nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diez de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña Linda Nataly Quintero Mogollon, abogada, en representación de don nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales acumulados, al amparo de lo dispuesto en la Ley N°18.156, situación que, estima, vulnera sus garantías consagradas en el artículo 19 numerales 2° y 24° de la Constitución Política de la República.

Expone que, con fecha 5 de septiembre de 2025, solicitó a la recurrida la devolución de fondos previsionales conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156, normativa que, en lo pertinente, exime a los técnicos extranjeros de cotizar en el sistema previsional chileno cuando demuestran estar afiliados a un sistema de previsional en su país de origen. Señala que dicha solicitud fue inicialmente puesta en estado "pendiente de ingreso" el mismo día 5 de septiembre de 2025, solicitándosele un Certificado de Seguridad Social con vigencia no superior a 120 días. En virtud de ello, el recurrente envió una carta explicativa sobre la imposibilidad de obtener un documento apostillado, sin embargo, la solicitud fue finalmente rechazada el día 8 de septiembre de 2025, mediante correo electrónico, aduciendo que la constancia electrónica acompañada no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, al no corresponder a un Certificado de Seguridad Social, dando por cerrado el requerimiento.

Respecto de la documentación presentada, la parte recurrente hace presente que acompañó contrato de trabajo y su respectivo anexo que acredita la relación laboral y la exención de cotizaciones; título profesional apostillado y verificable; cédula de identidad vigente para extranjeros y, finalmente, una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la cual sostiene es verificable en línea a través del portal web de dicha institución (www.ivss.gob.ve) mediante el número de cédula de identidad venezolana RUT reservado.

A juicio del recurrente, el acto de la AFP Modelo S.A. carece de fundamentación suficiente, resulta desproporcionado y desconoce el sentido de la Ley N°18.156 y la finalidad del régimen especial de técnicos extranjeros, pues él habría acreditado su condición de tal y su afiliación a un sistema previsional extranjero mediante documentos que permiten su verificación electrónica directa en la página web del régimen de previsión de su país de origen.

En ese sentido, precisa la imposibilidad técnica y material de obtener la legalización consular o apostilla del certificado de afiliación en el IVSS debido al quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, invocando el artículo 45 del Código Civil sobre caso fortuito o fuerza mayor, pues la exigencia indicada resulta imposible de cumplir en el contexto antes descrito. Sostiene, en definitiva, que la exigencia de apostilla formulada por la recurrida constituye una condición no prevista en la Ley N°18.156, siendo, además, de cumplimiento imposible en el caso concreto, toda vez que el propio “Sistema de Apostilla Electrónica de la República Bolivariana de Venezuela”, no contempla aquella para este tipo de certificados, lo que demuestra que la negativa de la recurrida no solo carece de sustento legal, sino que además resulta arbitraria al imponer trabas formales desproporcionadas que frustran el ejercicio de un derecho reconocido expresamente por la ley.

Finaliza su arbitrio argumentando que la recurrida, con su negativa, ha vulnerado su derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales y el derecho a la igualdad ante la ley, al recibir un trato distinto respecto de otros trabajadores extranjeros en idénticas condiciones que han podido obtener la devolución de sus fondos previsionales y de la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones que, en casos similares, han acogido recursos de protección.

Por estas razones, solicita a esta Corte declarar el actuar de la recurrida como ilegal y arbitraria y que se ordene a esta última que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión, acompañando asimismo los documentos que sostienen su pretensión.

SEGUNDO: Que evacuando informe la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por medio de su abogado don Rodrigo Montero Atria, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Aduce que el rechazo de la solicitud N°2658928, de fecha 08 de septiembre de 2025, se debió a que la documentación acompañada, específicamente la "Constancia Electrónica de Cotizaciones", adolecía de vicios formales al no cumplir con las exigencias legales y administrativas vigentes. Respecto de los fundamentos normativos, invoca las disposiciones de la Ley N°18.156, en particular sus artículos 1° y 7°, el Decreto N°3.500 y la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de la facultad de interpretación administrativa en las materias de su competencia, cuyo mérito es obligatorio para las administradoras de fondos de pensiones.

Expone que la devolución de fondos a técnicos extranjeros constituye un régimen de excepción legal sujeto al cumplimiento copulativo de requisitos formales y sustantivos, tales como la efectiva afiliación del solicitante a un régimen previsional extranjero y la presentación de documentos debidamente legalizados o apostillados. En particular, invoca los Oficios Ordinarios de la Superintendencia N°3141 de fecha 20 de febrero de 2024; N°21.480 de fecha 20 de septiembre de 2017 y N°4277 de fecha 13 de marzo de 2025, los cuales establecen que para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que contó con la cobertura por todos los riesgos exigidos durante el tiempo en que prestó servicios en Chile, debiendo dicha certificación venir legalizada o apostillada, conforme a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla o Convención de La Haya.

