Protección contra Superintendencia de Pensiones

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO. Comparece el abogado don Sergio Diego Santelices Hernández, en representación de don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Pensiones, de la Comisión Médica Regional Santiago Sur y la Comisión Médica Central, por haber rechazado su solicitud de pensión de invalidez, actuación que estima ilegal y arbitraria, en cuanto carece de fundamentación suficiente y contradice los diagnósticos emitidos por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), vulnerando con ello los derechos fundamentales que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y en particular, el derecho a la vida e integridad física y psíquica, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Por tal motivo, solicita que se deje sin efecto lo resuelto por las comisiones médicas recurridas y se ordene otorgar la pensión de invalidez correspondiente, con expresa condena en costas.

Expone que mediante dictamen de la COMPIN, de fecha 3 de enero de 2024, se estableció que posee un grado global de discapacidad del 50%, de carácter severo, con causa principal física, lo que se respalda con su credencial y certificado de discapacidad. Dicho diagnóstico se encuentra, además, avalado por el Informe Biomédico Funcional emitido el 7 de marzo de 2023 por el médico nombre reservado, quien señaló que el paciente sufre insuficiencia cardiaca y disnea frente a mínimos esfuerzos, cuadro que evidencia limitación severa en su capacidad de trabajo.

No obstante lo anterior, la Comisión Médica Regional Santiago Sur, mediante dictamen N°NUM000 de fecha 6 de septiembre de 2023, rechazó la solicitud de pensión de invalidez, al estimar que las enfermedades alegadas no alcanzaban a provocar una pérdida de la capacidad laboral de al menos un 50%, fijando la discapacidad en un 25%. Contra dicha resolución el actor dedujo apelación, la que fue rechazada por la Comisión Médica Central mediante resolución N° C.M.C.

NUM001, de fecha 18 de marzo de 2024, confirmando el dictamen de primera instancia. Posteriormente, dedujo recurso de reposición, el que fue igualmente desestimado por resolución N° C.M.C. NUM002, de 4 de septiembre de 2024, notificada el 17 de ese mes, en la cual se reafirmó que su incapacidad global no supera el 25%.

Sostiene que tales decisiones son contradictorias y carentes de fundamentación, toda vez que no ponderan debidamente los antecedentes clínicos ni los informes médicos disponibles, en particular, la certificación técnica otorgada por la COMPIN. Precisa que en el acta fundante de la resolución impugnada se consignó un 25% de discapacidad por obesidad y un 25% por enfermedad vascular, sin considerar conjuntamente ambos diagnósticos ni explicitar cuál fue tomado como base para el cálculo final, lo que a su juicio constituye una omisión grave y arbitraria.

Agrega que el proceder de la recurrida es ilegal, en cuanto incumple el mandato del artículo 11 de la Ley N°19.880, que exige que los actos administrativos que afecten derechos de los particulares sean siempre motivados, y del artículo 41 del mismo cuerpo legal, que impone la necesidad de decisiones fundadas. Asimismo, invoca el artículo 11 del Decreto Ley N°3.500, que regula la evaluación de invalidez en concordancia con las normas técnicas aplicables.

En lo que concierne a la arbitrariedad, el recurso cita la doctrina de nombre reservado sobre la falta de razonabilidad en los actos administrativos, destacando que la decisión de las Comisiones Médicas se basa en criterios carentes de lógica, al no considerar en forma conjunta las enfermedades diagnosticadas, ni proporcionar argumentos técnicos que sustenten la negativa a reconocer la invalidez.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto el dictamen N°NUM000 de la Comisión Médica Regional Santiago Sur, así como las resoluciones N° C.M.C.

NUM001 y N° C.M.C. NUM002 de la Comisión Médica Central; que se ordene otorgar la pensión de invalidez a don nombre reservado; y que se condene en costas a la recurrida. Subsidiariamente, solicita que se disponga su reevaluación por la Comisión Médica competente, con expresa condena en costas.

