Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña María Angélica Brown Oropeza, abogada, en favor de don [Segundo], de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, fundado en el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la notificación por la cual dicho Servicio no acoge a tramitación la solicitud de permanencia definitiva del recurrente y la deriva a un procedimiento de residencia temporal, lo que lo priva injustificadamente de continuar con la tramitación de su residencia definitiva, vulnerando principalmente la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, y además las garantías del artículo 19 N°3, solicitando se deje sin efecto la referida notificación y se ordene al recurrido pronunciarse sobre su solicitud conforme a los antecedentes aportados.

Expone que el recurrente ingresó regularmente a Chile el 25 de agosto de 2018 por paso fronterizo habilitado, con el propósito de establecerse, trabajar y desarrollar un proyecto de vida, solicitando en esa oportunidad un visado temporal sujeto a contrato.

Señala que, con posterioridad y cumpliendo las exigencias legales, se le concedió en 2021 su primer permiso de residencia temporal, y que, vencido éste, dentro del proceso de regularización extraordinario solicitó nuevamente visa temporaria, la que fue aprobada el 22 de agosto de 2024, otorgándosele un nuevo permiso de residencia temporal por un año, conforme a estampado electrónico emitido por el propio Servicio.

Indica que durante el año 2024 el recurrente enfrentó una dificultad administrativa relacionada con el estampado electrónico emitido por el Servicio Nacional de Migraciones, debido a que el documento inicial contenía un código de verificación erróneo, lo que habría impedido al Registro Civil otorgar oportunamente su cédula de identidad.

Añade que ingresó un tique de ayuda sin recibir respuesta en un plazo razonable, debiendo concurrir presencialmente a una oficina de Migraciones, solucionándose el problema dos semanas después de dicha visita y obteniendo el estampado correcto un mes más tarde, circunstancia que según se afirma derivó en que su cédula de identidad quedara emitida con vencimiento en noviembre de 2025.

Señala que, antes del vencimiento de su última residencia, el recurrente presentó dentro del plazo legal de noventa días su solicitud de permanencia definitiva, cumpliendo los requisitos normativos vigentes. Sin embargo, afirma que el 9 de agosto de 2025, mediante correo electrónico, el Servicio Nacional de Migraciones resolvió no acoger a trámite dicha solicitud, derivándola a residencia temporal y fundando genéricamente su decisión en el artículo 79 de la Ley N°21.325 y en el artículo 65 del Reglamento de Migraciones y Extranjería, sin precisar hechos ni individualizar los requisitos supuestamente incumplidos, lo que —a su juicio— infringe el deber de motivación exigido por la Ley N°19.880.

Agrega que el recurrente acreditaría cotizaciones previsionales ininterrumpidas entre 2018 y 2025, equivalentes a casi ochenta y cuatro meses de trabajo formal, y que se encuentra integrado a la vida nacional, contando con contrato de trabajo indefinido y desempeñándose como operador, afirmando que ello daría cuenta de su arraigo social, familiar y laboral y de medios lícitos y permanentes de vida.

Concluye que la decisión impugnada genera incertidumbre jurídica y constituye un acto desproporcionado y carente de fundamentos, por lo que solicita se declare procedente el recurso y se adopten medidas para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que evacuó informe el Servicio Nacional de Migraciones, por intermedio de los abogados Antonio Emilio Beltrán Henríquez y Marcelo Alonso Andrés Rivera Compan, solicitando el rechazo íntegro de la acción, por estimar que no concurren los presupuestos constitucionales y legales del recurso, al no existir acto u omisión que pueda calificarse de arbitrario o ilegal.

Expone, en cuanto a los antecedentes de hecho, que don [Segundo] ingresó por primera vez al país el 25 de agosto de 2018 por el paso fronterizo habilitado Carretera Chacalluta, por motivos de trabajo.

Señala que con fecha 2 de enero de 2019 la Gobernación Provincial de Marga Marga le otorgó una visa de residencia sujeta a contrato por un año, vigente hasta el 10 de abril de 2020.

Añade que, con fecha 8 de noviembre de 2021, el Servicio Nacional de Migraciones le otorgó una visa de residencia temporaria en el marco del procedimiento extraordinario de regularización dispuesto por Resolución Exenta NUM000 de 2021 de la Subsecretaría del Interior, por un año y en calidad de titular, indicando que se mantuvo vigente hasta el 16 de noviembre de 2021.

Agrega que el 13 de septiembre de 2022 el recurrente solicitó residencia definitiva, registrada bajo el ID NUM001, la que fue rechazada mediante Resolución Exenta NUM002, de 25 de noviembre de 2024, por constar antecedentes negativos en Chile, específicamente por el delito de falsificación de licencia de conducir, en causa RIT 17639-2021, RUC 2000813022-2, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, indicando que el solicitante no presentó antecedentes para desvirtuar dicha decisión dentro de los plazos otorgados.

Señala que ese acto administrativo le otorgó, en subsidio, un permiso de residencia temporal por un año, vigente hasta el 25 de noviembre de 2025.

En relación con la solicitud que motiva estos autos, informa que el 1 de septiembre de 2025 el recurrente solicitó nuevamente residencia definitiva, registrada bajo el ID NUM003.

Indica que, mediante Comunicación Electrónica Folio NUM004, de 9 de septiembre de 2025, acto impugnado, se le informó que no era posible admitir a trámite su solicitud por no cumplir el requisito del artículo 79 de la Ley N°21.325 para postular a residencia definitiva, comunicándose además que sus antecedentes serían remitidos al Departamento de Residencias Temporales para analizar la tramitación de una residencia temporal.

