nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

Santiago, nueve de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES (en adelante también “Caja Los Andes”) a fin de que esta Corte adopte las medidas tendientes a cautelar el legítimo ejercicio de los Derechos Constitucionales establecidos en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio se amenaza, priva y perturba a la recurrente consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de la recurrida derivada por los descuentos por planilla de un crédito social, en circunstancias de haberse iniciado proceso judicial de cobranza en su contra.

Relata que, con fecha 9 de noviembre del 2023, la recurrente adquirió un crédito social Caja Los Andes, por un monto de $5.352.973, suscribiéndose al efecto, pagaré signado con el número N° 208COS100237557, el cual se pagaría en 48 cuotas mensuales y sucesivas de $197.834, venciendo la primera de ellas el 31 de enero del año 2024. Indica que solo pagó primera cuota reprogramada, cuyo vencimiento acaeció en el 31 de enero del 2024 por lo que, el 9 de julio del año 2024, la recurrida interpuso demanda ejecutiva en su contra, la que está siendo tramitada ante el 2º Juzgado Civil de San Miguel, en autos caratulados “nombre reservado/nombre reservado” Rol C-3444-2024. Dicha causa se encuentra válidamente notificada y requerida de pago, al día de la presentación de este recurso, se encuentra en tramitación, lo que denota que la recurrida, en su calidad de acreedor, ha elegido la vía judicial para exigir el cobro de la deuda, por lo que, para logar el pago de lo adeudado, debió únicamente circunscribirse a esta premisa, y no, simultáneamente mediante el cobro a través de descuentos en su liquidación de sueldo. Indica que desde el 0 de julio del año 2024, se desempeña como Analista Sr nombre reservado, en AFP Planvital SA.

Señala que, tras recibir la liquidación correspondiente al mes de diciembre de 2024, pudo apreciar que, en su liquidación de sueldo, en la sección titulada “Detalle Descuentos”, aparecía reflejado un descuento por un monto de $ 275.927 el que lleva como título “Créditos personales CCAF”. Indica que, los descuentos realizados por el empleador, a solicitud directa de la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES, importa un perjuicio significativo para ella y su familia.

Destaca que la situación relatada, no solo la afecta en su calidad de trabajadora, sino que además afecta de manera directa la estabilidad financiera de su familia, quienes dependen de su remuneraciones.

Adicionalmente, aduce que, mediante su actuar, la recurrida ejerce de manera indirecta una especie de autotutela, al descontar sin fundamentos parte de su sueldo, desconociendo con este acto las acciones judiciales que la misma recurrida se encuentra realizando en causa Rol C-3444-2024 del 2° Juzgado Civil de San Miguel. 13.

Reitera que es claro que la Caja Los Andes optó por judicializar el cobro de la obligación, sustrayendo así su cobro del ámbito extrajudicial que ahora pretende, retomando los descuentos de dicho crédito con el empleador del protegido, lo que conduce a calificar de arbitraria dicha actuación, al revivir un cobro basado en un beneficio que se concede por la ley ante cobros oportunos, calidad que no es posible predicar en este caso, de modo que tratándose de una facultad excepcional la que le concede la ley, su ejecución ha de ser restrictiva, en especial considerando que ha ejercido ante el 2° Juzgado Civil de San Miguel, acción de cobro ejecutiva.

Concluye que el actuar de la recurrida no solo constituye una especie de autotutela, sino que además configura un acto del todo arbitrario, obteniendo de esta manera el pago de la deuda de forma irregular, sin que para ello medie fundamento y sustento legal. Subrayando que la recurrida, al realizar estos descuentos, transgrede de manera directa los fundamentos que dan resguardo a los derechos constitucionales tratados en la Carta Fundamental, según relata.

Denuncia que se ha vulnerado la garantía constitucional establecida en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, específicamente su numeral 24, el cual contempla el Derecho de Propiedad.

Por su parte, señala que el Código del Trabajo en su artículo 58, se refiere a los descuentos que se pueden realizar sobre las remuneraciones de los trabajadores, disponiendo el inciso tercero de dicha norma .. “Sólo con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Refiere que no ha habido tal acuerdo lo que deviene el descuento en ilegal, citando jurisprudencia de la Corte Suprema que respalda su tesis.

En síntesis, recurre en contra del acto que considera ilegal y arbitrario cometido por la recurrida al descontar parte de sus remuneraciones, por concepto de una deuda que se encuentra judicializada a la fecha, todo lo cual importa una privación al legítimo ejercicio de la garantía establecida en el artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República.

Pide a esta Corte, que acoja el recurso interpuesto, y adopte las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando a la recurrida las siguientes acciones: 1. Que se deje sin efecto los descuentos sobre sus remuneraciones y se prohíba volver a realizarlos, sin perjuicio de otras medidas de protección que esta Corte estimare necesario adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho. 2. Que se restituyan los montos descontados, desde la última liquidación de diciembre del 2024, y los que durante la tramitación del presente recurso se realicen. 3. Se condene en costas a la parte recurrida de autos.