SEGUNDO. Que, evacuando su informe, la Superintendencia de Pensiones opone, en primer término, la excepción de falta de legitimación pasiva. Argumenta que el recurso de autos se dirige en contra de actos administrativos emitidos por la Comisión Médica Regional Santiago Sur y por la Comisión Médica Central, órganos que conforme al artículo 18 del Reglamento del D.L. N°3.500, contenido en el D.S. N°57 de 1990 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, gozan de autonomía en el conocimiento y calificación de las solicitudes de invalidez, careciendo esta Superintendencia de injerencia resolutiva en sus dictámenes. Precisa que su rol se limita a la supervigilancia administrativa y a la emisión de normas operativas, sin que exista vínculo orgánico ni jerárquico con las comisiones, aun cuando deba designar a sus integrantes mediante concurso público. Así, sostiene que no le corresponde responder por actos que no emanan de su competencia.

Reseña que el recurrente efectuó dos presentaciones ante la Superintendencia durante el año 2024, ambas relativas a los rechazos de su solicitud de pensión de invalidez y a la demora en la tramitación de los recursos administrativos deducidos ante las Comisiones Médicas. En respuesta, el organismo fiscalizador informó que se había tomado contacto con la Comisión Médica Regional a fin de agilizar el trámite, sin perjuicio de advertir que la alta demanda de solicitudes impedía acelerar los procesos más allá de lo permitido por el criterio clínico y médico que corresponde aplicar a las referidas Comisiones.

Sostiene que su actuación se encuentra regida por el principio de legalidad o juridicidad, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, así como en el artículo 2° de la Ley N°18.575. En virtud de dicho principio, recuerda que los órganos de la Administración del Estado solo pueden actuar dentro de la órbita de sus competencias y con las atribuciones expresamente conferidas por el ordenamiento jurídico. Añade que el artículo 94 del D.L. N°3.500, el artículo 3° del DFL N°101 de 1980 y el artículo 47 de la Ley N°20.255 delimitan estrictamente las potestades de la Superintendencia, sin que dentro de ellas se contemple la representación o sustitución de las Comisiones Médicas en la calificación de invalidez de los afiliados.

Concluye afirmando que la Superintendencia de Pensiones no ha tenido participación alguna en los actos que el actor estima ilegales y arbitrarios, por lo que el recurso de protección debe necesariamente ser rechazado respecto de ella, por carecer de legitimación pasiva y por haber actuado siempre dentro del marco de la legalidad que rige a los órganos de la Administración.

Por estas razones, solicita que se acoja la excepción de falta de legitimación pasiva planteada y, en definitiva, se rechace el recurso de protección deducido en su contra, con declaración expresa de que este organismo no posee competencia para intervenir en la evaluación ni en la calificación de invalidez efectuada por las Comisiones Médicas Regionales o Central.

TERCERO. Que, evacuando su informe, la Comisión Médica Regional de Santiago Sur expone, en primer término, los antecedentes de hecho que sustentan su actuación. Precisa que el señor nombre reservado solicitó evaluación de invalidez con fecha 8 de marzo de 2023, siendo examinado el 30 de junio del mismo año por el doctor nombre reservado, quien además ordenó diversos peritajes y exámenes de especialidad. Con el mérito de los informes recabados, la Comisión celebró la Sesión N°NUM003 el 6 de septiembre de 2023, ocasión en que se analizó el cuadro clínico del recurrente, diagnosticando insuficiencia cardíaca e hipertensión, concluyendo que el menoscabo laboral derivado de tales afecciones no superaba el cincuenta por ciento exigido en el artículo 4° del D.L. N°3.500 para acceder a pensión de invalidez. En consecuencia, se dictó el correspondiente Dictamen de Invalidez N°NUM000, rechazándose la solicitud, resolución que el actor impugnó mediante recurso de apelación, actualmente en tramitación ante la Comisión Médica Central.

Hace presente que la normativa aplicable, contenida en los artículos 4° y 11 del D.L. N°3.500 de 1980 y en las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez, exige para configurar invalidez parcial una pérdida de la capacidad laboral de al menos un cincuenta por ciento. Añade que la determinación del menoscabo corresponde de manera exclusiva a las Comisiones Médicas, que deben evaluar si los impedimentos alegados se encuentran configurados conforme a criterios médicos objetivos, clínicos y funcionales. En ausencia de tales requisitos, no procede asignar menoscabo permanente.

Sostiene que no son efectivas las alegación de falta de fundamentación, pues las razones técnicas se encuentran debidamente consignadas en las actas de sesión, las que se remiten al afiliado junto con la notificación, en cumplimiento de la Ley N°19.628 sobre protección de datos personales y de la Ley N°20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes. Argumenta que la omisión de tales fundamentos en el texto del dictamen se justifica por el carácter sensible de la información médica, sin que ello afecte la validez ni la motivación del acto administrativo.

