Protección contra Junta Revisora Nacional del Ministerio Público

Santiago, dos de noviembre de dos mil veintidós.

Vistos y considerando:

Primero: Que con fecha 13 de abril de 2022 comparece nombre reservado, Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, quien deduce recurso de protección en favor de doña nombre reservado, investigador criminalístico, en contra de la Junta Revisora Nacional del Ministerio Público, representada por su Presidente, la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Publico doña Francisca Werth Wainer, por haber incurrido en el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución FN/MP Nº 294/2022 de fecha 10 de marzo del año 2022 que resuelve no acoger la reclamación presentada por nombre reservado y por lo tanto mantener la nota establecida por la Junta Revisora Regional correspondiente a un 54%, equivalente a nota 3,8, lo que sostiene vulnera los derechos fundamentales de la recurrente contemplados en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide ordenar que restablezca el imperio del Derecho en términos tales de que se ordene a la recurrida aumentar el puntaje de la calificación 2021 de la recurrente en base a una adecuada ponderación de sus antecedentes los cuales ameritan estar por sobre el 80% o, en subsidio, ordenar a la recurrida a fundamentar su calificación en base a una adecuada ponderación de sus antecedentes, con expresa condenación en costas.

Indica que la recurrente ingresa a prestar funciones al Ministerio Público el 6 de junio de 2011 como investigador criminal, y a lo largo de su carrera en el Ministerio Publico se ha desempeñado en la Unidad de Gestión e Informática y posteriormente en la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía como analista y ha realizado cursos de capacitación de Analista para mejorar su desempeño.

Indica que fue parte de la mesa de Violencia Rural, tanto como analista como asimismo en calidad de reemplazo del Fiscal Jefe FIAC en reuniones con el Fiscales Regionales. Posterior a ello, señala que postuló al cargo público de Analista Criminal grado X, en la Región de Los Lagos. Detalla, asimismo, los cursos en que ha participado.

Detalla que su función como Analista en la Unidad de Análisis Criminal en la Fiscalía Regional de los Lagos era realizar reportes recolectando datos, producir información y analizar la misma, incorporar estrategias de análisis sobre los mercados o focos investigativos posibles de identificar en relación a los delitos priorizados por el respectivo Fiscal Regional. Una vez levantados los focos, agrega, realizar reportes de monitoreo, procurando identificar nuevos delitos asociados a los focos levantados.

Manifiesta que en el año 2020 se le agregó de forma arbitraria la función de Administradora y Custodio de especies de la Unidad. Para ese entonces tenía las funciones de Analista, Administradora y Custodio. Posterior a ello, solicitó de manera verbal la posibilidad de que la Administración y Custodia fuera otorgada a un funcionario de la Fiscalía Regional, aduciendo que el trabajo que estaba cumpliendo debería ser realizado por al menos dos personas. Fue entonces que en el año 2021 le asignaron un 90% de labores de Administrativas y custodio y un 10% de Análisis Criminal. Añade que recibió solo una hora de capacitación en relación a esa materia (Administración y Custodio).

Explicita sus calificaciones a lo largo de los años como las siguientes: año 2011, 6,6; 2012, 6,9; 2013, 7; 2014, 7; 2015, 6,9; 2016, 6,9; 2017, 6,8; 2018, 6,7; 2019, 6,8; 2020, 4.1; y 2021, 3.8.

Hace referencia a la ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que en su título VI, párrafo 4º regula las evaluaciones. Cita los artículos 78 y siguientes del citado cuerpo legal. En particular hace referencia al artículo 81 letra f), que transcribe. Cita asimismo los artículos 3, 4, 6, 16 y 27, entre otros, del Reglamento del Sistema de Gestión del Desempeño del Ministerio Público aprobado por Resolución FN/MP N° 2615 de fecha 11 de diciembre de 2018.

Contextualiza que la ponderación inferior a 57% equivale a una nota 4.0 y entre 57% y 70% que equivale a una nota 4.0 y 4.9.

Agrega que el artículo 29 del expresado reglamento, en lo pertinente, ordena: “La Junta Revisora Nacional tendrá las siguientes funciones: a) Resolver las reclamaciones interpuestas por los funcionarios de la Fiscalía Nacional en contra de la evaluación de desempeño” y “g) Podrá solicitar información al evaluador respecto de los fundamentos esgrimidos en sus evaluaciones.”