Segundo: Que, a su turno, informa la recurrida, Caja De Compensación De Asignación Familiar Los Andes evacúa Informe, solicitando se rechace el recurso impetrado. Refiere, en primer lugar, los créditos sociales otorgados al recurrente, señalando que la Caja Los Andes, con fecha 9 de noviembre 2023 otorgó a la recurrente la operación de crédito código N° 208COS100237557, por un capital inicial de $5.119.423.-, a una tasa de Interés mensual de 2.5%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota mensual de $197.834, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de enero 2024. Indica que las cuotas de los meses de enero a agosto 2024 y abono a cuota del mes de septiembre 2024 por la suma de $18.023, cuotas N° 1 a N° 9, fueron pagadas con fecha 23 de marzo 2024 al 10 de enero 2025. Por su parte, señala también que, a la fecha del Informe, la presente operación de crédito mantiene en estado moroso las cuotas de los meses de septiembre a diciembre 2024, cuotas N° 9 a N° 12. Destaca que se trata de un crédito plenamente vigente, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno según.

En cuanto al carácter social de los créditos otorgados por las cajas de compensación y mecanismo de cobro según el artículo 22 de la Ley 18.833., refiere que, en sus inicios las Cajas de Compensación tuvieron como objeto compensar las asignaciones que eran pagadas por los empleadores con las cotizaciones previsionales que los trabajadores debían enterar, las que fueron denominadas “Cajas de Compensación de Asignación Familiar Obrera”. Luego, con la dictación del Decreto con Fuerza de Ley N° 245 de 1953, tales entidades tuvieron reconocimiento jurídico. Indica que, en la actualidad, estas entidades de previsión social se encuentran reguladas por la Ley N° 18.833, que establece un nuevo estatuto para las C.C.A.F., publicada en el Diario Oficial de 26 de septiembre de 1989. El artículo 1° de este cuerpo legal las define como “Corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social”. Durante su evolución histórica se les ha asignado un objeto genérico, cual es la administración de prestaciones de seguridad social, para cuyo cumplimiento desempeñan funciones obligatorias y otras facultativas, establecidas todas por la ley. Entre las primeras se encuentran las asignaciones familiares, los subsidios por cesantía y por incapacidad laboral. Las facultativas corresponden a prestaciones destinadas al bienestar social, como los bonos por fallecimiento, matrimonio, escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y, a su vez, los créditos sociales. En el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833. En su número 3° se indica que las Cajas de Compensación pueden “administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley”. Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que “las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”.

Enfatiza que estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar. Señala que, si bien en la actualidad las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio, se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley N° 18.833 les ha otorgado, refiriendo que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. El régimen de prestaciones de las mismas se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social que, de acuerdo al artículo 29 del citado cuerpo legal, se forma a través de las comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamos, rentas de inversiones, multas, intereses penales, productos de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley. En otras palabras, en cuanto a su financiamiento, administración e inversiones, se trata de un patrimonio de afectación sujeto a una normativa especial, pues está destinado al cumplimiento de fines específicos establecidos por la propia ley. Es por ello que el artículo 26 N° 3 de la ley ya citada expresamente prohíbe a las Cajas de Compensación destinar sus recursos a finalidades no autorizadas por ella. Dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga. (C. Suprema en Rec. de Casación en el Fondo Rol 97812-2016, a propósito del tipo de crédito que otorgan las Cajas de Compensación y la preferencia para su cobro en un procedimiento concursal).