Precisa que, con la misma fecha, el Departamento de Residencias Definitivas remitió la documentación al Departamento de Residencias Temporales para analizar una residencia temporal del recurrente, bajo el ID NUM005.

En el apartado de derecho, señala que la autoridad competente para resolver otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de permisos de residencia y permanencia es el Servicio Nacional de Migraciones, conforme al artículo 157 N°5 de la Ley N°21.325, norma que se reproduce en términos casi idénticos en el artículo 42 del Decreto Supremo N°296, de 12 de febrero de 2022, Reglamento de la Ley N°21.325, por lo que la comunicación impugnada habría sido dictada por autoridad competente y dentro de su esfera de atribuciones.

Respecto de la causal de no acoger a trámite, sostiene que el artículo 79 de la Ley N°21.325 exige que la residencia definitiva solo puede otorgarse a extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal que admita dicha postulación, siempre que hayan residido en el país en tal calidad por al menos 24 meses, exigencia que también se contempla en el artículo 65 del Decreto Supremo N°296.

Indica que al recurrente se le otorgó un permiso de residencia temporal con vigencia desde el 25 de noviembre de 2024 al 25 de noviembre de 2025, vigente al momento de ingresar su solicitud el 1 de septiembre de 2025, pero que a esa fecha no cumplía el plazo mínimo de 24 meses de residencia temporal como titular del permiso habilitado, razón por la cual se declaró que su solicitud no sería acogida a trámite, por no acreditarse el cumplimiento del requisito legal.

Finalmente, descarta vulneraciones de garantías constitucionales, afirmando que la resolución impugnada no constituye sanción migratoria, por cuanto no implica multa, orden de abandono ni expulsión, sino que solo impide la tramitación por falta del requisito mínimo del artículo 79.

Añade que, a la fecha del informe, el recurrente mantiene situación migratoria regular, al encontrarse en trámite una residencia temporal ante el Departamento respectivo, pudiendo obtener certificado de residencia temporal en trámite.

Refiere que no existe impedimento para que, una vez cumplido el periodo mínimo exigido, presente nuevamente una solicitud de residencia definitiva. Por lo anterior, solicita se rechace el recurso en todas sus partes.

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la mera voluntad.

A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, la acción que se califica de ilegal y arbitraria lo constituye la notificación de 9 de agosto de 2025, que no acoge a trámite dicha solicitud, derivándola a un procedimiento de residencia temporal, lo que vulnera a su juicio las garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, que señala en su recurso correspondiendo a esta magistratura determinar si dicha actuación se ajusta o no a derecho.

QUINTO: Que, para resolver el asunto sometido a la decisión de esta Corte, es preciso establecer como un hecho no controvertido que el Servicio Nacional de Migraciones, mediante correo electrónico de 9 de agosto de 2025, declaró la inadmisibilidad de la solicitud de residencia definitiva del recurrente, siendo su fundamento no haber dado cumplimiento al período mínimo de 24 meses de residencia temporal exigido por el artículo 79 de la Ley N°21.325. Lo anterior resulta relevante, por cuanto la actora no controvierte estos hechos, sin perjuicio de sostener que su situación familiar y laboral la hace merecedora de la regularización de su situación migratoria.

SEXTO: Que, en este orden de cosas, y de los antecedentes que esta Corte ha podido conocer, y con su mérito, es posible concluir que la decisión del Servicio Nacional de Migraciones por la que se declaró la inadmisibilidad de la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, se ajusta a derecho, habida consideración de que la actora no cumplió con las exigencias legales y reglamentarias para la obtención del beneficio migratorio pretendido, particularmente lo que dice relación con la acreditación del tiempo mínimo de residencia en el país, y estableciendo expresamente la normativa aplicable aquel requisito como fundante para poder postular, de modo tal que su inobservancia o falta de cumplimiento deviene en que no sea procedente la postulación al beneficio migratorio, y en consecuencia corresponda la consecuente declaración de inadmisibilidad.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, y no obstante la decisión de la autoridad migratoria, se resolvió derivar igualmente los antecedentes del recurrente al Departamento de Residencias Temporales, lo que no resulta antojadizo, desproporcionado o falto de razonabilidad, puesto que teniendo en consideración las disposiciones de la Ley N°21.325 y su reglamento, pueden postular a la Residencia Definitiva, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos, aquellas personas que mantengan el estatus migratorio de residentes temporales titulares, de modo tal que de no haber obrado de este modo la recurrida, la declaración de inadmisibilidad de la solicitud de la actora hubiese importado que ésta se encontrara actualmente en situación migratoria irregular.

Así las cosas, y teniendo en consideración que la protegida ha manifestado en su recurso que tiene arraigo en nuestro país, nada obsta a que pueda postular nuevamente a dicho beneficio migratorio, cumpliendo con las exigencias establecidas en la ley.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, no se explica ni se desprende de las alegaciones de la parte recurrente, ni de los antecedentes expuestos en la presente acción cautelar, de qué manera se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas en el recurso.

En consecuencia, no se ha demostrado que la resolución impugnada haya privado, perturbado o amenazado a la recurrente en el ejercicio de alguno de sus derechos fundamentales, lo que determina que la presente acción no pueda prosperar, debiendo ser desestimada.

NOVENO: Que, conforme a lo razonado precedentemente, y no advirtiendo esta Corte un acto u omisión arbitrario o ilegal de parte del Servicio Nacional de Migraciones que implique una privación, perturbación o amenaza de garantías fundamentales, el presente arbitrio cautelar será rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, la acción deducida en favor de [SEGUNDO], en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-20911-2025.