B.O.B BRAND OPERATING BUSINESSES SPA con NUEVOS DESARROLLOS SPA MALLPLAZA OESTE

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de febrero de dos mil veinticinco.

A los folios N° 23 y 24: a todo, téngase presente.

Al folio N° 25: estése al mérito de autos.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, representante legal de la sociedad B.O.B BRAND OPERATING BUSINESSES SpA, quien interpone en su favor recurso de protección en contra de Nuevos Desarrollos S.A, sociedad propietaria del centro comercial denominado “Plaza Egaña”, en adelante Mall Plaza Egaña, representada por don nombre reservado y doña nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en haber procedido al corte unilateral e imprevisto del suministro eléctrico del local comercial FC-4036, impidiendo la apertura y normal funcionamiento del local del rubro alimentos denominado SOW SUSHI, que opera comercialmente en dicha ubicación, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 3, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se restablezca el imperio del derecho, ordenando la reposición del servicio de suministro eléctrico y el cese de cualquier acción tendiente a impedir el normal funcionamiento del local comercial.

Expone que con fecha 8 de octubre de 2024, la recurrida procedió al corte del suministro eléctrico del local antes mencionado, generando la pérdida de ventas y mercaderías que utiliza en el desarrollo de su giro comercial, basado en la existencia de supuestos incumplimientos contractuales por parte de la recurrida, lo que supone un acto de autotutela.

Relata que el personal de administración del centro comercial fundó la medida en primer término al no pago de gastos comunes, sin dar mayores detalles, luego de lo cual refirió por correo electrónico que la medida se tomó no solo por el no pago de gastos comunes, sino también porque la marca había quebrado y no habían realizado ningún pago desde que la empresa entró en reorganización judicial, que es lo mínimo para seguir operando.

Afirma el recurrente que la sociedad que representa nunca ha sido declarada en quiebra o liquidación, y en consecuencia la acción de la recurrida no tiene sustento, ya que el local comercial se encuentra bajo la tenencia de B.O.B BRAND OPERATING BUSINESSES SpA hace solo meses, en virtud de diversos acuerdos alcanzados con la sociedad propietaria del centro comercial.

En efecto, sostiene que a fines del año 2023 ambas sociedades acordaron que la recurrente se haría cargo de la explotación del local que anteriormente arrendaba la empresa Alimentos Tornagaleones SpA, lo que se formalizaría mediante un contrato que nunca llegó a firmarse. Sin embargo, la recurrente efectuó pagos por concepto de garantías de los contratos de arrendamiento por un total de $8.991.141 y realizó inversiones en el local por 714,06 UF, con conocimiento y autorización de la recurrida. Además, ha operado el establecimiento con sus propios trabajadores, recursos y capital, reportando las ventas mensuales a Mall Plaza Egaña.

Hace presente que en junio de 2024, y habiéndose hecho imposible la suscripción de los documentos que habían acordado celebrar las partes, la sociedad Alimentos Tornagaleones SpA se acogió a un procedimiento de reorganización judicial, del cual conoció el 28° Juzgado Civil de Santiago, en autos ROL C-10.440-2024, proponiendo a la recurrente como nueva arrendataria de los locales comerciales que originalmente arrendaba, quien además se haría cargo de la deuda de ésta para con la recurrida, propuesta que en definitiva fue rechazada por la junta de acreedores.

En este contexto, manifiesta que actualmente ha constituido en dinero en efectivo por concepto de garantías de contratos de arrendamiento que nunca llegaron a firmarse, una suma de cincuenta millones de pesos, y que de buena fe y en virtud de las conversaciones y acuerdos de palabra alcanzados con la recurrida y sus sociedades relacionadas, procedió a abrir nuevos locales en otros centros comerciales de sociedades relacionadas con la recurrida, los que previamente había comprometido la sociedad Alimentos Tornagaleones SpA, con todos los gastos que ello implica, lo que se ejecutó de común acuerdo con la recurrida.

Precisa que tan avanzadas estuvieron las gestiones y acuerdos entre las partes, que en enero de 2024 y por correo electrónico se había acordado la firma de los contratos de arriendo, lo que no se concretó debido a problemas internos de la recurrida, a lo que sucedieron liquidaciones mal efectuadas de la deuda que ésta esperaba asumiera la recurrente, cambios de los ejecutivos que habían llevado adelante las negociaciones, lo que impactó en el financiamiento bancario de la sociedad protegida, afectando sus derechos.

Detalla que en estas circunstancias, la recurrida no puede dar aplicación a medidas de fuerza de modo unilateral como las que ha empleado, las que además de estar al margen del derecho por arbitrariedad e ilegalidad, afectan las garantías constitucionales de la recurrente al debido proceso, libertad de empresa y derecho de propiedad.

