Protección contra Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado Franco Aldo Brunetti Arredondo, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, por haber tenido como desistida la solicitud de refugio del recurrente, sin haber remitido los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, regulado lo anterior en el artículo 26 y siguientes de la Ley N° 20.430, y por no haberle otorgado la visación de residente temporario, vulnerando con ello la garantía constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución recurrida y se ordene la concesión de la visa temporaria.

Expone que don nombre reservado, es un ciudadano venezolano forzado a escapar de su país, debido a la violencia generalizada, conflictos internos y violación masiva de los derechos humanos. Indica que con fecha 27 de mayo de 2021 ingresó a Chile, y que luego de recabar información respecto de su situación, el recurrente acudió el 7 de junio de 2025 a la Oficina de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, donde se le facilitó el formulario correspondiente y se recibió su declaración.

Posteriormente, con fecha 27 de agosto de 2025, el recurrente recibió la Resolución Exenta N° NUM000, que resolvió tener por desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, presentada con fecha 7 de junio de 2025, sin haber realizado previamente la derivación de los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Esta resolución, en su considerando N° 3, justificó la decisión en que la solicitud excedía el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG (artículo 26 de la Ley N° 20.430), y que mantenía ingreso al país por paso no habilitado, no presentando antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo 837, Reglamento de la Ley N° 20.430 (artículo 26 numeral 5 de la Ley N° 20.430). Sin perjuicio de lo anterior, el recurrente realizó la correspondiente subsanación de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado con fecha 21 de agosto de 2025.

Finalmente, señala que tampoco se le ha otorgado a su representado la visación de residente temporario, prescrita bajo el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430.

En cuanto al desistimiento, la parte recurrente argumenta que no ha habido desistimiento efectivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de don nombre reservado, por cuanto este no ha manifestado de manera expresa, en ningún momento del proceso, su intención o voluntad de abandonar efectivamente su pretensión. Para ello, cita las definiciones de “desistimiento” del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española de la Lengua y del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico.

Además, cita jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso (causa libro Protección-20600-2023, caratulada “nombre reservado / nombre reservado”, de fecha 22 de enero de 2024, en su considerando Cuarto), que señala que el desistimiento debe ser “individual, expreso y voluntario”, concluyendo que la autoridad administrativa recurrida ha creado una hipótesis no prevista por el legislador.

En lo referente al principio de proporcionalidad, la recurrente sostiene que el desconocimiento evidente que el Servicio Nacional de Migraciones hace de la situación humanitaria y migratoria de don nombre reservado, especialmente del asedio y las amenazas sufridos en su país natal por parte de agrupaciones delictuales como “los Colectivos”, deviene en una clara vulneración del principio de la proporcionalidad de los actos jurídicos. Afirma que el Servicio Nacional de Migraciones está rompiendo el equilibrio al adoptar la medida de tener por desistida la solicitud, vulnerando abiertamente el artículo 52 del Decreto N° 837 e interpretando torcidamente los artículos 6° de la Ley N° 20.430 y 8° del Decreto N° 837, otorgando mayor importancia a la medida que a la realidad humanitaria del recurrente.

Respecto al principio de irretroactividad de la ley, las penas y las sanciones, el recurrente argumenta que la Resolución Exenta N° NUM000 vulnera abiertamente este principio fundamental de Derecho, que posee reconocimiento de rango constitucional en el artículo 19 N° 3, inciso séptimo de la Constitución Política de la República, y es reconocido profusa e indubitablemente por la jurisprudencia administrativa y judicial, la jurisprudencia internacional, la doctrina especializada y tratados internacionales ratificados por Chile.

En cuanto a la visa temporaria, señala que la autoridad migratoria recurrida tampoco le ha otorgado la visación de residente temporario, prescrita bajo el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430, y el artículo 42 del Decreto N° 837. Estas normas señalan perentoriamente que la visación de residente temporario debe ser extendida una vez presentada o formalizada la solicitud. En apoyo de esta tesis, cita el voto de disidencia del Ministro Suplente Sr. Christian Humberto Carvajal Silva, en causa libro Protección-2396-2023 de la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena, de fecha 22 de enero de 2024, que estimó ilegal y arbitraria la decisión de no conceder dicha visación.

Se indica además que el derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 5° de la Constitución Política de la República, en concordancia con el principio de No Devolución del artículo 4° de la Ley N° 20.430 y los artículos 32 y 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Se enfatiza que el artículo 27 de la Ley N° 20.430 establece que los funcionarios de las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Migraciones no les corresponde deliberar sobre la legitimidad o validez de los antecedentes expuestos por los solicitantes, sino que sus actuaciones válidas son proporcionar el formulario y formalizar la solicitud, siendo la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado la competente para ponderar el cumplimiento de los requisitos.

La parte recurrente sostiene que el proceder de la Oficina de Migraciones importa una discriminación en relación con el trato dispensado a otros extranjeros y vulnera la garantía constitucional establecida en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, a saber, la igualdad ante la ley.

Por estas razones, solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 27 de agosto de 2025 que resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente de autos, resolviendo también que se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio, prescrita bajo el artículo 32, inc. 1°, de la Ley N° 20.430, mientras se espera la evaluación, por parte de una comisión calificada, respecto del recurrente.

