23 de julio de 2025 se puso término a la Investigación Sumaria Administrativa, descartándose la existencia de acoso sexual, pero aplicándosele una sanción disciplinaria consistente en la rebaja de dos puntos en su calificación por supuestas infracciones disciplinarias ajenas a la denuncia original, resolución que fue confirmada en sede administrativa el 25 de agosto de 2025. Estima que todo lo anterior constituye un actuar ilegal y arbitrario que vulnera sus garantías constitucionales, solicitando se deje sin efecto el procedimiento sumarial, sus reaperturas y la sanción disciplinaria derivada de él.

A folio 15 evacuó el informe el Ejército de Chile solicitando el rechazo del recurso de protección, por estimar que no existe acto ilegal ni arbitrario imputable a la autoridad recurrida ni vulneración de garantías constitucionales del recurrente. Señala que el procedimiento cuestionado corresponde a una Investigación Sumaria Administrativa regular, instruida mediante Resolución Exenta de 31 de enero de 2024, a raíz de una denuncia por presunto acoso sexual formulada por una soldado conscripto, y tramitada conforme al DNL-910, Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas, y a la normativa institucional vigente sobre acoso sexual y laboral.

Expone que durante la tramitación del procedimiento se adoptaron medidas administrativas de resguardo destinadas a proteger tanto a la denunciante como al denunciado, evitando contactos directos entre ambos, conforme a los protocolos institucionales. Afirma que el sumario no constituye en sí mismo una sanción, sino un mecanismo legítimo de esclarecimiento de hechos, desarrollado con respeto a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad.

Sostiene que la ampliación del objeto investigativo se realizó de manera reglamentaria y fundada, permitiendo acreditar no solo hechos relacionados con la denuncia inicial, sino también infracciones graves a los deberes funcionales del recurrente, vinculadas al manejo de información clasificada, al acceso indebido de soldados conscriptos a dependencias sensibles y al incumplimiento de normas de seguridad institucional, materias que —a juicio de la autoridad— se encontraban dentro del ámbito legítimo de investigación administrativa.

Indica que, como resultado del procedimiento, mediante resolución de 23 de julio de 2025, se impuso al recurrente una sanción disciplinaria consistente en tres días de arresto con servicio y la rebaja de dos puntos en el concepto de criterio y discreción, sanción que se habría sustentado en prueba testimonial coherente y suficiente. Añade que el Capitán nombre reservado hizo uso de todas las instancias recursivas que el ordenamiento administrativo le franquea, incluyendo reconsideración, reclamación y apelación jerárquica, las que fueron conocidas y resueltas, confirmándose la sanción incluso por el Comandante en Jefe del Ejército en septiembre de 2025.

Respecto de la alegación de dilación indebida, el Ejército sostiene que no existió paralización injustificada ni inactividad administrativa, explicándose la duración del procedimiento por la multiplicidad de diligencias, reaperturas, cambios de fiscal y recursos deducidos por el propio recurrente. Indica que la superación de los plazos previstos en la Ley N.º 19.880 no produce por sí sola la extinción del procedimiento administrativo, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema y a la doctrina de la Contraloría General de la República.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a defensa, afirma que el recurrente tuvo acceso al expediente, pudo formular descargos, solicitar diligencias y presentar impugnaciones, las que fueron resueltas conforme a derecho, precisando que el fiscal instructor no se encuentra obligado a acoger todas las diligencias solicitadas por el inculpado.

Asimismo, descarta la existencia de falta de imparcialidad o conflicto de interés de la autoridad instructora, señalando que dichas alegaciones fueron expresamente analizadas y rechazadas mediante resoluciones fundadas.

