nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (GGDD)

C.A. de Santiago Santiago, tres de febrero de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece Héctor Larraguibel Calé, abogado, en representación de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, por haber retenido ilegal y arbitrariamente los montos correspondientes a un crédito laboral obtenido mediante conciliación judicial, conculcando con ello el derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 Nro. 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que en el contexto del juicio RIT Nro. O-7601-2022 del 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, las recurrentes arribaron a un avenimiento con el Fisco de Chile, el que fue aprobado por resolución de 11 de junio de 2022, obligándose este último a pagar la suma única y total de $831.526 a cada una de las actoras. Sin embargo, sostiene que el Fisco de Chile, a través de la Tesorería General de la República, no realizó el pago acordado, reteniendo los montos por registrar las recurrentes deudas por concepto de Crédito Universitario Aval del Estado (CAE), actuación de la que habrían tomado conocimiento el 3 de octubre de 2024, cuando su abogado concurrió a las dependencias de la recurrida y constató que la retención se había practicado el 11 de septiembre de ese año.

Argumenta que el actuar de la Tesorería General de la República es contrario a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Nro. 20.027, pues este solo autoriza la retención en casos de devolución de impuesto, y no por un crédito que surja del derecho laboral. Además, sostiene que cualquier compensación debe hacerse valer en un juicio declarativo ante un órgano jurisdiccional, debiendo acreditarse los requisitos legales en un procedimiento racional y justo.

Agrega que aquello ha vulnerado el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nro. 24 de la Constitución Política, pues ha privado a las recurrentes de su derecho de propiedad sobre el dinero que tenían derecho a percibir, proveniente del pago de su crédito laboral obtenido mediante conciliación judicial.

Por estas razones, solicita que se declare que la retención informada y percibida es ilegal y arbitraria, se disponga el reintegro de lo retenido y se ordene a la recurrida abstenerse de efectuar o informar nuevos descuentos en las remuneraciones de las actoras, con costas.

Segundo: Que evacuando informe, la recurrida niega haber incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, explicando que en el caso de autos no operó una retención de fondos, sino una compensación legal de deudas recíprocas entre las actoras y el Fisco.

Expone que mediante Resolución Exenta Nro. 2468 de fecha 21 de agosto de 2024, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ordenó al Servicio de Tesorerías pagar a cada una de las recurrentes la suma de $831.526 en cumplimiento de la conciliación acordada el 11 de junio de 2024 ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en causa RIT O-7601-2022. Sin embargo, explica que dicho pago no se realizó ya que operó una compensación entre deudas recíprocas de las recurrentes y el Fisco, específicamente respecto de las deudas por Crédito con Aval del Estado (CAE) que mantenían las actoras.

Refiere que la facultad de compensar se encuentra contemplada en el artículo 6° del D.F.L. Nro. 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los requisitos que establece el artículo 1.656 del Código Civil.

Asimismo, sostiene que el artículo 17 de la Ley Nro. 20.027 invocado por las recurrentes no resulta aplicable al caso, pues dicha norma regula la facultad de retención de devoluciones de impuestos que beneficia a las instituciones financieras acreedoras del CAE, siendo aplicable en cambio el artículo 18 bis de la misma ley, que faculta a la Tesorería para ejercer acciones de cobranza respecto de los créditos en que se ha hecho efectiva la garantía estatal.

Finamente, argumenta que el monto compensado no corresponde a remuneraciones laborales, toda vez que proviene de una conciliación judicial en la que el Fisco no reconoció la existencia de una relación laboral y las recurrentes se desistieron de sus pretensiones, otorgándose las partes el más amplio y recíproco finiquito.

Tercero: Que sin perjuicio de lo anterior, a folios 8 y 10, la recurrida complementó su informe previo, señalando que luego de un nuevo estudio de los antecedentes, procedió a instruir la descompensación y el subsecuente pago de lo ordenado mediante Resolución Exenta Nro. 2468 de 21 de agosto de 2024 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, acompañando comprobantes de egreso que dan cuenta del pago de aquello mediante depósitos en las cuentas RUT de las actoras, realizados el día 9 de diciembre de 2024.

De esta forma, sostiene que el acto que motivó la presente acción cautelar ha desaparecido, cualquiera sea la calificación jurídica que se tenga del mismo, por lo que solicita el rechazo del recurso al haber dejado de existir los hechos que le sirvieron de fundamento.

Cuarto: Que conforme es generalmente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Consecuentemente, para la procedencia de la acción cautelar de protección es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Quinto: Que, en la especie, la conducta reprochada corresponde a la determinación adoptada por el Tesorero General de compensar deudas por Crédito con Aval del Estado con estipendios derivados de un juicio laboral; actuación administrativa fundamentada en el Decreto con Fuerza de Ley Nro.1, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, del año 1994.

Sexto: Que, al efecto, el artículo 6° de dicho estatuto establece que “[s]e autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”. Añadiendo el artículo 7° siguiente que “[c]uando concurran las circunstancias señaladas en el artículo anterior, la Tesorería no aplicará intereses sobre la parte o el total de los tributos insolutos que sean iguales al monto de lo adeudado por el Fisco”.