Señala que el mismo Oficio N°4277 indica que las certificaciones electrónicas sin firma por quien emite el documento o sin legalizar o apostillar, no son medios de prueba idóneos por no poder acreditarse que emanen de la autoridad previsional competente por lo que carecen de los requisitos formales para que puedan producir efectos en nuestro país. Además, hace referencia al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, N°2, letra b), que prohíbe a las administradoras dar curso a solicitudes si la documentación no está debidamente legalizada.

En definitiva, sostiene que la parte recurrente no acreditó válidamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen, ni su voluntad expresa de mantenerse en dicho régimen, puesto que la constancia de cotizaciones aportada carece de apostilla o legalización. Agrega que su decisión se ajusta a criterios jurisprudenciales de carácter administrativo y judicial, particularmente en el ámbito de los recursos de protección, en donde se han rechazado solicitudes de retiro basadas en constancias electrónicas del IVSS no legalizadas o apostilladas.

En síntesis, la recurrida expone que ha actuado en cumplimiento de su deber legal de verificar previamente el cumplimiento íntegro de las exigencias normativas antes de autorizar la devolución de fondos, en su calidad de entidad fiscalizada por la Superintendencia de Pensiones.

Agrega, finalmente, que la imposibilidad de legalización por el quiebre diplomático no la exime de la exigencia legal expresa, y que la propia Superintendencia ha ratificado la obligatoriedad de la formalidad.

TERCERO: Que el recurso de protección, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por objeto tutelar, mediante una acción expedita y eficaz, los derechos y garantías que dicha norma asegura a todas las personas, en caso de ser estas privadas, perturbadas o amenazadas en su legítimo ejercicio por actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

CUARTO: Que la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado. Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

QUINTO: Que, en la especie, el acto recurrido es el rechazo, por parte de la recurrida, de la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente, pese a haberse acompañado, a juicio de esta última, la documentación exigida por la Ley N°18.156 para acceder a dicho beneficio en su calidad de trabajador técnico extranjero. La controversia radica, en definitiva, en la validez y suficiencia de los documentos presentados para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales de la normativa pertinente, especialmente en cuanto a la legalización o apostilla de la constancia de afiliación al régimen previsional extranjero.

SEXTO: Que la Ley N°18.156, en su artículo 7°, permite a los trabajadores extranjeros que hubieren efectuado cotizaciones previsionales en una AFP, solicitar la devolución de los fondos depositados, siempre que acrediten su afiliación a un régimen previsional extranjero que cubra, a lo menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que exista constancia expresa en su contrato de trabajo de la voluntad de mantener dicha afiliación, conforme a lo exigido en el artículo 1° de la misma ley.

SEPTIMO: Que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro II, Título XI, que complementa la Ley N°18.156, dispone que el cumplimiento del requisito de afiliación a un régimen previsional extranjero deberá acreditarse mediante una certificación de la institución de seguridad social correspondiente, la cual debe estar debidamente legalizada.

Asimismo, los Oficios Ordinarios de la Superintendencia de Pensiones, como el N°4277 de fecha 13 de marzo de 2025, son claros al señalar que las certificaciones electrónicas sin firma por quien emite el documento o sin legalizar/apostillar, así como las declaraciones juradas del afiliado, no son medios de prueba idóneos para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil en relación con el Convenio de La Haya. Es decir, para producir efectos en Chile, un certificado de carácter público extranjero debe estar debidamente legalizado o apostillado.

OCTAVO: Que, conforme a lo antes señalado, la documentación presentada por el recurrente en su solicitud, en particular la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), no satisface los requisitos legales y reglamentarios, por cuanto si bien acredita la afiliación, carece de la debida apostilla o legalización exigida por la normativa vigente para que dicho documento pueda producir plenos efectos jurídicos en nuestro país, tal como lo ha instruido reiteradamente la Superintendencia de Pensiones y ha sido refrendado por la jurisprudencia citada por la recurrida.

NOVENO: Que, en virtud de lo anterior, no se configura en el caso de autos un acto ilegal o arbitrario atribuible a la recurrida, sino el cumplimiento estricto de las normas legales, reglamentarias y administrativas que rigen la devolución de fondos previsionales para trabajadores técnicos extranjeros. La alegación de caso fortuito o fuerza mayor por la imposibilidad de apostillar no puede excusar a la Administradora de Fondos de Pensiones de dar cumplimiento a un mandato legal explicito y a las instrucciones obligatorias de su órgano fiscalizador. Lo anterior impide, por cierto, que se reconozca un derecho que, por la vía del recurso de protección, debe ser indubitado y plenamente acreditado en su forma.

DECIMO: Que, a mayor abundamiento, y como se ha dicho reiteradamente, el arbitrio en análisis es una acción constitucional de urgencia destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, lo que no se avizora en el caso de autos, de manera que la tutela requerida no puede satisfacerse por esta vía, ni del modo que se pide, pues la controversia sobre la suficiencia y validez formal de los documentos requiere un procedimiento legal de lato conocimiento que no puede ser sustituido por esta vía cautelar.

DECIMO PRIMERO: Que, en atención a lo razonado precedentemente, y no existiendo un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace el ejercicio de los derechos fundamentales invocados por el recurrente, el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y vistos además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-20681-2025.