nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente.

Primero: Que comparece Luis Gonzalo Cornejo Chávez, abogado, en favor de nombre reservado nombre reservado, venezolana, empleada, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por haber rechazado la solicitud de retiro de fondos para extranjero presentada por la recurrente, que considera ilegal y arbitraria, pues se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, específicamente al exigir la apostilla de la constancia de afiliación al sistema de seguridad social venezolano, lo que considera una imposibilidad material debido a la falta de representación consular de Venezuela en Chile, a pesar de que la afiliación es verificable electrónicamente y cumple con los requisitos sustantivos de la Ley N° 18.156, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley y la propiedad privada, en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se acoja el presente recurso, se reconozca como válida la documentación acompañada por la recurrente, se prosiga con la tramitación de su solicitud y, dentro de un plazo razonable, se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados.

En cuanto a los hechos, la recurrente, nombre reservado, ingeniera geofísica, venezolana, con residencia definitiva en Chile, ha prestado servicios profesionales y ha cotizado en el sistema previsional chileno. En cada uno de sus contratos de trabajo, ha manifestado expresamente su voluntad de acogerse a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, permitiendo el retiro y/o devolución de fondos previsionales bajo ciertas condiciones.

En virtud de dicha ley, la recurrente, refiere, ingresó una solicitud de retiro de fondos ante la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., acompañando los documentos requeridos, a saber, contratos de trabajo y/o anexos con cláusula de exención de cotizaciones, título profesional apostillado y verificable, cédula de identidad vigente para extranjeros que verifica su residencia definitiva, y una constancia del seguro social de su país de origen, Venezuela.

Posteriormente, recibió una comunicación fechada el 9 de septiembre de 2025, que indicaba que la solicitud requería el certificado de afiliación debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ante esta exigencia, la recurrente elevó un reclamo a la Superintendencia, la cual, el 14 de septiembre de 2025, instruyó a la Administradora recurrida a dar respuesta.

Finalmente, el 17 de septiembre de 2025, la recurrente indica que recibió un correo electrónico informando el rechazo de su solicitud, bajo el argumento de que no era posible acreditar el cumplimiento de la exigencia establecida en la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, al no acompañar el documento emitido por la entidad competente, debidamente apostillado o legalizado.

Sostiene que cumplió con todos los requisitos solicitados, a excepción de la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema de seguridad social venezolano, debido a una imposibilidad material derivada de la ausencia de representación consular de Venezuela en Chile, situación que califica como caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Acompañó una constancia de afiliación de seguro social vigente y verificable en línea a través del portal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), mediante el ingreso de su cédula de identidad venezolana (N° RUT reservado).

Subraya que dicha constancia electrónica emana de un organismo público y es verificable en la web oficial de la institución previsional venezolana, además de ser acompañada con una declaración jurada legalizada, cumpliendo así con el requisito legal de encontrarse afiliada a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

En el ámbito jurídico, la recurrente argumenta que el rechazo de su solicitud carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, contraviniendo el principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley N° 19.880, que exige que todo acto administrativo esté debidamente motivado y fundado en derecho.

Invoca el Principio Protector “In dubio pro operario” como criterio fundamental en el derecho laboral, respaldado por doctrina y jurisprudencia, incluyendo un fallo de la Corte Suprema (Rol 217.781-2023), que estima que los formalismos procesales no deben ser utilizados para perjudicar los derechos laborales. Afirma que el actuar de las Administradoras de Fondos de Pensiones al ampararse en tecnicismos o interpretaciones restrictivas, vulnera fehacientemente este principio.

Finalmente, cita numerosa jurisprudencia reciente de Cortes de Apelaciones de Santiago, Rancagua y Concepción, así como de la Excma. Corte Suprema, que en casos análogos ha ordenado la devolución de fondos a cotizantes extranjeros, desestimando la exigencia de formalidades adicionales no previstas legalmente, como la legalización consular o apostilla, y rechazando interpretaciones excesivamente literales y formalistas de la Ley N° 18.156.

Estima que la conducta de la recurrida, al exigir formalidades adicionales no previstas normativamente y generar un trato desigual frente a otros cotizantes extranjeros, configura un acto manifiestamente arbitrario e ilegal que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, y el derecho de propiedad privada sobre los fondos previsionales, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, privando a la recurrente del ejercicio legítimo de su propiedad, afectando su esencia y la posibilidad de su libre ejercicio, tal como lo prohíbe el artículo 19 N° 26 de la misma Constitución.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la actuación de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada por la recurrente, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud y, dentro de un plazo razonable, se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente, y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, evacuó informe la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Expone que el 6 de agosto de 2025, doña nombre reservado presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales, de conformidad con la Ley N°18.156, a través de la página web de la Administradora. Dicha solicitud adolecía de un problema referente a los documentos presentados, los cuales incluían una Constancia Electrónica de Cotizaciones y una Declaración bajo fe de juramento. El rechazo de la solicitud fue comunicado oportunamente el 8 de agosto de 2025.

Argumenta que, conforme al Oficio Ordinario N° 12.954, emitido el 15 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones, para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador debe acreditar, mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que contó con cobertura por todos los riesgos exigidos durante su tiempo de servicio en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada, según las normas del Convenio de la Haya y el Código de Procedimiento Civil. El mismo oficio señala la ineficacia de la constancia electrónica y las declaraciones juradas que no hayan sido legalizadas o apostilladas, o que no contengan mención específica de los riesgos cubiertos, indicando que las declaraciones juradas del afiliado carecen de valor probatorio suficiente por no emanar de la autoridad previsional competente del país de origen.

Concluye el oficio expresando que los documentos venezolanos que deban presentarse en Chile deben ser apostillados por la autoridad competente de Venezuela.

Asimismo, señala que la Ley N°18.156 es una norma de excepción, de interpretación restrictiva, y exige el cumplimiento copulativo de tres requisitos: a) que el trabajador ostente la calidad de "técnico" a lo menos; b) que se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y c) que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación.

Reitera que el Oficio N°12.954 exige que el trabajador extranjero aporte la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada (apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil).

Sostiene que el rechazo no fue ilegal ni arbitrario, fundamentándose en las normas legales y administrativas de la Superintendencia de Pensiones. Cita la letra a) del artículo 1 de la Ley N°18.156; el artículo 2° del D.F.L. N°101 de 1980, que establece a la Superintendencia como autoridad técnica de supervigilancia y control de las AFP; el artículo 3° del mismo cuerpo normativo, que le atribuye la función de interpretar la legislación y reglamentación e impartir normas generales obligatorias; el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, que confiere a la Superintendencia la facultad de fijar la interpretación de la legislación con carácter obligatorio para las Administradoras; y el artículo 47 de la Ley N° 20.255, que le otorga funciones como interpretar administrativamente leyes y reglamentos, y velar por su cumplimiento.

Afirma que el regulador, a través de su Compendio de Normas y el Oficio Ordinario N°12.954, establece un procedimiento claro y de cumplimiento obligatorio para todas las Administradoras, incluyendo PlanVital, siendo estas normas el fundamento del rechazo.

Recalca que la aplicación de dichas normas no es facultativa para la Administradora, sino obligatoria, lo que demuestra que no ha obrado de manera ilegal. Sostiene que el actuar de PlanVital fue razonado y en igualdad de trato, por lo que no ha cometido acto arbitrario alguno. Asimismo, señala que el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a la devolución, constituyendo un acto administrativo subsanable, como ha establecido la Excma. Corte Suprema (Rol N°54783-2024, de 8 de mayo de 2025), pues el recurrente tiene la posibilidad de presentar nuevamente los documentos requeridos conforme a las exigencias legales y administrativas vigentes.

Agrega que la acción de protección no es procedente para impugnar actos intermedios o trámites administrativos que no determinen el término del procedimiento ni afecten de manera irreversible el ejercicio de derechos fundamentales, existiendo otros mecanismos para plantear la situación. Concluye que el actuar de su representada no ha significado privación, perturbación o amenaza de los derechos y garantías del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por tanto, solicita tener por evacuado el informe requerido y rechazar en todas sus partes la acción constitucional de protección deducida, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, se advierte que la decisión de AFP Plan Vital de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales de la actora, se fundó en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la Ley N° 18.156, así como en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar y fiscalizar el cumplimiento de dicha normativa.

Quinto: Que, específicamente, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), acompañada por la recurrente, no constituye un certificado válido de afiliación en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico nacional. Ello, por cuanto dicho documento no se observa debidamente legalizado ni debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, conforme lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Sexto: Que, en este sentido, la actuación de la recurrida no sólo se enmarca en el cumplimiento estricto de la Ley N°18.156 y de su reglamentación técnica, sino también dentro del ejercicio legítimo de las instrucciones y criterios establecidos por el órgano regulador competente —la Superintendencia de Pensiones—, cuyas interpretaciones son de obligatorio cumplimiento para las AFP conforme al artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980.

Séptimo: Que no se advierte en el proceder de la Administradora recurrida ni ilegalidad ni arbitrariedad alguna. La exigencia de documentación debidamente legalizada o apostillada no responde a un formalismo irrazonable, sino a una garantía mínima de autenticidad y veracidad de los instrumentos públicos extranjeros, que encuentra sustento en normas de orden público procesal que regulan el valor probatorio de dichos documentos en el país.

Octavo: Que, establecido lo anterior, deviene inoficioso pronunciarse sobre las garantías fundamentales invocadas por la actora, desde que no se configura, en el caso concreto, un acto que prive, perturbe o amenace ilegítimamente su ejercicio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-20827-2025.