Protección contra Fondo Nacional de Salud y Clínica Dávila Vespucio SpA

C.A. de Santiago Santiago, trece de enero de dos mil veintiséis.

A los folios N° 35, 37 y 38: a todo, téngase presente.

Al folio N° 36: a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece Iván Alejandro Jorquera Amodeo, abogado, en representación de don nombre reservado, deduciendo acción de protección constitucional en contra del Fondo Nacional de Salud y Clínica Dávila Vespucio SpA, solicitando que se acoja el recurso, ordenando la aplicación de la Ley N° 19.650 (Ley de Urgencia) al caso particular y las coberturas financieras que la misma dispone en favor del protegido.

Indica que fecha 24 de julio de 2025, su representado de 81 años de edad, ingresó de urgencia a Clínica Dávila Vespucio, tras ser atendido en su domicilio por el Dr. nombre reservado, quien diagnosticó deshidratación severa con requerimiento de monitoreo cardiovascular y derivación a hospitalización de urgencia.

Indica que el paciente permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hasta el 26 de julio de 2025, siendo dado de alta el 28 de julio de 2025.

Refiere que, con fecha 20 de agosto de 2025, se le informó su hijo una cuenta por un monto total de $7.172.891, habiéndose considerado las prestaciones como de libre elección y no cubiertas por la Ley de Urgencia, a pesar de estar la urgencia debidamente certificada por un médico cirujano.

Alega que tales hechos constituyen un acto ilegal y arbitrario que configura una amenaza, perturbación y privación al derecho de igualdad ante la ley y al derecho de propiedad consagrados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por la no aplicación de la Ley N° 19.650.

SEGUNDO: Que con fecha 14 de octubre de 2025, el Fondo Nacional de Salud evacuó su informe, solicitando el rechazo del recurso.

Argumenta que la Ley de Urgencia requiere la debida certificación médica según el D.S. N° 369 de 1985 y el D.S. N° 34 de 2022 del Ministerio de Salud, y que FONASA tiene la facultad de revisar dicha calificación.

Además, hace presente la existencia de un reclamo administrativo previo (ROL NUM000) interpuesto por el mismo recurrente ante la Superintendencia de Salud por los mismos hechos, lo que generaría una duplicidad de procedimientos y la falta de agotamiento de la vía administrativa.

TERCERO: Que, con fecha 5 de noviembre de 2025, Clínica Dávila Vespucio S.P.A. evacuó su informe, solicitando el rechazo del recurso.

Primeramente, alega que el recurso de protección no es la vía procesal idónea ni la sede competente para resolver el asunto, toda vez que no existe un derecho indubitado, sino una controversia fáctica sobre la procedencia de la certificación de urgencia vital o secuela funcional grave, lo que requiere un procedimiento de lato conocimiento.

Argumenta que la Clínica actuó con estricto apego a las normas vigentes, específicamente al D.S. N° 34 de 2022, y que el paciente no cumplía con los criterios clínicos de emergencia para la aplicación de la Ley de Urgencia.

Enfatiza que la obligación de pago de la cuenta corresponde al paciente y que la Clínica no está obligada a conceder prórrogas mientras se resuelven reclamos ante terceros.

CUARTO: Que se ofició a la Superintendencia de Salud para que remitiera todos los antecedentes del procedimiento Reclamo Rol NUM000, la cual, con fecha 18 de diciembre de 2025, remitió el expediente electrónico del referido reclamo administrativo. De dicho expediente se constató que: a) El reclamo administrativo fue interpuesto por don nombre reservado contra FONASA con fecha 21 de agosto de 2025, por la misma materia de este recurso de protección: la no aplicación de la Ley N° 19.650 a la atención de salud recibida en Clínica Dávila Vespucio en julio de 2025. b) Con fecha 4 de septiembre de 2025, la Superintendencia de Salud puso el reclamo en conocimiento de FONASA para su contestación y ofició a Clínica Dávila Vespucio para que remitiera la ficha clínica completa y legible del paciente. c) Con fecha 7 de octubre de 2025, FONASA fue declarado en rebeldía por no evacuar su contestación en el plazo otorgado. d) Con la misma fecha, 7 de octubre de 2025, la causa fue recibida a prueba por el término de diez días hábiles, fijándose como puntos a probar: 1) Condición de salud del paciente al ingreso y durante su hospitalización en Clínica Dávila Vespucio; y 2) Circunstancias y/o condiciones que justifican la antedicha hospitalización. e) Con fecha 10 de octubre de 2025, la Clínica Dávila Vespucio incorporó documentos al expediente reservado de la Superintendencia de Salud.

QUINTO: Que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, de carácter urgente y excepcional, destinada a restablecer el imperio del derecho cuando, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales taxativamente enumeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Su procedimiento, por ser sumario, requiere que el derecho cuya protección se solicita sea indubitado y que el acto u omisión impugnado aparezca con la nitidez de ser ilegal o arbitrario.

SEXTO: Que el quid del asunto dice relación a la controversia de carácter técnico-médico respecto a si la condición clínica de don nombre reservado al momento de su ingreso a la Clínica Dávila Vespucio configuraba efectivamente un estado de "emergencia o urgencia" en los términos previstos por la Ley N° 19.650 y sus reglamentos, en particular el D.S. N° 369 de 1985 y el D.S. N° 34 de 2022 del Ministerio de Salud.

SÉPTIMO: Que en razón a lo anterior y considerando que el D.S. N° 34 de 2022 del Ministerio de Salud, que fija los parámetros objetivos para calificar una emergencia y/urgencia de salud, lo pretendido en el caso de marras excede el ámbito de protección, al tratarse un derecho que se encuentra discutido y, por ende, no indubitado.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que la actora solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, el propio contrato y el legislador han dispuesto expresamente procedimientos legales de lato conocimiento destinados a esclarecerlos -juicio arbitral ante un árbitro arbitrador, o demanda ordinaria ante la justicia civil-, los que no pueden ser sustituidos por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización.

OCTAVO: Que, en armonía con los antes razonado, y por expresa remisión del artículo 3 inciso 2° del D.S. N° 34 de 2022 del Ministerio de Salud, el asunto materia del presente arbitrio deber ser conocido por el órgano competente para ello, esto es, la Superintendencia de Salud, por así disponerlo el artículo 117 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del año 2005, de Salud, en el marco de un procedimiento que otorga a las partes las garantías procesales necesarias para hacer valer y acreditar sus peticiones y derechos, al que, por lo demás, ya se encuentra vinculada la parte actora.

En virtud de las argumentaciones ya vertidas, el arbitrio en análisis será desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el auto acordado Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don Iván Alejandro Jorquera Amodeo en representación de don nombre reservado en contra del Fondo Nacional de Salud y de Clínica Dávila Vespucio S.P.A., por improcedente, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-20749-2025.