nombre reservado con AFP CAPITAL S. A.

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que comparecen nombre reservado y nombre reservado, en representación de nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A. (AFP Capital), por haber denegado la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente, mediante comunicación emitida por correo electrónico con fecha 10 de septiembre de 2025.

Señala que dicha actuación es ilegal y arbitraria, ya que la institución recurrida se niega a restituir dineros que son de su propiedad, basándose en interpretaciones erróneas de la normativa especial, vulnerando con ello el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene la entrega total de los fondos acumulados.

Indica el recurrente, nacional de Ecuador, que se desempeñó como médico bajo diversas modalidades de contratación en las Ilustres Municipalidades de Recoleta, Pedro Aguirre Cerda, La Granja, La Pintana, y en las Corporaciones Municipales de La Florida y Pirque. Durante estos periodos, manifestó formalmente ante sus empleadores la voluntad de mantener su afiliación en el sistema previsional de su país de origen, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al cual aporta desde el año 1982.

Explica que, en base a estos hechos, solicitó a la AFP Capital la restitución de sus ahorros previsionales, que ascienden a la suma de $47.839.914, invocando los beneficios de la Ley N°18.156. Sin embargo, explica, la administradora rechazó dicha petición, tanto originalmente como mediante sendas reconsideraciones, alegando que los servicios prestados mediante decreto municipal no son asimilables a los contratos del Código del Trabajo que exige la ley, además de cuestionar la temporalidad de la suscripción de los anexos de voluntad y la validez de la apostilla de su título profesional.

Sostiene que el acto impugnado carece de base legal y resulta arbitrario, toda vez que la Ley N°18.156 no establece distinciones entre trabajadores extranjeros contratados por entidades públicas o privadas, ni entre regímenes laborales específicos para acceder a la exención de cotizar. Afirma que la interpretación de la administradora es excesivamente formalista y desatiende el espíritu de la ley, arrogándose facultades jurisdiccionales que no le corresponden al calificar la procedencia de un beneficio legalmente establecido.

Enfatiza que se ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos del artículo 1° de la referida ley, acreditando tanto la calidad de profesional mediante el título médico apostillado, como la afiliación vigente al sistema de seguridad social extranjero. Por consiguiente, se argumenta que la AFP tiene la obligación vinculante, según el artículo 7° de la misma normativa, de devolver la totalidad de los fondos, al haberse verificado el cumplimiento de los presupuestos legales.

Explica que la negativa injustificada de la recurrida lesiona gravemente el derecho de propiedad del actor sobre sus fondos de capitalización individual, bienes incorporales que forman parte de su patrimonio y cuya naturaleza - dominio - no es discutida. Al impedir la disposición de este dinero sin una causa constitucional legítima, la administradora impone una limitación arbitraria a las facultades esenciales del dominio, contraviniendo la jerarquía normativa que sitúa a la Constitución Política por sobre las interpretaciones administrativas de la Superintendencia de Pensiones o de la propia AFP.

Solicita, en definitiva, que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida entregar a la persona de la recurrente la totalidad de sus fondos previsionales.

Segundo: Que a folio 9 comparece José Luis Maldonado Vásquez, en representación de AFP Capital S.A., quien evacuó el informe, solicitando el rechazo íntegro de la acción de protección interpuesta en su contra.

Sostiene que su actuar no reviste el carácter de ilegal ni arbitrario, pues ha dado estricta observancia de la normativa previsional vigente y en la falta de cumplimiento de los requisitos legales por parte del afiliado para acceder al beneficio de devolución de fondos que reclama.

En primer lugar, sostiene la extemporaneidad de la acción constitucional. Argumenta que el afiliado tuvo conocimiento cierto del rechazo de su solicitud original el día 27 de mayo de 2025, momento en el cual comenzó a correr el plazo fatal de treinta días previsto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema. En este sentido, la Administradora precisa que las gestiones posteriores de reconsideración, presentadas casi tres meses después, no tienen la virtud de interrumpir ni renovar dicho plazo, por tratarse de un procedimiento no reglado que busca artificialmente generar un nuevo término para recurrir, vulnerando la naturaleza de la acción de protección.

Opone, adicionalmente, la excepción de falta de legitimación pasiva, fundamentada en que los hechos cuestionados no le son imputables de manera directa. Explica que la decisión de rechazo emana de la aplicación obligatoria de las instrucciones e interpretaciones normativas dictadas por la Superintendencia de Pensiones, órgano que por mandato legal fija el sentido y alcance de la legislación previsional. De este modo, la AFP señala que carece de facultades para modificar o ignorar dichos criterios vinculantes, por lo que la acción debió dirigirse contra el ente regulador que impartió las directrices técnicas seguidas por la administradora.

Sostiene que el recurso de protección no es el medio idóneo para discutir las pretensiones del actor. Indica que el asunto planteado requiere de un pronunciamiento declarativo sobre la interpretación de la Ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, materia que corresponde privativamente al ente regulador administrativo. Por lo tanto, el uso de esta vía cautelar excedería su finalidad protectora de derechos indubitados, pretendiendo en cambio resolver una controversia técnica que debió ser agotada ante la autoridad sectorial competente mediante los reclamos administrativos pertinentes.

Aclara que la devolución de fondos es improcedente para los periodos en que el recurrente se desempeñó en diversas municipalidades bajo decretos alcaldicios, toda vez que dichos funcionarios se rigen por estatutos especiales y no por el Código del Trabajo, requisito sine qua non para la aplicación de la exención prevista en la Ley N°18.156.

En segundo término, respecto de las labores en corporaciones municipales, sostiene que los anexos de contrato presentados son extemporáneos, al haber sido suscritos con posterioridad al término del vínculo laboral, contraviniendo las instrucciones de la Superintendencia que exigen que la manifestación de voluntad de mantener el sistema previsional extranjero se realice durante la vigencia de la relación de trabajo.

