nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente PRIMERO: Que comparece Luis Gonzalo Cornejo Chávez, abogado, por sí y en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por haber rechazado mediante comunicación de fecha 8 de septiembre de 2025 la solicitud de retiro de fondos previsionales efectuada conforme a lo dispuesto en la Ley N° 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten.

Señala que nombre reservado, es ciudadano venezolano, Técnico Superior Universitario en Administración de recursos físicos y financieros, quien cuenta con residencia definitiva en Chile y ha prestado servicios profesionales en territorio nacional. Durante el curso de sus relaciones laborales, se le han efectuado de manera sistemática los descuentos correspondientes a cotizaciones de AFP, salud y cesantía, enterándose dichas cotizaciones en los servicios respectivos. Asimismo, en cada uno de sus contratos de trabajo ha suscrito cláusulas previsionales mediante las cuales manifestó expresamente su voluntad de acogerse a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 18.156.

En virtud de la exención establecida en la mencionada normativa legal, el actor ingresó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. una solicitud formal para el retiro y/o devolución de fondos previsionales, adjuntando sus contratos de trabajo y/o anexos con cláusula que especifica la exención de cotizaciones, su título profesional debidamente apostillado y verificable, cédula de identidad vigente para extranjeros de la cual se constata su residencia definitiva, y constancia del seguro social de su país de origen, Venezuela, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Posteriormente a la presentación de su solicitud, el recurrente recibió correo electrónico con comunicación fechada el 8 de septiembre pasado, mediante la cual se le informó que su solicitud había sido anulada, sin que se proporcionara razonamiento alguno que fundamentara tal determinación. Ante esta situación, elevó el correspondiente reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, la cual, con 10 de septiembre de 2025, indicó haber instruido a la recurrida para dar respuesta al requerimiento formulado.

Finalmente, con fecha 22 de septiembre pasado, el recurrente recibió nuevamente comunicación por correo electrónico mediante la cual se le informó que su solicitud se encontraba rechazada. En dicha comunicación, la recurrida señaló que la solicitud no fue ingresada por no contar con la documentación mínima requerida, situación que habría sido informada oportunamente al afiliado. Específicamente, la administradora sostuvo que el documento presentado, denominado "Constancia Electrónica de Cotizaciones", no acreditaría la cobertura previsional exigida y no se encontraría apostillado ni legalizado, agregando que una declaración jurada emitida por el propio interesado carecería de valor probatorio para estos efectos.

En cuanto a los fundamentos de su recurso, sostiene que cumplió íntegramente con todos los requisitos a que se refiere el artículo 1 y 7 de la Ley N° 18.156, acompañando toda la documentación pertinente, con la única salvedad de la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema de seguridad social venezolano, circunstancia que atribuye a una imposibilidad material derivada de un caso fortuito que escapa de sus posibilidades de control.

Sobre este requisito argumenta que no existe representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar el trámite de apostilla, configurándose una situación de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil chileno, que define tal concepto como el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, entre otros.

Aduce que no obstante esta imposibilidad objetiva, acompañó constancia de afiliación del seguro social vigente a la fecha de su presentación, la cual puede ser verificada ingresando a la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.).

En tal sentido, argumenta que el rechazo de la solicitud carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, en contravención del principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de la República, y del artículo 11 de la Ley N° 19.880. En este caso, sostiene que la recurrida ha actuado de manera arbitraria e ilegal al exigir requisitos no establecidos en la ley, como la apostilla de documentos emitidos por autoridades extranjeras, cuando el recurrente acreditó fehacientemente ser extranjero técnico profesional, con título debidamente apostillado, y contar con afiliación en el instituto de seguros sociales de su país de origen con anterioridad al ingreso a Chile, cumpliendo íntegramente con los requisitos de la Ley N° 18.156.

