Protección contra Junta Revisora Nacional del Ministerio Público

Santiago, dos de noviembre de dos mil veintidós.

Vistos y considerando:

Primero: Que con fecha 13 de abril de 2022 comparece nombre reservado, Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, sociólogo, en contra de la Junta Revisora Nacional del Ministerio Público, representada por su Presidente, la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Publico doña Francisca Werth Wainer, por haber incurrido en el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución FN/MP N°288/2022 de fecha 10 de marzo de 2022, que resolvió no acoger la reclamación presentada y mantener la nota establecida por su jefatura correspondiente a un 59% equivalente a nota 4,1, lo que sostiene vulnera los derechos fundamentales del recurrente contemplados en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide que se ordene a la recurrida aumentar su puntaje de la calificación de año 2021 en base a una adecuada ponderación de sus antecedentes, los que asegura ameritan estar por sobre el 80 % o, en subsidio, ordenar a la recurrida a fundamentar su calificación, con costas.

Indica que el funcionario ingresó a prestar funciones al Ministerio Publico el 21 de noviembre de 2005, en el período de noviembre 2005 a septiembre 2017 se desempeñó en la Fiscalía Nacional, División de Atención a Víctimas y Testigos y desde octubre de 2017 al 23 de marzo de 2022 en la Fiscalía Nacional, Unidad Coordinadora de Análisis Criminal y Focos Investigativos.

Agrega que durante sus 16 años de carrera en el Ministerio Publico fue evaluado obteniendo calificaciones de nota 6,8 a 7,0 y en el periodo de focos investigativos en el año 2018, nota 6,0, en el año 2019 nota 5,8, en el año 2020 nota 4,8 y en el año 2021 nota 4,1.

Afirma que el Reglamento del Sistema de Gestión del Desempeño del Ministerio Público se encuentra aprobado por Resolución FN/MP N° 2615 de fecha 11 de diciembre de 2018.

Cita lo dispuesto en el artículo 16 que señala que “La Evaluación constituye la etapa final del Ciclo de Gestión del Desempeño y consiste en valorar el desempeño de los fiscales y funcionarios en los ámbitos de Metas y Conductual.

La evaluación en estos dos ámbitos, se realizará dentro del mes de enero del año siguiente al período respectivo.

Por su parte, el artículo 27 indica: “En caso que el fiscal o funcionario sea evaluado con una ponderación inferior a 57% en un período anual, o entre 57% y 70% por dos períodos consecutivos, constituirá una causal de cese en su cargo, o la terminación del contrato de trabajo por evaluación de desempeño deficiente, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en los Reglamentos de Personal para Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público”.

Refiere que en el ámbito de las metas en “Reporte unidad coordinadora”, se le evaluó con un porcentaje de 50% de un máximo de 100%, justificando en que se cumplió con la elaboración de los reportes, que si bien en algunos casos existió alguna demora esta no fue considerable o impidió que se cumpliera el objetivo del reporte, que estas demoras muy puntuales no pueden significar la disminución de un 50% en la evaluación por cuanto no es proporcional a los resultados obtenidos en la misma.

En cuanto al ámbito conductual, precisa que en la Variable “Normativa” se le evaluó con un porcentaje de 30% de un máximo de 100%, y se consigna el siguiente fundamento: “Como se puede leer de los comentarios de retroalimentación y evaluación, Enrique es un profesional que se ausenta regularmente de su horario de trabajo, no responde correos y constantemente hay consultar por sus actividades.”

Cita que el funcionario expuso en su reclamación ante la junta revisora la justificación que en algunas oportunidades lo lleva a no poder con regularidad sus funciones indicando “que hace 2 años aproximadamente producto de una serie de circunstancias personales y familiares, se me desencadeno una depresión, por lo cual debí acudir a un médico Psiquiatra con el cual estoy en tratamiento (incluida medicación) hace 1 año y medio”.

