nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, catorce de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que, comparece el abogado Luis Gonzalo Cornejo Chávez, por si y en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por haber anulado arbitrariamente la solicitud de retiro de fondos para extranjero presentada en conformidad a la Ley N°18.156, actuación que considera ilegal y arbitraria, por lo que solicita que se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene a la recurrida proceder con la devolución de los fondos previsionales solicitados.

Relata que nombre reservado es un técnico superior universitario en Administración Industrial de nacionalidad venezolana, quien cuenta con residencia definitiva en Chile y durante el ejercicio de sus funciones profesionales se le descontaron sistemáticamente las cotizaciones de AFP, Salud y Cesantía, habiendo suscrito en cada uno de sus contratos laborales cláusulas previsionales donde manifestó expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1° de la Ley N°18.156. En virtud de dicha exención legal, el recurrente ingresó en fecha 8 de septiembre de 2025 ante la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. a fin de solicitar el retiro y devolución de fondos previsionales, acompañando contratos de trabajo y anexo con cláusula que especifica exención de cotizaciones, título profesional apostillado y verificable, cédula de identidad vigente para extranjeros que acredita su residencia definitiva, y constancia del seguro social de su país de origen Venezuela. No obstante lo anterior, ese mismo día recibió una comunicación indicando que la solicitud había sido anulada por falta de constancia de afiliación, motivo por el cual elevó reclamo ante la Superintendencia, quien en fecha 16 de septiembre de 2025 indicó que había instruido a la recurrida para dar respuesta al requerimiento. Sin embargo, a la fecha de interposición del presente recurso no se había recibido respuesta por parte de la Superintendencia sobre el reclamo interpuesto.

En cuanto al derecho, señala que su pretensión se basa en lo establecido por la Ley N°18.156, específicamente en sus artículos 1° y 7°, que eximen del cumplimiento de las leyes de previsión chilenas a las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y a dicho personal, siempre que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. Asimismo, el artículo 7° permite a los trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una AFP solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, siempre que cumplan con los requisitos del artículo 1°.

Argumenta además que, si bien no pudo apostillar la constancia que acredita su afiliación al sistema venezolano debido a la inexistencia de representación consular de Venezuela en Chile, lo que constituye una imposibilidad material por caso fortuito según el artículo 45 del Código Civil, sí acompañó constancia de afiliación de seguro social vigente y verificable a través del portal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, bastando solo digitar la cedula de identidad venezolana la cual aparece en la respectiva constancia del recurrente, signada bajo el N°V016486552, lo que permite verificar su validez.

Invoca el principio protector "in dubio pro operario" como criterio fundamental en el derecho laboral chileno, sosteniendo que ante ambigüedades en la interpretación de normas laborales debe preferirse siempre la interpretación que más beneficie al trabajador.

Alega que la conducta de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley al otorgar un trato diferenciado y perjudicial respecto de otros trabajadores extranjeros en situación similar y el derecho de propiedad, toda vez que los fondos previsionales constituyen bienes incorporales de propiedad del afiliado y la negativa arbitraria a su devolución importa una privación ilegal de dicho derecho dominical, especialmente considerando que el recurrente cumplió cabalmente con todos los requisitos legales establecidos en la normativa especial.

Pide, en definitiva, se acoja el presente recurso de protección y se reconozca como válida la documentación acompañada, se ordene a la recurrida proceder con la tramitación de la solicitud y efectuar dentro de un plazo razonable la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptando en general las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. en el siguiente tenor.

Señala que conforme al Oficio Ordinario N°12.954 emitido con fecha 15 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones, se requiere para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, que el trabajador acredite mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen que efectivamente contó con cobertura por todos los riesgos exigidos durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada según las normas del Convenio de La Haya y el Código de Procedimiento Civil. Asimismo, el referido oficio establece expresamente que no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero las certificaciones electrónicas que no hayan sido legalizadas o apostilladas ni contengan mención específica de los riesgos cubiertos, y que las declaraciones juradas del afiliado, incluso si están notariadas o apostilladas, no tienen valor probatorio suficiente para efectos previsionales por no emanar de la autoridad previsional competente del país de origen.

Argumenta que la Ley N°18.156 es una norma de excepción que debe ser interpretada de forma restrictiva, aplicándose solo cuando se cumplan todas las exigencias copulativas que establece.

Respecto del carácter arbitrario que se imputa a su actuación, argumenta que su proceder corresponde a un actuar razonado y en igualdad de trato respecto de todos sus afiliados, por lo que ha actuado de manera justificada sin cometer acto arbitrario alguno, lo que no implica la pérdida del derecho a solicitud de devolución.

Sostiene que la acción de protección no es procedente para impugnar actos intermedios o trámites administrativos que no determinen el término del procedimiento ni afecten de manera irreversible el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente considerando que el afiliado recurrente cuenta con diversos mecanismos para plantear su situación ante la misma administradora o ante la Superintendencia de Pensiones mediante canales formales disponibles, razón por la cual el recurso interpuesto no resulta adecuado ni proporcional para conocer sobre este asunto.

