nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, quince de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por estimar que dicha entidad ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario al rechazar su solicitud de devolución de fondos previsionales, mediante comunicación de fecha 21 de agosto de 2025, vulnerando con ello las garantías establecidas en el artículo 19 N° 2, N° 24 y N° 26 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el recurrente, titular de cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado y con residencia definitiva en Chile, suscribió un contrato de trabajo en el que manifestó su voluntad de acogerse a la exención establecida en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, solicitando posteriormente la devolución de los fondos previsionales acumulados en su cuenta individual. Indica que en junio de 2024 ingresó su primera solicitud a través del portal web de AFP Provida S.A., acompañando constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), legalizada por la autoridad consular venezolana en Chile, sin recibir respuesta alguna. Con posterioridad, el 12 de agosto de 2025, presentó una nueva solicitud signada con el N° 1078, adjuntando nuevamente la referida constancia, esta vez actualizada, siendo rechazada el 21 de agosto de 2025 por estimarse vencida. Tal criterio fue reiterado por la recurrida en comunicación dirigida a la Superintendencia de Pensiones, en la que también se alegó la falta de un formulario con datos personales y medios de pago, y la insuficiencia de la constancia para acreditar cobertura previsional.

Sostiene el recurrente que ha cumplido con todos los requisitos legales exigidos por la Ley N° 18.156, y que la exigencia de apostilla sobre dicha constancia resulta imposible de cumplir debido a la inexistencia de representación consular de Venezuela en el país, lo que configura un caso fortuito conforme al artículo 45 del Código Civil. Además, invoca la aplicación del artículo 27 de la Ley N° 19.880, por cuanto la primera solicitud fue ingresada con documentación vigente y no fue respondida dentro del plazo legal, lo que importa su aprobación tácita. Añade que la documentación presentada es verificable electrónicamente mediante código único, y que en casos análogos —incluso respecto de la misma AFP— se ha dispuesto la devolución de fondos sin apostilla, atendida la imposibilidad material de su obtención. Finalmente, sostiene que la negativa de Provida infringe su derecho de propiedad sobre los fondos acumulados en su cuenta individual, al exigir condiciones no contempladas en la ley.

Solicita que se reconozca la validez de los antecedentes acompañados y que la recurrida proceda a la tramitación y devolución de los fondos previsionales dentro de un plazo razonable, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que Daniel Santoni, abogado, en representación de AFP Provida S.A., solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas, fundado en que no ha existido acto ilegal ni arbitrario por parte de su representada, la cual ha obrado conforme a la normativa vigente al rechazar la solicitud de devolución de fondos del recurrente.

Sostiene que la acción de protección no constituye la vía idónea para controvertir materias que requieren de un juicio de lato conocimiento, como lo sería la interpretación de la normativa previsional o la legalidad de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones. Añade que la solicitud fue correctamente rechazada, pues la constancia de afiliación al IVSS acompañada se encontraba vencida y no contaba con la debida legalización o apostilla, exigencia derivada del Convenio de La Haya de 1961, vigente tanto en Chile como en Venezuela, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, así como en el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Afirma, además, que los documentos presentados por el recurrente no permiten acreditar de manera fehaciente la existencia de cobertura previsional por todo el período trabajado en Chile, pues no se indican expresamente las contingencias cubiertas ni los períodos específicos. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones en que se ha reconocido la legalidad del actuar de las AFP al rechazar solicitudes fundadas en antecedentes que no cumplen con los requisitos legales. En consecuencia, niega haberse producido afectación alguna al derecho de propiedad del recurrente, al no haberse acreditado debidamente los presupuestos legales para ejercerlo.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, en lo que respecta al fondo del asunto, corresponde analizar si la negativa de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. a acceder a la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente, en su calidad de técnico extranjero conforme a la Ley N° 18.156, se encuentra ajustada a derecho.

Sexto: Que, según consta en la comunicación de fecha 21 de agosto de 2025, la solicitud de devolución fue rechazada por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) presentada por el recurrente se encontraba vencida al momento de la solicitud, no permitiendo acreditar que el solicitante mantuvo cobertura previsional durante todo el período trabajado en Chile. Además, dicha constancia no se encontraba debidamente legalizada ni apostillada conforme lo exige la normativa vigente para documentos emitidos en el extranjero.

Séptimo: Que, el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece como requisito para acceder a la devolución de cotizaciones previsionales que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, lo que debe ser acreditado mediante certificación de la institución correspondiente, debidamente legalizada. Esta exigencia ha sido reiterada y precisada por la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio Ordinario N° 12954, el cual establece que no basta la presentación de documentos genéricos o no apostillados para acreditar dicho cumplimiento.

Octavo: Que, la misma Superintendencia ha señalado de forma expresa que, aun en el contexto del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, se mantiene vigente la obligación de los solicitantes de acreditar su cobertura previsional mediante certificaciones legalizadas o apostilladas. En dicho oficio se precisa que las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no cumplan con estos requisitos no constituyen medio de prueba válido a efectos de la ley N° 18.156.

Noveno: Que, por consiguiente, y atendido que la documentación acompañada por el actor no cumple con los requisitos establecidos por la ley y la normativa aplicable, no resulta procedente exigir a la AFP recurrida que tramite la devolución solicitada, toda vez que su actuar ha estado basado en el cumplimiento de instrucciones expresas de la autoridad administrativa competente, sin que se evidencie un obrar ilegal o arbitrario.

Décimo: Que, en cuanto a la alegación del recurrente relativa a la aprobación tácita de su solicitud por no haberse respondido oportunamente la petición ingresada en junio de 2024, cabe señalar que la aplicación del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no resulta procedente en la especie, pues dicha disposición no puede operar cuando se requiere verificar requisitos legales copulativos expresos y, menos aún, cuando existe una segunda solicitud presentada y resuelta formalmente, como ocurrió en este caso.

Undécimo: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado por el recurrente el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley N° 18.156, no puede estimarse que la decisión adoptada por la recurrida configure un acto ilegal o arbitrario que amerite el acogimiento de la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A..

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-20875-2025.