Señala que con fecha 4 de febrero del 2022 fue notificada mediante carta certificada de la evaluación de desempeño laboral, obteniendo ponderación de un 54% equivalente a una nota 3,8.

Manifiesta que su representada presentó una reclamación ante la Junta Revisora Regional la que mediante Resolución 017/2022 de 16 de febrero de 2022 decidió “No acoger la reclamación presentada, y por lo tanto mantener la nota establecida por su jefatura directa.”

Arguye que la Junta Revisora Regional no justifica los motivos que la llevaron a rechazar las alegaciones presentada por nombre reservado, por cuanto se indica en la referida resolución que “Que la Junta Revisora Regional de la Fiscalía Regional, según consta en acta JRR Nº 001, luego de analizar detalladamente la evaluación de desempeño y los antecedentes complementarios entregados por el evaluador, no acogió la reclamación de doña nombre reservado”.

Conforme a lo anterior, sostiene que la recurrente desconoce los fundamentos de la Junta Revisora Regional para rechazar su reclamación. Con fecha 18 de febrero de 2021 solicitó mediante correo electrónico a la junta Revisora Regional, le remitieran los antecedentes presentados por el evaluador, los cuales no fueron enviados.

Agrega que interpuso una reclamación ante la Junta Revisora Nacional, manifestando estar en total desacuerdo con la nota asignada en “Metas”, en particular Meta 4 a), b), c), conforme pasa a detallar.

Luego, respecto a la evaluación por el Fiscal Marco Muñoz, expresa que en sección conductual, acápite normativa, fue evaluada con un 10%, argumentando su falta de instrucciones de ingreso de especies en causa 1800222928-1. Menciona otros casos relacionados. Respecto de “Valor, vocación de servicio y compromiso”, señala que fue evaluada con un 10%, argumentando su falta de capacidad técnica. Alega que es difícil que en 29 días pueda calificar su falta calidad, más aún si desconoce las capacitaciones que ha tenido. Menciona también calificación de 10% en “Rol integrante de Equipo/ Jefatura”, “Rol Funcional” y “Rol Colaborador”.

Profundiza acerca de otras materias evaluadas deficientemente y alega que el 50% otorgado en evaluación de rol colaborador no es objetivo dado que el comentario es “No cumple los estándar esperado para su cargo y grado”, reiterando que, sin embargo fue designada Custodio de especies y Administradora, siendo que su cargo es Analista Criminal.

Complementa que el 2 de enero de 2018 fue contratada por la Fiscalía Regional de Los Lagos del Ministerio Público como Analista Criminal, siendo su desempeño acorde a lo esperado obteniendo resultados por sobre lo esperado, en conjunto con los Fiscales y el equipo policial.

Aduce que en el año 2018 levantó 5 focos, el año 2019 fueron 5 focos, en 2020 fueron 4, y ya en 2021 solo 1, que fue el año que se le pidió ser Custodio, Administradora y Analista.

Cita los considerandos y la parte resolutiva de la Resolución FN/MP Nº 294/2022 de fecha 10 de marzo de 2022 y señala que en su punto 1º de dicha última sección señala que “RESUELVO: 1° No acoger la reclamación presentada por la Sra. nombre reservado, y por lo tanto mantener la nota establecida por la Junta Revisora Regional correspondiente a un 54%, equivalente a nota 3,8”.

Identifica que las calificaciones son la base para el proceso de ascenso, pago de bono y desvinculación. Conforme a lo anterior el sistema de gestión del desempeño de los servidores del Ministerio Publico se vincula directamente con la carrera funcionaria.

Invoca jurisprudencia y reitera que la Resolución impugnada no indica los motivos, razones, causas específicas y circunstancias precisas que se han considerado por la Junta Revisora Nacional para mantener la calificación de un funcionario, antecedentes que por sí mismos deben conducir al resultado de la evaluación verificada, debiendo existir, lógicamente, una concordancia entre el fundamento emitido y las notas asignadas, tampoco nada se indica en relación a los antecedentes aportados por la funcionaria. De este modo no cumple con el deber de fundamentación, lo que torna el acto en ilegal, por contravenir expresamente lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880.

Segundo: Que con fecha 9 de mayo de 2022 comparece la abogada Francisca Werth Wainer por la recurrida, quien evacúa el informe que le fuera requerido a su representada. Pide que se rechace el recurso por los fundamentos que señala.

