nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Linda Nataly Quintero Mogollon, abogada, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para técnicos extranjeros, notificado mediante correo electrónico el 08 de septiembre de 2025, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que el recurrente es un profesional venezolano con residencia definitiva en Chile, que ha prestado servicios profesionales bajo contratos de trabajo que incluyen cláusulas de exención previsional según la Ley N° 18.156. Expone que ingresó una solicitud ante la recurrida para obtener la devolución de sus fondos previsionales, acompañando su título profesional debidamente apostillado, contratos de trabajo y una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), además de una declaración jurada notarial.

Indica que la AFP rechazó la solicitud argumentando que la constancia de afiliación previsional extranjera carecía de la apostilla o legalización exigida y no acreditaba las coberturas específicas. Sobre este punto, la recurrente argumenta que existe una imposibilidad material de obtener dicha formalidad debido a la ausencia de representación consular de Venezuela en Chile, lo cual constituye un caso fortuito o de fuerza mayor. Añade que la autenticidad del documento puede verificarse directamente en el portal web oficial del IVSS mediante un código de verificación, estimando que el rigor formalista de la recurrida atenta contra el espíritu de la ley.

Previas citas legales y jurisprudenciales, pide se acoja el recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido, se reconozca como válida la documentación acompañada y se ordene a la recurrida proceder a la devolución de los fondos de pensión solicitados en un plazo razonable.

Segundo: Que, comparece el abogado Rodrigo Montero Atria, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso con expresa condenación en costas.

Expone como antecedentes que su representada rechazó el ingreso de la solicitud porque el recurrente aportó un documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” que no da cumplimiento a las exigencias contenidas en la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y las directrices de la Superintendencia de Pensiones. Afirma que el documento no es un certificado de afiliación, menciona de forma genérica las coberturas del sistema venezolano, no se encuentra firmado por quien lo emite y, fundamentalmente, carece de la respectiva legalización o apostilla.

Argumenta que el actuar de la Administradora no es ilegal ni arbitrario, pues se ha limitado a dar estricto cumplimiento a la normativa vigente. Cita las instrucciones impartidas por el ente regulador (Oficio N° 12954 de julio de 2025), las cuales prohíben expresamente aceptar certificaciones electrónicas venezolanas sin firma y sin apostilla, y aclaran que las declaraciones juradas ante notario chileno carecen de valor probatorio en materias propias de seguridad social internacional. Asimismo, funda su actuación en lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Solicita, en definitiva, el rechazo de la acción de protección en todas sus partes, arguyendo que no ha existido vulneración a las garantías constitucionales del actor, toda vez que se le está requiriendo un antecedente primordial y obligatorio para acceder a un régimen de excepción.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad y procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, cabe tener presente que la Ley Nº 18.156 establece una normativa de carácter estrictamente excepcional que autoriza la exención de cotizar y la posterior devolución de los fondos acumulados a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a una serie de requisitos copulativos. Entre ellos, el artículo 1 letra a) de dicho cuerpo legal exige que el trabajador acredite encontrarse afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Quinto: Que, del análisis de los antecedentes allegados a la causa y tal como lo expone la recurrida en su informe, el actor pretende tener por acreditada la exigencia legal reseñada en el motivo precedente mediante una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, dotada de un código verificador web. Sin embargo, dicho instrumento carece de eficacia legal en nuestro país para estos específicos fines, toda vez que no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado por la autoridad competente, inobservando con ello las reglas imperativas contenidas en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Por otra parte, la circunstancia de haberse suscrito una declaración jurada unilateral por el propio recurrente ante un notario público chileno no posee la virtud legal de suplir la exigencia de legalización o apostilla respecto de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero, ni sustituye la fe pública que debe emanar de la autoridad de seguridad social extranjera competente.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, debe considerarse que las Administradoras de Fondos de Pensiones son entidades altamente reguladas, sujetas a la supervigilancia y directrices vinculantes de la Superintendencia de Pensiones. En la especie, la recurrida se ha ceñido a lo instruido expresamente en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa reciente del órgano regulador, la cual ha dictaminado categóricamente que no resultan válidos aquellos certificados electrónicos extranjeros sin firmas y sin apostillar, así como tampoco basta una mención genérica de contingencias cubiertas, debiendo acreditarse de manera específica la protección del trabajador solicitante.

Séptimo: Que, en consecuencia, al denegar el ingreso de la solicitud y condicionar la restitución de los fondos al cumplimiento de las formalidades legales, la recurrida no ha incurrido en un acto ilegal ni arbitrario, sino que se ha enmarcado estrictamente en la normativa legal y reglamentaria que rige la materia.

Si bien esta Corte comprende y advierte la compleja situación diplomática y consular que afecta al país de origen del recurrente —lo que dificulta la obtención de la apostilla—, dicha circunstancia fáctica no autoriza a la Administradora recurrida a eximirse de su deber legal de verificar exhaustivamente el cumplimiento de requisitos irrenunciables diseñados para liberar dineros que, por regla general y por mandato del Decreto Ley Nº 3.500, poseen un destino previsional único y exclusivo. Por consiguiente, no existiendo un actuar antijurídico o caprichoso por parte de la entidad recurrida, no se advierte vulneración alguna al derecho de propiedad ni a la garantía de igualdad ante la ley, deviniendo la presente acción cautelar en ineludiblemente desestimatoria.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Linda Nataly Quintero Mogollon, en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-20678-2025.