Concluye que, en base a todo lo anterior queda claro, entonces, que el mecanismo del ‘descuento por planilla’ tiene varias particularidades: a. Se trata de un ‘mecanismo especial de pago’, inherente al régimen de ‘crédito social’ otorgado por las cajas de compensación, lo que tiende a disminuir el riesgo de éstas y, con ello, permite que el costo del crédito sea menor porque el pago del mismo se descuenta directamente de la remuneración del trabajador; b. Se trata de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación, porque las reglas del caso lo establecen de forma perentoria u obligatoria. Tiene exactamente el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales; c. La obligatoriedad del ‘descuento por planilla’ recae sobre el empleador y precisamente por eso es que el sistema legal establece que se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento, según se sigue del art. 22 inc. 2º de la Ley Nº 18.833: Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas. Lo mismo se sigue del Punto 3.1.17.1.1 párrafos 3º y 4º del Compendio: Por ello, respecto del trabajador el pago de lo debido por concepto de crédito social se produce cuando la entidad empleadora le paga la remuneración mensual, que es el momento en que por disposición legal corresponde que le efectúe el descuento, oportunidad a partir de la cual se entiende extinguida total o parcialmente su obligación, según sea el caso, de acuerdo a lo señalado por el N°1 del artículo 1.567 del Código Civil, esto es, por la solución o pago efectivo de ella. La circunstancia que la entidad empleadora no dé cumplimiento a la obligación de remesar a la C.C.A.F. las sumas descontadas a sus trabajadores por crédito social, no habilita a la C.C.A.F. para accionar en contra del trabajador, ya que, respecto de él la obligación se extinguió. Lo que procede en tal caso es cobrar a la entidad empleadora las sumas adeudadas por dicho concepto, conforme a las normas de cobro de las cotizaciones previsionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan contra la empresa. d. Es también preciso que quede establecido que el trabajador no puede oponerse ni negarse al ‘descuento por planilla’, porque la obligatoriedad mismo es un mecanismo normativo y propio del específico tipo de crédito otorgado. Si un trabajador no quisiera quedar sometido al ‘descuento por planilla’, entonces tendrá que obtener el crédito del sistema financiero bancario o de casas comerciales, el que (de seguro) será más caro debido al riesgo del repago; y e. Finalmente, es técnica y fácticamente imposible que pueda sostenerse que el funcionamiento del ‘descuento por planilla’ constituya una gestión de cobro por parte de la CAJA LOS ANDES, puesto que dicho mecanismo aplica y funciona aun en el evento que mi representada no haga nada o no lo desee, porque, como ya se dijo, no obedece ni depende de la voluntad del acreedor, sino que se trata de una obligación legal y reglamentaria para este especial tipo de ‘créditos sociales’.

Destaca que la Caja Los Andes ha actuado conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre la Caja los Andes el recurrente. Señala que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior agrega que el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos. Este punto también ha sido objeto de pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, que regula los créditos sociales, y que ha señalado, en Dictamen Nº2659-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, lo siguiente: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos.”. Por otro lado, insistimos en que cualquier alegación de la recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento. Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con mi representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Tercero: Que el recurso de protección puede conceptualizarse como una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece sin perjuicios de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia uniformemente han sostenido que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado.

Cuarto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que resultan hechos no controvertidos del recurso, de conformidad a los antecedentes agregados, y por haberlo ratificado la propia entidad recurrida, que el crédito cuyo cobro se impetra mediante descuentos por planilla de las remuneraciones del actor, corresponden a un crédito social otorgado por la Caja Los Andes a la recurrente con fecha 9 de noviembre del 2023, por un monto de $5.352.973, suscribiéndose al efecto, pagaré signado con el número N° 208COS100237557, pagadero en 48 cuotas mensuales y sucesivas de $197.834, venciendo la primera de ellas el 31 de enero del año 2024, pagando solo la primera cuota y los descuentos han operado a partir del mes de julio de 2024.

Luego, con ocasión de la mora en el pago de la misma obligación, la Caja de Compensación acreedora, ha perseguido jurisdiccionalmente el cobro de la obligación referida, mediante la interposición de la correspondiente acción ejecutiva, en causa tramitada ante el 2º Juzgado Civil de San Miguel, en autos caratulados “nombre reservado/nombre reservado” Rol C-3444-2024.

Sexto: Que el acto que se tacha de ilegal y arbitrario por el recurrente está constituido por la realización de descuentos efectuados a su remuneración, derivados de la contratación de un mutuo o crédito de carácter social, de acuerdo con las disposiciones del artículo 22 de la Ley N° 18.833, que establece:

“Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.”.

Séptimo: Que de los antecedentes se puede colegir que la recurrida se ha limitado en su proceder a hacer uso de la facultad que le confiere el artículo antedicho, pues no está discutido que la recurrente mantiene una deuda con la Caja de Compensación recurrida, producto de un préstamo que esa institución concedió al compareciente.

Octavo: Que, en tal virtud, y teniendo en consideración que de los antecedentes allegados al proceso, consta que se encuentra en tramitación el juicio ejecutivo de cobro de pagaré en la causa tramitada ante el 2º Juzgado Civil de San Miguel, en autos caratulados “nombre reservado/nombre reservado” Rol C-3444-2024; y no correspondiendo a esta Corte emitir por esta vía cautelar un pronunciamiento de esa naturaleza –materia que debe ventilarse ante la justicia ordinaria en el marco del procedimiento establecido para ello-, la acreencia materia de autos se encuentra plenamente vigente, y no se advierte, en la especie, la existencia de un acto ilegal o arbitrario que infrinja alguna garantía constitucional protegida en la Carta Fundamental, motivo suficiente por el cual la presente acción debe ser rechazada.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Se previene que el ministro señor Mera concurre a la decisión, pero sin compartir el fundamento Octavo.

Redacción de la abogada integrante señora Vidaurre.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección 2071-2025.

No firma el ministro (i) Sr. Avilés, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado su interinato.