Precisa que su representada es una unidad funcional del Ministerio Público que se constituye para el solo efecto de conocer las reclamaciones de los funcionarios a sus evaluaciones en el mes de febrero de cada año, conforme se define en el Reglamento del Sistema de Gestión del Desempeño institucional, por lo que el recurso, en definitiva, se dirige en contra del Ministerio Público.

Invoca que nombre reservado fue evaluada por los Jefes Directos que durante el año 2021 les correspondió dirigir y apreciar su desempeño, su reclamación fue conocida y rechazada por la Junta Revisora Regional, y más adelante, también conocida y rechazada por la Junta Revisora Nacional. Ahora, mediante el presente recurso, la recurrente pretende crearse una nueva instancia de revisión de sus evaluaciones, sin fundamento legal alguno para ello.

Afirma que el proceso de evaluación de la recurrente cumplió a cabalidad con la legalidad que le exige la normativa aplicable, a saber la Ley N° 19.640, reglamentos y solo supletoriamente, en las materias que indica el artículo 66 de aquella, las normas del Código del Trabajo y Estatuto Administrativo.

Explica que en el caso de la recurrente se dio debido cumplimiento a lo establecido en el reglamento. En efecto, se ponderaron cada uno de los conceptos que debían considerarse, se efectuaron las retroalimentaciones que exige el reglamento, se notificó a la evaluada, quien tuvo derecho a reclamar lo que efectivamente hizo de su evaluación ante la Junta Regional, y también ante la Junta Nacional. Conforme lo establecido en los artículos 29 inciso segundo y 31 inciso final del Reglamento, las decisiones adoptadas por las Juntas Revisoras Nacional o Regional respectivamente, se expresarán en resoluciones dictadas por el Director Ejecutivo Nacional o Regional según sea el caso, y se notificarán por un medio idóneo, lo que también fue cumplido.

Hace ver que la recurrente omite algunos antecedentes que permiten una mejor comprensión de su evaluación. Así, que en el proceso de evaluación correspondiente al año 2020, que finaliza en marzo de 2021, nombre reservado fue evaluada finalmente con una nota de 4,1. En efecto, el evaluador en esa oportunidad la calificó con nota 3,0. Reclamada esa evaluación, la Junta Revisora Regional rechazó su reclamo y confirmó la evaluación de 3,0. Nuevamente, reclamada ante la Junta Revisora Nacional, por Resolución FN/MP N° 206 de 5 de marzo de 2021 se le comunica la decisión de acoger parcialmente su evaluación y sube su nota a 4,1. Esa resolución señala expresamente: “…se observa que no existe fundamentación que apoye la entidad de las valoraciones efectuadas respecto de las variables conductuales. Se debe tener presente que la evaluación de desempeño corresponde a un proceso continuo de retroalimentación, de forma que no resulta coherente que hasta agosto de 2020, fecha en que se realiza el seguimiento, la funcionaria no registra observaciones en el sistema de gestión de desempeño, que le permitieran conocer y abordar las deficiencias advertidas. A mayor abundamiento, en la variable integrante de equipo se registra un comentario que refuerza su conducta positiva en ese rol;…”. Esto tiene implicancias relevantes para este proceso. Primero, porque el desempeño de la funcionaria durante el año 2020 ya fue deficiente.

Se remite al artículo 27 del Reglamento del Sistema de Gestión del Desempeño, y concluye que si para el período de evaluación correspondiente al año 2021, que ahora impugna la recurrente, su nota final de evaluación fuera equivalente a 4,9 o menos, igualmente habría incurrido en causal de desvinculación.

Señala también que en el proceso de evaluación correspondiente al año 2019, a pesar de terminar con una calificación relativamente buena, se consignaron observaciones, dentro de las cuales cita: “Existe posibilidad de mejora en la ejecución (cantidad y calidad) de tareas asignadas. En general presente una productividad inferior a los otros analistas, quienes se ven recargados por ello; Existe posibilidad de mejora tendiente a alcanzar estándares solicitados con el fin de cumplir objetivos de SACFI. Asimismo se espera mayor proactividad en su labor de analista”.

En cuanto a la evaluación de 2021, se remite al informe de evaluación que consigna observaciones para causa uno de los conceptos reprochados. Sin embargo, agrega que durante el período 2021, la Unidad en que se desempeñaba tuvo tres jefaturas distintas, por lo que fue evaluada por tres jefaturas directas por cada período en que estuvo bajo su dependencia, resultando las 3 evaluaciones deficientes.