Explica que discapacidad e invalidez son conceptos jurídicos distintos, con finalidades diferentes y regulados por cuerpos normativos propios. La certificación de discapacidad emitida por la COMPIN busca propiciar la inclusión social de las personas con limitaciones, mientras que la calificación de invalidez efectuada por las Comisiones Médicas tiene por objeto establecer la pérdida de capacidad de trabajo. Por lo tanto, no existe obligación de vinculación entre una y otra decisión, siendo jurídicamente legítimo que difieran en sus conclusiones.

En mérito de lo expuesto, la Comisión Médica Regional concluye que actuó dentro de sus competencias legales y reglamentarias, con apego al principio de legalidad y sin incurrir en arbitrariedad, solicitando disponer la aplicación del hito de reserva sobre los antecedentes acompañados, por contener datos sensibles del recurrente.

CUARTO. Que, evacuando su informe, la Comisión Médica Central expone que el señor nombre reservado presentó, con fecha 8 de marzo de 2023, solicitud de evaluación y calificación de invalidez ante la Comisión Médica Regional de Santiago Sur, en la que consignó como principales afecciones insuficiencia cardíaca, disnea e hipertensión arterial. Fue evaluado el 30 de junio de 2023 por el doctor nombre reservado, quien dispuso interconsultas con especialistas en oftalmología y cardiología, además de diversos exámenes clínicos y de laboratorio. En la sesión N°NUM003 de fecha 6 de septiembre de 2023, la Comisión Regional concluyó que el menoscabo laboral del actor no superaba el cincuenta por ciento exigido por el artículo 4° del D.L. N°3.500, acordando mediante Dictamen N°NUM000 rechazar la solicitud de pensión de invalidez.

Que, contra dicho dictamen, el recurrente interpuso apelación, la que fue conocida por la Comisión Médica Central en sesión N°NUM005, de 18 de marzo de 2024. El médico integrante, doctor Juan Aaby Hormazábal, revisó el expediente y señaló que, aunque el afiliado había presentado inicialmente una disfunción ventricular severa, con la terapia instaurada experimentó una mejoría clínica y ecocardiográfica significativa, denominada remodelamiento inverso, situándose en capacidad funcional II. Así, el caso fue considerado correctamente evaluado según la normativa vigente, no configurándose un menoscabo superior al 25%. En consecuencia, la Comisión resolvió, mediante Resolución C.M.C. N°NUM001, rechazar el reclamo y confirmar el dictamen recurrido, estableciendo que no procedía el otorgamiento de pensión de invalidez.

Agrega que, luego, el actor dedujo recurso de reposición administrativo, el cual fue resuelto en sesión N°NUM004 de fecha 4 de septiembre de 2024, con la participación de médicos distintos a los que resolvieron la apelación anterior. En dicha oportunidad, la doctora Julia Guerrero examinó los antecedentes, constatando que el recurrente alegaba daño emocional e incorporaba su credencial de discapacidad otorgada por la COMPIN con un 50% de discapacidad física. Sin embargo, se estimó que la obesidad diagnosticada no generaba menoscabo relevante y que el impacto en salud mental no se encontraba acreditado mediante informes de especialistas. A su vez, se verificó que la mejoría clínica documentada por los peritos cardiológicos confirmaba un menoscabo de solo 25%. En virtud de ello, se resolvió, mediante Resolución C.M.C. N°NUM002, rechazar el recurso de reposición y confirmar lo ya resuelto, declarando que no procedía otorgar la pensión de invalidez.

Sostiene que las resoluciones fueron adoptadas dentro de la normativa aplicable, con base en informes médicos, exámenes clínicos y actas de sesión, que constituyen los fundamentos técnicos de las decisiones. Señala además que los antecedentes contenidos en dichas actas son notificados al afiliado conforme a lo dispuesto en la Ley N°19.628 sobre protección de datos personales, lo que justifica que no consten en forma íntegra en los dictámenes.

