nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, dos de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, abogada, actuando por don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por haber rechazado mediante comunicación notificada el 9 de septiembre de 2025 la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros presentada por el recurrente. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida ha exigido requisitos formales no contemplados en la Ley N° 18.156 y de imposible cumplimiento, fundando el rechazo en la falta de apostilla de la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no obstante que dicho trámite resulta materialmente imposible debido a la inexistencia de representación consular de Venezuela en Chile y a que el sistema de apostilla electrónica venezolano no contempla tal formalidad para ese tipo de documento, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, consagrados en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que don nombre reservado es ciudadano venezolano, Ingeniero Agroindustrial, titular de residencia definitiva en Chile, quien ha prestado servicios profesionales en el país y a quien, durante el curso de dichas prestaciones, se le ha descontado sistemáticamente parte de su remuneración para enterar cotizaciones de AFP, salud y cesantía en los organismos respectivos. Agrega que en cada uno de sus contratos de trabajo suscribió cláusulas previsionales en las cuales manifestó expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1° de la Ley N° 18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros.

Expone que, en virtud de la referida exención legal, con fecha 21 de julio de 2025 ingresó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A. la solicitud N° 4605, a fin de obtener el retiro y devolución de sus fondos previsionales conforme a lo establecido en la Ley N° 18.156. Para tales efectos, acompañó los documentos exigidos por la normativa, a saber: contratos de trabajo con cláusula de exención de cotizaciones, título profesional debidamente apostillado y verificable, cédula de identidad vigente para extranjeros que acredita su residencia definitiva, y constancia de afiliación al seguro social de su país de origen, Venezuela.

Indica que, con fecha 23 de julio de 2025, recibió correo electrónico mediante el cual se le informó el rechazo de las solicitudes N° 4605, N° 4606 y N° 4607, fundado en las siguientes razones: que la declaración jurada del trabajador no sirve para acreditar el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, debiendo la certificación ser emitida por la institución previsional correspondiente o excepcionalmente por la delegación consular de su país en Chile; que para acreditar la cobertura previsional no basta un documento genérico sobre las coberturas del sistema, siendo necesario que la autoridad previsional del país de origen certifique expresamente que el trabajador estuvo efectivamente cubierto por todos los riesgos exigidos durante su permanencia en Chile; que la Constancia Electrónica de Cotizaciones no resulta suficiente para estos efectos; que el documento presentado carece de legalización o apostilla; y que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no se encontraba vigente al momento de presentar la solicitud.

Añade que, frente a dicho rechazo, interpuso reclamo ante la Superintendencia de Pensiones agotando la vía administrativa, organismo que respondió enumerando copulativamente los requisitos exigidos por la Ley N° 18.156 y concluyendo que, para verificar el cumplimiento de los requisitos legales, debía acompañar el documento emitido por la entidad competente debidamente apostillado o legalizado, agregando que a dicha Superintendencia no le corresponde pronunciarse sobre el cierre de la Embajada de Venezuela y la falta de representación diplomática de ese país en Chile. Posteriormente, con fecha 9 de septiembre de 2025, recibió carta de respuesta a sus requerimientos y reclamos en la que la recurrida reiteró el rechazo de la solicitud, señalando que al no contar con la documentación mínima requerida no pudo dar curso a la misma, calificando la Constancia Electrónica de Cotizaciones como un documento genérico insuficiente.

Sostiene el recurrente que cumplió íntegramente con los requisitos establecidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, acompañando toda la documentación solicitada, con excepción de la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema previsional venezolano. Explica que dicha exigencia resulta arbitraria e imposible de cumplir por dos razones fundamentales: primero, porque el propio Sistema de Apostilla Electrónica de la República Bolivariana de Venezuela no contempla la apostilla para este tipo de instrumento; y segundo, porque no existe representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar este trámite, configurándose una imposibilidad material que escapa de sus manos y que constituye un caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Argumenta que, no obstante esta imposibilidad, acompañó constancia de afiliación de seguro social vigente a la fecha de presentación de la solicitud, la cual puede ser verificada electrónicamente ingresando al portal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, donde con solo digitar la cédula de identidad venezolana del recurrente, signada bajo el N° V-RUT reservado, es posible constatar su afiliación, validez y vigencia. Señala que dicha constancia electrónica emana de un organismo público, es verificable en la web oficial de la institución previsional venezolana, fue expedida por la autoridad competente en cumplimiento de sus facultades legales, y acredita que el solicitante se encuentra afiliado a un régimen de seguridad social que le otorga prestaciones en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía, cumpliendo así con las exigencias del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