Finalmente, el Ejército hace presente que el recurrente mantiene pendiente una acción de tutela laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, basada en los mismos hechos que fundamentan el recurso de protección, configurándose —a su juicio— identidad de objeto y causa de pedir, por lo que la presente acción constitucional es improcedente al pretender utilizarse como una vía paralela para revisar el mérito de una sanción disciplinaria firme, solicitando en definitiva el rechazo del recurso en todas sus partes.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental. Segundo: Que el acto que el recurrente califica de arbitrario e ilegal se materializa en la investigación sumaria administrativa por una denuncia de acoso sexual a que fue sometido y que se configura por la excesiva dilación en su tramitación, el que además adoleció de una serie de irregularidades como sostiene en su escrito, lo que perjudicó su derecho a defensa al extenderse a infracciones distintas a la denuncia que lo motivó, y que vulneró las garantías de igualdad ante la ley, el debido proceso, y derecho a defensa, garantías expresamente protegidas por la vía constitucional del recurso de protección.

Tercero: Que es necesario dejar asentado que la acción de protección está orientada a dar cautela a aquellos derechos ciertos y preexistentes que se ven amagados por un actuar arbitrario o ilegal, de tal suerte que no está concebida para declarar derechos en favor de quien recurre.

En dicho escenario lo que motiva el recurso en análisis se circunscribe a una investigación sumaria administrativa por presunto abuso sexual y otras conducta del del actor al interior del servicio, procedimiento que se encuentra reglado en el DNL -910 “Reglamento de Investigaciones Sumarias de las Fuerzas Armadas”. En la especie, el proceso se inició por una Res. ESCTEL S-1 N° NUM000 “Exenta” por medio de la cual se dispuso una investigación sumaria designándose un fiscal instructor, para determinar: los hechos denunciados por una soldado como constitutivos de acoso sexual; si existen conductas constitutivas de delito; determinar alguna conducta de riesgo por parte del denunciado; si la denunciante efectuó una denuncia temeraria, y, por último; determinar cualquier otra conducta que pueda vulnerar la reglamentación vigente.

La referida resolución le fue debidamente notificada al sumariado con fecha 31 de enero de 2024, dando inicio a la tramitación cuya duración aparece acorde a la naturaleza de la denuncia, con abundante prueba rendida, y una serie de diligencias, procediendo el recurrente a presentar descargos, ordenándose la reapertura de la ISA, con rendición de prueba especialmente testimonial, hasta la resolución que resuelve investigación sumaria de 23 de julio de 2025 del DIVEDUC AS JUR (R) n° NUM001 que le impone una sanción de tres días de arresto con servicio y -2,00 punto en criterio y discreción. La resolución fue objeto de reconsideración, que fue desestimada, deduciendo el sumariado un recurso de reclamación, el que acogido en parte y se redujo la sanción a imponer, lo que también fue objeto de un recurso de apelación, que fue rechazado por medio de RES CDO CJE SGE AJ® N°NUM002, manteniendo la sanción.

Cuarto: Que del examen de los documentos acompañados por ambas partes, es posible constatar que el recurrente pudo hacer valer sus derechos, observado que, desde el inicio de la instrucción, desde el 31 de enero de 2024 a la etapa final de la investigación el proceso no estuvo paralizado ni inactivo, respetando las garantías del debido proceso, con el debido emplazamiento, notificación de cargos, respetando el principio de contradictoriedad, efectuando sus descargos y aportación de prueba, todo dentro de un proceso reglado, siendo finalmente sancionado en mérito de los hechos acreditados y ponderados por la autoridad instructora.

En tal sentido la Corte Suprema en causa Rol 12367-2025, sentencia de 26 de enero último, resolvió en su considerando séptimo que “la acción de protección no constituye una instancia de revisión del mérito de las decisiones adoptadas en sumarios administrativos, pues no es su función sustituir la apreciación técnica o disciplinaria de la Administración. El control jurisdiccional que procede en esta sede se limita a examinar si el acto recurrido adolece de ilegalidad o arbitrariedad manifiestas, pero no permite supervisar ni revalorar las conclusiones atingentes a la responsabilidad funcionaria, lo cual pertenece a la órbita decisoria de la autoridad competente dentro del procedimiento disciplinario”.

