nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, nueve de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, abogado, actuando por doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensión Plan Vital S.A., por haber rechazado mediante comunicación de fecha 28 de agosto de 2025 la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero formulada por la recurrente. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la Administradora de Fondos de Pensión (AFP) habría incorporado requisitos no contemplados expresamente en la Ley N°18.156, exigiendo que el certificado de afiliación a la seguridad social del país de origen se encuentre apostillado o legalizado, pese a que la normativa especial no establece dicha formalidad, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, consagrados en el artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que doña nombre reservado solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensión Plan Vital, mediante el portal web correspondiente, la devolución de sus fondos previsionales de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que dicho cuerpo normativo indica. Señala que, con fecha 28 de agosto de 2025, la recurrente fue notificada mediante correo electrónico del rechazo de su solicitud por no haber acompañado un certificado o constancia de afiliación válida, vigente y susceptible de validación, que lograra acreditar que la trabajadora se encontrara afiliada a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Agrega que la recurrida fundamentó adicionalmente su rechazo indicando que, para acreditar la cobertura en el país de origen, no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social, sino que debe consignarse en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho de que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos indicados durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile. No obstante lo anterior, sostiene la recurrente que de la propia respuesta de la recurrida se desprende implícitamente que la afiliación existe, pues del certificado acompañado consta la fecha de afiliación a la seguridad social venezolana.

Expone asimismo que la constancia electrónica de afiliación emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales puede ser verificada a través del portal web oficial de dicha institución, mediante el ingreso del código de verificación alfanumérico que el propio documento contiene, o bien ingresando el número de cédula de identidad venezolana de la interesada. Precisa que el código de verificación correspondiente a la recurrente es 32c300002-2025709, y que su cédula de identidad venezolana es N°RUT reservado, datos con los cuales cualquier persona puede constatar la autenticidad y vigencia del documento en cuestión. Añade que la constancia electrónica es expedida por la autoridad venezolana competente, en cumplimiento de sus facultades legales, y que incluso, en el evento improbable de que no fuere suficiente dicha constancia, se realizó una declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada para su constatación.

Indica además que otras Administradoras de Fondos de Pensiones, como AFP Cuprum, realizando el mismo procedimiento de verificación electrónica del código de validación de la constancia, han concluido que dicho documento cumple con los requisitos establecidos en la ley, otorgando respuestas favorables a solicitudes similares. Sin embargo, la AFP recurrida insiste en señalar que las constancias electrónicas no constituyen documentos válidos, sin especificar el motivo de tal afirmación ni el fundamento jurídico que la sustente.

En lo que respecta a los fundamentos de derecho invocados, hace presente que el artículo 1° de la Ley N°18.156 establece que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal estarán exentos del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. Por su parte, el artículo 7° del mismo cuerpo legal dispone que, en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de la ley.

En ese orden de cosas, afirma que la recurrente cumple íntegramente con los requisitos establecidos en la normativa citada, por cuanto se encuentra afiliada a la seguridad social de su país de origen, según consta de la constancia electrónica acompañada, y ha manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo y sus anexos. Argumenta que la recurrida realiza una interpretación excesivamente formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, que es permitir a los técnicos profesionales extranjeros disponer de sus ahorros previsionales cuando acrediten su afiliación a un régimen de seguridad social en el extranjero.

Invoca asimismo el artículo 18 del Código Civil, que señala que en los casos en que las leyes chilenas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de estas en el país en que hubieren sido otorgadas. Así, arguye que esta disposición sustenta su teoría del caso, puesto que la ley no exige formalidades adicionales, por lo que la recurrida yerra al rechazar el retiro de fondos cuando se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Adicionalmente, hace presente que es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en Chile, por lo que incorporar un requisito de apostilla o legalización que resulta imposible de cumplir contradice lo estatuido en el artículo 45 del Código Civil respecto del caso fortuito o fuerza mayor. Señala que la falta de apostilla o legalización es un hecho que no se encuentra dentro de la esfera de control de la recurrente, sino que depende únicamente de las relaciones diplomáticas entre los Estados de Chile y Venezuela, circunstancia que la recurrida conoce plenamente por ser un hecho público y notorio.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, expone la recurrente que el actuar de la recurrida transgrede el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, toda vez que se le ha dado un trato desigual respecto de otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con los mismos requisitos, han obtenido respuestas favorables de otras administradoras de fondos de pensiones, requiriéndosele a la recurrente una formalidad adicional no contemplada en la Ley N°18.156 ni en su normativa complementaria. Asimismo, sostiene que se vulnera el derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, por cuanto la recurrente es titular de los fondos previsionales depositados en su cuenta de capitalización individual, y la negativa injustificada de la recurrida a proceder a su devolución le impide disponer de bienes que son de su exclusiva propiedad, afectando esencialmente su derecho de dominio. Finalmente, invoca el artículo 19 N°26 de la Constitución, argumentando que no pueden imponerse condiciones o requisitos que impidan el libre ejercicio de los derechos, como ocurre en la especie al exigirse formalidades no establecidas por el legislador que resultan de imposible cumplimiento para los nacionales venezolanos en las actuales circunstancias.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso de protección y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A. reconocer como válida la documentación acompañada por la recurrente, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptando todas las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada.

