nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE. MIGRACIONES

Se anunció para alegar por el recurso el abogado Matías Andrés Reinoso Miranda, durante 7 minutos. Natalia Álvarez Villarroel, relatora.

Santiago, diecisiete de marzo de dos mil veintiséis.

Al escrito folio 17: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece don Matías Andrés Reinoso Miranda, abogado, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de residencia definitiva del afectado mediante Resolución Exenta N°2500100128528, de 8 de septiembre de 2025, la cual además dispuso su orden de abandono del país en 15 días y la prohibición de ingreso por 5 años, lo que vulneraría la garantía consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, así como el debido proceso administrativo, por lo que solicita que se deje sin efecto la resolución impugnada, se retrotraiga el procedimiento y se declare la nulidad del acto por infracción del artículo 41 de la Ley N°19.880.

Señala el recurrente que el afectado es ciudadano colombiano que ha residido en Chile bajo permiso de residencia temporal, donde convive con su pareja doña nombre reservado, quien ejerce funciones como médico inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud y es representante de la sociedad Farmacias La Económica SpA.

Indica que el 10 de abril de 2023 presentó su solicitud de residencia definitiva, la que fue acogida a tramitación. Sin embargo, el 8 de septiembre de 2025, el Servicio recurrido rechazó dicha solicitud invocando el Oficio Ordinario N°984, de 25 de junio de 2025, de la Superintendencia de Seguridad Social, relativo a licencias médicas presuntamente emitidas sin fundamento, y una denuncia del propio Servicio al Ministerio Público mediante Oficio Ordinario N°43189, de 2 de septiembre de 2025, estimando configurada la causal del inciso final del artículo 88, en relación con el artículo 33 N°4 de la Ley N°21.325 por cuanto constituyen indicios suficientes de la ejecución de actos o la realización de declaraciones que revelan la disposición a cometer un crimen o simple delito, conforme a la legislación penal chilena.

Sostiene que la resolución se funda exclusivamente en denuncias e investigaciones no concluidas, sin existir sentencia condenatoria, anticipando efectos sancionatorios vulnerando la presunción de inocencia. Argumenta que el artículo 33 N°4 constituye una técnica de control fronterizo ex ante cuyo empleo para rechazar la residencia definitiva de un residente arraigado desnaturaliza su sentido preventivo. Agrega que la autoridad omitió ponderar alternativas menos lesivas, en particular la medida intermedia del artículo 91 de la Ley N°21.325 (autorización de residencia o permanencia de vigencia restringida), infringiendo los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Destaca además que la propia resolución reconoce la relevancia del desenlace penal al diferir la orden de abandono hasta sentencia firme, evidenciando una contradicción interna, y que alega que la ley reserva las consecuencias imperativas para casos de condena, según el artículo 32 N°6. Finalmente, reprocha que el acto no cumple con el artículo 41 de la Ley N°19.880, al omitir la indicación expresa de los recursos procedentes, órgano competente y plazos.

Respecto de la vulneración de garantías constitucionales, afirma que el Servicio Nacional de Migraciones ha introducido una diferencia arbitraria frente a otros solicitantes en situación comparable que reciben un pronunciamiento de mérito o la medida intermedia del artículo 91, configurando un trato desventajoso sin justificación razonable en contravención de la igualdad ante la ley.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°2500100128528 y se ordene retrotraer el procedimiento administrativo para emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y pro persona; se declare la nulidad del acto por infracción del artículo 41 de la Ley N°19.880; y, en subsidio, se adopten las medidas pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que, por la recurrida, el Servicio Nacional de Migraciones evacuan informe los abogados Antonio Emilio Beltrán Henríquez y Sarai Estrada González, solicitando el rechazo del recurso por los siguientes motivos.

Exponen, en primer término, que a don nombre reservado, nacional de Colombia, se le otorgó con fecha 7 de marzo de 2022 una residencia temporal en calidad de profesional/técnico, mediante Resolución Exenta N°19328, cuya vigencia se extendió por el plazo de un año, esto es, hasta el 6 de abril de 2023. Señaló que, encontrándose en situación migratoria irregular, el extranjero solicitó con fecha 10 de abril de 2024 el permiso de residencia definitiva, registrada bajo el ID 63444633. Indicó que mediante Comunicación Electrónica Folio N°39853847, de fecha 1 de junio de 2023, se le informó que su solicitud no se encontraba en condiciones de avanzar a la siguiente etapa de análisis, requiriéndosele acreditar actividad económica, presentar certificado de antecedentes de su país de origen y cancelar los derechos correspondientes. Agregó que el extranjero acompañó certificado de antecedentes penales de Colombia y declaración jurada de inicio de actividades del Servicio de Impuestos Internos, dándose curso a la tramitación.