Quinto: Que, en ese orden de consideraciones, la pretensión del recurrente esto es, que se deje sin efecto el procedimiento de investigación sumaria iniciado por la resolución “Exenta” N°NUM000, la que fue reabierta y que le impone una sanción, de la manera que propone excede los límites de la acción ejercida. En efecto, el recurrente postula una serie de irregularidades en su investigación, como dilación excesiva y vulneración del debido proceso por una investigación que califica como una imputación genérica al extenderse más allá de la denuncia por acoso sexual, pidiendo a esta Corte dejar sin efecto un sumario que cumplió con un procedimiento reglado y que obedeció a una denuncia por acoso sexual y otras conductas del sumariado. En definitiva, lo que pretende el actor es que por medio de una acción de naturaleza cautelar y sin instancia de prueba, se ordene que el procedimiento administrativo debe ser dejado sin efecto, por su excesiva duración y por vulnerar el debido proceso, sin más argumentos que sus meras afirmaciones, pero sin evidenciar de qué manera la dilación del procedimiento y la ampliación del objeto a investigar restringieron su derecho a defensa, y colisionó con el debido proceso.

Sexto: Que, en cuanto a la extensión de los procesos sumarios, la jurisprudencia ha señalado que no puede estimarse que el recurrente esgrima un derecho indubitado respecto al carácter fatal o no de los plazos relativos a actuaciones del instructor durante la tramitación del sumario, como sobre si puede justificarse la dilación acusada en la sustanciación del procedimiento, materias respecto de las cuales el derecho positivo no fija reglas que avalen la posición del recurrente. Aparte del silencio normativo y de la falta de consolidación jurisprudencial respecto de estas cuestiones, resulta discutible que el solo transcurso del plazo impida a los organismos de la administración del Estado ejercer las competencias permanentes que les confiere la ley, por una parte, y más aún, por otra, que pueda ser asimilado a una de las formas de extinción del procedimiento administrativo contenidas en la Ley N°19.880. (Causa Rol 12531-2025). En el mismo sentido sostuvo el fallo de 14 de enero pasado, Rol 44.141-2025 al sostener que el plazo de 6 meses del artículo 27 de la Ley 19880 no es fatal y que el decaimiento solo opera ante dilaciones injustificadas o por mero capricho de la Administración, pero si existe actividad probatoria y gestiones de las partes, el retraso no anula la sanción. Por lo demás, esta Corte concluye que de la revisión de la tramitación del sumario no es posible aceptar que la duración fue desmedida pues nunca estuvo paralizada y fue acorde a lo ordenado investigar, en cumplimiento de la tramitación conforme al reglamento de investigaciones sumarias administrativas.

Séptimo: Que en relación con una supuesta infracción al debido proceso, es dable señalar que en el proceso administrativo se debe aplicar las mismas reglas legales que configuran un procedimiento racional y justo, lo que se satisface en el caso sub lite, toda vez que el sumario cumple con las exigencias de racionalidad, teniendo el sumariado en todo el proceso la posibilidad de efectuar sus descargos y presentar su prueba, por lo que carece de asidero la alegación de un desconocimiento de la investigación en su contra y los cargos, toda vez que tal como se dijo, pudo efectuar sus descargos y rendir su prueba, por lo que el dictamen, más allá que no sea compartido por el sumariado, aplicó la sanción luego de determinar su responsabilidad, contando con la posibilidad de hacer uso de las vías recursivas correspondientes.

Octavo: Que, así, la acción de protección no puede tener éxito, al no ostentar el recurrente de un derecho cierto e indubitado.

Con todo, y aun pasando por alto lo previamente señalado, tampoco se observa una plausibilidad en la postura del solicitante, que haga imperiosa una intervención de esta Corte de Apelaciones pues el propio recurrente reconoce que presentó una denuncia por tutela de derechos fundamentales bajo el RIT T 3280-2024, por supuestos actos de vulneración al interior de su trabajo cuya raíz emanan de los hechos acontecidos en el sumario, y que se tramitó ante el Primer Juzgado del Trabajo, por lo que tal situación advierte que los hechos denunciados están sujetos al amparo del derecho ante el tribunal laboral respectivo.

Noveno: Que por todo lo anterior, la presente acción constitucional será rechazada sin que sea necesario analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza la acción de protección deducida por nombre reservado en contra del Ejército de Chile.

