Protección contra Liceo nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, seis de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, el 16 de octubre de 2024, comparece el abogado don Francisco Alejandro Basoalto Cerda, en representación de la menor de edad nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra del Liceo nombre reservado, por la omisión que estima ilegal y arbitrario consistente en no dar una protección efectiva a su representada, lo que vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representada se encuentra cursando octavo año básico en el establecimiento recurrido, y que desde mayo del año 2024 hasta la fecha de la interposición del recurso ha recibido acoso constante por parte de compañeras de curso y alumnas de cursos superiores, que se ha traducido, por ejemplo, en aislamiento de los grupos de trabajo, acoso en los recreos y amenazas de golpes.

Refiere que la situación descrita ha motivado que la madre de su representada formule reclamos y denuncias tanto a la directora del establecimiento educacional como a las autoridades fiscalizadoras, sin embargo, sólo se han iniciado protocolos internos que han agravado la situación, al tener como consecuencia que las estudiantes suban contenido a grupos de redes sociales anónimos, con publicaciones de burlas, humillaciones constantes y amenazas.

Puntualiza que el 14 de octubre de 2024 ocurrió un episodio de particular gravedad, toda vez que, al haber sido amenazada por otras estudiantes, su representada llamó a amigas que no son parte del colegio a fin de que la protegieran, situación que concluyó con la detención del abuelo de una de las otras alumnas.

Asevera que el acoso recibido por la actora ha causado que deje se querer asistir al colegio, sufra caída del cabello por el estrés y haya sido derivada a psicóloga y psiquiatra.

Sostiene que su representada no es debidamente protegida por las autoridades del establecimiento educacional recurrido, por cuanto sus protocolos no son suficientes para regularizar una situación de la gravedad que se ha descrito.

En definitiva, solicita tener por interpuesto el recurso “por el acto ilegal y arbitrario cometido al no dar la tutela y protección debida a la adolescente en el desempeño en su liceo, haciendo caso omiso a las múltiples denuncias”.

Segundo: Que, el 28 de abril de 2025, la Superintendencia de Educación evacuó el informe que le fue requerido, en el que, previa referencia al marco normativo que rige su actuar, expone que no se encontraba en conocimiento de los hechos descritos en el libelo, razón por la que se ingresó una denuncia de oficio a fin de investigar si el actuar del establecimiento recurrido se ajusta a la normativa educacional vigente.

Tercero: Que, el 2 de septiembre de 2025, el abogado don Jorge Orlando Álvarez Vásquez, en representación de la Ilustre Municipalidad de Santiago, en su calidad de sostenedora del establecimiento educacional recurrido, evacuó el informe que le fue requerido, a través del cual solicita el rechazo del presente arbitrio, con costas.

Expone que: (i) el 31 de julio de 2024, en el contexto del inicio de una reunión de apoderados, tres adultas que son familia directa de la recurrente increparon a una estudiante nombre reservado, que en libelo se individualiza como agresora, lo que dio lugar a la activación del “protocolo de violencia de un adulto hacia una estudiante”, adoptándose medidas de protección en favor de la estudiante; (ii) el 11 de octubre de 2024, 3 estudiantes del liceo fueron víctimas de ciberacoso, consistente en ofensas y amenazas de agresión física, a través de la plataforma Instagram de parte de cuentas que fueron verificadas como pertenecientes a familiares de la alumna recurrente; (iii) el 14 de octubre de 2024 la estudiante nombre reservado y su abuelo fueron interceptados por una adulta que se presentó como la hermana de la apoderada de la estudiante recurrente, quien pretendió agredirlos con un bate y un fierro, debiendo resguardarse los primeros en un recinto militar cercano; (iv) el 27 de marzo de 2025 la apoderada de la alumna recurrente se presentó en el establecimiento, manifestando que su hija había sido encerrada en una sala por una alumna nombre reservado, entrevistándose con el Director del establecimiento, quien dio inicio a una investigación, sin embargo, tras entrevistar a la docente que se encontraba presente en el aula en cuestión, a estudiantes y a la inspectora, no se logró corroborar la denuncia.

Hace presente que se efectuó una citación el 4 de abril para entrega de información y acciones adoptadas, obteniendo como respuesta que se estaba buscando un nuevo colegio, por lo que se corroboró en el Sistema de Información General de Estudiantes dicha información, en la que consta que la estudiante fue matriculada en otro establecimiento educacional la semana del 31 de marzo de 2025.

En cuanto a las medidas adoptadas, señala que se realizó una intervención educativa en modalidad de taller sobre acoso escolar y prevención de conflictos en el curso de la estudiante recurrente durante el segundo semestre del año escolar 2024, así como múltiples intervenciones por parte de Convivencia Escolar y Dirección, en coordinación con el equipo psicosocial DEM, con la finalidad de poder abordar la situación.

Finalmente, niega la afectación a la garantía fundamental indicada en el libelo.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Quinto: Que, ahora bien, en lo que atañe al fondo del asunto sometido a conocimiento de este tribunal, acerca de la supuesta ilegalidad que por esta vía se reclama, no es dable soslayar que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso.

Luego de lo dicho, lo cierto es que, además, según es posible colegir de los antecedentes aportados por los intervinientes, las supuestas irregularidades que por esta vía se objetan, son objeto actualmente de un procedimiento de lato conocimiento seguido ante la Superintendencia de Educación, de manera que las circunstancias que se esgrimen en el recurso como agraviantes a sus derechos, se encuentran actualmente al amparo del derecho, ante el referido órgano administrativo, quien deberá resolverlo en el procedimiento respectivo, en que se privilegian y garantizan los principios del debido proceso, especialmente el de bilateralidad de la audiencia.

Hasta el día de hoy, el señalado recurso administrativo, se encuentra pendiente de decisión ante la referida autoridad y, por lo mismo, de conformidad a lo prevenido en el artículo 54 de la Ley 19.880, esta Corte se encuentra por ahora impedida de adoptar una decisión sobre la legalidad de los actos impugnados, mientras el ente administrativo no haya resuelto la mentada reclamación o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse que la misma fue desestimada;

Sexto: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza el arbitrio deducido en favor de la menor de edad nombre reservado, en contra del Liceo nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-20891-2024.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, señora María Paula Merino Verdugo y el Abogado Integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.

En Santiago, seis de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.