En relación a la Variable “ Rol Funcional” se le evaluó con un porcentaje de 30% de un máximo de 100%, y se consigna el siguiente fundamento: "03-08-2021 Constantemente se le debe recodar el cumplimiento de sus tareas; 29-10-2021 Regularmente no responde correos y llamados teléfonos; Hay que recordarle permanentemente sus tareas pendientes.; 26-01-2022 Durante el primer semestre del año 2021 (mayo) se le requirió reiteradamente la elaboración de un Reporte o Boletín Estadístico de SACFI, muy relevante para nuestra gestión, luego de varias conversaciones y retrasos le di como plazo el 22 de octubre de 2021, finalmente entregó una primera versión el 1 de diciembre de 2021. Este documento ha sido objeto de comentarios, esperamos tener una versión más afinada durante el primer trimestre de 2022 (por lo pronto hay que actualizar los datos, que están tomados en julio de 2021)".

Añade que si bien los antecedentes de su condición médica y tratamiento nunca fueron conocidos por su evaluador, debió exponerlos, ya que de materializarse esta evaluación significara el término de su carrera en el Ministerio Publico y la imposibilidad de desempeñarme en cualquier otra función pública.

Destaca que la resolución recurrida resolvió “3° Que, analizados los antecedentes por la Junta Revisora Nacional, respecto del ámbito meta y conductual, considerando que aparece suficientemente fundamentada la decisión de la jefatura directa durante todo el periodo de Gestión de Desempeño evaluado; y habiéndose escuchado además la presentación de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (ANFUMIP), respecto de esta reclamación;” … se resuelve: “1° No acoger la reclamación presentada por el funcionario y por lo tanto mantener la nota establecida por su jefatura correspondiente a un 59%, equivalente a nota 4,1.

Concluye que a resolución impugnada no indica los motivos, razones, causas específicas y circunstancias precisas que se han considerado por la Junta Revisora Nacional para mantener la calificación de un funcionario, antecedentes que por sí mismos deben conducir al resultado de la evaluación verificada, debiendo existir, lógicamente, una concordancia entre el fundamento emitido y las notas asignadas, tampoco nada se indica en relación a los antecedentes aportados por el funcionario que dicen relación con una enfermedad que lo afecta y que sin bien es cierto no lo exime de sus obligaciones funcionarias sirven para justificar la baja en su desempeño en los últimos 2 años.

Asevera que una distinción es razonable cuando la medida adoptada se ajusta a los fines perseguidos, pero en este caso no se expresan los fundamentos sino que solo se ampara en una potestad legal que permite no acoger la reclamación, infringiendo los estándares que exige el principio de igualdad, como además el derecho de propiedad, en atención que al rechazo de su reclamación sin fundamento afectó su carrera funcionario perdiendo su fuente laboral.

Segundo: Que con fecha 9 de mayo de 2022 comparece la abogada Francisca Werth Wainer por la recurrida, quien evacúa el informe que le fuera requerido a su representada. Pide que se rechace el recurso.

Alega que es improcedente esta acción constitucional al pretender impugnar el proceso de evaluación e involucrar a esta Corte en resolver sobre la evaluación del desempeño de nombre reservado.

Señala que el recurrente fue evaluado por su Jefe Directo, quien durante el año 2021 le correspondió dirigir y apreciar su desempeño, su reclamación fue conocida y rechazada por la Junta Revisora Nacional. A través de este recurso pretende crearse una nueva instancia de revisión de sus evaluaciones, sin fundamento legal alguno para ello.

Expresa que, en cumplimiento de lo ordenado por la ley, el fiscal nacional dictó el Reglamento del Sistema de Gestión del Desempeño para funcionarios y Fiscales del Ministerio Público, el cual en síntesis, establece los procedimientos, los hitos que deben cumplirse, los responsables, los períodos de retroalimentación, la forma de ponderación de los diversos factores que se miden, y los derechos de reclamación que pueden ejercer fiscales y funcionarios.

Precisa que el recurrente fue notificado oportunamente de las decisiones de la respectivas Juntas Revisoras respecto de sus reclamaciones.

Explicita que el nombre reservado fue evaluado con nota 4,8 por el período 2020 y en el período 2021, equivalente a 4,1, por lo cual incurre en causa de desvinculación y término de su contrato de trabajo.

