Protección contra Ilustre Municipalidad de Providencia y de la Jefa de su Departamento de Desarrol

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de octubre de dos mil veintiséis.

A los escritos folios 16, 17 y 18: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, por sí, quien señala ser persona con discapacidad mental calificada e inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Providencia y de la Jefa de su Departamento de Desarrollo Social, doña nombre reservado, por el acto y la omisión que estima ilegales y arbitrarios consistentes en la denegación de auxilio social de subsistencia, en particular, alimentos y suministro de gas para cocinar, la elusión de los plazos de respuesta de sus reclamos, el uso indebido de datos sensibles y el amedrentamiento sufrido en la audiencia de Ley de Lobby celebrada el 24 de septiembre de 2026, lo que vulneraría las garantías consagradas en los numerales 1° y 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, mediante la Resolución Exenta N° NUM000, de 17 de agosto de 2026, de la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, se le otorgó un Subsidio de Albergue Transitorio de 13 UF mensuales por doce meses, cuyos fondos aún no han sido liberados por el Servicio de Vivienda y Urbanización, por lo que concurrió a la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad a solicitar ayuda transitoria de alimentos y gas. Afirma que se le exigió acreditar un contrato de arriendo y seis meses de antigüedad en la comuna, y que el rechazo le fue comunicado mediante una nota adhesiva escrita a mano. Agrega que, tras denunciar lo anterior ante la Contraloría General de la República, el 28 de agosto de 2026 funcionarios municipales concurrieron a su domicilio y le entregaron una tarjeta de mercadería por $66.000, que se agotó el 4 de septiembre siguiente, negándose a otorgarle vales de gas porque el reglamento exigiría esperar de tres a cuatro meses para una nueva solicitud.

Señala que, en la audiencia de 24 de septiembre de 2026, las funcionarias municipales se negaron a responder sus reclamos ingresados en el Portal Vecino, le atribuyeron haber reconocido que no cumplía los requisitos, exhibieron antecedentes de su historial social en la comuna de Renca, de la época en que pernoctó en un albergue para personas en situación de calle, y ratificaron la negativa a otorgarle la ayuda complementaria, amparándose en un reglamento de ayuda única, pese a constatar la vigencia de su subsidio habitacional.

Sostiene que tal conducta infringe los principios de servicialidad y eficiencia de la Ley N° 18.575, la Ley N° 19.880, el deber de probidad de la Ley N° 18.883 y la obligación de realizar ajustes razonables a favor de las personas con discapacidad que impone la Ley N° 20.422, poniendo en riesgo su subsistencia e integridad física y psíquica y configurando una discriminación arbitraria.

Solicita que se ordene a la Municipalidad el cese inmediato de la omisión y la entrega mensual e ininterrumpida de vales de gas para cocinar y de un paquete de asistencia alimentaria, compuesto por caja física y tarjeta de mercadería, por un período de tres meses o hasta que se materialice el pago de su Subsidio de Albergue Transitorio, junto con la remisión del registro de audio de la audiencia de 24 de septiembre de 2026.

Segundo: Que informa la Ilustre Municipalidad de Providencia, quien sostiene que, conforme al artículo 4° letra c) de la Ley N° 18.695, las municipalidades se encuentran habilitadas para desarrollar funciones relacionadas con la asistencia social, correspondiendo a la Administración activa, según lo ha dictaminado la Contraloría General de la República, ponderar en cada caso concreto la concurrencia del estado de necesidad, resguardando la igualdad de los beneficiarios.

Indica que el Reglamento para el Otorgamiento de Beneficios Sociales de la Dirección de Desarrollo Comunitario, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 322, de 18 de febrero de 2026, exige, entre otros requisitos, acreditar residencia en la comuna por al menos seis meses continuos y contar con un informe social que justifique la necesidad del beneficio.

Detalla que el recurrente fue atendido por primera vez el 21 de agosto de 2026, sin contar con los antecedentes que permitieran otorgarle el beneficio, pues ingresó al Registro Social de Hogares el 2 de julio de 2026; que se practicaron visitas domiciliarias los días 25 y 27 de agosto, y en esta última se le hizo entrega de una gift card de alimentos, a pesar de no acreditar aún la documentación necesaria; que sus reclamos fueron recibidos, respondidos preliminarmente y derivados a una audiencia de Ley de Lobby; y que en dicha audiencia, celebrada el 24 de septiembre de 2026, se le informó que ya se le había otorgado el beneficio, que este no puede entregarse cada vez que se solicita, por cuanto deben cumplirse los requisitos y la periodicidad que establece el Reglamento, y que la próxima entrega le correspondería en el mes de diciembre. Añade que el recurrente arrienda una habitación en la comuna y es beneficiario de un subsidio habitacional adjudicado durante el año 2026.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, entonces, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, de manera tal que la Corte se sitúe en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, en la especie, lo que en definitiva pretende el recurrente es que esta Corte ordene a la Municipalidad de Providencia la entrega mensual de vales de gas y de asistencia alimentaria por un período determinado, hasta que se materialice el pago de un subsidio habitacional cuyo otorgamiento y pago corresponden a otros órganos del Estado. Tal pretensión no se sustenta en un derecho indubitado del actor a recibir dichas prestaciones en la forma, periodicidad y cuantía que reclama, pues la asistencia social constituye una función que la ley entrega a las municipalidades para ser ejercida conforme a la evaluación que la propia Administración efectúe de cada caso y a la normativa que las regula.

En este escenario, la vía del recurso de protección no sirve para exigir políticas públicas, decidir qué beneficios dar, de qué monto y con qué periodicidad es materia de la Administración tal como se señaló, por lo que, excede la vía cautelar.

Sexto: Que, de lo expuesto, consta que la Municipalidad recurrida atendió las solicitudes del recurrente dentro del ámbito de sus competencias: lo recibió en atención social, practicó dos visitas domiciliarias para evaluar su situación, le otorgó una tarjeta de mercadería aun cuando no acreditaba el requisito de residencia que exige el Reglamento, recibió y tramitó sus reclamos, lo citó a una audiencia en que se abordaron sus requerimientos y le informó los motivos por los cuales no procedía una nueva entrega antes del período previsto. Ello descarta la configuración de una inactividad injustificada de la autoridad comunal.

Séptimo: Que, en consecuencia, no constatándose la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la Municipalidad recurrida que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías invocadas, y no concurriendo en la especie los presupuestos de procedencia del recurso de protección establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, el arbitrio deducido no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida por don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Providencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-20929-2026.