Regístrese y archívese.

Redacción de la ministra suplente Isabel Margarit Zúñiga Alvayay.

No firma la abogada integrante señora Soledad Krause, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado su cargo.

Protección N°21.032-2025. Vistos: A folio 1 comparece nombre reservado, Oficial del Ejército de Chile con el grado de Capitán, quien interpone recurso de protección en contra del Ejército de Chile, representado por su Comandante en Jefe, General de Ejército nombre reservado, denunciando la existencia de actos y omisiones ilegales y arbitrarios que, a su juicio, han vulnerado las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, particularmente el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho al debido proceso, el derecho a defensa jurídica y la igual protección en el ejercicio de los derechos, todo ello en el contexto de una investigación sumaria administrativa instruida en su contra. Expone que mediante Resolución Exenta de fecha 31 de enero de 2024 se dispuso el inicio de una Investigación Sumaria Administrativa a raíz de una denuncia por presunto acoso sexual, procedimiento que, conforme a su naturaleza y finalidad, debía ceñirse estrictamente a la normativa especial aplicable a las Fuerzas Armadas, en particular al DNL-910, Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas, al Protocolo Conjunto para las Fuerzas Armadas ante denuncias de acoso sexual o laboral, aprobado por Resolución Exenta N.º 6800/76 del Ministerio de Defensa Nacional, y a la cartilla institucional vigente sobre la materia, cuyo objeto exclusivo es esclarecer de manera objetiva y acotada los hechos denunciados. No obstante lo anterior, sostiene que la autoridad recurrida incurrió en un actuar ilegal y arbitrario al ampliar el objeto del procedimiento desde su resolución de apertura, incorporando un eje investigativo indeterminado y ajeno a la denuncia original, consistente en investigar “cualquier otra conducta que pueda vulnerar la reglamentación vigente”, lo que, a su juicio, desnaturalizó el procedimiento, configuró un tipo conductual en blanco y permitió finalmente sancionar conductas no vinculadas al acoso sexual denunciado, afectando gravemente su hoja de vida institucional sin una imputación clara, precisa ni previa. Agrega que, luego de evacuar descargos al primer dictamen fiscal, notificado en julio de 2024, la autoridad resolvió reabrir el procedimiento en septiembre de 2024, ampliando nuevamente el objeto de la investigación para incorporar materias relativas a seguridad militar, órdenes, planes y disposiciones internas, sin que mediara solicitud fundada del fiscal ni concurrencia de los presupuestos exigidos por la normativa aplicable. Frente a dicha resolución, interpuso recurso de reposición, el cual no fue resuelto, solicitando posteriormente se declarara el silencio administrativo negativo, petición que tampoco obtuvo pronunciamiento alguno. Sostiene asimismo que, en paralelo al desarrollo del sumario, fue objeto de conductas de acoso laboral, las que denunció formalmente ante la institución en octubre de 2024, la que fue desestimada de plano, sin instrucción de procedimiento ni citación de las partes, en contravención a la normativa interna vigente. Añade que posteriormente dedujo una denuncia de tutela laboral ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, dirigida en contra de diversas autoridades militares, manteniéndose, pese a ello, la investigación sumaria bajo la dirección de la misma autoridad que había desestimado su denuncia administrativa y que, además, figuraba como demandada en sede laboral, lo que —afirma— comprometió gravemente la imparcialidad del procedimiento. Expone que el procedimiento se extendió por más de dieciocho meses, excediendo ampliamente los plazos máximos establecidos tanto en el DNL-910 —que fija un plazo ordinario de 20 días, prorrogable excepcionalmente hasta 60— como en el artículo 27 de la Ley N.