Tercero: Que, con fecha 27 de abril de 2022, esta Corte negó lugar a la orden de no innovar solicitada por el recurrente.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Así, constituyen presupuestos de esta acción cautelar, los siguientes: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que producto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

Sexto: Que, el quid del pleito sub lite consiste en que el recurrente sostiene que la Resolución FN/MP N°288/2022 de fecha 10 de marzo de 2022 de la Junta Revisora Nacional del Ministerio Público, que resolvió no acoger la reclamación presentada por dicho recurrente, no indica los fundamentos por los cuales decidió mantener su calificación, y pretende que esta Corte, según rezan las peticiones concretas de su libelo, “que se ordene a la recurrida aumentar mi puntaje de la calificación 2021 en base a una adecuada ponderación de mis antecedentes los cuales ameritan estar por sobre el 80 % o en subsidio, ordenar a la recurrida a fundamentar mi calificación en base a una adecuada ponderación de mis antecedentes”.

La recurrida por su parte niega que la mentada Resolución carezca de los necesarios fundamentos según afirma el recurrente en su recurso y, en especial, que dicho acto adolezca de cualquier vicio de ilegalidad o arbitrariedad en que pudiere haber incurrido no solo la señalada Resolución, sino que el procedimiento que culminó con la referida calificación del recurrente que significó su desvinculación.

Tal es la discusión en autos.

Séptimo: Que, en primer término, debe asentarse que esta Corte carece de las facultades legales necesarias para calificar de ilegal la mentada Resolución, o cualquier otra que la recurrida o sus órganos dependientes o asociados hubieren practicado en el marco de un procedimiento iniciado y tramitado por la Junta Revisora Nacional del Ministerio Público producto de actuaciones del recurrente, por cuanto no constituye ésta una tercera instancia de aquello actuado por la recurrida.

A mayor abundamiento, la presente vía resulta improcedente para revisar la cuestión de fondo por cuanto la materia referida en el recurso solo puede ser conocida en un juicio de lato conocimiento, para lo cual la ley prevé las disposiciones del Código del Trabajo.

Lo anterior basta y es suficiente para que el presente recurso no pueda prosperar.

Octavo: Que, sin perjuicio de lo señalado en el considerando precedente, aun cuando esta Corte estuviere imbuida de facultades revisoras de las actuaciones de la recurrida, tampoco el recurso hubiere podido acogerse por cuanto la Resolución impugnada que comunica la decisión de la recurrida Junta Revisora Nacional sí está debidamente fundada ya que ratifica la fundamentación del evaluador que hace hacerla propia, lo que evidentemente constituye suficiente fundamentación de la decisión comunicada por la recurrida.

Por otra parte, conforme a la letra f) del artículo 81 de la Ley N° 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público, la evaluación deficiente del desempeño de un funcionario, conforme al reglamento, constituye causal de desvinculación de dicho funcionario, por ende de terminación de su contrato de trabajo. A este respecto es menester señalar que el recurso no contiene impugnación alguna o alegación que afirme que no se ha cumplido el reglamento.

De lo anterior solo cabe concluir que lo actuado por la Junta Revisora Nacional del Ministerio Público no adolece de ilegalidad ni arbitrariedad alguna, y menos de una falta de motivación, no existiendo en la especie arbitrariedad ni ilegalidad en la dictación de la Resolución FN/MP N°288/2022 de fecha 10 de marzo del año 2022 que el recurrente impugna.

No se vislumbra entonces de qué forma la recurrida pudo haber vulnerado las garantías constitucionales de los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como pretende el recurrente.

Noveno: Que, la documentación acompañada por el recurrente en nada hace variar lo señalado.

Décimo: Que, por lo antes expuesto, sólo cabe concluir que el presente recurso de protección no puede prosperar y será rechazado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional interpuesta por nombre reservado en representación de nombre reservado en contra de la Junta Revisora Nacional del Ministerio Público, representada por Francisca Werth Wainer.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

Protección N° 20.911-2022.