nombre reservado con ASOCIACION CHILENA DE FACULTADES DE MEDICINA

C.A. de Santiago Santiago, doce de febrero de dos mil veinticinco.

VISTO:

En estos autos comparece nombre reservado, doctor en medicina, deduciendo acción de protección en contra de EUNACOM, Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, por el actuar arbitrario e ilegal consistente en la exigencia de adjuntar una copia legalizada del original de su título de médico cirujano, no obstante que su título de médico se encontraba revalidado.

Expone que con fecha 11 de septiembre de 2022, mediante correo electrónico se dirigió a la recurrida, consultando acerca si calificaba para ser candidato para rendir el EUNACOM, dado su interés por ejercer como médico en Chile. En dicho correo explicaba que durante el año 2015 terminó sus estudios en el programa de doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad Católica (Phd), posterior a eso continuó sus estudios en la República Checa (First Faculty of Medicine, Charles University), donde convalidó sus estudios y prosiguió con el plan asociado, obteniendo su título de médico general; posterior a eso realizó su especialidad en dermatología, obteniendo su diploma en el año 2022, enfocando la consulta formulada a la recurrida en el hecho de que su título no es de médico cirujano, sino de medicina general.

Señala que, al no obtener respuesta, se comunicó por teléfono con la recurrida, y siguiendo sus instrucciones, solicitó hora y con fecha 26 de octubre de 2022 se presentó en las oficinas de EUNACOM con la documentación requerida para que fuera evaluada, y una vez revisados sus antecedentes, se le autorizó a seguir adelante con el proceso, quedando formalmente inscrito.

Menciona que el examen teórico lo rindió en dos oportunidades, y la segunda vez, en el mes de julio de 2023, lo aprobó con 67.76 puntos. El 11 de agosto de ese año se aprobó su inscripción en el proceso práctico, el que se inició en septiembre de 2023, concluyendo el 5 de marzo de 2024 con la aprobación de las cuatro secciones prácticas. El 25 del mismo mes se gestionó su inscripción en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de Salud, y durante el mismo mes se emitió el certificado de aprobación de EUNACOM, y con ello, inició sus actividades en el Servicio de Impuestos Internos.

Indica que el proceso se desarrolló en forma normal, no se registraron irregularidades, cuestionamientos o solicitudes adicionales de documentación. Sin embargo, el 7 de octubre último, recibió un correo electrónico remitido por el subdirector de EUNACOM, confiriéndole un plazo de 10 días para entregar una copia legalizada del original de su título de médico cirujano, bajo el apercibimiento de informar a la Superintendencia de Salud y la suspensión de su habilitación, conducta de la recurrida que es ilegal, toda vez que el acto administrativo ya se encontraba ejecutado, de manera que ostenta un derecho adquirido sobre la revalidación de su título de médico.

Sostiene que se le está exigiendo un imposible, un documento que no tiene, ya que en el correo de 11 de septiembre de 2022 fue claro en señalar que su título no es de médico cirujano, de manera que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, vulnerando las siguientes garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República: 1) Igualdad ante la ley, del artículo 19 N°2, toda vez que no confiere un trato igualitario a los distintos postulantes a revalidar su título en medicina, privilegiando solo a aquellos cuyo título es de “médico cirujano”; 2) Libertad de trabajo, del artículo 19 N°16, ya que al no reconocer como válido su título, no tiene la posibilidad de ejercer la medicina; 3) La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que imponga la Constitución y las leyes, del artículo 19 N°17, dado que la recurrida lo ha privado de la posibilidad de ingresar a trabajar a instituciones del Estado; 4) Derecho de propiedad, del artículo 19 N°24, por cuanto tiene derecho de propiedad sobre la revalidación de su título médico, el que se le otorgó al concederle el Certificado EX 2414341 de aprobación del examen EUNACOM, con puntaje 67.76.

Por lo expuesto, pide ordenar a la recurrida abstenerse de exigir acompañar el documento solicitado, por no ser aplicable a su caso y dar por acreditada suficientemente su calidad de médico, con costas.

Evacuó el informe requerido la Asociación Chilena de Facultades de Medicina, señalando que, en el año 2009, después de la promulgación de la ley 20.261, que creó el EUNACOM, el Ministerio de Salud la designó como la entidad encargada de su diseño y administración, de manera que en lo que respecta a las responsabilidades relativas al EUNACOM, debe cumplir los mandatos de esa ley.