Hace presente una causal relativa a la validez de los instrumentos internacionales acompañados por el actor. Señala que el título profesional de médico no cuenta con la correspondiente apostilla para su validez en Chile, requisito esencial para acreditar la calidad de técnico o profesional requerida por la ley especial. Precisa que la apostilla acompañada corresponde únicamente a un certificado de registro y no al título propiamente tal, lo que impide a la administradora verificar fehacientemente el cumplimiento de los presupuestos legales para la restitución de los fondos.

Solicita se tenga por evacuado el informe y, en mérito de los argumentos de hecho y derechos expuestos, rechace el recurso de protección en todas sus partes.

TERCERO: Que informando la Superintendencia de Pensiones, según lo ordenado por esta Corte, refiere que la Dirección del Trabajo, mediante Oficio Ordinario N°293, de 7 de mayo de 2024, en respuesta a un requerimiento de la Contraloría General de la República, precisó que, desde la entrada en vigor de la Ley N°20.250 (9 de febrero de 2008), todo funcionario que realice funciones de atención primaria de salud municipal debe regirse por la Ley N°19.378 y no por el Código del Trabajo; y adicionalmente, la Dirección del Trabajo, en el dictamen N° 293, de 2024, ha señalado que el artículo 5°, letra a), de la Ley N°19.378 incluye expresamente a los médicos cirujanos como parte de las categorías funcionarias reguladas por esta ley.

Por otra parte, señala que en la especie el recurrente acompañó al escrito de recurso de protección, para acreditar la exigencia de cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, dos certificados de afiliación emitidos con fechas 22 de junio y 16 de septiembre de 2025, por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), documentos que no resultan idóneos para cumplir con dicha exigencia, puesto que únicamente certifican la fecha de adscripción al sistema previsional ecuatoriano y que su último aporte fue en abril de 2024.

Por ello, estima que de acuerdo con lo previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, los solicitantes deben acreditar que han tenido protección ante las contingencias de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad (con cobertura médica y pecuniaria), durante todo el tiempo en que prestaron servicios en nuestro país, a todo evento y de manera efectiva.

Por su parte, en cuanto a la letra b) del artículo 1° de la ley N°18.156, sobre que el contrato de trabajo contenga una cláusula relativa a la mantención de la afiliación, por parte del trabajador, a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, señala que dicha manifestación de voluntad debe haberse expresado en forma oportuna, esto es, durante la vigencia de la relación laboral. En consecuencia, si se verifica que, en la época durante la cual el trabajador extranjero prestó servicios, no se acreditó debidamente-mediante una cláusula en el contrato de trabajo respectivo o en un anexo– dicha intención, no podrá posteriormente pretender que las cotizaciones efectuadas al fondo de pensiones en una A.F.P. le sean devueltas, ya que esa declaración es extemporánea, como ocurre en este caso.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Es requisito indispensable de esta acción la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o carente de razonabilidad, que provoque una afectación actual a los derechos fundamentales protegidos.

QUINTO: Que la alegación de extemporaneidad será rechazada, puesto que el acto impugnado fue notificado el 10 de septiembre de 2025 al recurrente, según consta de copia de correo electrónico acompañado al recurso, por lo que al haber sido éste deducido el 25 de septiembre del mismo año, fue presentado dentro de los 30 días previstos en el Auto acordado que rige la materia.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de falta de legitimidad pasiva del recurrido, dicha alegación no puede prosperar, atendido que la AFP Capital S.A., dictó el acto impugnado que rechaza la devolución de los fondos previsionales del recurrente.

SÉPTIMO: Que la Ley N° 18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de dicha ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como esos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones copulativas: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

OCTAVO: Que, en relación con las exigencias para acreditar la afiliación a un sistema previsional extranjero, la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices, las cuales son de carácter obligatorio para las Administradoras. Dichas instrucciones establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, incluyendo la necesidad de que la cobertura por enfermedad contemple explícitamente tanto prestaciones médicas como pecuniarias, así como la exigencia de que los documentos emitidos en el extranjero se encuentren debidamente legalizados o apostillados para su validez en Chile.

NOVENO: Que, del mérito de los antecedentes, y lo señalado en su informe por la Superintendencia de Seguridad Social, se desprende que la actuación de la recurrida no resulta ilegal ni arbitraria, al razonar que la devolución pedida es improcedente en razón de los estatutos que rigen a las personas que – como el actor – se han desempeñado en entes pertenecientes a la administración pública, los que son diversos del Código del Trabajo, requisito sine qua non para la aplicación de la exención prevista en la Ley N°18.156; como tampoco lo hizo al calificar negativamente los anexos de contrato presentados, por estimarlos extemporáneos, al haber sido suscritos con posterioridad al término del vínculo laboral, toda vez que tal afirmación encuentra su sustento en las instrucciones de la Superintendencia del ramo, que exige que la manifestación de voluntad de mantener el sistema previsional extranjero se realice durante la vigencia de la relación de trabajo.

Finalmente, tampoco se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en la consideración sobre la falta de idoneidad de los instrumentos aportados para acreditar la exigencia de cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, en razón de su contenido, por estimar que no cumplen las exigencias previstas en la ley y desarrolladas por la autoridad sectorial en la materia, toda vez que en tal calificación la recurrida sólo se ha ceñido a los mandatos citados, cuya observancia le es obligatoria.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, por todo lo expresado, esta Corte no advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la Administradora. La negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente y de las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad competente, la Superintendencia de Pensiones.

En tales condiciones, no se configura el presupuesto esencial de ilegalidad o arbitrariedad que permita acoger la acción cautelar de protección interpuesta, debiendo esta ser necesariamente declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-20759-2025.