nombre reservado con COMERCIAL THE CLINIC S.A

Santiago, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete.

VISTOS:

A fojas 1, don Benito Isaac de la Fuente Meneses, abogado, domiciliado en domicilio reservado, interpone recurso de protección, en su nombre y en favor de los Sres. nombre reservado, pensionado; nombre reservado, estudiante; nombre reservado, trabajador; nombre reservado, trabajador; y nombre reservado, pensionado, todos domiciliados para estos efectos, en domicilio reservado.

El recurso se interpone en contra de don nombre reservado como representante legal de Comercial The Clinic S.A. y administrador responsable del sitio web “www,theclinic.cl”, fundado en las garantías de los Nºs 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, porque habiendo sido condenados por delito cometido en el año 2010 y terminado el proceso en mayo de 2016 con resolución de la Excma. Corte Suprema, y reinsertándose en la sociedad fueron perturbados por un extenso y detallado reportaje emitido por la recurrida en su periódico on line el 26 de febrero de este año, lo que ha vulnerado “el respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia” protegido por la Constitución Política, siendo sus rostros, nombres y apellidos publicados, y todo lo que se detalla, afecta su “integridad física y psíquica, su reinserción social, y estabilidad laboral .

Agrega, que esa acción del medio periodistica es ilegal y arbitrario.

Invoca, además, el derecho al olvido para poner límites a la capacidad informática de recordar todo y dar paso a un presente continuo en la vida de las personas, lo que ha sido recogido por la Excma. Corte Suprema en fallo que indica y también cita disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, de la Convención Americana y de la Comisión Europea (Propuesta de Reglamento General de Protección de Datos Personales 2012).

Pide, se ordene a la recurrida eliminar o editar en forma definitiva la emisión difundida en su sitio web el 26 de febrero de 2017 y adoptar las medidas que se estimen conducentes o apropiadas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1º) Que se ha recurrido por las personas ya individualizadas, de protección en contra del representante de la empresa periodística ya referida, por los fundamentos que se han indicado y con las peticiones ya señaladas, para evitar nuevas afectaciones.

2º) Que de los antecedentes acompañados, se constata la verdad de los hechos que dio cuenta la recurrente y que provienen de la actividad periodística de la recurrida en el presente año, es decir, recordar nuevamente un hecho ilícito pasado (2010), a través de su medio informático de publicidad y periodismo, respecto del cual fueron condenados (2016 última instancia) los recurrentes y que actualmente se encuentran en libertad; en dicha publicación se da cuenta de sus identidades, rostros, con titulares informativos y detalle de lo ocurrido en aquella oportunidad.

3º) Que de los mismos antecedentes, se desprende que los afectados, al ocurrir los hechos eran infantes de la Marina que realizaban patrullaje en horas de toque de queda, es decir, se trataba de personas que tenían aparentemente muy buena conducta y sin antecedentes penales, y una vez terminado su proceso en que fueron condenados, pero con beneficios para cumplir en libertad, se encontraban en ese último trámite a fin de tener la posibilidad de reintegrarse completamente a la sociedad, cuando la recurrida, con fecha 27 de febrero de este año 2017, reactivó los antecedentes producidos el año 2010, “la comisión del delito y su participación en él, con fotos de los recurrentes y sus antecedentes personales”, todo a través de la página web de la entidad periodística que dirije .

4º) Que el recurso de protección tiene por objeto tutelar derechos constitucionales determinados, que han o están siendo vulnerados o amenazados por acción (es) arbitraria o ilegal de terceros, a fin de poner pronto término a dicha acción agresora o las medidas necesarias y urgentes para el resguardo del afectado.

