nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

Santiago, veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 17 de septiembre de 2025, comparece la abogada Linda Nataly Quintero Mogollón, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros, notificado el 09 de septiembre de 2025, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, además de las garantías de los numerales 2 y 26 del mismo cuerpo legal.

Menciona como antecedentes de su recurso que el recurrente es un ciudadano venezolano con residencia definitiva en Chile, quien se desempeñó como ingeniero eléctrico y a quien se le descontaron cotizaciones previsionales de forma sistemática, a pesar de contar con una cláusula previsional expresa en su contrato de trabajo para acogerse a la exención de la Ley N° 18.156. Expone que el 13 de agosto de 2025 ingresó la solicitud de retiro acompañando contrato de trabajo, título profesional apostillado, cédula de identidad y certificado de seguridad social de su país de origen. Señala que la recurrida rechazó dicha solicitud fundándose exclusivamente en la falta de apostilla de la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Argumenta que tal exigencia es de cumplimiento imposible debido al cierre de la representación diplomática de Venezuela en Chile, lo cual constituye un caso fortuito o fuerza mayor. Precisa que el documento es íntegramente verificable mediante código alfanumérico en el sitio web oficial del IVSS, acreditando fehacientemente la cobertura previsional activa en el extranjero por las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Previas citas legales, pide acoger el recurso de protección, declarar la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido, ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada y que la recurrida proceda a efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados en un plazo razonable.

Segundo: Que, con fecha 29 de septiembre de 2025, comparece el abogado Víctor Manuel Tabilo Marentis, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que el recurrente ingresó su solicitud el 13 de agosto de 2025, pero que la documentación aportada no cumple con los requisitos copulativos exigidos por la normativa vigente para acreditar la cobertura previsional en el extranjero. Menciona que el afiliado solo presentó una constancia electrónica que carece de firma autorizada y no se encuentra apostillada ni legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que la Administradora se encuentra obligada a seguir las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, específicamente el Oficio Ordinario N° 12.954 de 17 de julio de 2025, el cual establece que las constancias electrónicas del IVSS sin apostilla no son idóneas para acreditar el requisito de la Ley N° 18.156. Sostiene que la exigencia de apostilla emana de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y que la ley de exención es de carácter excepcional y de interpretación restrictiva.

Solicita, en definitiva, el rechazo de la acción de protección en todas sus partes, con expresa condena en costas, por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario imputable a la Administradora.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión. Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que del análisis de los antecedentes acompañados al recurso y del informe evacuado por la recurrida, se advierte que la decisión de AFP Plan Vital de rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales del actor, se fundó en el incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios establecidos en la Ley N° 18.156, así como en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y en la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente para interpretar y fiscalizar el cumplimiento de dicha normativa.

Sexto: Que, específicamente, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), acompañada por el recurrente, no constituye un certificado válido de afiliación en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico nacional. Ello, por cuanto dicho documento carece de firma legible de autoridad competente, no especifica las prestaciones cubiertas, y, no se observa debidamente legalizado ni apostillado, conforme lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Séptimo: Que, en este sentido, la actuación de la recurrida no sólo se enmarca dentro del cumplimiento estricto de la Ley N°18.156 y de su reglamentación técnica, sino también dentro del ejercicio legítimo de las instrucciones y criterios establecidos por el órgano regulador competente —la Superintendencia de Pensiones—, cuyas interpretaciones son de obligatorio cumplimiento para las AFP conforme al artículo 94 del D.L. N° 3.500 de 1980.

Octavo: Que no se advierte en el proceder de la Administradora recurrida ni ilegalidad ni arbitrariedad alguna. La exigencia de documentación debidamente legalizada o apostillada no responde a un formalismo irrazonable, sino a una garantía mínima de autenticidad y veracidad de los instrumentos públicos extranjeros, que encuentra sustento en normas de orden público procesal que regulan el valor probatorio de dichos documentos en el país, por lo demás los documentos incorporados en el recurso no dicen relación ni con el recurrente ni con la Administradora de Fondos recurrida.

Noveno: Que, establecido lo anterior, deviene inoficioso pronunciarse sobre las garantías fundamentales invocadas por el actor, desde que no se configura, en el caso concreto, un acto que prive, perturbe o amenace ilegítimamente su ejercicio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N° 20677-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Paula Rodríguez Fondón, conformada por el Ministro (S) señor Sergio Córdova Alarcón y la Abogada Integrante señora Bárbara Vidaurre Miller.