Protección contra Ministerio del Interior y Seguridad Pública

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de marzo de dos mil veintiséis.

Al escrito folio 18: a todo, téngase presente.

Al escrito folio 19, a sus antecedentes.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece don Juan Carlos Silva Quezada, abogado, en favor de doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado, todos de nacionalidad venezolana, e integrantes de un mismo grupo familiar, interponiendo recurso de protección en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado legalmente por don nombre reservado, y en contra del Subsecretario del Interior, don Víctor Ramos Muñoz, por haber dictado la Resolución Exenta NUM000 de fecha 19 de agosto del año 2025, mediante la cual se rechazó la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados presentada por los recurrentes y, simultáneamente, se les denegó la protección complementaria contemplada en el artículo 10 de la Ley N° 21.325, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que vulnera las disposiciones de la Ley N° 20.430 sobre Protección de Refugiados y de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, desconociendo además los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos aplicables en la materia, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley y a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, garantizados a todas las personas por los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, cautelados por la acción constitucional consagrada en su artículo 20, por lo que solicita que se acoja el presente recurso y se adopten las medidas conducentes a restablecer el imperio del derecho.

Expone que el grupo familiar recurrente ingresó a Chile en el mes de septiembre del año 2021 por paso no habilitado, provenientes de Venezuela, país que abandonaron como consecuencia de la crisis económica, la escasez de alimentos, la falta de empleo digno y la situación de violencia generalizada y violación masiva de derechos humanos que afecta a dicha nación. Asimismo, se refiere que dos de los integrantes del grupo familiar, don nombre reservado y don nombre reservado, participaron en protestas contra el régimen de gobierno, siendo ambos detenidos en distintas oportunidades. En particular, don nombre reservado fue golpeado al interior de un vehículo policial mientras se encontraba retenido, en tanto que don nombre reservado fue detenido junto a otros estudiantes en las inmediaciones de su colegio y mantenido en dependencias policiales hasta el día siguiente. Tales hechos generaron en ambos hermanos una sensación permanente de inseguridad y temor fundado a ser objeto de nuevas represalias.

Con fecha 9 de enero del año 2023, mediante distintas Resoluciones Exentas dictadas por el Servicio Nacional de Migraciones —específicamente las NUM001, NUM002, NUM003 y NUM004—, se otorgó a los integrantes del grupo familiar una visación de residencia temporaria por un período de ocho meses, en el marco del proceso de formalización de sus respectivas solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. Desde entonces y hasta la fecha de interposición del presente recurso, los recurrentes han obtenido y renovado cédulas de identidad en calidad de extranjeros con residencia temporaria, han iniciado actividades económicas ante el Servicio de Impuestos Internos, han dado cumplimiento a sus obligaciones tributarias y han asentado su vida familiar en el país por un período superior a cuatro años. Adicionalmente, durante dicho período se produjo en Chile el nacimiento de una nueva integrante del grupo familiar, quien posee la nacionalidad chilena.

Sostiene, en primer término, que la Resolución Exenta NUM000 infringe la Ley N° 20.430, en su artículo 2° N° 2, por cuanto los antecedentes acreditados en el proceso —que incluyen detenciones arbitrarias, actos de violencia física, participación en protestas políticas y huida forzada del país— configuran el supuesto contemplado en dicha norma, que reconoce la calidad de refugiado a quienes han visto amenazadas su vida, seguridad o libertad como consecuencia de violencia generalizada, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en su país de origen. En segundo término, denuncia la infracción del artículo 10 de la Ley N° 21.325, que consagra el principio de protección complementaria en favor de los solicitantes de refugio a quienes no se les reconoce dicha calidad, así como del artículo 4° de la Ley N° 20.430, que establece el principio de no devolución, el cual prohíbe toda medida que implique el retorno del extranjero a un país donde peligren su vida, seguridad o libertad. En tercer término, argumenta que la actuación recurrida es arbitraria por cuanto no pondera adecuadamente el arraigo efectivo del grupo familiar en el país, su trayectoria de conducta intachable, sus obligaciones tributarias y el nacimiento en Chile de un menor de nacionalidad chilena, omitiendo toda referencia al principio de proporcionalidad que debe orientar las decisiones administrativas que afectan derechos fundamentales, según lo dispuesto en la Observación General N° 27 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sostiene, además, que la referida resolución infringe el artículo 5°, inciso 2° de la Constitución Política de la República, que obliga a los órganos del Estado a respetar y promover los derechos esenciales reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Sostiene que la Resolución Exenta NUM000 afecta el derecho a la integridad psíquica consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, toda vez que la incertidumbre provocada por el rechazo de las solicitudes de refugio y la amenaza de expulsión del país genera un estado de angustia y perturbación en los recurrentes; que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley establecido en el artículo 19 N° 2, por cuanto la decisión impugnada impone un trato discriminatorio y carente de toda justificación objetiva a los recurrentes en razón de su condición de extranjeros solicitantes de refugio; y que infringe el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos reconocido en el artículo 19 N° 3, al haberse adoptado una resolución que prescinde de un procedimiento razonable y justo, sin ponderar los antecedentes específicos del caso ni fundamentar adecuadamente la negativa de protección complementaria.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta NUM000; se ordene al Ministerio del Interior, en el plazo de cinco días contados desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, la regularización migratoria de los integrantes adultos del grupo familiar, ya sea dejando sin efecto la resolución impugnada y reconociendo la calidad de refugiados a los recurrentes, o iniciando un procedimiento administrativo para otorgarles la protección complementaria contemplada en el artículo 10 de la Ley N° 21.325; se disponga que no se inicie procedimiento sancionatorio alguno en contra de los adultos del grupo familiar; y se impartan instrucciones al recurrido a fin de adecuar sus actuaciones y protocolos a lo dispuesto en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en Chile.