º 19.880, sin que existieran circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que lo justificaran. Añade que durante la tramitación se restringió ilegítimamente su derecho a defensa, al negársele el acceso íntegro y oportuno al expediente administrativo, otorgándosele únicamente accesos parciales, fragmentados y extemporáneos, lo que le impidió preparar adecuadamente sus descargos. Finalmente, indica que mediante resolución de 23 de julio de 2025 se puso término a la Investigación Sumaria Administrativa, descartándose la existencia de acoso sexual, pero aplicándosele una sanción disciplinaria consistente en la rebaja de dos puntos en su calificación por supuestas infracciones disciplinarias ajenas a la denuncia original, resolución que fue confirmada en sede administrativa el 25 de agosto de 2025. Estima que todo lo anterior constituye un actuar ilegal y arbitrario que vulnera sus garantías constitucionales, solicitando se deje sin efecto el procedimiento sumarial, sus reaperturas y la sanción disciplinaria derivada de él. A folio 15 evacuó el informe el Ejército de Chile solicitando el rechazo del recurso de protección, por estimar que no existe acto ilegal ni arbitrario imputable a la autoridad recurrida ni vulneración de garantías constitucionales del recurrente. Señala que el procedimiento cuestionado corresponde a una Investigación Sumaria Administrativa regular, instruida mediante Resolución Exenta de 31 de enero de 2024, a raíz de una denuncia por presunto acoso sexual formulada por una soldado conscripto, y tramitada conforme al DNL-910, Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas, y a la normativa institucional vigente sobre acoso sexual y laboral. Expone que durante la tramitación del procedimiento se adoptaron medidas administrativas de resguardo destinadas a proteger tanto a la denunciante como al denunciado, evitando contactos directos entre ambos, conforme a los protocolos institucionales. Afirma que el sumario no constituye en sí mismo una sanción, sino un mecanismo legítimo de esclarecimiento de hechos, desarrollado con respeto a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad. Sostiene que la ampliación del objeto investigativo se realizó de manera reglamentaria y fundada, permitiendo acreditar no solo hechos relacionados con la denuncia inicial, sino también infracciones graves a los deberes funcionales del recurrente, vinculadas al manejo de información clasificada, al acceso indebido de soldados conscriptos a dependencias sensibles y al incumplimiento de normas de seguridad institucional, materias que —a juicio de la autoridad— se encontraban dentro del ámbito legítimo de investigación administrativa. Indica que, como resultado del procedimiento, mediante resolución de 23 de julio de 2025, se impuso al recurrente una sanción disciplinaria consistente en tres días de arresto con servicio y la rebaja de dos puntos en el concepto de criterio y discreción, sanción que se habría sustentado en prueba testimonial coherente y suficiente. Añade que el Capitán nombre reservado hizo uso de todas las instancias recursivas que el ordenamiento administrativo le franquea, incluyendo reconsideración, reclamación y apelación jerárquica, las que fueron conocidas y resueltas, confirmándose la sanción incluso por el Comandante en Jefe del Ejército en septiembre de 2025. Respecto de la alegación de dilación indebida, el Ejército sostiene que no existió paralización injustificada ni inactividad administrativa, explicándose la duración del procedimiento por la multiplicidad de diligencias, reaperturas, cambios de fiscal y recursos deducidos por el propio recurrente. Indica que la superación de los plazos previstos en la Ley N.º 19.880 no produce por sí sola la extinción del procedimiento administrativo, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema y a la doctrina de la Contraloría General de la República. En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a defensa, afirma que el recurrente tuvo acceso al expediente, pudo formular descargos, solicitar diligencias y presentar impugnaciones, las que fueron resueltas conforme a derecho, precisando que el fiscal instructor no se encuentra obligado a acoger todas las diligencias solicitadas por el inculpado. Asimismo, descarta la existencia de falta de imparcialidad o conflicto de interés de la autoridad instructora, señalando que dichas alegaciones fueron expresamente analizadas y rechazadas mediante resoluciones fundadas. Finalmente, el Ejército hace presente que el recurrente mantiene pendiente una acción de tutela laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, basada en los mismos hechos que fundamentan el recurso de protección, configurándose —a su juicio— identidad de objeto y causa de pedir, por lo que la presente acción constitucional es improcedente al pretender utilizarse como una vía paralela para revisar el mérito de una sanción disciplinaria firme, solicitando en definitiva el rechazo del recurso en todas sus partes. Con lo relacionado y considerando: