nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCHALÍ DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES

C.A. de Santiago Santiago, treinta de junio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Óscar Eduardo Olivares Jatib, abogado, en representación de doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores (CORESAM), por haber determinado no renovar su nombramiento a contrata para el período correspondiente al año 2025, actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes incorporales, garantizados por la Constitución Política de la República.

Expone que doña nombre reservado ingresó a la Corporación Municipal de Conchalí el 1 de abril de 2021 para prestar servicios como técnico en odontología. Agrega que durante su desempeño laboral, la funcionaria fue asimilada a la categoría C, grado 14 de la carrera funcionaria, percibiendo un ingreso mensual líquido de aproximadamente $691.035. Asimismo, aduce que mantuvo un excelente desempeño profesional, obteniendo el máximo puntaje en el período 2023-2024 y siendo siempre calificada en lista 1, sin incurrir jamás en responsabilidades administrativas ni anotaciones de demérito.

Explica que debido a su destacado rendimiento, la contrata de la recurrente fue objeto de sucesivas renovaciones, circunstancia que, según alega, generó la legítima confianza de que sus servicios serían requeridos para el período 2025. Alega que, no obstante, mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica desde el 17 de diciembre de 2024 al 9 de enero de 2025, a causa de un cuadro de coronavirus, rotavirus y herpes que afectaba a su hijo menor de dos años, el día 8 de enero de 2025 fue contactada telefónicamente por su jefa de sector para informarle que había visualizado su nombre en una carta de desvinculados elaborada por la Dirección de Salud.

Posteriormente, indica que concurrió el día 6 de enero de 2025 a su lugar de trabajo, consiguiendo copia de la carta de desvinculación denominada "aviso de término de contrato de trabajo", datada al 30 de diciembre de 2024. Añade que dicha comunicación indicaba que se había resuelto poner término al contrato de trabajo por la causal del artículo 48 letra c) de la Ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud, esto es "vencimiento del plazo del contrato", con efectividad desde el 31 de diciembre de 2024.

Reclama la ausencia de motivación del acto administrativo, invocando el inciso 2° del artículo 11 de la Ley N° 19.880, que establece que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares. En este sentido, se cita el Dictamen N° 6.400 de fecha 2 de marzo de 2018 de la Contraloría General de la República, que entrega instrucciones respecto de cómo deben actuar las autoridades al momento de decidir no renovar una contratación, exigiendo fundamentación adecuada.

Adicionalmente, invoca la doctrina judicial desarrollada por la Corte Suprema a partir del año 2017, denominada "doctrina del axioma del empleo a contrata", según la cual constituye un verdadero axioma del derecho que si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente una vez superado ese límite, se transforma en una relación indefinida, conforme al principio de confianza legítima. Argumenta que la relación laboral de la recurrente había derivado en indefinida, por lo que solamente podía cesar en virtud de calificación deficiente o sumario administrativo.

En definitiva, solicita que se ordene dejar sin efecto la decisión contenida en la carta de término de contrato; se disponga el reintegro de doña nombre reservado en su puesto de trabajo, asimilándola a la misma categoría y grado que ostentaba; se ordene el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas desde el 1 de enero de 2025 hasta su reincorporación; se decreten las medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho; y se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que al evacuar informe, don Sebastián Maldonado Tapia, abogado, en representación de la recurrida Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores (CORESAM), solicita se declare la inadmisibilidad del recurso por extemporaneidad y, subsidiariamente, el rechazo del presente recurso en todas sus partes.

En primer lugar, la recurrida solicita que se declare la inadmisibilidad del recurso por extemporaneidad. Sostiene que, en virtud del documento acompañado por la contraria suscrito por Secretaría General con fecha 30 de diciembre de 2024, denominado "aviso de término de contrato de trabajo", se puede establecer de manera cierta que la señora nombre reservado tuvo conocimiento de los hechos que impugna el día 30 de diciembre de 2024, y constando en autos que el recurso fue presentado el 30 de enero de 2025, transcurrieron 31 días corridos, excediéndose el plazo legal de 30 días establecido para interponer la acción constitucional.

Respecto al fondo del asunto, reconoce que la recurrente ingresó efectivamente el 1 de abril de 2021 mediante contrato a plazo fijo, firmado libre y voluntariamente, bajo el marco jurídico del artículo 14 de la Ley N° 19.378 del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, siendo renovado periódicamente hasta que su última contrata venció el 31 de diciembre de 2024. Enfatiza que la recurrente nunca participó en algún concurso público que finalizara con su incorporación a planta, formando siempre parte del personal a plazo fijo.

Refiere que existe una notoria ambigüedad y contrariedad en lo declarado por la recurrente respecto a la fecha en que tomó conocimiento de su no renovación. Aduce que, mientras por una parte indica que se enteró mediante llamada telefónica el día 8 de enero de 2025, por otra declara que producto de ello habría concurrido el día 6 de enero de 2025 a su lugar de trabajo, obteniendo copia del aviso de término de contrato de trabajo. Alega que esta incoherencia, sumada a la existencia de un contrato a plazo fijo cuya vigencia se extendía hasta el 31 de diciembre de 2024, constituyen indicios de que la fecha de conocimiento de los hechos por parte de la recurrente corresponde al día 30 de diciembre de 2024.

Argumenta que la Corporación Municipal de Conchalí es una corporación de derecho privado creada al amparo del artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 13.063, de 1980. En consecuencia, constituye una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, que no forma parte de la administración del Estado, pese a que realiza funciones propias de una municipalidad. Por esta razón, la Corporación no puede dictar actos administrativos y, en consecuencia, no resulta aplicable la Ley N° 19.880 de Bases de Procedimiento Administrativos de los Órganos del Estado.

Respecto al principio de confianza legítima, afirma que dicho principio solo es aplicable para funcionarios públicos y no para los asistentes de la salud primaria dependientes de una Corporación privada. El recurrente se considera regulado por el Estatuto de Atención Primaria de la salud por aplicación del artículo 1° de la Ley N° 19.378, sin embargo, no es una funcionaria pública por cuanto depende de una persona jurídica de derecho privado, y no del Estado ni de una Municipalidad.

Adicionalmente, invoca el reciente criterio de la Contraloría General de la República, plasmado en Dictamen N° E561358 de 6 de noviembre de 2024, que establece que corresponde a los Tribunales de Justicia resolver sobre la materia de confianza legítima, absteniéndose la Entidad Fiscalizadora de pronunciarse sobre asuntos de naturaleza litigiosa.

Estima que la decisión de no renovación se encuentra debidamente fundada mediante Resolución N° 735/2024 de 2 de diciembre de 2024 de CORESAM, materia "Informa no renovación de contratos", y que se ajusta al ordenamiento jurídico nacional, haciendo uso del artículo 48 letra c) de la Ley N° 19.378, esto es "vencimiento del plazo del contrato". Asimismo, invoca el ORD N° 281 del 3 de mayo de 2024 de la Dirección del Trabajo, según el cual la Corporación no tiene la obligación de dar aviso anticipado del término del contrato de trabajo de plazo fijo.

En relación transformación del contrato a plazo fijo en indefinido, postula que existe una manifiesta contradicción en la aplicación del numeral 4 del artículo 159 del Código del Trabajo, toda vez que el término del contrato y sus causales se encuentran expresa y debidamente regulados en el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

Considera que la recurrente no explica el sustento de encontrarse efectivamente afectados los derechos mencionados, ni la relación causal entre la decisión y su afectación. Plantea que será necesario un juicio de lato conocimiento para determinar la procedencia efectiva del derecho reclamado, citando jurisprudencia que establece que la acción de protección debe ser rechazada cuando pretende proteger derechos controvertidos.

Finalmente, contradice la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, señalando que no existe discriminación arbitraria, puesto que se dio término por vencimiento del plazo sin renovación a más de 35 ex funcionarios dependientes de establecimientos de salud administrados por la corporación. Asimismo, niega la vulneración al derecho de propiedad, toda vez que no existiría ni siquiera una mera expectativa de percibir remuneraciones para el período 2025.

Por todo lo expuesto, solicita que se declare la inadmisibilidad del recurso por extemporaneidad y, subsidiariamente, que se rechace la acción de protección deducida en todas y cada una de sus partes, con costas.

Tercero: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: Que, para resolver la alegación de extemporaneidad, se debe tener presente que el artículo 1º del Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos y contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

El plazo para recurrir de protección está determinado de manera precisa en el mencionado auto acordado y tiene un carácter objetivo, sin que en su regulación quepa intervención de las partes. Ello se explica a partir del mismo texto del precepto, en cuanto persigue como finalidad poner pronto remedio a los efectos que puede provocar, respecto del derecho fundamental de toda persona, un acto u omisión que puede reputarse como arbitrario o ilegal.

Quinto: Que, sentado lo anterior, cabe relevar que la recurrente señaló que el día 6 de enero de 2025 concurrió a su lugar de trabajo y consiguió una copia de su carta de desvinculación, oportunidad en la que –se entiende- la actora alega que tomó conocimiento del acto recurrido. En estas circunstancias, recayó de cargo de la entidad recurrida acreditar los fundamentos fácticos de su alegación, esto es, que la actora se impuso de la decisión objeto del recurso con fecha 30 de diciembre de 2024, carga que, sin embargo, no satisfizo, pues no acompañó al proceso antecedente alguno que diera cuenta de alguna notificación del acto en fecha diversa a la invocada por la actora; motivo por el cual no cabe sino rechazar la alegación en comento y estimar que la presente acción cautelar ha sido interpuesta de manera oportuna.

Sexto: Que el asunto sometido a conocimiento de esta Corte, consiste en la decisión de la recurrida de no renovar la contrata de la recurrente para el año 2025. En dicho sentido cabe tener en cuenta que, tratándose la recurrida de una Corporación de derecho privado, no se encuentra comprendida en el artículo 1º de la Ley Nº18.834, sobre el Estatuto Administrativo, sino que, la relación entre la actora y dicha entidad se encuentra regulada por la Ley Nº19.378, que en su artículo 14 dispone “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario. El número de horas contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior al 20% de la dotación”.

A su turno el artículo 48 del mismo cuerpo normativo, en su letra c) indica: “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: (…) c) Vencimiento del plazo del contrato”.

Séptimo: Que de lo señalado, aparece que la recurrente se encontraba sujeta al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y el término del vínculo con la recurrida se sujetó a las disposiciones de la Ley 19.378, específicamente su artículo 48, letra c). En dicho sentido, la pretensión de la recurrente importaría en la práctica la transformación de su contrato a plazo fijo en uno indefinido, lo que es del todo improcedente, en atención a lo dispuesto en el artículo 14 antes citado.

Octavo: Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que, a su vez, sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado.

Noveno: Que, por lo antes indicado, el hecho que motiva la interposición de esta acción cautelar no puede calificarse como una actuación arbitraria o ilegal, por lo que no puede prosperar y, en cuanto a su mérito, no corresponde calificarlo en esta sede puesto que el ordenamiento jurídico provee los canales adecuados y especializados para ello.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2074-2025.