Por estas razones, que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que informa la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

En primer término, expone que con fecha 8 de septiembre de 2025, el recurrente don nombre reservado ingresó ante la Administradora una solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, acompañando documentación destinada a acreditar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por dicho cuerpo normativo. No obstante lo anterior, la revisión efectuada por la Administradora determinó que la documentación presentada no cumplía con los requisitos copulativos exigidos por la normativa vigente, presentando deficiencias sustanciales que impedían dar curso favorable a la solicitud.

En cuanto a los motivos para rechazar el recurso, en primer término cuestiona si el recurrente ostenta realmente un derecho indubitado que deba ser protegido mediante un recurso de protección, argumentando que se trata más bien de una expectativa o germen de derecho, condicionado al cumplimiento de requisitos legales que no se han verificado. En este sentido, sostuvo que la Administradora debe aplicar los mismos criterios de la Superintendencia de Pensiones a todos los afiliados, evitando excepciones arbitrarias, y que aceptar una declaración jurada como prueba suficiente generaría un trato desigual respecto de otros solicitantes que han cumplido con las formalidades exigidas.

Luego, afirma que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino que se enmarca estrictamente dentro del marco normativo vigente, cumpliendo con las obligaciones legales y reglamentarias que rigen el Sistema de Pensiones.

Explica que el procedimiento establecido por la Superintendencia exige que los afiliados que deseen acogerse a los beneficios de la Ley N°18.156 suscriban el formulario denominado "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N°18.156" y acompañen la documentación que acredite el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la ley. Entre estos requisitos, destacó el contenido en la letra b) del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debiendo acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada.

En este sentido, precisa que las deficiencias detectadas respecto de la solicitud del recurrente se vinculaban principalmente al incumplimiento del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, referido a la acreditación de cobertura previsional en el extranjero por todo el período de prestación de servicios en Chile, mediante constancia válida, vigente y susceptible de verificación, conforme a lo dispuesto en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Respecto de la documentación presentada para acreditar la afiliación previsional en el extranjero, la informante señaló que el recurrente acompañó dos documentos: una certificación notarial emitida en Chile por la Primera Notaría de Providencia y una "Constancia Electrónica de Cotizaciones". Sin embargo, afirma que ninguno de estos documentos cumple con los estándares exigidos por la normativa vigente.

En efecto, argumenta que la letra b) del N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece que el cumplimiento del requisito de afiliación debe acreditarse mediante certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Consecuentemente, explica que la certificación notarial presentada en Chile constituye una mera constatación efectuada por un ministro de fe respecto de la existencia de un documento electrónico en un sitio web, sin que emane de la autoridad previsional extranjera ni cumpla con las formalidades de legalización o apostilla exigidas, careciendo por ello de la fuerza probatoria necesaria para acreditar el requisito legal.

Asimismo, argumenta que la Constancia Electrónica de Cotizaciones tampoco satisface las exigencias normativas, por cuanto carece de firma autorizada, no ha sido apostillada ni legalizada y, aun cuando lo estuviera, no acredita cobertura real y efectiva de prestaciones en las contingencias requeridas por la Ley N°18.156 durante todo el tiempo trabajado en Chile.

Adicionalmente, la informante destaca que el documento solo indica semanas cotizadas y hace una referencia genérica a la Ley del Seguro Social venezolana, lo que no permite verificar la extensión temporal ni la vigencia actual de la cobertura, ni que esta cumpla con los requisitos copulativos establecidos por la normativa chilena.

En sustento de su posición, invoca pronunciamientos de la Superintendencia de Pensiones, particularmente el Oficio Ordinario N°20.294 de 8 de octubre de 2020, el Oficio Ordinario N°25.057 de 29 de diciembre de 2023, y especialmente el Oficio Ordinario N°12.954 de 17 de julio de 2025, que estableció que las constancias electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no se encuentren legalizadas o apostilladas, que omitan detallar las coberturas específicas y el período de protección, y que se limiten a referencias genéricas sobre el sistema previsional venezolano, no son idóneas para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido por la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Concluye que no ha existido ningún acto u omisión arbitrario que pueda estimarse haya irrogado responsabilidad por su parte, ni menos aún una vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, toda vez que se ha seguido lo indicado por la ley y los criterios establecidos por la Superintendencia de Pensiones en la revisión de la solicitud y de los antecedentes, tal como se efectúa en todos los casos que presentan la misma documentación, no existiendo actos u omisiones arbitrarios e ilegales, ya que el motivo del rechazo corresponde a un criterio uniforme aplicado en la revisión de todas las solicitudes.

