nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de enero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, con fecha 17 de septiembre de 2025, comparece la abogada Linda Nataly Quintero Mogollón, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la comunicación de fecha 01 de septiembre de 2025, mediante la cual se rechaza su solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2, N° 24 y N° 26 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que el recurrente, en su calidad de ingeniero electricista con residencia definitiva en Chile, ha cotizado sistemáticamente en el sistema previsional nacional a pesar de haber pactado en su contrato de trabajo la cláusula de exención previsional de la Ley N° 18.156. Indica que el 28 de agosto de 2025 ingresó una solicitud de retiro de fondos acompañando el contrato de trabajo, su título profesional apostillado, cédula de identidad y certificado de afiliación al sistema de seguridad social venezolano. Refiere que la recurrida rechazó la solicitud argumentando que no se acompañó un certificado de afiliación válido y legalizado que acreditara cobertura previsional activa en el extranjero por todo el periodo de servicios en Chile.

Sostiene que el cumplimiento de la apostilla para la constancia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) resulta materialmente imposible debido a la inexistencia de representación consular de Venezuela en Chile y a que el sistema de apostilla electrónica venezolano no contempla dicho trámite para ese documento específico. Precisa que la afiliación puede ser verificada mediante un código alfanumérico en el portal web oficial del IVSS, por lo que la exigencia de la AFP constituye una interpretación restrictiva y formalista que excede los requisitos legales.

Previas citas legales, pide se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, proceder con la tramitación de la solicitud y efectuar la devolución de los fondos de pensión en un plazo razonable, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, con fecha 29 de septiembre de 2025, comparece el abogado Víctor Tabilo Marentis, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que el recurrente presentó una solicitud de devolución de fondos sobre la cual se detectaron inconsistencias documentales, específicamente en la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" y una "Declaración bajo fe de juramento" que no cumplen con los estándares exigidos por el regulador. Menciona que el rechazo se comunicó el 01 de septiembre de 2025, basándose en la falta de acreditación fehaciente de la cobertura previsional en el extranjero según las instrucciones impartidas por la autoridad técnica.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que se funda en el Oficio Ordinario N° 12.954 de fecha 15 de julio de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones, el cual establece de carácter obligatorio que los trabajadores extranjeros deben acreditar la afiliación mediante certificación emitida por la autoridad competente del país de origen, debidamente legalizada o apostillada. Sostiene que las certificaciones electrónicas sin apostilla o las declaraciones juradas del propio afiliado carecen de valor probatorio suficiente según la normativa vigente y la jurisprudencia administrativa. Asimismo, precisa que el acto impugnado no es una decisión definitiva ni terminal, sino una resolución de trámite que es subsanable por el interesado, quien conserva la facultad de presentar nuevamente su solicitud cumpliendo con los requisitos legales.

Estima que, como institución fiscalizada tiene la obligación de cumplir estrictamente con las normas generales de la Superintendencia de Pensiones y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, no teniendo facultades para eximir a los afiliados de formalidades legales como la apostilla, conforme a la Ley N° 20.255 y al D.L. N° 3.500.

Solicita, en definitiva, el rechazo de la acción constitucional.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que la controversia se centra en determinar si la negativa de AFP PlanVital S.A. a devolver los fondos previsionales al recurrente constituye un acto ilegal o arbitrario, específicamente al exigir que el certificado de afiliación a la seguridad social extranjera (IVSS) se encuentre debidamente apostillado o legalizado, desestimando la validez de una constancia electrónica simple y de una declaración jurada notarial, en el contexto de la situación diplomática actual entre Chile y Venezuela.

QUINTO: Que la Ley N° 18.156 establece un régimen de excepción que exime a los técnicos extranjeros de la obligación de cotizar en Chile y permite la devolución de sus fondos, siempre que se cumplan copulativamente ciertos requisitos, entre ellos, acreditar la afiliación a un régimen de seguridad social fuera de Chile que cubra prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados a la seguridad social (cuyo fin constitucional es la pensión), su interpretación debe ser restrictiva y el cumplimiento de sus requisitos, riguroso.

SEXTO: Que, en lo que respecta a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y la Convención de la Haya sobre la Apostilla. Para que un instrumento público o privado emanado del extranjero tenga valor probatorio y produzca efectos en Chile, debe cumplir con las formalidades de legalización o apostilla.

En la especie, es un hecho no controvertido que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del IVSS presentada por el recurrente carece de apostilla o legalización consular. El actor pretende que la AFP, una entidad privada fiscalizada, valide un documento extranjero basándose únicamente en una verificación web o en una declaración jurada otorgada en Chile. Sin embargo, la legislación vigente no otorga a las Administradoras de Fondos de Pensiones la potestad para eximir a los afiliados de las formalidades legales de autenticación de documentos internacionales, ni para validar instrumentos que no se ajusten a los canales oficiales de legalización.

SÉPTIMO: Que el recurrente alega la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor derivado de la ruptura de relaciones diplomáticas, que impediría la legalización. No obstante, tal circunstancia fáctica, por lamentable que sea, no tiene la virtud jurídica de derogar las normas de orden público sobre validez de instrumentos extranjeros ni faculta a la recurrida para actuar al margen de las instrucciones de su ente fiscalizador.

Al respecto, la Superintendencia de Pensiones, en el Oficio Ordinario N° 12.954 de 17 de julio de 2025 —acompañado al expediente—, ha instruido expresamente a las AFP que, aun en el contexto actual con Venezuela, la acreditación de la cobertura previsional debe efectuarse mediante documentos oficiales debidamente apostillados, señalando que las impresiones de constancias electrónicas simples no son idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito legal y que las declaraciones juradas de los interesados no suplen la certificación oficial.

En consecuencia, al rechazar la solicitud por falta de documento idóneo, la AFP PlanVital S.A. no ha actuado por capricho ni contra la ley, sino en estricto acatamiento de la normativa vigente y las instrucciones obligatorias impartidas por la autoridad competente.

OCTAVO: Que, por lo razonado, no existiendo un derecho indubitado del recurrente a retirar los fondos sin cumplir las formalidades legales de acreditación documental, y no habiéndose configurado ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida —quien se limitó a aplicar la ley y la normativa sectorial vigente—, la presente acción constitucional no puede prosperar. Esto, sin perjuicio del derecho del actor de volver a presentar su solicitud ante la entidad administrativa una vez que logre obtener la documentación con las formalidades que el ordenamiento jurídico chileno exige, o de reclamar ante la justicia ordinaria si estima que existe un conflicto contractual o de interpretación legal de fondo que excede el marco de esta acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-20679-2025.