A su vez, invoca los artículos 1° y 7° de la Ley N° 18.156, señalando que el primero establece las condiciones para la exención de cotizaciones previsionales de técnicos extranjeros, exigiendo que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación; en tanto que el artículo 7° dispone que los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una AFP podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales siempre que den cumplimiento a los requisitos del artículo 1°. Sostiene que la normativa legal no impone requisito alguno de legalización consular o apostilla para la documentación que acredita la afiliación previsional extranjera, por lo que su exigencia constituye una interpretación restrictiva y formalista que contraviene el principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley N° 19.880 que exige que todo acto administrativo esté debidamente motivado y fundado en derecho.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, sostiene que la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida afecta el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2° de la Constitución, toda vez que se le exigen requisitos no establecidos legalmente realizando una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado y generando un trato desigual frente a otros cotizantes extranjeros que han obtenido la devolución de sus fondos con documentos similares; y vulnera igualmente el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24° de la Carta Fundamental, en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, el cual se extiende a los fondos previsionales de conformidad con el inciso cuarto del artículo 20H del Decreto Ley N° 3.500, siendo que la negativa de la administradora priva al recurrente del ejercicio legítimo de su propiedad sobre dichos fondos sin justificación legal alguna, afectando esencialmente su derecho al imponer requisitos no expresamente señalados en la normativa especial. Invoca además el artículo 19 N° 26° de la Constitución, que prohíbe afectar los derechos en su esencia o imponer condiciones o requisitos que impidan su libre ejercicio.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A. reconocer como válida la documentación acompañada por el recurrente, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptando en general las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, requerida de informe, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., representada por el abogado don Víctor Tabilo Marentis, evacuó el mismo solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas, fundado en las consideraciones de hecho y de derecho que se pasan a exponer.

En cuanto a los hechos, la recurrida que con fecha 21 de julio de 2025, don nombre reservado ingresó ante la Administradora tres solicitudes de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156, correspondientes a distintos empleadores, según consta en los folios N° 4605, 4606 y 4607. No obstante, indica que la documentación presentada no cumple con los requisitos copulativos exigidos por la normativa vigente, presentando deficiencias sustanciales que impiden dar curso favorable a la solicitud, vinculadas específicamente al incumplimiento del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de dicha ley, referido a la acreditación de cobertura previsional en el extranjero.

Respecto de la documentación presentada para acreditar la afiliación previsional extranjera, expone que el recurrente acompañó dos documentos: una declaración jurada otorgada ante la Notaría N° 5 de La Cisterna, emitida por el propio recurrente, y una constancia electrónica de cotizaciones. Sin embargo, sostiene que estos documentos no cumplen con los estándares exigidos por la normativa vigente. En efecto, argumenta que la letra b) del N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece que el cumplimiento del requisito de afiliación debe acreditarse mediante certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Añade que la declaración jurada presentada por el recurrente constituye un documento unilateral, emitido por la propia parte interesada, sin respaldo de una entidad oficial ni cumplimiento de las formalidades exigidas por la Superintendencia de Pensiones, careciendo de la fuerza probatoria necesaria para acreditar el cumplimiento del requisito legal. Por su parte, afirma que la Constancia Electrónica de Cotizaciones tampoco satisface las exigencias normativas, toda vez que carece de firma autorizada, no ha sido apostillada ni legalizada y, aun cuando lo estuviera, no acredita cobertura real y efectiva de prestaciones en las contingencias requeridas por la Ley N° 18.156 durante todo el tiempo trabajado en Chile, limitándose a indicar semanas cotizadas y a hacer una referencia genérica a la Ley del Seguro Social venezolano.

Sostiene que este criterio ha sido reiterado por la Superintendencia de Pensiones en diversos pronunciamientos, entre ellos el Oficio Ordinario N° 20.294 de 8 de octubre de 2020 y el Oficio Ordinario N° 25.057 de 29 de diciembre de 2023, en los que se instruye que las administradoras deben exigir documentos emitidos por la autoridad previsional competente, debidamente legalizados o apostillados, y que detallen de forma clara e inequívoca la cobertura integral otorgada. Destaca particularmente el Oficio Ordinario N° 12.954 de 17 de julio de 2025, mediante el cual la Superintendencia estableció que las constancias electrónicas emitidas por el IVSS que no se encuentren legalizadas o apostilladas, que omitan detallar las coberturas específicas y el período de protección, y que se limiten a referencias genéricas sobre el sistema previsional venezolano, no son idóneas para acreditar el requisito de cobertura previsional exigido por la ley, descartándose expresamente el uso de declaraciones juradas suscritas por los propios afiliados, incluso si han sido certificadas ante notario público chileno y cuentan con apostilla.

