Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, cinco de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece don Osvaldo Antonio Fuenzalida Delgado, abogado, actuando en representación de don nombre reservado, ciudadano argentino, e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por su Director Nacional, por haber dictado la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 9 de septiembre de 2025, que rechazó la solicitud de residencia definitiva del recurrente y ordenó su abandono del país, acto que considera ilegal, arbitrario y que vulnera los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, debido proceso, respeto a la vida privada y familiar, y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 números 2, 3 inciso primero, 4 y 21, por lo que solicita que se deje sin efecto dicho acto administrativo.

En cuanto a los antecedentes de hecho que motivan la acción, el recurrente expone que presentó su solicitud de residencia definitiva el 24 de marzo de 2023, fecha en la que además procedió al pago de una multa por infracción a la Ley de Migración y Extranjería. Refiere que, transcurrido un tiempo, el 6 de marzo de 2024 fue requerido para acompañar antecedentes penales de su país de origen y el pago de derechos. No obstante lo anterior, destaca que el 3 de septiembre de 2025 la propia autoridad recurrida emitió una "Ampliación de Certificado de Residencia Definitiva en Trámite", validando su estatus por 180 días adicionales, para luego, apenas seis días después, notificarle el rechazo de su solicitud fundado en la falta de pago y de documentos. Añade que intentó previamente un recurso de amparo ante esta misma Corte, el cual fue declarado inadmisible el 15 de septiembre de 2025, sugiriéndose en dicha resolución la vía del recurso de protección (N°Amparo-3621-2025).

Desde una perspectiva jurídica, la parte recurrente sostiene que el acto impugnado adolece de una ilegalidad manifiesta, toda vez que la dilación en la resolución del procedimiento administrativo excede los plazos legales e infringe los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad consagrados en los artículos 7, 8, 9 y 14 de la Ley N° 19.880. Asimismo, arguye que existe una arbitrariedad evidente al dictarse una resolución de rechazo que contradice un certificado de trámite emitido días antes por la misma autoridad, lo que demuestra una falta de coherencia y racionalidad. Subraya, además, que la administración omitió ponderar debidamente el arraigo laboral, social y económico del recurrente, así como su voluntad de regularización, dictando una medida de abandono y prohibición de ingreso por cinco años que resulta desproporcionada.

En relación con la afectación de las garantías fundamentales, el recurso explica que se vulnera la igualdad ante la ley por la dilación injustificada y el trato dispar frente a otros solicitantes; el debido proceso, al configurarse un procedimiento contradictorio y carente de racionalidad; el derecho a la vida privada y familiar, al desarticularse su proyecto de vida y arraigo en Chile sin una fundamentación razonable; y, finalmente, el derecho a desarrollar una actividad económica, por cuanto la expulsión le impide continuar con su gestión empresarial y laboral en el territorio nacional.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000, se ordene la reapertura del procedimiento administrativo de residencia definitiva , se otorgue un nuevo plazo de al menos sesenta días para subsanar omisiones formales y acompañar documentos, y se mandate a la autoridad a considerar los antecedentes de arraigo y cumplimiento de multas acompañados.

Segundo: Que, informa la abogada doña Stephanie Pinto González, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción de protección en todas sus partes, por considerar que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria que afecte las garantías constitucionales del recurrente.

En cuanto a los antecedentes de hecho, la autoridad administrativa expone que el ciudadano argentino don nombre reservado ingresó al país el 18 de noviembre de 2013 y que, tras una serie de permisos de residencia, presentó su solicitud de permanencia definitiva el 24 de marzo de 2023. No obstante, sostiene que el rechazo contenido en la Resolución Exenta N° NUM000 se fundó en el incumplimiento de requisitos legales por parte del interesado, específicamente al no haber acompañado la documentación requerida ni haber acreditado el pago de los derechos correspondientes en el plazo otorgado para ello, a pesar de haber sido debidamente notificado.

Respecto de los fundamentos de derecho, el Servicio recurrido sostiene que su actuación se ajusta estrictamente al principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, y a las facultades que le confiere la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. Arguye que el acto administrativo se encuentra debidamente motivado, fundamentándose en la omisión del recurrente de subsanar los defectos de su solicitud, lo que faculta a la administración para rechazar el beneficio solicitado. Asimismo, desestima la existencia de arbitrariedad, toda vez que la resolución es el resultado de un procedimiento administrativo reglado donde se otorgaron las oportunidades procesales para cumplir con las exigencias legales.

En relación con las garantías constitucionales presuntamente vulneradas, la recurrida afirma que no se ha configurado una afectación a la igualdad ante la ley, por cuanto se ha aplicado la normativa vigente de manera general a un ciudadano que no cumplió con las cargas de su solicitud. Sobre el debido proceso, señala que la vía de protección es de naturaleza cautelar y no constituye una instancia de impugnación general de actos administrativos que cuentan con sus propios recursos legales, como los de reposición y jerárquico contemplados en la Ley N°19.880 y en la propia Ley de Migraciones, los cuales tienen efecto suspensivo y no fueron agotados por el actor.

Finalmente, la autoridad informa que no ha incurrido en una omisión ilegal ni en un actuar caprichoso, por lo que solicita a esta Ilustrísima Corte tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Tercero: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Cuarto: Que de conformidad con los antecedentes acompañados se advierte que el rechazo de la solicitud de regularización migratoria se basa en que el protegido no cumplió con los plazos para optar al permiso solicitado y no cumple con los requisitos para otorgar la residencia definitiva, ya que no canceló los derechos correspondientes al beneficio solicitado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la Ley N°21.325, y no adjunta el certificado de antecedentes de su país de origen debidamente legalizado y/o apostillado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 88 N°1, de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. Quinto: Que, además, al momento de pedir su solicitud de residencia definitiva y, con posterioridad, dado que se le dio plazo para ello, no acompañó el protegido los antecedentes requeridos y, consecuentemente, incurrió en una conducta que permite a la autoridad administrativa rechazar su requerimiento.

Sexto: Que luego de lo dicho sólo cabe concluir que la autoridad recurrida actuó con estricto apego a la normativa legal que regula la materia, no existiendo actuación ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del derecho que invoca, por lo que la presente acción constitucional debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida por nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-20931-2025.