SEGUNDO: Que comparece don Diego Esteban Valenzuela Esparza, abogado, en representación del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, evacuando el informe requerido y solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

En primer lugar, alega la improcedencia formal de la acción de protección deducida en autos, fundada en la naturaleza excepcional y de emergencia de este remedio constitucional. Al respecto, señala que la presente acción no invoca ningún acto u omisión ilegal o arbitraria que afecte derechos fundamentales de manera manifiesta y flagrante que exija la adopción urgente de medidas jurisdiccionales, sino que, en el fondo, persigue que esta Corte califique el mérito de la decisión adoptada por la autoridad administrativa competente, pretensión que excedería las atribuciones de los tribunales de justicia en sede de protección. Agrega, en este mismo orden, que la parte recurrente contaba con vías administrativas idóneas y específicas para impugnar la resolución cuestionada, toda vez que la Resolución Exenta NUM000 contempló expresamente la reserva de los recursos administrativos de reposición y jerárquico, establecidos en el artículo 43 de la Ley N° 20.430, los cuales, de haber sido interpuestos dentro de plazo, habrían suspendido los efectos de dicha resolución. Sin embargo, a la fecha de presentación del recurso, ninguno de los recurrentes había activado tales vías, ni registraba gestiones migratorias posteriores al rechazo de sus solicitudes.

Opone como segunda defensa la falta de competencia de esta Corte para revisar el fondo de la decisión impugnada, argumentando que, conforme al artículo 19 de la Ley N° 20.430, la única autoridad legalmente habilitada para pronunciarse sobre el reconocimiento de la condición de refugiado es el Ministerio del Interior. En respaldo de esta posición, cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones que habrían rechazado acciones de protección similares, precisamente por estimar que el cuestionamiento del mérito de tales decisiones escapa al ámbito cautelar de este remedio jurisdiccional. Añade que el procedimiento regulado en la Ley N° 20.430 y su reglamento es de carácter previo, complejo y técnico, que comprende etapas de aporte de antecedentes, entrevistas individuales, recopilación de información sobre el país de origen, análisis por parte de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado e impugnación administrativa, todo lo cual evidencia que la sede de protección no constituye la instancia adecuada para revisar sus resultados.

En cuanto al fondo, sostiene que la Resolución Exenta NUM000 fue dictada por la autoridad competente, con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente y en ejercicio de las potestades legalmente conferidas, luego de un análisis técnico y jurídico exhaustivo de los antecedentes del caso.

Afirma que no fue posible acreditar la existencia de un fundado temor de persecución que configurara la causal del artículo 2° N° 1 de la Ley N° 20.430, toda vez que los propios solicitantes declararon haber abandonado Venezuela por razones de índole económica y en búsqueda de mejores condiciones de vida, sin haber experimentado amenazas graves a su seguridad. Respecto de las detenciones de los hermanos nombre reservado, ocurridas en los años 2018 y 2019 en contexto de manifestaciones, señala que estas no derivaron en sanciones penales ni administrativas, ni en nuevos incidentes posteriores que hubieren impedido el normal desarrollo de sus vidas. Asimismo, hace presente que los solicitantes residieron en Perú por un período de entre dos años y medio y tres años, sin haber requerido protección internacional, lo que refuerza el carácter económico de su desplazamiento. En lo relativo al numeral 2° del artículo 2° de la referida ley, sostiene que no basta una referencia general a la situación del país de origen, debiendo acreditarse suficientemente la concurrencia de alguna de las hipótesis allí contempladas, sin que los recurrentes lo hayan logrado.

