nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE. MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 23 de septiembre de 2025, comparece la abogada Sandra Lorena Bernal Muñoz, en representación de doña nombre reservado, de nacionalidad española, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión que estima ilegal y arbitrario consistente en la demora de emitir una resolución respecto a un recurso administrativo de reposición debidamente presentado, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, así como el derecho a la protección de la familia contenido en el artículo 1º del mismo cuerpo legal.

Menciona como antecedentes de su recurso que la recurrente fue notificada, con fecha 30 de octubre de 2024, del rechazo de su solicitud de Residencia Temporal y de una orden de abandono del país. Expone que dicha decisión se fundamentó en una anotación de antecedentes penales en España por un delito de hurto del año 2017, cuya sanción consistió en una multa de 6 euros. Indica que, ante este escenario, interpuso un recurso administrativo el día 10 de diciembre de 2024, argumentando que la sanción se encuentra prescrita según el Código Penal español y que, en la actualidad, su certificado de antecedentes se encuentra limpio.

Precisa que han transcurrido más de nueve meses desde la presentación de la impugnación administrativa sin que la autoridad recurrida haya emitido pronunciamiento alguno ni notificado el estado del trámite. Sostiene que esta inactividad sume a la recurrente y a su familia —integrada por cónyuge e hijo chilenos— en un estado de incertidumbre y angustia, afectando su derecho a la vida familiar y laboral ante el riesgo de ser separada de su núcleo cercano y la imposibilidad de regularizar su situación migratoria.

Previas citas legales, pide se declare que la omisión de emitir resolución es ilegal y arbitraria, y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones dictar el acto administrativo correspondiente en un plazo no superior a 10 días hábiles.

SEGUNDO: Que, con fecha 13 de noviembre de 2025, comparece la abogada Natacha Aylin Arancibia Riquelme, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes.

Expone como antecedentes que la recurrente nombre reservado solicitó un permiso de residencia temporal por reunificación familiar el 13 de julio de 2022, el cual fue rechazado mediante Resolución Exenta N° 24500288 de fecha 30 de octubre de 2024. Confirma que el Servicio recibió el recurso administrativo de la recurrente el 6 de noviembre de 2024, bajo el ID N° 67652404, y que este se encuentra actualmente en la etapa de "Analisis_Juridico_I" desde el 10 de diciembre de 2024.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que la administración se encuentra sustanciando el recurso y dándole curso progresivo. Sostiene que el plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es de naturaleza fatal para la Administración, según lo ha ratificado la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema. Asimismo, justifica la demora basándose en la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor, derivado del aumento exponencial de flujos migratorios, lo que ha complejizado las labores de análisis de datos.

Agrega que que el artículo 140 de la Ley N° 21.325 establece que la interposición de recursos administrativos suspende los efectos de la resolución impugnada, por lo que la recurrente mantiene una residencia regular y cuenta con documentación para acreditar tal condición mientras se resuelve la controversia, no existiendo por tanto una privación o amenaza real a sus garantías constitucionales.

Solicita, en definitiva, el rechazo de la acción de protección con costas, por no existir un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a su representada.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que el hecho que motiva la presente acción constitucional es la demora en el pronunciamiento sobre el recurso administrativo de reposición presentada por la recurrente, la cual a la fecha se encuentra aún pendiente de resolución.

QUINTO: Que es posible advertir que la petición formulada por la actora se encuentra aún en trámite, y si bien se constata una demora en su tramitación, ello puede encontrar respuesta en la gran cantidad de solicitudes que han formulado los extranjeros en el último tiempo, lo que es de público conocimiento.

SEXTO: Que así ha sido reconocido por la Excma. Corte Suprema con fecha 20 de marzo del año 2023, en los autos Rol N°115.064-2022, al señalar que: "dada la proliferación de recursos de protección por hechos similares", y luego de un "acabado estudio de la normativa que regula la materia y del estado actual en que se desenvuelve esta discusión", concluye que "la demora del Servicio Nacional de Migraciones se debe a la tramitación de un procedimiento reglado, que consta de diversas etapas", y que dicha tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, tratándose en este caso de una situación análoga a la examinada en el aludido fallo por la Excma. Corte Suprema, pues lo impugnado aquí ha sido la demora en la dictación de un acto terminal, esto es, emitir pronunciamiento respecto al recurso de reposición presentado, debe necesariamente concluirse que en la presentación efectuada en estos autos no se vislumbra arbitrariedad, pues la demora es razonable, y tampoco ilegalidad, como quiera que los plazos que se confieren a la Administración establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, no son fatales, cuestión que aunada a la carga de trabajo que enfrenta el Servicio Nacional de Migraciones, llevan a desechar la presente acción constitucional.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, apareciendo de los antecedentes que la dilación que se acusa en el recurso, obedece a un volumen cuantioso de solicitudes de múltiples administrados sometidas a conocimiento de la autoridad migratoria, la congestión aludida no se puede resolver anteponiendo algunas peticiones por sobre otras de la misma índole o que persiguen finalidades análogas , sin razones que guarden relación con criterios de prioridad o preferencias en base a determinados criterios de urgencia o necesidad.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, contra el Servicio Nacional de Migraciones, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-20948-2025.