Indica que el recurrente carece de un título profesional de médico, pues lo que aquel invocó en Chile fue un documento que le reconoce en República Checa lo que estudió y obtuvo en Chile, que no es un título profesional, sino un resumen de situaciones relacionadas con la persona del recurrente, sus estudios y sus estadías formativas en Chile y en la República Checa. El certificado del actor, que él pretende le sea revalidado como título profesional sin ser el mismo certificado un título profesional, contiene tal cantidad de información resumida sobre su persona, así como cláusulas limitativas e informativas que, en la idiosincrasia jurídica, lo hacen comparable más a una resolución administrativa que a un certificado, o al menos participa de ambas cualidades, según su difuso contenido; menciones que resultan ajenas a lo que constituye un título profesional. En ninguna parte dice que el recurrente es médico de profesión, y él elude toda mención o aporte de antecedentes sobre ese punto, que debiera poseer.

En relación con las garantías constitucionales conculcadas, aclara que si el recurrente no ha demostrado -o no lo demuestra en el proceso- que está en posesión de un título profesional de médico, donde fuera que lo hubiere obtenido y cualquiera fuera su denominación, no puede alegar privación o vulneración de ninguna de las garantías constitucionales que invoca, porque falla el presupuesto fáctico en base a las cuales la Iltma. Corte debe ponderar los efectos deletéreos para el recurrente al desconocer la existencia de dicho título.

Agrega que no deja de tener razón el actor al señalar que se le exige una condición imposible al pedírsele que exhiba copia de su título profesional, ya que precisamente no tiene título de médico cirujano ni tampoco título profesional de médico, independientemente de la diferencia de denominación que pueda existir. Por la misma razón, también es imposible que el efecto que regula el artículo 1° inciso segundo de la ley 20.261 lo favorezca, porque esa norma supone la preexistencia de un título profesional, que la aprobación del EUNACOM surta el efecto de revalidarlo, pero ese efecto no se gatilla respecto de documentos sobre grados académicos.

Hace presente no desconoce que el recurrente aprobó el EUNACOM, lo que permite tener por cumplido el requisito que establece el artículo 1° de la ley 20.261, pero no por ello se puede desconocer que hubo un vicio legal en su admisión para que rindiera el examen, consistente en no haber presentado: (i) un título de médico cirujano obtenido en Chile; (ii) un título de médico obtenido en el extranjero debidamente revalidado, o (iii) un título de médico obtenido en el extranjero sin revalidación, de manera que al recurrente se le debió rechazar su solicitud de inscripción para rendirlo, motivo por el cual la aprobación del EUNACOM en las circunstancias indicadas no surte el efecto de mutar el documento que erróneamente se consideró como título profesional, sin serlo, en un título profesional.

Por lo expuesto, pide se rechace la acción de protección de autos en todas sus partes, por no existir una actuación ilegal o arbitraria contra el recurrente, que haya vulnerado sus garantías constitucionales.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Que como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

2°.- Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria".

En este sentido, debe apuntarse que la afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado. Por lo mismo, se requiere la efectiva existencia de un acto ilegal, vale decir, que no se atenga a la normativa por la que debe regirse, lo que también se verifica cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Por su parte, tal actuación es arbitraria cuando carece de razonabilidad en el actuar u omitir o bien cuando existe falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar o ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o cuando no se verifican los hechos que fundamentan un actuar.

3°.- Que conforme se observa del recurso de protección, por su intermedio se solicita “ordenar a la recurrida abstenerse de exigir acompañar el documento solicitado, por no ser aplicable a su caso y dar por acreditada suficientemente su calidad de médico”.

4°.- Que en este entendido, el artículo 1° de la ley 20.261 dispone “Establécese, como requisito de ingreso para los cargos o empleos de médico cirujano en los Servicios de Salud creados por el artículo 16 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005; en los establecimientos de carácter experimental creados por el artículo 6º de la ley Nº19.650, y en los establecimientos de atención primaria de salud municipal, rendir un examen único nacional de conocimientos de medicina y haber obtenido, a lo menos, la puntuación mínima que a su respecto establezca el reglamento, sin perjuicio de los demás requisitos que les exijan otras leyes. Las instituciones señaladas sólo podrán contratar, en cualquier calidad jurídica y modalidad, a médicos cirujanos que hayan obtenido, de conformidad a lo que establezca el reglamento, la puntuación mínima requerida en dicho examen.

Se entenderá que los profesionales que aprueben el examen único nacional de conocimientos de medicina, habrán revalidado automáticamente su título profesional de médico cirujano, sin necesitar cumplir ningún otro requisito para este efecto.

Los médicos cirujanos, para otorgar las prestaciones de salud a los beneficiarios del régimen que regula el Libro II del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005, en la modalidad de libre elección, deberán haber obtenido, de conformidad a lo que establezca el reglamento, a lo menos, la puntuación mínima en el examen a que se refiere el inciso anterior, de lo que deberá dejarse constancia en el respectivo convenio.