Pide, en definitiva, se rechace la presente acción de protección.

TERCERO: Que, a petición de esta Corte, se solicitó a la Superintendencia de Pensiones informar sobre todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto que ha motivado el recurso, y en particular sobre el reclamo deducido por el recurrente, con fecha 16 de septiembre de 2025, con ocasión del rechazo del recurrido, Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., a la solicitud de retiro de fondos de pensiones para extranjero del recurrente, informando lo siguiente.

En lo pertinente y respecto del reclamo del 16 de septiembre de 2025, la Superintendencia respondió mediante correo electrónico N°12766 de 22 de septiembre de 2025 lo siguiente:

"Estimado Señor nombre reservado:

Junto con saludar cordialmente, le informamos que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en la Ley N° 18.156.

De conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.156 y en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI, número 1), los trabajadores extranjeros que hayan efectuado cotizaciones previsionales en una AFP podrán solicitar su devolución siempre que cumplan con los siguientes requisitos copulativos:

1. Detentar la calidad de profesional o técnico, lo cual se deberá demostrar acompañando documentos que acrediten la obtención de un título profesional o técnico;

2. Afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito deberá acreditarse mediante certificado de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizado o apostillado, según corresponda, en el que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte; y 3. En el contrato de trabajo, el trabajador deberá expresar su voluntad de mantener la afiliación al régimen de previsión o seguridad social antes indicado. Luego, el citado Título XI del Compendio, en su letra b), agrega que, para admitir a tramitación la suscripción del formulario de solicitud de retiro de fondos, la Administradora deberá exigir al afiliado que presente la documentación señalada precedentemente, la que deberá estar debidamente legalizada (o apostillada, según corresponda). De lo contrario, la AFP no podrá dar curso a la solicitud de devolución de fondos.

En consecuencia para que la AFP pueda verificar que usted cumple con los requisitos establecidos en la ley N° 18.156, deberá acompañar el documento emitido por la entidad competente, debidamente apostillado o legalizado. Lo anterior, en conformidad a lo prescrito en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, no es posible acreditar el cumplimiento de la exigencia establecida en la letra b) del citado artículo 1º de la Ley N°18.156.

Por lo tanto, si usted no cumple con dicha condición, no corresponde acceder a la devolución de sus fondos previsionales.

Finalmente clarificar que, todos los documentos que se presenten ante la Administradora deben estar vigentes a la fecha de su presentación.

No obstante, y dado que no adjuntó la respuesta de parte del regulado, respecto a su situación particular, es que su requerimiento ha sido derivado a AFP Planvital, con el objeto de asegurar una respuesta formal.

Le hacemos presente que esta Superintendencia ha dado instrucciones a las AFP, con el objeto que atiendan y resuelvan a la mayor brevedad las consultas y/o reclamos de sus afiliados." Informa a su vez que AFP Planvital S.A. respondió el reclamo del recurrente mediante carta de 25 de septiembre de 2025, la que le fue remitida por esta Superintendencia por correo electrónico CR N°10695, de la misma fecha.

Previa exposición normativa sobre la materia, señala que en relación al certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”, conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado de dicha manera no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no ha sido firmado, ni se encuentra apostillado o legalizado. Dicho documento, además, no especifica si la cobertura de salud comprende el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias.

Añade que una declaración jurada no es un documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile, toda vez que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente. Ello, por cuanto dicha entidad es la única que posee las facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, conforme al ordenamiento jurídico del Estado en el que se haya emitido la certificación.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Así, son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que la Ley N°18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de dicha ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como esos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones copulativas: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

SEXTO: Que, en relación con las exigencias para acreditar la afiliación a un sistema previsional extranjero, la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices, las cuales son de carácter obligatorio para las Administradoras. Dichas instrucciones establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, incluyendo la necesidad de que la cobertura por enfermedad contemple explícitamente tanto prestaciones médicas como pecuniarias, así como la exigencia de que los documentos emitidos en el extranjero se encuentren debidamente legalizados o apostillados para su validez en Chile.

SÉPTIMO: Que consta del mérito de autos que la Administradora de Fondos de Plan Vital S.A. rechazó la solicitud del recurrente, argumentando que no se acompañó constancia de afiliación vigente el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

OCTAVO: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente y las razones esgrimidas por la recurrida, esta Corte no advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la Administradora. La negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente y de las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad competente, la Superintendencia de Pensiones.

En tales condiciones, no se configura el presupuesto esencial de ilegalidad o arbitrariedad que permita acoger la acción cautelar de protección interpuesta, debiendo esta ser necesariamente declarada sin lugar.

Por las razones anotadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Se previene que el abogado integrante señor Parada concurre al rechazo de este recurso, atendido el último pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema en causa rol 33.946-2025 sobre la materia.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-21004-2025.