nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diez de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece el abogado Luis Gonzalo Cornejo Chávez, en representación de doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para técnicos extranjeros notificado el 04 de septiembre de 2025, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que la recurrente es una profesional venezolana, Licenciada en Ciencias Políticas Administrativas con residencia definitiva en Chile, que ha prestado servicios profesionales bajo contratos de trabajo que incluyen cláusulas de exención previsional según la Ley N° 18.156. Expone que ingresó la solicitud N° 1201 ante la recurrida para obtener la devolución de sus fondos, acompañando título profesional apostillado, contratos de trabajo y una constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Indica que la AFP rechazó la solicitud argumentando que el certificado de afiliación previsional extranjera debe estar apostillado o legalizado. Sobre este punto, la recurrente argumenta que existe una imposibilidad material de obtener dicha apostilla debido a la ausencia de representación consular de Venezuela en Chile, lo cual constituye un caso fortuito. Añade que la autenticidad del documento puede verificarse directamente en el portal web oficial del IVSS mediante un código alfanumérico, método que ya ha sido aceptado por la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones.

Previas citas legales, pide se acoja el recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del rechazo, se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene a la recurrida proceder a la devolución de los fondos de pensión solicitados en un plazo razonable.

SEGUNDO: Que, comparece el abogado Daniel Santoni, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que la materia reclamada no es propia de una acción cautelar, ya que se pretende discutir la constitucionalidad del sistema de pensiones y no existe un derecho indubitado, sino uno controvertido de lato conocimiento. Confirma que la administradora rechazó la solicitud de la recurrente el 04 de septiembre de 2025 porque la constancia de afiliación al IVSS se encontraba vencida y carecía de la apostilla o legalización exigida por la normativa vigente.

Argumenta que la recurrida ha dado estricto cumplimiento a la ley y a las instrucciones del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones. Precisa que las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no están apostilladas por la autoridad competente venezolana no sirven para acreditar el requisito de cobertura previsional exigido en la letra a) de la Ley N° 18.156. Sostiene que, desde el 30 de agosto de 2016, Chile es parte del Convenio de la Apostilla, por lo que dicha formalidad es obligatoria para documentos públicos extranjeros.

Solicita, en definitiva, el rechazo de la acción de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas, fundado en la idoneidad de la vía y el correcto cumplimiento de la normativa previsional vigente.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, cabe tener presente que la Ley Nº18.156 establece una normativa de carácter excepcional que autoriza la devolución de los fondos acumulados a los técnicos extranjeros, siempre que den estricto cumplimiento a una serie de requisitos copulativos. Entre ellos, el artículo 1 de dicho cuerpo legal exige que el trabajador acredite encontrarse afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

QUINTO: Que, del análisis de los antecedentes allegados a la causa y tal como lo expone la recurrida en su informe, la actora pretende acreditar la exigencia legal reseñada en el motivo precedente mediante una constancia electrónica de cotizaciones emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Sin embargo, dicho instrumento carece de mérito probatorio suficiente en Chile para estos fines, toda vez que no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado por la autoridad competente, inobservando así lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y las directrices imperativas impartidas por la Superintendencia de Pensiones. La circunstancia de haberse protocolizado una declaración jurada de la propia recurrente ante un notario público chileno no tiene la virtud legal de suplir la exigencia de legalización o apostilla respecto de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, el documento acompañado se limita a realizar una mención genérica de las contingencias cubiertas por la legislación extranjera, sin certificar de forma específica e inequívoca que la actora contó efectivamente con la protección previsional para todos los riesgos exigidos por la ley chilena durante todo el tiempo en que prestó servicios en el territorio nacional, omitiendo precisar, además, si la cobertura por enfermedad comprende prestaciones médicas y pecuniarias.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, al denegar la restitución de los fondos, la recurrida no ha incurrido en un acto ilegal ni arbitrario, sino que se ha ceñido al cumplimiento de la normativa que rige la materia, en particular el Decreto Ley Nº3.500, y a las instrucciones del órgano regulador, al constatar que la solicitante no acreditó los presupuestos de procedencia de la Ley Nº18.156. En este contexto, la situación diplomática o consular del país de origen invocada por la actora no exime a la administradora de su deber legal de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para liberar fondos que, por regla general, poseen un destino previsional único y exclusivo, motivo por el cual no se advierte vulneración a la igualdad ante la ley ni al derecho de propiedad, debiendo la presente acción cautelar ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-20836-2025.