nombre reservado con CAJA COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES

Santiago, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Que comparece don David Eduardo Vergara Balmaceda, abogado, en representación de don nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación Los Andes, representada por don nombre reservado, factor de comercio, ambos con domicilio en domicilio reservado, por vulnerar, transgredir y no respetar las garantías constitucionales consistentes en el derecho a la integridad psíquica de la persona del recurrente y la protección al trabajo, establecidas en el artículo 19 números 1 y 18 de la Constitución Política.

Indica que en el año 2000 nombre reservado solicitó y obtuvo un crédito de consumo de la Caja de Compensación Los Andes, pasivo que pagó parcialmente, hasta donde pudo, ya que quedó sin trabajo, y agrega que suscribió en su oportunidad un pagaré, “civil, comercial , y no social” (sic).

Agrega que en el mes de marzo en curso, recibió un correo, en el que se le sigue cobrando la duda contraída y documentada en el pagaré, y sostiene que se encuentra prescrita por no ejercicio de las acciones judiciales de cobro. Agrega que no obstante lo indicado, se ha puesto en juego su actual contrato de trabajo, ya que con fecha 14 de marzo del presente, se envió una carta directamente a su empleador KAPSCH TRAFFICOM CHILE S.A., situación prohibida por la “ley dicom”, y que incluso se les suspendió por la recurrida todos los beneficios a los 120 trabajadores de la empresa individualizada afiliados a la Caja individualizada.

Señala que el 18 de julio de 2012, se originó la causa Rol N° C-16.438-2012, ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, caratulada nombre reservado con Caja de Compensación Los Andes, en que demandó la prescripción de la deuda, la que se ha tramitado en rebeldía de la demandada, y que próximamente entrará en fase de prueba. Argumenta que se ha afectado la salud psíquica de nombre reservado, ya que esta situación no lo deja vivir tranquilo, y se ha puesto en juego su estabilidad laboral, colocándolo en una situación sumamente incomoda con sus compañeros de trabajo.

Finalmente, pide como petición concreta que se acoja el presente recuso de protección, por vulnerar, transgredir y no respetar la Caja de Compensación Los Andes, las garantías constitucionales consistentes en el derecho a la integridad psíquica de la persona y la protección al trabajo, de los números 1 y 18 (sic) del artículo 19 de la Contrición Política, y pide se ordene: 1) que se abstenga la recurrida, en el futuro de hacer cobranzas extrajudiciales a nombre reservado y especialmente a su empleador, ya que la deuda se encuentra pendiente de prescripción en sede judicial, y 2) que se ordene a la recurrida dejar sin efecto la suspensión de los beneficios al resto de los trabajadores de la empresa en que trabaja el señor nombre reservado, fundado en la cobranza que motiva el pagaré, todo ello con condena en costas.

Que la recurrida CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES, representada por don nombre reservado, evacuó su informe en el que señaló lo que sigue.

Que con fecha 31 de octubre de 2002, se otorgó un crédito social por la suma de $4.879.554.- a don nombre reservado, a pagar en 60 meses, con un dividendo mensual de $139.236.-, con primer vencimiento al día 30 de noviembre de 2002. Seguidamente el Informe da cuenta del régimen de comportamiento en el servicio de la deuda y señala que al 18 de abril de 2017, la duda asciende a la suma de $10.584.658.-, correspondientes a la cuota del mes de mayo de 2004 a octubre de 2007.

Indica la recurrida que las Cajas de Compensación se encuentran reguladas en la Ley N° 18.833, y que el artículo 21 de la ley citada, las habilita para otorgar créditos sociales consistentes en préstamos de dinero, y que atendido que las Cajas son personas jurídicas sin fines de lucro, los beneficios económicos que obtienen se destinan a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales.

Sostiene que de conformidad al artículo 22 de la Ley N° 18.833, las Cajas pueden deducir de las remuneraciones de los trabajadores afiliados, lo adeudado por prestaciones de créditos sociales, y que al otorgarse el crédito de dinero, se constituye también un mandato, mediante el cual se autoriza al empleador - en forma expresa y voluntaria- para efectuar descuentos de las remuneraciones del trabajador, para el servicio de la deuda del referido crédito social.

En relación al argumento que invoca el recurso referido a que la acción que emana del pagaré estaría prescrito, contrargumenta en el sentido que la prescripción no opera de pleno derecho, y que requiere ser alegada y declarada judicialmente, conforme lo regulan los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, materia que incluso fue objeto de la dictación del Ordinario N° 034440, de 22 de Julio de 2009 por la Superintendencia de Seguridad Social, a solicitud de don nombre reservado, en el que se señaló por el citado órgano: “Finalmente, esta Superintendencia manifiesta a usted que conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser alegada ante los Tribunales de Justicia. En consecuencia, mientras la prescripción no sea declarada por los Tribunales, el acreedor puede válidamente cobrar su crédito” y que en el caso de autos, tal como señala el recurrente se encuentra vigente ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, la causa Rol 16.438-2012, caratulado “nombre reservado con Caja de Compensación Los Andes”, por lo que corresponde a dicho tribunal pronunciarse sobre la materia, existiendo en consecuencia litis pendencia.