Por estas razones, la Comisión Médica Central concluye que no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad en la evaluación del recurrente y solicita tener por evacuado el informe y por acompañados los antecedentes respectivos, disponiendo que se aplique a estos el hito de reserva por contener datos personales y sensibles del afiliado, conforme a la citada Ley N°19.628.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que, en lo referente al alegato de ilegalidad, el artículo 7 de la Constitución Política de la República contiene lo que se denomina “principio de juridicidad”. Al respecto se ha entendido que se entiende “por juridicidad la "tendencia o criterio favorable al predominio de las soluciones fundadas en derecho para todos los asuntos políticos y sociales. El vocablo es muy importante, pues preconiza el imperio del derecho sobre el uso de la fuerza o la arbitrariedad. En un Estado de derecho es imprescindible la juridicidad en todos los actos, medidas o decisiones que emitan o adopten los gobernantes en ejercicios o a consecuencia de su actividad específica" (nombre reservado, Diccionario de Derecho público, Administrativo-Constitucional Fiscal, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1981, p. 452) Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha señalado “Que el aludido principio, conocido tradicionalmente bajo el nombre de "principio de clausura del derecho público", supone que el ejercicio de las competencias de las autoridades públicas se realice de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, de forma que se disminuya el riesgo de la extralimitación de funciones. Desde este punto de vista, cabe hablar, más propiamente, de principio de juridicidad, en la medida que asegura el sometimiento integral de las autoridades públicas al imperio del ordenamiento jurídico en su conjunto” (Sentencia Rol 6134-2019 de 08 de octubre de 2019)

SÉPTIMO: Que, al respecto, desde ese punto de vista, resulta cierto que las autoridades recurridas actuaron dentro del ámbito de sus competencias, sin extralimitarse en ellas, al haber sido requerido su pronunciamiento. En efecto, la Comisión Médica Central, frente a la apelación deducida en contra de su dictamen anterior, tiene el deber de pronunciarse, reuniendo los antecedentes necesarios para estimar si se encuentra o no dentro de la hipótesis propuesta por los apelantes y, al momento de reunirse, analizarlos para decidir en uno u otro sentido. Por lo anterior, al actuar de dicha forma, no se advierte la ilegalidad alegada, por lo que en dicho punto cabe rechazar ese orden de argumentaciones;

OCTAVO: Que, en torno a la arbitrariedad, el actor la hace recaer en una eventual “falta de fundamentación”. Al respecto, nos ilustra el Profesor nombre reservado diciendo los siguiente “la motivación no es la expresión formal de los motivos o la causa del acto administrativo, sino el discurso justificatorio del acto sobre las razones de hecho y de derecho, es que su ausencia deja sin respaldo de legitimidad el contenido de la decisión administrativa, haciendo ver el acto como arbitrario, pese a que tal vez no lo sea” (nombre reservado “Estudio sobre la motivación del acto administrativo”, Cuadernos del Tribunal Constitucional, número 65, año 2018, página 228)

NOVENO: Que, bajo ese prisma, se aprecia en los dictámenes de la Comisión Médica la existencia formal de motivación. En este sentido, una de las vertientes que acepta la doctrina de la “ratio legis” del deber de motivación en el acto administrativo es la de no privar al ciudadano de su posibilidad de controvertir las razones que la Administración del Estado tuvo en vista para resolver de la manera en que lo hizo. Al efecto, la recurrida informa antecedentes de carácter técnico y científico para estimar de que no se está en presencia de una patología incapacitante al punto de tener que declarar la invalidez del peritado, entregando motivaciones de carácter médico y, en definitiva, asignar un al 50%. Todo lo anterior, consta de las actas de sesión que se acompañan a cada informe, donde se expone la naturaleza y decisión médica, respecto de los padecimientos del recurrente.

DÉCIMO: Que, entonces, analizada la legalidad de los actos reclamados, resulta inconcuso señalar de que fue dictado por la autoridad en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la norma de clausura del Derecho Público. Respecto de la arbitrariedad, entendida bajo la vertiente de “falta de fundamentación” invocada por el recurrente, no se aprecia la misma, al conocer el actor los motivos del acto, de los cuales disiente y cuestiona, lo que escapa a la naturaleza de la acción cautelar, motivo por el cual deberá ser rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido don Sergio Diego Santelices Hernández, en representación de don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Pensiones, la Comisión Médica Regional Santiago Sur y la Comisión Médica Central.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N°20.921-2024