Finalmente, en lo tocante a la protección complementaria del artículo 10 de la Ley N° 21.325, señala que sus requisitos, establecidos en la Política Nacional de Migraciones contenida en el Decreto N° 181 de 2023, exigen que el solicitante justifique que su vida, integridad o libertad estarían en grave riesgo por haber sido víctima de violencia intrafamiliar o violencia basada en género u orientación sexual, supuesto que no concurre en la especie.

En virtud de todo lo expuesto, la recurrida solicita el rechazo de la acción de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas a la parte recurrente, por no existir motivos plausibles para litigar.

TERCERO: Que el Servicio Nacional de Migraciones evacuó también el informe requerido, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes, por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición.

En cuanto a los antecedentes de hecho, el informe da cuenta de que los integrantes del grupo familiar recurrente —don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado, todos ciudadanos venezolanos— ingresaron al país por paso fronterizo no habilitado. Con fecha 9 de enero de 2023, formalizaron su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ante la Sección de Refugio y Reasentamiento, conforme lo disponen el artículo 26 de la Ley N° 20.430 y el artículo 37 del Decreto N° 837. A partir de dicho ingreso al procedimiento, se les otorgaron prórrogas de visas temporarias en reiteradas oportunidades, hasta la conclusión del proceso administrativo. En el marco de este último, se llevó a cabo la entrevista de elegibilidad conforme al artículo 30 de la Ley N° 20.430, instancia en la que los recurrentes expusieron las circunstancias de su llegada a Chile y los fundamentos de su solicitud. Posteriormente, la Secretaría Técnica de la Sección de Refugio elaboró un informe técnico que, teniendo a la vista las declaraciones prestadas, la información del país de origen y demás antecedentes, propuso a la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado el rechazo de la solicitud. En la Sesión NUM009 de dicha Comisión, de fecha 26 de junio de 2025, se propuso al Subsecretario del Interior el rechazo de la solicitud. Mediante Resolución Exenta NUM000 de fecha 19 de agosto de 2025, el Subsecretario del Interior resolvió rechazarla, por estimarse que los extranjeros no se encontraban bajo ninguna de las situaciones previstas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ni en las hipótesis contempladas en el artículo 2° de la Ley N° 20.430. Dicha resolución fue notificada el 20 de agosto de 2025 mediante cartas NUM005, NUM006, NUM007 y NUM008, reservándose a los extranjeros los recursos administrativos de reposición y jerárquico establecidos en el artículo 43 de la referida ley, los que, sin embargo, no fueron interpuestos. El informe destaca además que, a la fecha, esta autoridad migratoria no ha dictado ninguna orden de abandono, expulsión u otra sanción migratoria que amenace, perturbe o conculque la libertad personal de los recurrentes.

Sostiene, en primer término, que la institución del refugio se despliega exclusivamente en favor de extranjeros respecto de los cuales exista un riesgo grave y actual de afectación de su vida o seguridad en caso de retornar a su país de origen, y que no cualquier tipo de violencia, agresión o amenaza hace procedente la protección internacional, debiendo cumplirse los presupuestos específicos del artículo 2° de la Ley N° 20.430. En segundo término, afirma que la resolución impugnada fue adoptada conforme al procedimiento legalmente establecido, que comprende la formalización de la solicitud, la entrevista individual, la elaboración del informe técnico por la Secretaría Técnica, el análisis por la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado y la dictación de una resolución fundada por la autoridad competente.

En cuanto al fundamento sustantivo del rechazo, el informe precisa que no fue posible establecer la existencia de un fundado temor de persecución respecto de los recurrentes, toda vez que estos salieron de Venezuela por motivaciones de índole económica y en búsqueda de mejores condiciones de vida, fundando expresamente su solicitud en este tipo de razones, sin reportar amenazas graves o particulares a su seguridad.

