nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, trece de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, abogado, por sí y a favor de don nombre reservado, médico, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., por el acto arbitrario e ilegal, consistente en haber rechazado su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, mediante acto notificado el 27 de agosto de 2025, lo que importaría la afectación de las garantías constitucionales establecidas en los N°2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política, solicitando que se acoja el presente recurso y que se ordene reconocer como válida la documentación acompañada procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo 5 días o lo que esta Corte estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Señala que el recurrente, en su calidad de médico de nacionalidad venezolana, solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., mediante el portal web correspondiente, la devolución de sus fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, adjuntando la documentación requerida y dando cumplimiento a lo solicitado.

Sin embargo, mediante correo electrónico de fecha 27 de agosto de 2025, la administradora de fondos le informó el rechazo de su solicitud, invocando como razones que la relación laboral del recurrente se regiría por la Ley N°19.378 (Estatuto de Atención Primaria), y que el certificado de constancia de cotizaciones electrónicas emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no había sido legalizado o apostillado por la autoridad previsional competente venezolana, sin especificar las coberturas con las que cuenta el afiliado.

A continuación, controvierte las causales de rechazo, indicando, en primer lugar, que su vínculo jurídico con el empleador se sustenta en un decreto de nombramiento a través de Resolución Exenta, lo que constituye un contrato de trabajo con sujeción a un estatuto especial, siendo aplicable la normativa de la Ley N°18.156 de forma supletoria, sin que exista prohibición o alcance restrictivo que lo excluya. En segundo lugar, respecto a la legalización del certificado de afiliación, argumenta una imposibilidad técnica y material para obtener la legalización consular en Venezuela debido al quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que califica como fuerza mayor o caso fortuito. Afirma que presentó el documento debidamente apostillado a través de declaración jurada ante notaría chilena, lo que debe revestir al instrumento de la debida formalidad y naturaleza probatoria. Además, destaca que la constancia electrónica de cotizaciones cuenta con un código de verificación que permite comprobar su autenticidad en la página oficial del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS).

Aduce que otras administradoras de fondos de pensiones en Chile, como AFP Cuprum y AFP Planvital, han aprobado retiros de fondos bajo condiciones similares con documentación análoga, evidenciando un trato desigual y arbitrario por parte de la recurrida.

En cuanto al derecho invoca la Ley N°18.156, en sus artículos 1° y 7°, que permite la exención de cotizaciones y la devolución de fondos a técnicos extranjeros que demuestren estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile y que manifiesten su voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo. Sostiene haber dado íntegro cumplimiento a estos requisitos, mientras que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, indica que los hechos descritos importan la afectación del derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al dispensar un trato desigual a su respecto frente a otros solicitantes en idénticas circunstancias y al exigirle una formalidad adicional no contemplada legalmente. De igual modo, afirma que se vulnera su derecho de propiedad privada, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, toda vez que la negativa a la devolución de sus fondos previsionales, que son parte de su patrimonio, constituye un acto caprichoso y sin fundamento legal que le impide disponer de su propiedad, a pesar de haber cumplido con los requisitos exigidos por la ley.

Solicita, que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A. que rechaza su solicitud de devolución de fondos previsionales, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada por el recurrente, y se proceda a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo de cinco días o el que la Iltma. Corte estime pertinente, adoptando en general las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A., representada por doña nombre reservado, evacuó el informe, solicitando el rechazo de la acción de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

En primer lugar, argumenta que la acción de protección constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de garantías y derechos preexistentes e indubitados. En el caso de autos, el recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho que le impida, moleste o amague su ejercicio. Por el contrario, se pretende ejercer por esta vía un derecho cuyo ejercicio y características está claramente definido en nuestro ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que se pretende.

Para interponer legítimamente esta acción, se requiere ser titular de un derecho indubitado. Luego, la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros es excepcional y procede siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la circular N°553 de la ley N°18.156, modificada por la ley N°18.726, lo que, a su juicio, no ocurre en el caso del recurrente.