Solicita en definitiva que sea acogida la acción de protección deducida, ordenando a la recurrida el restablecimiento del servicio de suministro eléctrico y el cese de cualquier acción tendiente a cortar los servicios básicos del inmueble signado como FC-4036 e impedir el normal funcionamiento del local comercial.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Contrato de arrendamiento entre Nuevos Desarrollos S.A. y Alimentos Tornagaleones SpA; 2) Comprobantes de transferencias de fondos por garantías y otros pagos realizados por la recurrente; 3) Boleta de garantía por 264,59 UF a nombre de Nuevos Desarrollos de fecha 08 de noviembre de 2023; 4) Correos electrónicos que dan cuenta de las tratativas entre las partes; 5) Cuatro facturas emitidas a la empresa Titanium Centro de Servicios Publicitarios SpA por servicios efectuados en Mall Plaza Egaña; 6) Formularios de declaración de impuestos; y 7) Contratos de trabajo del personal.

Segundo: Que, informa nombre reservado y Claudia Pacheco Acevedo, abogados, en representación de Nuevos Desarrollos S.A., solicitando el rechazo de la acción deducida, con costas.

Sostiene en primer término que la recurrente ha incurrido en múltiples omisiones y errores fácticos y jurídicos, no siendo por lo demás la acción de protección la vía idónea para resolver este asunto, que resulta de exclusiva competencia de los tribunales civiles. Con todo, expresa que la acción desplegada por la recurrida fue efectuada respecto de un local comercial que ya no estaba siendo utilizado por los verdaderos y actuales arrendatarios, la sociedad Alimentos Tornagaleones SpA, cuestión que es reconocida por la recurrente, sin perjuicio de manifestar que debido a problemas financieros de dicha sociedad, B.O.B tomó a su cargo la explotación del establecimiento, y que en virtud de los acuerdos alcanzados a este respecto entre las partes, la recurrente habría entregado distintas sumas de dinero por concepto de garantía y abierto nuevos locales en centros comerciales de propiedad de Nuevos Desarrollos S.A.

Relata en cuanto a la relación contractual actual y vigente entre la recurrida y la sociedad Alimentos Tornagaleones SpA, que se celebró un contrato de arrendamiento con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2027, siendo entregado el local comercial el día 12 de diciembre de 2022. Sin embargo, debido a graves problemas financieros, Tornagaleones dejó de pagar la renta pactada a principios del año 2024, manteniendo hasta la fecha una deuda ascendiente a $89.373.691 por el arriendo del local, y que en todo caso es una suma superior, considerando que la mencionada empresa celebró diversos contratos de arrendamiento con distintas sociedades relacionadas con la recurrida, tales como Plaza Oeste SpA, Plaza del Trébol SpA y, Plaza Vespucio SpA.

Sostiene que debido al estado de cesación de pagos, Tornagaleones solicitó su reorganización judicial ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, en la causa seguida bajo el Rol N° C-10440-2024. Sin embargo, la junta de acreedores no aprobó el acuerdo propuesto, lo que llevó al Tribunal a dictar la resolución de liquidación con fecha 17 de septiembre de 2024. Así, al declararse la liquidación de oficio de Tornagaleones por el mismo Tribunal, la causa se sigue actualmente bajo el Rol N° C-16682-2024.

Detalla la recurrida que en este contexto se designó a una liquidadora, nombre reservado, quien tomó la administración de los bienes de Tornagaleones y, por tanto, el uso y goce del Local Comercial antes individualizado, existiendo acuerdos comerciales y contratos solo con esta empresa, facturándose a su respecto la renta de arrendamiento, siendo irrelevante que la recurrente las pagara, ya que se trata del pago de una deuda por parte de un tercero a efectos civiles.

Precisa que efectivamente se iniciaron negociaciones entre Nuevos Desarrollos S.A. y B.O.B para que ésta última tomara control de la operación de, entre otros, el Local Comercial FC-4036, pero que no prosperaron, por lo que los acuerdos comerciales finalmente no fueron suscritos, lo que también es reconocido por la recurrente, no pudiendo en consecuencia afirmar la existencia de acuerdos comerciales y al mismo tiempo que nunca se suscribió documento alguno que diera forma a un contrato.

Arguye que atendido el incumplimiento reiterado del Contrato de Arrendamiento por parte de Tornagaleones, Nuevos Desarrollos S.A. y la liquidadora nombre reservado acordaron el término del contrato de arrendamiento y la restitución del local comercial, cuestión que se encuentra pendiente, pero siendo un acuerdo beneficioso para ambas partes, puesto que la recurrida recupera el local, y al mismo tiempo la empresa evita que la deuda siga incrementándose, aliviando así la presión financiera sobre la masa de acreedores en el marco del procedimiento concursal de liquidación.