Explican que, mediante notificación electrónica de previo rechazo folio N°83865518, de 14 de agosto de 2025, se comunicó al recurrente que se encontraba comprendido en una causal de rechazo, en atención a que la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Oficio Ordinario N°984, de 25 de junio de 2025, remitió antecedentes que daban cuenta de que habría emitido licencias médicas con evidente ausencia de fundamento médico, configurándose la causal prevista en el inciso final del artículo 88 en relación con el artículo 33 N°4 de la Ley N°21.325. Señalan que, transcurrido el plazo de descargos, el extranjero acompañó carta explicativa, certificados de antecedentes penales de Colombia y Chile e informes de boletas de honorarios electrónicas del Servicio de Impuestos Internos, sin que fuese posible desvirtuar los motivos invocados por la autoridad. Atendido lo anterior, mediante Resolución Exenta N°2500100128528, de 8 de septiembre de 2025, se rechazó la solicitud de residencia definitiva, ordenándose el abandono del territorio nacional en un plazo de 15 días y disponiéndose una prohibición de ingreso por el plazo de 5 años.

Sostienen que la autoridad migratoria actuó conforme a los artículos 78, 37, 88 inciso final y 33 N°4 de la Ley N°21.325, encontrándose facultada para rechazar solicitudes de residencia cuando existan indicios suficientes de disposición a cometer un crimen o simple delito. Añaden que los hechos dieron origen a denuncias ante el Ministerio Público tanto por la Superintendencia de Seguridad Social como por el propio Servicio, mediante Oficio Ordinario N°43189 de 2 de septiembre de 2025. Precisó que la orden de abandono constituye una consecuencia imperativa del rechazo conforme al artículo 91 inciso cuarto de la citada ley, distinguiéndola de la expulsión por su carácter voluntario. Invocó como jurisprudencia aplicable el fallo rol Amparo N°3551-2025, confirmado por la Corte Suprema en rol N°41.267-2025, en cuyos considerandos se concluyó que la actuación del Servicio se ajustó a la normativa vigente.

Solicitan, en definitiva, tener por evacuado el informe requerido, rechazar la acción constitucional en todas sus partes por no existir acto u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace garantía constitucional alguna del recurrente, y el rechazo de la condena en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes se desprende que la Resolución Exenta N° 2500100128528, de 8 de septiembre de 2025 se encuentra debidamente fundada, desde que explica la razón por la que decidió rechazar la solicitud de residencia definitiva del actor.

En efecto, la resolución recurrida señala: “Que, mediante Oficio Ordinario N° 984, de fecha 25 de junio de 2025, la Superintendencia de Seguridad Social remitió a este Servicio antecedentes que dan cuenta de que usted habría emitido licencias médicas con evidente ausencia de fundamento médico. Cabe agregar, que estos hechos dieron origen a una denuncia por parte de la Superintendencia de Seguridad Social al Ministerio Público, por ser presuntamente constitutivos de delito. Además, de una denuncia del Servicio Nacional de Migraciones al Ministerio Público, mediante Oficio Ordinario N° 43189, de fecha 2 de septiembre de 2025. Lo anterior, configura la causal de rechazo de solicitud de residencia, establecida en el inciso final del artículo 88, en relación con el artículo 33 N° 4 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, por cuanto constituyen indicios suficientes de la ejecución de actos o la realización de declaraciones que revelan la disposición a cometer un crimen o simple delito, conforme a la legislación penal chilena”. Luego, la resolución atacada señala que se otorgó un plazo de 10 días para presentar antecedentes respecto de la causal de rechazo invocada, tras lo cual se analizaron los antecedentes acompañados, no pudiendo desvirtuar los motivos que sustentan las razones invocadas por el servicio y que hacen procedente el rechazo de la solicitud referida.

En relación a la orden de abandono que dispone la resolución impugnada, dicho efecto es una consecuencia legal del rechazo de la solicitud de permanencia definitiva, según lo dispone el artículo 91 de la Ley 21.325, por lo que la misma no es ni ilegal ni arbitraria.

Sexto: Que, por consiguiente, no se advierte ilegalidad en el acto impugnado, por cuanto ha sido dictado por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones y con estricto apego a las normas de la Ley N°21.325, su Reglamento y la Ley N°19.880 de bases de los procedimientos administrativos, razón por la cual este recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°20885-2025-Protección