Conforme lo expuesto, afirma que los hechos descritos no permiten acoger este recurso, pues no cumplen con los requisitos de emergencia o urgencia, ni el recurrente ha sido privado, desconocido o vulnerado en sus derechos a la igualdad y a la propiedad, ya que la Administradora jamás ha negado la titularidad de los fondos previsionales al Sr. nombre reservado.

En cuanto a los hechos, informa que con fecha 26 de agosto de 2025, don nombre reservado, inició ante AFP UNO S.A. su trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, en conformidad a la ley N°18.156, respecto del empleador “Corporación Municipal de Peñalolén”. En dicha oportunidad, el recurrente habría acompañado a su solicitud copia de los siguientes antecedentes: 1) Resolución S.G. N°1310 del seis de noviembre de dos mil veintitrés; 2) Anexo de Contrato de Trabajo con Corporación Municipal de Peñalolén; 3) Título técnico de Médico Cirujano otorgado por la Universidad del Zulia; 4) Apostilla Título Profesional; 5) Certificado de Constancia de Cotizaciones; y 6) Declaración jurada ante notario.

Luego, con fecha 27 de agosto de 2025, se le informó el rechazo de la solicitud N°1380461, indicando dos razones principales: primero, que los documentos de contrato y/o anexo no cumplen el criterio, pues la relación laboral está regida por la Ley N°19.378 (Estatuto especial de Atención Primaria), no sujeta al Código del Trabajo, y según el compendio normativo de la Superintendencia de Pensiones, no tienen acceso a la devolución de fondos bajo la Ley N°18.156 el personal contratado por organismos públicos mediante decreto de nombramiento, sometidos a estatutos especiales y no sujeto al Código del Trabajo; segundo, que el certificado de la institución de seguridad social (IVSS) no fue legalizado o apostillado por la autoridad previsional competente venezolana, y no señala las coberturas con que cuenta el afiliado ni permite inferir un período determinado de cobertura, limitándose a mencionar de forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano, lo cual no sirve para acreditar afiliación, según Oficio Ordinario N°12954 de julio de dos mil veinticinicinco de la Superintendencia de Pensiones.

Finalmente, hace presente que la recurrida tomó conocimiento de la presente acción constitucional el 25 de septiembre de 2025.

En cuanto al derecho, la Administradora argumenta que en Chile rige el principio de territorialidad en materia laboral y previsional, aplicando las leyes chilenas a los trabajadores que se desempeñan en el país. Las excepciones son: a) que el trabajador esté acogido a un Convenio Bilateral de Seguridad Social; o b) que quede exento de cotizar o pueda retirar fondos si cumple las exigencias de la Ley N°18.156. Los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, junto con el Libro II Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, regulan la exención de cotizar y la devolución de fondos para técnicos extranjeros, estableciendo los siguientes requisitos: 1) Que detenten la calidad de técnicos, acreditada con documentos de estudios especializados o profesionales debidamente legalizados y, en su caso, traducidos oficialmente; 2) Que se encuentren afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile (anterior a su contrato en Chile), que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, acreditado mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada; y 3) Que en el contrato de trabajo respectivo, el trabajador manifieste expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen. Adicionalmente, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil exige que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile se presenten debidamente legalizados, entendiéndose que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas, atestiguadas por los funcionarios que, según las leyes o práctica del país, deban acreditarlas, comprobándose la autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarios en Chile por uno de los medios que la norma indica (agente diplomático o consular chileno o de nación amiga, o agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país donde se otorgó el instrumento).

En este contexto, sostiene que su actuación se ajustó estrictamente al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la Ley N°18.156, el Oficio Reservado N°2966 y los Oficios Reservados N°25057 (veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés) y Ordinario N°12954 (diecisiete de julio de dos mil veinticinco) de la Superintendencia de Pensiones, que establecen los requisitos de validez de documentos extranjeros en Chile.