Fundamenta que lo anterior hace que la decisión del corte de suministro de servicios básicos adoptada con fecha 8 de octubre de 2024 por la recurrida no sea ilegal ni arbitraria, toda vez que consiste en una acción realizada como parte del proceso de restitución del local, en uso de sus facultades contractuales, eliminando la necesidad de mantener servicios básicos que ya no eran requeridos por la arrendataria, acción que permite minimizar costos tanto para el arrendador como para la masa de bienes en liquidación, protegiendo los intereses de los acreedores.

Agrega a lo anterior que la recurrente carece de un derecho indubitado que la habilite a interponer la acción de protección, puesto que lo pretendido es alegar un supuesto derecho, que no tiene, a operar el Local Comercial, percibiendo los ingresos de las ventas del establecimiento denominado “SOW SUSHI”, lo que en cualquier caso es un conflicto contractual que debe ser resuelto por los tribunales en un juicio de fondo, y no por vía de protección, solicitando en definitiva que se rechace la acción de protección, con costas.

Que la recurrida acompañó al proceso los siguientes documentos: 1) Contrato de arrendamiento celebrado entre Nuevos Desarrollos S.A. con Alimentos Tornagaleones SpA, respecto de la explotación del local comercial N°FC-4036 del Mall Plaza Egaña, de la comuna de La Reina; 2) Facturas emitidas por Nuevos Desarrollos S.A. a Alimentos Tornagaleones SpA, por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2024, correspondiente a la obligación del pago de la renta del contrato de arrendamiento; 3) Solicitud de reorganización voluntaria presentada por Alimentos Tornagaleones SpA en la causa Rol N° C-10440-2024 del 28° Juzgado Civil de Santiago; 4) Resolución de liquidación respecto de Alimentos Tornagaleones SpA dictada con fecha 17 de septiembre de 2024 por el 28° Juzgado Civil de Santiago en la causa Rol N° C-10440-2024; y 5) Cadena de correos entre Nuevos Desarrollos S.A. y la liquidadora doña nombre reservado, de fecha 2 de octubre de 2024 al 7 de octubre de 2024.

Tercero: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuarto: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario por el recurrente lo constituye el hecho de haber procedido la recurrida al corte de los servicios básicos del local comercial N°FC-4036, situado en el cuarto nivel del denominado “Mall Plaza Egaña”, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 3, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, por su parte, la recurrida ha referido las circunstancias de hecho que dan cuenta de la situación contractual del referido local comercial, que el contrato suscrito por Nuevos Desarrollos S.A. se celebró con la empresa Alimentos Tornagaleones SpA, y en ningún caso con la recurrente, existiendo a su respecto solo negociaciones preliminares que no llegaron a concretarse para el uso del inmueble, que no generan obligaciones vinculantes para ellas, lo que se refrenda al no materializarse un acuerdo verbal o escrito entre las partes.

Sexto: Que, los antecedentes acompañados por las partes en estos autos, y su análisis integral en relación con la acción deducida, permiten a esta Corte arribar a la conclusión de que la actuación de la recurrida no puede calificarse de antojadiza o falta de razón, y tampoco ilegal, por lo que no concurre en la especie el presupuesto básico de procedencia de la acción de protección, por lo que es imperativo su rechazo, toda vez que las acciones desplegadas se enmarcan en el ámbito contractual en la rescisión del contrato de arrendamiento suscrito entre los contratantes Nuevos Desarrollos S.A. y la empresa Alimentos Tornagaleones SpA, circunstancias en las cuales no resulta posible afirmar que la recurrida ha atentado contra las garantías constitucionales de la recurrente, del modo en que se ha expuesto.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, examinados los antecedentes, resulta de éstos que el recurso intentado no puede prosperar, bien porque para su procedencia se requiere que quien ejerce la acción sea titular de un derecho indubitado, lo que no acontece es autos, pues se trata de un posible conflicto sobre los términos, interpretación, alcance y cumplimiento de las tratativas y negociaciones de las partes para la suscripción de un contrato de arrendamiento posterior que no se concretó, y cuyo carácter eventualmente vinculante resulta ser el fondo del asunto controvertido.

Así las cosas, no debe olvidarse que el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos siempre que estén indubitados, y no de aquellos otros que se encuentren en discusión, como ocurre en la especie, o que constituyan una mera expectativa, de tal manera que la acción constitucional deducida no está en condiciones de prosperar.

Octavo: Que, en consecuencia, y tal como se señaló en el motivo Sexto, no aparece en la acción desplegada por la recurrida ilegalidad o arbitrariedad, y además, al constituir jurídicamente el recurso de protección una acción de evidente carácter cautelar, que está destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, mediante acciones de resguardo rápidas y eficaces para amparar los derechos protegidos en la Carta Fundamental, a fin de que no sean perturbados o amagados en su ejercicio, situación que tampoco concurre en la especie, el recurso de protección deducido deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida por don nombre reservado, en representación de la sociedad B.O.B BRAND OPERATING BUSINESSES SpA, en contra de en contra de Nuevos Desarrollos S.A.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-20819-2024.