En consecuencia, solicita el rechazo en todas sus partes de la acción constitucional de protección, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto tutelar, mediante una acción expedita y eficaz, los derechos y garantías que dicha norma asegura a todas las personas, en caso de ser estas privadas, perturbadas o amenazadas en su legítimo ejercicio por actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

CUARTO: Que en la especie, el recurso ha sido interpuesto por don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien alega la comisión de un acto ilegal y arbitrario por parte de AFP PlanVital S.A., consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales, pese a haber acompañado, a su juicio, la documentación exigida por la Ley N° 18.156 para acceder a dicho beneficio como trabajador técnico extranjero.

QUINTO: Que la Ley N° 18.156, en su artículo 7°, permite a los trabajadores extranjeros que hubieren efectuado cotizaciones previsionales en una AFP, solicitar la devolución de los fondos depositados, siempre que acrediten su afiliación a un régimen previsional extranjero que cubra, a lo menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que exista constancia expresa en su contrato de trabajo de la voluntad de mantener dicha afiliación, conforme a lo exigido en el artículo 1° de la misma ley.

SEXTO: Que el acto administrativo impugnado —esto es, el rechazo de la solicitud de devolución— se sustenta en la falta de validez probatoria de los documentos presentados por el recurrente: por una parte, una certificación notarial emitida en Chile que da cuenta de la existencia de un documento electrónico en un sitio web, sin que emane de la autoridad previsional extranjera ni cumpla con las formalidades de legalización o apostilla exigidas; y por otra parte, una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que carece de firma autorizada, no ha sido apostillada ni legalizada, y no acredita cobertura real y efectiva de prestaciones en las contingencias requeridas durante todo el tiempo trabajado en Chile.

SÉPTIMO: Que esta Corte advierte que, aun cuando el recurrente invoque la existencia de una situación de fuerza mayor derivada del cierre del consulado venezolano en Chile que impide realizar el trámite de apostilla, la naturaleza y efectos de dicha circunstancia no pueden sustituir las obligaciones legales específicas que recaen sobre las AFP, las cuales, conforme a su mandato legal y reglamentario, deben verificar de manera indubitada el cumplimiento de los requisitos copulativos exigidos por la ley para proceder a la devolución de los fondos previsionales, máxime cuando la Superintendencia de Pensiones ha establecido, mediante Oficio Ordinario N° 12.954 de 17 de julio de 2025, que las constancias electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no se encuentren legalizadas o apostilladas, que omitan detallar las coberturas específicas y el período de protección, no son idóneas para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido por la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no puede estimarse que la conducta de la recurrida haya sido ilegal, en cuanto ha actuado dentro del marco de sus competencias legales y reglamentarias, evaluando los antecedentes a su disposición y aplicando el criterio de legalidad que la obliga a constatar los requisitos normativos conforme a lo dispuesto en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y los pronunciamientos de la Superintendencia de Pensiones, máxime cuando la documentación ofrecida por el recurrente no cumple con los estándares exigidos por la normativa vigente para acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero con cobertura verificable y vigente.

NOVENO: Que, por otra parte, tampoco se configura arbitrariedad, entendida como un proceder caprichoso, inmotivado o ajeno a razón suficiente. Por el contrario, la AFP motivó debidamente su resolución, mediante comunicación de fecha 23 de septiembre de 2025, en la que explicó los fundamentos técnicos y normativos de su decisión.

DÉCIMO: Que, en atención a lo razonado precedentemente, y no existiendo un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos fundamentales invocados por el recurrente, el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y vistos además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y demás normas legales pertinentes; se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de AFP PlanVital S.A.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-20994-2025.