SEGUNDO: Que informando el recurso de protección el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo de la acción en todas sus partes, argumentando la inexistencia de presupuestos constitucionales y legales para su interposición, por cuanto no existe acto u omisión calificado de arbitrario o ilegal que vulnere alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone que el extranjero recurrente no registra fecha de ingreso al territorio nacional, lo que lleva a desprender su ingreso clandestino al país eludiendo los controles migratorios, y añade que el 8 de julio del 2025, el extranjero amparado solicitó a dicha autoridad el reconocimiento de la condición migratoria de refugiado, solicitud registrada bajo el ID N° NUM001. Posteriormente, el 1 de agosto del 2025 se efectuó la citación del amparado, fijada para el 7 de agosto del 2025 a las 15:00 horas, la cual fue reagendada por el extranjero para el día 12 de agosto del mismo año a las 14:00 horas. En la solicitud de reconocimiento de la condición de Refugiado, en el formulario de primera atención, se visualiza que el extranjero declara haber ingresado a nuestro país por paso no habilitado con fecha 27 de mayo del 2021. Asimismo, con esa misma fecha se efectuó la entrevista de admisibilidad bajo el N° de folio NUM002, del Servicio Nacional de Migraciones, donde se advierte que el recurrente no adjuntó medios probatorios que acreditaran sus dichos.

Indica que mediante Resolución Exenta N° NUM003, de 12 de agosto del 2025, el Servicio Nacional de Migraciones informó al extranjero amparado que no era posible dar curso a su solicitud de ingreso al procedimiento de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, toda vez que no cumplía con los requisitos formales y se le otorgó un plazo de 15 días hábiles a contar de la notificación de la respectiva Resolución Exenta para acompañar antecedentes que permitan subsanar tales circunstancias bajo el apercibimiento legal de tener por desistida de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 bis de la Ley 20.430. Dicha subsanación fue respondida por el recurrente con fecha 23 de agosto del 2025 donde solo acompañó, para justificar y complementar sus dichos y dar curso a la solicitud de refugio, argumentos en la casilla de respuesta y en razón de que la subsanación aportada por el recurrente no permitió desvirtuar lo resuelto anteriormente, se emitió la Resolución Exenta N° NUM000 de 27 de agosto del 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, resolviendo tener por desistida la solicitud de refugio por no cumplir con los requisitos formales.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que de acuerdo con la normativa legal y reglamentaria que rige las solicitudes para obtener la condición de refugiado, esto es, la Ley N°20.430, que “Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados”, y su Reglamento, aprobado por Decreto N°837, de 2011, del Ministerio del Interior, la legislación nacional consagra un procedimiento reglado destinado a la obtención de la condición de refugiado en Chile, el cual resulta aplicable a todos aquellos extranjeros que se encuentren en el territorio nacional y formalicen su intención de ser reconocidos como tales.

En el caso que se revisa debe tenerse presente que la persona que recurre es una ciudadana extranjera que ingresó a Chile por “paso no habilitado” y que, por lo mismo, carece de situación migratoria regular. No obstante lo anterior, y de conformidad al artículo 6° de la Ley N°20.430, tal calidad no conlleva la aplicación de sanciones penales ni administrativas “siempre que [los solicitantes de refugio] se presenten, dentro de los diez días siguientes a la infracción a la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile, ante las Autoridades, alegando una razón justificada”.

Relacionado con lo anterior, el artículo 26 de la misma ley dispone que la persona que aspire a obtener la condición de refugiado “al ingresar al país” debe presentarse en cualquier Oficina de Extranjería o ante la Autoridad Migratoria que se encuentre en un paso habilitado de la frontera, reforzando así el carácter urgente del procedimiento de refugio, en el plazo de 7 días, lo que en el caso de autos no se verificó.

Refrenda lo dicho el artículo 8° del Reglamento de la Ley N°20.430, al establecer que para que un extranjero tenga la calidad de solicitante de refugio, debe formalizar su solicitud en los términos siguientes: “Los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello”.

QUINTO: Que conforme al mérito de las alegaciones de las partes y antecedentes acompañados, es posible establecer que, al no cumplir la solicitud con los requisitos legales, la autoridad otorgó a la actora un plazo de 15 días hábiles para subsanarla, mediante Resolución Exenta N° NUM003, de fecha 12 de agosto de 2025, con la finalidad de que se acompañen los antecedentes que permitan subsanar las situaciones descritas en cuanto a los requisitos formales requeridos para iniciar la tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, lo que finalmente no aconteció, todo, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 ter de la Ley N° 20.430, por lo que conforme al artículo 31 de la Ley 19.880, y habiéndosele intimado previamente el apercibimiento, correspondía poner término al procedimiento teniéndola por desistida de su solicitud, pues, como se indicó, no acompañó la documentación mínima que establece el ordenamiento jurídico para dar curso a este tipo de solicitudes, dictándose de dicha manera la Resolución Exenta N° NUM000 de 27 de agosto de 2025.

SEXTO: Que, por lo antes razonado, debe concluirse que la negativa de la recurrida a dar tramitación a la solicitud de refugio, y declarar posteriormente su desistimiento, no constituye un acto ilegal ni denota una arbitrariedad en el actuar de la autoridad administrativa, de lo que se sigue que no se configura en la especie la vulneración de las garantías constitucionales invocadas en el recurso, motivos que conllevan al rechazo del arbitrio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de nombre reservado y en contra el Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y archívese.

Protección N°20.747-2025.