En cuanto al derecho aplicable, argumenta que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales no constituye un acto ilegal ni arbitrario, habiendo actuado la Administradora estrictamente dentro del marco normativo vigente, cumpliendo con las obligaciones legales y reglamentarias que rigen el Sistema de Pensiones. Indica que la normativa aplicable se encuentra en la Ley N° 18.156, complementada por el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Expone que la Superintendencia de Pensiones, en su calidad de autoridad técnica de supervigilancia y control, cuenta con amplias facultades legales reconocidas en diversas disposiciones, citando el artículo 2° del D.F.L. N° 101 de 1980, que establece funciones de supervigilancia en los ámbitos financiero, actuarial, jurídico y administrativo; el artículo 3° del mismo cuerpo normativo, que le otorga la facultad de interpretar la legislación vigente e impartir normas generales obligatorias; el artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980, que dispone que la interpretación de la normativa previsional efectuada por la Superintendencia es obligatoria para las Administradoras; y el artículo 47 de la Ley N° 20.255, que establece las funciones de interpretar administrativamente las leyes y velar por su cumplimiento.

Sostiene que la aplicación de estas normas por parte de las Administradoras no es discrecional sino obligatoria y vinculante, por lo que la decisión adoptada no responde a una voluntad unilateral ni a criterios arbitrarios, sino que constituye la consecuencia directa de aplicar la normativa vigente y las instrucciones emanadas de la autoridad competente, garantizando además la igualdad de trato entre todos los afiliados.

Destaca que la exención de cotizaciones previsionales establecida en la Ley N° 18.156 tiene un carácter excepcional, en tanto modifica la regla general del sistema previsional chileno que impone la obligación de cotizar a todos los trabajadores dependientes, por lo que esta normativa debe ser interpretada restrictivamente, aplicándose únicamente en los casos y bajo las condiciones expresamente previstas por el legislador.

En relación con la inexistencia de vulneración al derecho de propiedad, señala que las cotizaciones previsionales que mantiene el recurrente en su cuenta individual obligatoria son de su propiedad, y que el rechazo de la solicitud de devolución no implica en ninguna circunstancia que pierda la propiedad de sus fondos. Simplemente, dado que no cumple con los requisitos legales dispuestos para obtener la restitución anticipada al amparo de la Ley N° 18.156, dichos ahorros deben permanecer en su cuenta individual con el objeto de financiar su futura pensión u otros beneficios previsionales establecidos en el Decreto Ley N° 3.500 de 1980.

Añade que el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitar la devolución ni produce indefensión al recurrente, citando la sentencia de la Corte Suprema Rol N° 54783-2024 de 8 de mayo de 2025, que estableció que el acto impugnado no constituye una decisión definitiva ni genera una situación de indefensión que justifique el amparo de la acción de protección, pues el recurrente tiene la posibilidad de presentar nuevamente los documentos requeridos conforme a las exigencias legales y administrativas vigentes.

Finalmente, argumenta que la acción de protección no es procedente para impugnar actos intermedios o trámites administrativos que no determinen el término del procedimiento ni afecten de manera irreversible el ejercicio de derechos fundamentales, existiendo vías ordinarias específicas fijadas por el legislador y la autoridad regulatoria para canalizar este tipo de solicitudes.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, por la presente vía cautelar, se impugna el rechazo de la solicitud devolución de fondos previsionales para extranjeros realizada por la recurrente a la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., lo cual le fue comunicado el día 09 de septiembre de 2025, pretendiendo que se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo que siga con la tramitación de su solicitud y, dentro de un plazo razonable, efectué la devolución de los fondos de pensión solicitados.

QUINTO: Que, en lo que se refiere al requisito invocado por la recurrida, la norma aplicable es el artículo 1° letra a) de la ley precitada, la cual, en lo pertinente, establece lo siguiente:

Artículo 1°: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un LEY 18726 régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y… b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Al respecto, Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro II Cotizaciones Previsionales, Título XI Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales, número 1, letra B), señala expresamente la forma en que se debe acreditar este requisito, esto es:

“b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Esta condición se considerará cumplida también respecto de los trabajadores que detenten la calidad de pensionados de algún régimen de previsión o seguridad social extranjero, situación que deberá acreditarse mediante la certificación que otorgue acerca de dicha calidad, la entidad que concedió el beneficio.”.

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que en la documentación presentada por la recurrente consistente en la Constancia Electrónica de Cotizaciones, y la declaración efectuada ante notario no dan cumplimiento a las exigencias contenidas en la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, no siendo idóneos para acreditar la cobertura previsional en el extranjero exigida por el artículo 1 letra a) de la ley N° 18.156, ya que este debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país correspondiente, quien es la única facultada legalmente para certificar dicha circunstancia.

SÉPTIMO: Que, en tal virtud, siendo este un requisito necesario para la procedencia de la solicitud efectuada, lo que fluye de la sola lectura del precepto recién reproducido, la no concurrencia de cualquiera de esos supuestos impide dar curso a la solicitud de la actora, con lo cual ha de concluirse que la recurrida AFP Planvital S.A, al denegar la devolución de las cotizaciones requeridas por el recurrente, no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, pues se ha limitado a dar aplicación a la legislación vigente, señalando las razones que tuvo para así decidirlo.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el recurso debe ser desestimado, siendo inoficioso ponderar las garantías fundamentales que la actora estima vulneradas.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado actuando por don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-20680-2025.

En Santiago, dos de diciembre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.