El examen único nacional de conocimientos de medicina será una prueba diseñada y administrada por la asociación que reúna al mayor número de escuelas de medicina del país, de entre aquellas que tengan, a lo menos, una promoción de graduados y cuyas carreras y programas de estudio hayan sido acreditados conforme a lo establecido en el artículo 27 de la ley Nº 20.129.

Un reglamento, dictado por intermedio del Ministerio de Salud, establecerá los criterios generales destinados a garantizar la adecuación del examen de conocimientos establecido en el presente artículo con el perfil profesional requerido para el cumplimiento de los objetivos de la política nacional de salud, así como también, aquellos que aseguren la objetividad, transparencia, igualdad y adecuada publicidad en su diseño y administración, y, en general toda otra materia relacionada con su exigencia, aplicación y evaluación. Asimismo, el reglamento determinará la puntuación mínima requerida ya sea a través de una nota, calificación, porcentaje, u otro factor análogo de medición, para efecto de lo dispuesto en esta ley, y, en general, contendrá toda otra norma necesaria para la adecuada y eficiente aplicación del presente artículo. Para la dictación y aplicación de este reglamento, el Ministerio de Salud deberá previamente oír la opinión e informe técnico de la Comisión Nacional Docente Asistencial de Salud, creada por el decreto supremo Nº 110, de dicho Ministerio, de 1963, sin perjuicio de las modificaciones o adecuaciones que sobre su integración u otra materia se efectúen al decreto supremo precedentemente referido.

A lo menos cada cinco años, el Ministerio de Salud, oyendo a la Comisión referida en el inciso anterior, revisará los criterios generales que se establezcan en el reglamento, así como la puntuación mínima que se determine. Con todo, dicha revisión no podrá efectuarse con una antelación inferior a noventa días de la fecha fijada para aplicación del examen respectivo. La actualización efectuada se hará por decreto del Ministerio de Salud y sólo regirá a contar de su realización, abarcando todos los exámenes que se rindan entre dicho período y la próxima actualización”.

Por su lado, la referida normativa, se encuentra complementada con su reglamento contenida en el Decreto N° 8 de mayo de 2009, en cuyo artículo 12, dispone en lo pertinente “En el caso de médicos cirujanos cuyo título profesional obtenido en el extranjero no se encuentre reconocido, revalidado o convalidado, según el caso, y que deban rendir el Examen para algunos de los fines descritos en este artículo, al momento de inscribirse deberán entregar a la Asociación una copia legalizada de su título profesional de médico cirujano o equivalente que lo autoriza para ejercer en el país de titulación.”

5°.- Que como se observa, todo el procedimiento a que da origen la aludida normativa, esto es, tanto en lo referente a la rendición del examen de que se trata y la habilitación que el mismo otorga, como el proceso de revalidación que se requiere, operan siempre y en todo caso sobre un supuesto esencial, que no es otro que la existencia del título profesional de médico cirujano o su equivalente que habilite para ejercer la medicina, cuya obligación de acreditación recae en quien pretenda valerse del procedimiento en cuestión.

6°.- Que el EUNACOM, pues al advertir la omisión de esa presentación con anterioridad, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para verificar que el procedimiento de revalidación y habilitación se haya ceñido a la normativa ya reseñada y, en caso de no serlo, iniciar los trámites y tomar las providencias correspondientes, sobre todo teniendo presente que aquel procedimiento tiene por objeto dar garantías a la población que requerirá los servicios del recurrente en resguardo de su vida y salud, todo lo cual, permite además descartar la arbitrariedad de la conducta de la recurrida.

No constatándose entonces una actuación ilegal o arbitraria, es innecesario analizar los derechos constitucionales que el actor denuncia conculcados.

7° Que, sin perjuicio de lo anterior, esta Corte tiene que insistir en la naturaleza esencialmente cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental, en cuanto busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones ni para dirimir debates que exigen su planteamiento por las vías idóneas que el ordenamiento jurídico franquea a los interesados. Consecuentemente, no puede transformarse en una suerte de sustituto jurisdiccional porque de ese modo se distorsionaría su propósito y entidad.

8°.- Que por consiguiente, lo solicitado por la recurrente, en orden a que por la presente vía se determine, finalmente, su calidad de médico y, que por lo mismo, no puede la recurrida exigirle que acompañe el antecedente que así lo demuestre, supone dilucidar diversos supuestos fácticos, particularmente, la extensión y significación de la documentación que el protegido acompañó tanto en esta sede como ante al recurrido, lo que rebasa los límites que derivan de la naturaleza de la acción constitucional, ya que implica el reconocimiento de derechos y la realización de declaraciones para cuyo efecto la legislación establece un tribunal competente, un procedimiento reglado y las medidas susceptibles de adoptar, en términos que esta acción constitucional no puede ser aceptada.

Y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por nombre reservado en contra de la Asociación Chilena de Facultades de Medicina.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-20980-2024.