SEGUNDO: Que, a su turno, don Víctor Tabilo Marentis, abogado, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., evacuó el informe requerido solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas, fundado en las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

En cuanto a los hechos, señala la recurrida que con fecha 22 de agosto de 2025, doña nombre reservado ingresó ante la Administradora una solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, correspondiente a su vínculo laboral con Laboratorio Sanderson S.A., según consta en el folio N°20853. No obstante, expone que la documentación presentada no cumple con los requisitos copulativos exigidos por la normativa vigente, presentando deficiencias sustanciales que impiden dar curso favorable a la solicitud, vinculadas específicamente al incumplimiento del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, referido a la acreditación de cobertura previsional en el extranjero.

Respecto de la documentación acompañada para acreditar la afiliación previsional en el extranjero, indica que la recurrente presentó dos documentos: una declaración jurada otorgada ante la Notaría N°7 de San Miguel y una constancia electrónica de cotizaciones. Sin embargo, sostiene que estos documentos no cumplen con los estándares exigidos por la normativa vigente. En efecto, argumenta que la letra b) del N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece que el cumplimiento del requisito de afiliación debe acreditarse mediante certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

En lo que respecta a la declaración jurada, expone que esta constituye un documento unilateral, emitido por la propia parte interesada, sin respaldo de una entidad oficial ni cumplimiento de las formalidades exigidas por la Superintendencia de Pensiones, careciendo de la fuerza probatoria necesaria para acreditar el cumplimiento del requisito legal. Por su parte, en cuanto a la Constancia Electrónica de Cotizaciones, señala que tampoco satisface las exigencias normativas, por cuanto carece de firma autorizada, no ha sido apostillada ni legalizada y, aun cuando lo estuviera, no acredita cobertura real y efectiva de prestaciones en las contingencias requeridas por la Ley N°18.156 durante todo el tiempo trabajado en Chile. Agrega que el documento solo indica semanas cotizadas y hace una referencia genérica a la Ley del Seguro Social venezolana, lo que no permite verificar la extensión temporal ni la vigencia actual de la cobertura, ni que esta cumpla con los requisitos copulativos establecidos por la normativa chilena.

Sostiene que este criterio ha sido reiterado por la Superintendencia de Pensiones en diversos pronunciamientos, entre ellos el Oficio Ordinario N°20.294, de 8 de octubre de 2020, y el Oficio Ordinario N°25.057, de 29 de diciembre de 2023, en los que se instruye que las administradoras deben exigir documentos emitidos por la autoridad previsional competente, debidamente legalizados o apostillados, y que detallen de forma clara e inequívoca la cobertura integral otorgada. Añade que mediante el Oficio Ordinario N°12.954, de 17 de julio de 2025, la Superintendencia estableció que las constancias electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no se encuentren legalizadas o apostilladas, que omitan detallar las coberturas específicas y el período de protección, y que se limiten a referencias genéricas sobre el sistema previsional venezolano, no son idóneas para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido por la ley. Asimismo, indica que dicho oficio descartó expresamente el uso de declaraciones juradas suscritas por los propios afiliados, incluso si han sido certificadas ante notario público chileno y cuentan con apostilla, por cuanto no constituyen medios probatorios válidos en materias de seguridad social.

En cuanto a los fundamentos de derecho, expone que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino que su representada ha actuado estrictamente dentro del marco normativo vigente, cumpliendo con las obligaciones legales y reglamentarias que rigen el Sistema de Pensiones. Indica que la normativa aplicable se encuentra en la Ley N°18.156, complementada por el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Adicionalmente, señala que el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitarla nuevamente, ni produce indefensión a la recurrente, dado que mantiene incólume la posibilidad de completar los documentos exigidos y solicitar nuevamente la devolución de sus fondos previsionales.

Finalmente, sostiene que la acción de protección no es procedente para impugnar actos intermedios o trámites administrativos que no determinen el término del procedimiento ni afecten de manera irreversible el ejercicio de derechos fundamentales, existiendo vías ordinarias específicas fijadas por el legislador y la autoridad regulatoria para canalizar este tipo de solicitudes.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud devolución de fondos previsionales para extranjeros realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., lo cual le fue comunicado el día 28 de agosto de 2025, pretendiendo que se ordene a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada por la recurrente, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados, QUINTO: Que, en lo que se refiere al requisito invocado por la recurrida, la norma aplicable es el artículo 1° letra a) de la ley precitada, la cual, en lo pertinente, establece lo siguiente:

Artículo 1°: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un LEY 18726 régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y… b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Al respecto, Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II Cotizaciones Previsionales, Título XI Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales, número 1, letra B), señala expresamente la forma en que se debe acreditar este requisito, esto es:

“b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Esta condición se considerará cumplida también respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante la certificación que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio.”.

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que en la documentación presentada por la recurrente consistente en la Constancia Electrónica de Cotizaciones, y la declaración efectuada ante notario no dan cumplimiento a las exigencias contenidas en la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, no siendo idóneos para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1 letra a) de la ley N° 18.156, ya que este debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

SÉPTIMO: Que, en tal virtud, siendo este un requisito necesario para la procedencia de la solicitud efectuada, lo que fluye de la sola lectura del precepto recién reproducido, la no concurrencia de cualquiera de esos supuestos impide dar curso a la solicitud de la actora, con lo cual ha de concluirse que la recurrida AFP Plan Vital S.A, al denegar la devolución de las cotizaciones requeridas por el recurrente, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, pues se ha limitado a dar aplicación a la legislación vigente, señalando las razones que tuvo para así decidirlo.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el recurso debe ser desestimado, siendo inoficioso ponderar las garantías fundamentales que la actora estima vulneradas.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado actuando por doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensión Plan Vital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-20705-2025.