5º) Que si bien se advierten claramente vulnerados y amenazados los derechos constitucionales invocados por los recurrentes, toda vez que las normas constitucionales y legales y tratados internacionales los protegen, esencialmente para facilitar la reinserciòn social de quienes han cometido un hecho ilícito, incluso, posibilitando la legislación chilena para que un condenado pueda borrar sus antecedentes penales a fin de favorecer su reinserciòn social como el DECRETO-LEY NUM.409 de 12 de Agosto de 1932,que establece:

“Considerando:

“Que el régimen establecido en las prisiones, que tiende a la regeneración del delincuente y, como su complemento, al mejoramiento moral y material de su familia, pierde una gran parte de su eficacia por el hecho de que el penado, después de cumplir su condena, queda marcado para toda su vida con el estigma de haber sido presidiario;” y además: “Que, como un medio de levantar la moral del penado para que se esfuerce por obtener su mejoramiento por medio del estudio, del trabajo y de la disciplina, debe dársele la seguridad de que, una vez cumplida su condena y después de haber llenado ciertos requisitos, pasará a formar parte de la sociedad en las mismas condiciones que los demás miembros de ella y de que no quedará el menor recuerdo de su paso por la prisión”.Y además,el Código Penal, por otra parte, también ( entre otros cuerpos legales) señala su preocupación por la tranquilidad del penado, sancionando a “quienes imputen un crimen o simple delito penado o prescrito (nº 2 artículo 417 del Código Penal y ley 19.773, artículo 32)”, etc.

A su vez, por la otra parte, aparece que, de igual manera, la Constitución, la legislación y tratados internacionales, que reconocen el derecho de los periodistas de informar sin censura previa. Especialmente, la constitución Política de la República, que en su artículo 12 determina que asegura: “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley”( y ley 19.773, que repite lo mismo y determina sanciones en casos calificados).

6º) Que de lo expuesto, se desprende que en este caso existe colisión de derechos. Es así, como de parte de los recurrentes se advierten afectados en sus derechos como son los reclamados:1) A la integridad física y psíquica de la persona. Y 2) A la vida privada y honra de la persona y su familia. Y así también, de parte de la recurrida, aparecen ejercidos sus derechos a: La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa.

7º) Que junto a lo anterior, debe considerarse, además, que la publicación de la recurrida y que es invocada de protección por los afectados, se produjo en el séptimo aniversario de la tragedia nacional llamada “27-F” y el estado de emergencia dictado en el lugar en que ocurrieron los hechos publicados, con lo que aparece como desarrollado ese tema como un asunto de interés público real, hechos a que se ha tenido igualmente público acceso. A esto ha de sumarse que, en general los medios periodísticos, hacen uso de ese derecho de informar y opinar de hechos ocurridos recientemente o después de años de ocurrido un suceso que ha causado interés público y normalmente en su aniversario.

8º) Que de lo recién relacionado se desprende que la emisión noticiosa reclamada por los recurrentes, no aparece como arbitraria por parte de la recurrida.

9º) Que por otra parte, la ley 19.773 sobre libertad de opinión y el mismo Código Penal (como se ha indicado), otorgan a los afectados derechos para ejercer las acciones penales y/ o civiles que sean del caso ante una publicación que estiman abusiva y les será posible, por tanto y si lo estiman, presentar en un juicio, las pruebas o antecedentes que sean pertinentes para obtener los resguardos que sean necesarios para amparar sus derechos alegados y que estiman conculcados por los recurridos si se ha cometido delito y las sanciones que se estime del caso para los posibles responsables, los cuales tendrán a su vez, iguales posibilidades para defender sus intereses y obtener su absolución.

10º) Que en consecuencia, se estima que el Recurso de Protección no es la vía adecuada para esta discusión atendido lo que se ha reseñado, y en estas condiciones, el presente recurso de protección no podrá prosperar.

Con lo relacionado y VISTO, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre el recurso de protección de la Excma. Corte Suprema, se RECHAZA el recurso deducido a fojas 1, por don Benito Isaac de la Fuente Meneses, en su nombre y en favor de los Sres. nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado, ; nombre reservado; y nombre reservado, en contra de don nombre reservado como representante legal de Comercial The Clinic S.A. y administrador responsable del sitio web “www,theclinic.cl”.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra señora Patricia Liliana González Quiroz, quien no firma por encontrarse con dedicación exclusiva en causa de Derecho Humanos.

NºProtección-20858-2017 Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Patricia Liliana González Quiroz e integrada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y el abogado integrante señor Jaime Guerrero Pavez.