Señala la recurrida que no es efectivo lo indicado por el recurrente en cuanto a que no han sido suspendidos por el trabajador que no paga un crédito social los beneficios a los demás trabajadores de la empresa donde trabaja el recurrente, sino que lo que ocurre es que la Caja limitó la colocación de créditos sociales en la empresa a la que pertenece el recurrente, porque el empleador no cumple con la obligación de retención y pago que le impone el artículo 22 de la Ley N° 18.833, manteniendo actualmente una morosidad de más del 70% de los créditos puestos en su empresa, y argumenta que ha ejercido una medida de resguardo que le otorga para estos casos la Circular N° 2052, de 2003, en su número 8°, que señala en su letra a) “La empresa a la cual pertenece el trabajador afiliado no debe encontrarse en mora con al CCAF en el rembolso de la cuotas descontadas a sus trabajadores por concepto de crédito social y/o cotizaciones previsionales”.

Concluye señalando que de conformidad con lo señalado la Caja de Compensación de Los Andes, no ha ejecutado ningún acto ilegal o arbitrario que repudiar por la vía de este arbitrio extraordinario, y que por el contrario esta entidad a actuado conforme a derecho, ajustándose a la normativa vigente y a las instrucciones emanadas de las autoridades señalada por la ley y pide que se rechace el recurso de protección interpuesto, con costas.

Que con fecha 2 de mayo del presente tuvo lugar la vista de la causa quedando en estado de acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional sostiene que la recurrida Caja de Compensación Los Andes, ha vulnerado las garantías constitucionales, consistentes en el derecho a la integridad psíquica de la persona del recurrente y la protección al trabajo, establecidas en el artículo 19 números 1 y 18 (sic) de la Constitución Política, al intentar obtener el pago de un crédito de consumo, que el recurrente nombre reservado, contrató en su oportunidad.

SEGUNDO: Que el fundamento que invoca la acción de protección constitucional, se hace consistir en que la obligación que la recurrida pretende cobrar, documentada en un pagaré, respecto del cual las acciones de cobro se encontrarían prescritas, y argumenta que inició un juicio declarativo de prescripción de la acción cambiaria, que se tramita ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, caratulada “nombre reservado con Caja de Compensación Los Andes”, Rol N° C-16.438-2012, por lo que las acciones ejercidas destinadas a obtener su pago constituirían un acto arbitrario e ilegal, en los términos que establece el artículo 20 de la Constitución Política, y pide que la recurrida se abstenga en el futuro de hacer cobranzas extrajudiciales a nombre reservado, y especialmente a su empleador, ya que la deuda se encuentra pendiente en sede judicial, y asimismo, que se ordene a la recurrida dejar sin efecto la suspensión de los beneficios a los demás trabajadores de la empresa en que trabaja el señor nombre reservado, fundado en la cobranza que motiva el pagaré.

TERCERO: Que los hechos y materia que sirven de fundamento a la acción constitucional deducida en contra de la Caja de Compensación Los Andes, y las peticiones concretas que se pide se acojan, exeden y exhorbitan la naturaleza del recurso de protección constitucional, lo que se encuentra refrendado por el hecho que invoca el recurrente, cual es la existencia de un juicio declarativo actual entre las partes, que tiene por objeto resolver si la accion cambiaria que nace del pagaré objeto de cobranza, o cualquier otra derivada del negocio causal se encuentra prescrita, por lo que no se configuran en la especie la existencia de un acto arbitario e ilegal, que amerite amparo o tutela en esta sede, más cuanto si se considera que en materia de derecho privado, la prescripcción require de declaración jurisdiccional, sin que pueda ser pronunciada de oficio, como señala el artículo 2493 del Código Civil.

CUARTO: Que a mayor abundamiento la recurrida Caja de Compensación Los Andes, al actuar como señala el recurso, no ha hecho más que ejerecer los derechos propios de un acreedor en relación a su deudor, con la finalidad de obtener el pago de un crédito social, cuestion que además le impone su propio estatuto legal regulado en la Ley N° 18.833, esto es, en tanto agente económico está facultada para colocar créditos de dinero en los trabajadores afiliados a ella, y está tambien por lo tanto – como todo acreedor - facultada para obtener su solucion o pago, por lo que al ejercer acciones de cobro extra judicial y judicial en tutela de su acreencia, no ha podido vulnerar o transgredir, las garatias constitucionales que cita el recurrente como amagadas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 números 1° y 16° y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección interpuesto por David Eduardo Vergara Balmaceda, abogado, en representación de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción Abogado Integrante Oscar Torres Zagal.

Protección Ingreso N° 20.862 -2017.

Pronunciada por la Octava Sala de esta I. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministro (S) señor Tomas Gray Gariazzo y por el abogado integrante señor Oscar Torres Zagal, quien no firma por encontrarse ausente.