Añade que en el proceso de evaluación, la Junta Revisora Regional solicitó oportunamente que se complementara la justificación de las evaluaciones de la recurrente. En cumplimiento de lo anterior, el Fiscal Jefe, don Rodrigo Oyarzún Martel remitió a la Junta su informe en que explica cada una de las observaciones que se hicieron en la evaluación.

Culmina afirmando la falta de vulneración de garantías alegadas por la recurrente, conforme desarrolla.

Tercero: Que, con fecha 27 de abril de 2022, esta Corte negó lugar a la orden de no innovar solicitada por el recurrente.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Así, constituyen presupuestos de esta acción cautelar, los siguientes: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que producto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

Sexto: Que, el quid del pleito sub lite consiste en que la recurrente sostiene que la Resolución FN/MP Nº 294/2022 de 10 de marzo del año 2022 de la Junta Revisora Nacional del Ministerio Público, que resolvió no acoger la reclamación presentada por dicha recurrente, no indica los fundamentos por los cuales decidió mantener su calificación, y pretende que esta Corte, según rezan las peticiones concretas de su libelo, “ordene a la recurrida aumentar mi puntaje de la calificación 2021 en base a una adecuada ponderación de mis antecedentes los cuales ameritan estar por sobre el 80 % o en subsidio ordenar a la recurrida a fundamentar mi calificación en base a una adecuada ponderación de mis antecedentes”.

La recurrida por su parte niega que la mentada Resolución carezca de los necesarios fundamentos según afirma la recurrente en su recurso y, en especial, que dicho acto adolezca de cualquier vicio de ilegalidad o arbitrariedad en que pudiere haber incurrido no solo la señalada Resolución, sino que el procedimiento que culminó con la referida calificación de la recurrente que significó su desvinculación.

Tal es la discusión en autos.

Séptimo: Que, en primer término, debe asentarse que esta Corte carece de las facultades legales necesarias para calificar de ilegal la mentada Resolución, o cualquier otra que la recurrida o sus órganos dependientes o asociados hubieren practicado en el marco de un procedimiento iniciado y tramitado por la Junta Revisora Nacional del Ministerio Público producto de actuaciones de la recurrente, por cuanto no constituye ésta una tercera instancia de aquello actuado por la recurrida.

A mayor abundamiento, la presente vía resulta improcedente para revisar la cuestión de fondo por cuanto la materia referida en el recurso solo puede ser conocida en un juicio de lato conocimiento, para lo cual la ley prevé las disposiciones del Código del Trabajo.

Lo anterior basta y es suficiente para que el presente recurso no pueda prosperar.

Octavo: Que, sin perjuicio de lo señalado en el considerando precedente, aun cuando esta Corte estuviere imbuida de facultades revisoras de las actuaciones de la recurrida, tampoco el recurso hubiere podido acogerse, por cuanto la Resolución impugnada que comunica la decisión de la recurrida Junta Revisora Nacional sí está debidamente fundada ya que ratifica la fundamentación del evaluador que hace hacerla propia, lo que evidentemente constituye suficiente fundamentación de la decisión comunicada por la recurrida.

Por otra parte, conforme a la letra f) del artículo 81 de la Ley N° 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público, la evaluación deficiente del desempeño de un funcionario, conforme al reglamento, constituye causal de desvinculación de dicho funcionario, por ende de terminación de su contrato de trabajo. A este respecto es menester señalar que el recurso no contiene impugnación alguna o alegación que afirme que no se ha cumplido el reglamento.

De lo anterior solo cabe concluir que lo actuado por la Junta Revisora Nacional del Ministerio Público no adolece de ilegalidad ni arbitrariedad alguna, y menos de una falta de motivación, no existiendo en la especie arbitrariedad ni ilegalidad en la dictación de la Resolución FN/MP Nº 294/2022 de fecha 10 de marzo del año 2022 que la recurrente impugna.

No se vislumbra entonces de qué forma la recurrida pudo haber vulnerado las garantías constitucionales de los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como pretende la recurrente.

Noveno: Que, la documentación acompañada por la recurrente en nada hace variar lo señalado.

Décimo: Que, por lo antes expuesto, sólo cabe concluir que el presente recurso de protección no puede prosperar y será rechazado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional interpuesta por nombre reservado en representación nombre reservado en contra de la Junta Revisora Nacional del Ministerio Público, representada por Francisca Werth Wainer.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

Protección N° 20.909-2022.