Séptimo: Que dichas normas deben ser leídas armónicamente en el contexto en que han sido otorgadas, esto es, de tributación con la finalidad de obtener el recupero de impuestos y derechos fiscales.

Por esta razón la referencia en el artículo 6° citado a la expresión “compensar deudas de contribuyentes” queda explicada en términos restrictivos con lo que previene el artículo 7° que expresamente utiliza la frase “tributos insolutos”.

Octavo: Que, aun cuando lo hasta aquí argumentado resulta ser suficiente para acceder a la petición de las recurrentes, debe tenerse también en consideración —como lo ha sostenido nuestro máximo tribunal— que en este tipo de asuntos debe examinarse la viabilidad de la compensación tributaria, desde que “[l]a Ley N° 20.027, tuvo por objeto la creación de un nuevo sistema de financiamiento de estudios de educación superior, en aras de asegurar el financiamiento de aquellos estudiantes que, aun cuando cumplen con las capacidades académicas mínimas exigidas por ley, no cuentan con los recursos económicos para solventar los costos asociados al desarrollo de tal actividad.

Así pues, surge el Crédito con Garantía Estatal que procura el desarrollo de las actividades académicas por los estudiantes, sin que se vean constreñidos por cuestiones de naturaleza económica, cuya solución se posterga más allá de la conclusión de los estudios de educación superior, a través de los mecanismos contemplados en el mismo cuerpo legal.

Es así que, una de las medidas que la ley establece para asegurar que el estudiante pague el crédito que se le ha otorgado, es la facultad entregada a la Tesorería General de la República para retener la devolución de impuestos a la renta en caso de existir cuotas impagas. En ese orden de ideas, el inciso 1 ° del artículo 17 de la citada ley, dispone:

‘La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia acreedora en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda […]’”. (Sentencia Corte Suprema Rol Nro. 206.904-2023).

A lo anterior añade la Corte Suprema que “[…] de lo dicho, surge que a partir de la promulgación de la Ley N° 20.027 en el año 2005, el ordenamiento jurídico contempla una regulación especial no sólo para el financiamiento de estudios de educación superior de un determinado grupo de estudiantes, sino que, también, entre otros aspectos, para la obtención del pago de los créditos garantizados, a través de la retención de la devolución de impuestos a la renta o la deducción de las remuneraciones obtenidas por los beneficiados. Ergo, la aplicación de la compensación tributaria que permite la Ley Orgánica al Servicio de Tesorerías y el artículo 34 del D.L. N° 1.263, de 1975 , Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, no resulta plausible para extinguir las obligaciones de esta naturaleza, desde que, tal como se adelantó, tiene una regulación especial en la ley, tanto más cuanto que, es claro que la especialidad normativa obliga a la aplicación preferente de la norma especial sobre la norma general” (Sentencias Corte Suprema Roles Nros. 150.310-2020 y 12.513-2021), en este mismo sentido se ha pronunciado el máximo Tribunal en las causas Roles Nros. 182.628-2023, 217.727-2023, 178.236-2023 y 175.420-2023.

Noveno: Que en esa dirección y dado que la Tesorería hace extensiva la aplicación de la norma más allá de los contornos que le son propios, por cuanto ha pretendido compensar deudas de origen laboral, su conducta se ha tornado en ilegal, perturbando la garantía constitucional prevista en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Ciertamente, como consecuencia la indebida compensación de obligaciones, efectuadas por el servicio de tesorería, las actoras se vieron privadas de percibir los montos obtenidos con ocasión de transacción judicial acordada en autos ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. A lo anterior debe adicionarse que la norma aludida protege el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, particularmente si estos han sido incorporados en el patrimonio de las recurrentes producto de su trabajo, lo que les confiere especial relevancia al estar vinculados a sus necesidades básicas y de subsistencia.

Décimo: Que sin perjuicio de lo ya razonado, de los antecedentes aportados en autos, particularmente del informe complementario de la recurrida, consta que la Tesorería General de la República procedió a efectuar la descompensación de los montos inicialmente retenidos y realizó el pago íntegro de las sumas adeudadas a cada una de las recurrentes, mediante depósito en sus respectivas cuentas RUT. Circunstancia que ha sido debidamente acreditada con los comprobantes de egreso acompañados, por lo que el acto que motivó la interposición del recurso ha dejado de producir efectos, al haberse efectuado el pago de las sumas que se reclamaban, desapareciendo con ello la situación que habría motivado la vulneración de garantías constitucionales denunciada por las recurrentes.

En estas circunstancias, no cabe más que concluir que la acción constitucional ha perdido oportunidad, toda vez que no existe actualmente una situación que esta Corte deba cautelar mediante el ejercicio de sus facultades conservadoras.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se rechaza, sin costas, el arbitrio deducido por Héctor Larraguibel Calé, en representación de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte Nro. 20.716-2024 (Protección).