nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, catorce de enero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 17 de septiembre de 2025, se deduce acción constitucional de protección en favor de Yindry Berlay nombre reservado, contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A. y la Superintendencia de Pensiones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la notificación de fecha 26 de agosto de 2025 que rechaza la solicitud de retiro de fondos para técnicos extranjeros, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que su representada, de nacionalidad venezolana y licenciada en Contaduría Pública, solicitó la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156. Expone que la recurrida rechazó dicha solicitud argumentando que el certificado de la institución de seguridad social no cumplía con los criterios de aceptación. Al respecto, el recurrente sostiene que se han cumplido íntegramente los requisitos legales, pues se acreditó la calidad de técnica, la afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales mediante constancia electrónica verificable en línea y la voluntad de mantener dicha afiliación en su contrato de trabajo. Argumenta que la exigencia de apostilla o legalización constituye un requisito adicional no contemplado en la ley, el cual es de cumplimiento imposible debido a la actual crisis diplomática y la inexistencia de representación consular venezolana en Chile, configurando un caso fortuito o fuerza mayor.

Previas citas legales, pide en definitiva, se acoja el recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto, se reconozca la validez de la documentación acompañada y se ordene a la recurrida proceder a la devolución de los fondos previsionales en un plazo razonable.

SEGUNDO: Que, con fecha 29 de septiembre de 2025, que evacúa el informe respectivo la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que la recurrente inició el trámite de devolución de fondos el 26 de agosto de 2025, adjuntando documentos que fueron observados por no cumplir con los requisitos legales y normativos. Precisa que el certificado de la institución de seguridad social extranjero presentado por la afiliada no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado, requisito esencial para que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile tengan valor probatorio en el país.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que se ha ceñido estrictamente a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Sostiene que la simple verificación en un portal web no sustituye las formalidades exigidas por el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Menciona que la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N° 12954 de 17 de julio de 2025, aclaró que las certificaciones electrónicas venezolanas sin apostilla no sirven como medio de prueba para acreditar la cobertura previsional extranjera.

Solicita, en definitiva, el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, con fecha 9 de diciembre de 2025, comparece la abogada Natalia Arena Muñoz, en representación de la Superintendencia de Pensiones, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que las instrucciones impartidas a las Administradoras de Fondos de Pensiones se ajustan estrictamente a la legalidad vigente. Señala que las certificaciones emitidas en el extranjero deben presentarse debidamente legalizadas o apostilladas conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla, del cual tanto Chile como Venezuela son estados parte. Sostiene que las constancias electrónicas que carecen de firma de la autoridad emisora y de apostilla no constituyen medios de prueba idóneos para acreditar la cobertura previsional exigida.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que las declaraciones juradas ante notario chileno tampoco suplen la certificación de la autoridad previsional competente del país de origen, quien es la única facultada para dar fe de la cobertura de riesgos. Precisa que, tras el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, los afiliados deben obtener la apostilla a través de los canales digitales oficiales del gobierno venezolano, los cuales se mantienen operativos.

Precisa que, si durante la época en la cual el trabajador extranjero prestó servicios, señaló explícitamente acogerse al sistema previsional chileno y, posteriormente, manifiesta que su intención era la de mantenerse afecto a la seguridad social de otro país, la recurrente no puede pretender que las cotizaciones efectuadas a la Administradora nacional le sean devueltas, toda vez que, dicha declaración resulta extemporánea.

Solicita, en definitiva, el rechazo de la acción de protección, por no existir un acto ilegal o arbitrario imputable a su servicio.

CUARTO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. UNO, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por el recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el documento: “Certificado Institución de Seguridad Social: El documento no cumple criterios de aceptación para esta solicitud.”;

SEXTO: Que sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N° 18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado….

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”;

SÉPTIMO: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que las exigencias formales y sustantivas requeridas por la institución recurrida se ajustan estrictamente a la normativa legal, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en favor de Yindry Berlay nombre reservado , en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A. y la Superintendencia de Pensiones, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-20707-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Freddy Antonio Cubillos Jofré y el Abogado Integrante señor Manuel Domingo Antonio Luna Abarza.

En Santiago, catorce de enero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.