Respecto de las detenciones de los hermanos nombre reservado, señala que estas se vincularon a su participación en manifestaciones contra el gobierno, mas no a una persecución por los motivos específicos que contempla el ordenamiento jurídico, y que, además, ambos fueron liberados sin sanciones posteriores ni reportaron nuevos inconvenientes, careciendo de un perfil político que revelara un motivo persecutorio particular. Se agrega el hecho de que los solicitantes residieron en Perú por un período de entre dos años y medio y tres años, sin requerir protección internacional, y que ellos mismos manifestaron expresamente haber solicitado refugio en Chile con el fin de regularizar su situación migratoria, motivación que se distancia de una necesidad de protección internacional. Por las mismas razones, el informe concluye que tampoco se verificó la hipótesis del artículo 2° N° 2 de la Ley N° 20.430, por cuanto no se acreditó la concurrencia de alguna amenaza específica a la vida, seguridad o libertad de los peticionarios derivada de las circunstancias existentes en su país de origen, siendo insuficiente la referencia general a la situación imperante en Venezuela.

En virtud de todo lo anterior, el Servicio Nacional de Migraciones solicita que se rechace en todas sus partes la presente acción constitucional de protección, por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente contra alguna de las garantías cauteladas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que son presupuestos de la acción cautelar, los siguientes: a) Que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible al recurrido; b)

Que, como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; c) Que dicho derecho este señalado en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. d)

Que el órgano jurisdiccional ante el cual se plantea pueda adoptar las medidas de protección o cautela adecuadas para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

SEXTO: Que el acto que se imputa como considera ilegal o arbitrario en la presente causa consistiría en el hecho de haber dictado el Servicio Nacional de Migraciones la Resolución Exenta NUM000 de fecha 19 de agosto del año 2025, mediante la cual se rechazó la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados presentada por los recurrentes.

SÉPTIMO: Que la resolución que se impugna por esta vía expresamente señala los motivos por los cuales decidió rechazar la solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiado, indicando, en primer lugar, que la situación personal de este grupo familiar fue analizada en la Sesión NUM010 de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado efectuado con fecha 14 de marzo de 2025, emitiendo la recomendación de rechazar las solicitudes efectuadas por los recurrentes.

Que, en ese orden de ideas, la autoridad, siguiendo la recomendación del organismo técnico, termina por desestimar las solicitudes que planteadas, explicando con precisión los motivos que tuvo presente para ello, razonando que de los antecedentes aportados no es posible concluir que exista un riesgo a la vida, seguridad o libertad de los solicitantes en su país de origen, tal como exige el artículo 2 N°2 de la Ley N°20.430, y concluyendo que la decisión de trasladarse a territorio nacional de los amparados tendría fines económicos y para mejorar la calidad de vida, los que si bien pueden ser legítimos, se escapan de las circunstancias que configuran las causales para el reconocimiento de la calidad de refugiado de los solicitantes, dejándose constancia en la resolución dictada que los solicitantes de refugio manifestaron haber salido de Venezuela entre los años 2018 y 2019, instalándose en Perú, donde pasaron aproximadamente dos años, antes de decidir salir a Chile en el año 2021, sin haberse tampoco demostrado algún tipo de riesgo a la vida, seguridad o libertad de los amparados en este último país.

OCTAVO: Que, por último, respecto de la negativa a otorgar la protección adicional establecida en el artículo 10 de la Ley N°21.325 para aquellos casos en que se rechaza el reconocimiento de la calidad de refugiado de los solicitantes, la resolución impugnada razona fundadamente que el Decreto N°181 de 17 de diciembre de 2023, que estableció la Política Nacional de Migraciones y Extranjería, establece requisitos para otorgar dicha protección adicional, y que dicen relación con que los solicitantes, a quienes se les rechazó la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, deben haber de todas formas acreditar la existencia de un riesgo grave para la vida, integridad física y/o libertad personal, a causa de haber sido víctima de violencia intrafamiliar, violencia de género u orientación sexual en su país de origen, requisitos que tampoco se acreditaron, lo que se hacía improcedente la concesión de dicha protección especial.

NOVENO: Que, en definitiva, y tal como se viene razonando, el acto que se denuncia como ilegal o arbitrario por parte de la recurrente no es tal, por cuanto el mismo se encuentra debidamente fundado, además de haber sido dictado por la autoridad competente y dentro de sus facultades legales, motivo suficiente para desestimar la presente acción constitucional, tal como se dirá en definitiva.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta por don Juan Carlos Silva Quezada, abogado, y dirigido en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N° Protección-20696-2025.