Respecto a la situación de Venezuela, indica que, aunque no exista representación diplomática acreditada, esta circunstancia de hecho no exime del cumplimiento de los requisitos de legalización establecidos en la ley, siendo que la AFP no tiene facultades para reemplazar, interpretar o dejar sin aplicación un requisito legal.

Además, da cuenta que con fecha 24 de enero de 2025, consultó a la Superintendencia de Pensiones sobre la posibilidad de otorgar un plazo de validez de un año a los certificados verificables en la plataforma web del gobierno venezolano, propuesta que fue rechazada por la Superintendencia por estar fuera de su ámbito de competencia.

Respecto a la alegación de la recurrente en orden a que se le están exigiendo requisitos adicionales, explica que la exigencia de un Certificado de Afiliación al IVSS debidamente legalizado, en lugar de una “Constancia de Cotizaciones” legalizada ante notario, responde a lo requerido por el Título XI del Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, que exige acreditar la afiliación efectiva a un sistema previsional extranjero con su respectiva legalización. La simple remisión a un portal web para validar documentos no cumple con los requisitos formales exigidos por la legislación chilena para acreditar la validez de documentos extranjeros.

Sobre lo anterior, cita el Oficio Ordinario N°12954, de fecha diecisiete de julio de dos mil veinticinco, de la Superintendencia de Pensiones, que indica que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentren firmadas, apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba, reiterando que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla, siendo Chile y Venezuela Estados Parte de este último.

Posteriormente, en cuanto al vínculo laboral invocado por el recurrente, cita el numeral 6 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, que establece que el personal contratado por Organismos Públicos mediante decreto de nombramiento, sometido a estatutos especiales y no sujeto al Código del Trabajo, no tendrá acceso a la devolución de fondos. Por lo tanto, el “Anexo al Contrato de Trabajo” no tiene aptitud para alterar la naturaleza jurídica del vínculo.

En síntesis, señala que su actuar no ha sido ni ilegal ni arbitrario, sino un estricto cumplimiento de sus obligaciones legales y normativas, por lo que no existe agravio ni privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales, por lo que solicita el rechazo del recurso de protección.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal (ilegalidad) o que sea producto del mero capricho (arbitrariedad).

QUINTO: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980 y el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

SEXTO: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la Apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

SEPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A. y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado del recurrente, ni tampoco se especifican las coberturas con las que cuenta el afiliado y la relación laboral del actor no se encuentra sujeta al Código del Trabajo, tal como da cuenta la RES S.G N°1310, el que menciona que se “Nombra a persona que indica en la dotación de Atención Primaria de los Centros de Salud dependientes de la Corporación Municipal de Peñalolén, para ser contratados de forma indefinida conforme a la Ley N°21.308”.

En particular, Superintendencia de Pensiones a ha sido categórica en señalar que las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas no son idóneas para acreditar el cumplimiento del no del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado.

Luego, en cuanto a la naturaleza del vínculo laboral del recurrente, la mencionada situación se encuentra regulada en el Libro II, Cotizaciones Previsionales, Título XI, “Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales”, en su numeral 6 del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, señalando que “No tendrán acceso a la devolución de fondos en virtud de la Ley N°18.156 el personal contratado por Organismos Públicos mediante un decreto de nombramiento, sometidos a estatutos especiales y no sujeto a las normas generales sobre contratación establecidas en el Código del Trabajo”, lo que torna improcedente la devolución solicitada.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente (Ley N° 18.156, Art. 345 CPC) y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones (Art. 94 D.L. 3.500). Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

NOVENO: Que, no existiendo un acto ilegal o arbitrario, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no existe un derecho indubitado de propiedad sobre los fondos que pueda ser tutelado por esta vía, manteniéndose dichos recursos en la cuenta de capitalización individual de la recurrente conforme a las reglas generales del D.L. 3.500.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-20956-2025.