Protección contra Policía de Investigaciones de Chile y en contra de don Carlos Rojas Churkovic

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, Comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, representado por su abogado patrocinante don Nicolás Ernesto Felipe Arévalo Jara, interponiendo recurso de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile y en contra de don Carlos Rojas Churkovic, Subprefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, por haber dictado la Resolución Exenta N° 1 de fecha 11 de septiembre de 2024, que dispone la suspensión de funciones del recurrente con merma del 20% de sus remuneraciones, decisión adoptada en el marco del Sumario Administrativo N° 508-2024, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se habría continuado con la tramitación del procedimiento disciplinario en contravención expresa del artículo 138 bis inciso final del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, el cual ordena suspender la tramitación cuando respecto de los hechos investigados se ha formulado denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito, hasta el término de la causa penal, vulnerando con ello el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, libertad de trabajo y su protección y el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, garantizado a todas las personas en el artículo 19 N° 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

En cuanto a los antecedentes de hecho, relata que todo se remonta al 20 de enero de 2024, fecha en la que fue víctima del delito de amenazas no condicionales previsto y sancionado en el artículo 296 del Código Penal, ocurrido en la ciudad de Arica, siendo el autor de este ilícito el señor nombre reservado, Director Regional de la Corporación de Asistencia Judicial de Arica y Parinacota, quien es el exconviviente civil de su actual pareja.

Posteriormente, el 09 de marzo de 2024, el señor nombre reservado reiteró sus amenazas en contra del recurrente, principalmente por no aceptar la relación sentimental que éste mantiene con su exconviviente.

En virtud de lo anterior y de lo dispuesto en la letra b) del artículo 109 del Código Procesal Penal, el recurrente, en su calidad de víctima, presentó querella criminal contra la persona que lo amenazó. Dicha querella fue interpuesta el día 14 de marzo de 2024 ante el Juzgado de Garantía de Arica, tramitándose actualmente bajo el RUC 2410012768-3 / RIT 1860-2024.

Entre las diligencias solicitadas en ejercicio de sus derechos como víctima, se pidió en el tercer otrosí del libelo que se oficiara a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, a fin de que informara sobre la Denuncia N° 362, de fecha 18 de abril de 2023, presentada por otra persona en contra de nombre reservado, también por el delito de amenaza. El recurrente señala que esta diligencia era pertinente a los hechos de los que fue víctima, por cuanto demostraría una actitud sostenida en el tiempo por parte del hechor, quien se habría visto implicado en denuncias previas por el mismo delito.

Ahora bien, el ejercicio de sus derechos como víctima provocó que el señor nombre reservado presentara una querella en contra del recurrente por el supuesto delito de revelación de secreto, fundado en el hecho de haber solicitado que se oficiara a la Brigada de Homicidios de la PDI para que informara sobre la denuncia presentada previamente por el señor nombre reservado contra el señor nombre reservado por el delito de amenazas. Esta querella fue presentada en contra del recurrente el día 25 de junio de 2024, tramitándose bajo el RUC 2410029988-3 / RIT 4449-2024 del Juzgado de Garantía de Arica.

Una vez declarada admisible esta querella, el señor nombre reservado se preocupó de ponerla en conocimiento de la Prefectura PDI de Arica y Parinacota, lo que derivó en el inicio del Sumario Administrativo N° 508-2024 de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional de Arica y Parinacota.

El recurrente expone que la tramitación del sumario administrativo es secreta, lo que implicó que le fuera imposible tener conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo en el mismo, sin que fuera posible saber si este sumario siguió su tramitación o bien se suspendió conforme a la norma expresa del artículo 138 bis inciso final del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile. No obstante dicha norma, el sumario administrativo continuó su tramitación, lo que derivó en que finalmente se le suspendiera de sus funciones.

De lo anterior tomó conocimiento el día 11 de septiembre de 2024, cuando fue notificado de la resolución que lo suspendió de sus funciones, enterándose en ese momento que la PDI, en contravención explícita de la ley, continuó de manera ilegal y arbitraria con la tramitación del procedimiento sumario, lo que trajo como consecuencia que se le privara ilegal y arbitrariamente de su libertad de trabajo con una merma del 20% de descuento en sus remuneraciones.

En cuanto a los fundamentos jurídicos de la ilegalidad alegada, sostiene que la Resolución de fecha 11 de septiembre de 2024 infringe el artículo 138 bis inciso final del DFL 1, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile. Precisa que no cuestiona las potestades disciplinarias y precautorias en los procesos administrativos de la Policía de Investigaciones de Chile, sino que refiere que el 16 de febrero de 2022 entró en vigor la Ley N° 21.427, que en su artículo 5° incorporó el inciso final del artículo 138 bis al Estatuto del Personal de la PDI, estableciendo que "Con todo, se suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario y el plazo de prescripción de su acción si respecto de los hechos que lo motivaron se formula denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito, en los términos que establece la ley, hasta el término de la causa penal".

En ese sentido, argumenta que el hecho de haberse recibido la querella y haberse tomado conocimiento de aquella por la PDI fue el presupuesto de inicio del procedimiento sumario, siendo este hecho, además, el presupuesto suficiente para encontrarse en la hipótesis de aplicación inmediata de la suspensión del proceso disciplinario, situación que no acontece en la especie, infringiéndose la norma señalada de manera explícita. Por consiguiente, todas las actuaciones realizadas con posterioridad a la génesis o instrucción del Sumario Administrativo N° 508-2024 de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional de Arica y Parinacota, que median después del 10 de julio de 2024 al 11 de septiembre de 2024, son ilegales, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tiene la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, ilegalidad de la que sólo se tomó conocimiento con la notificación de la decisión de suspensión de funciones que priva del 20% de las remuneraciones el 11 de septiembre de 2024.

El recurrente también sostiene que el acto administrativo dictado de manera ilegal es arbitrario, toda vez que carece de fundamentación suficiente para privarlo de sus garantías constitucionales. Este acto administrativo se fundamenta en dos considerandos. El considerando 1° señala que conforme a la gravedad de los hechos ordenados investigar y para un mejor éxito en la investigación, la Fiscalía en Comisión PDI ha considerado suspender de sus funciones al Comisario nombre reservado, acreditándose por auditoría entregada por la Jefatura Nacional de Tecnologías de la Información y Transformación Digital que el inculpado consultó a nombre reservado nombre reservado el día 13 de marzo de 2024 en el sistema Base Relacional para Análisis e Información BRAIN, siendo estos antecedentes aportados por nombre reservado en su querella contra nombre reservado el 14 de marzo de 2024, y que además consultó a nombre reservado en el Sistema Integrado de Búsqueda de Información "SIBI" el mismo día 13 de marzo de 2024.

De la sola lectura se desprende la arbitrariedad del acto administrativo, pues no se fundamenta por qué los hechos serían "graves", no se indica ningún antecedente que justifique esta supuesta "gravedad" y menos se desarrolla alguna hipótesis donde suspenderlo de funciones disminuya la "gravedad" de los hechos. Tampoco se desarrolla de qué manera el mantenerlo en funciones afectaría el éxito de la investigación, no existiendo ningún desarrollo fáctico ni normativo que permita llegar a dicha conclusión. En este considerando no se menciona ni se valora la cuenta escrita dada por el recurrente a su superior el señor nombre reservado el 4 de julio de 2024. Por último, esta arbitrariedad queda manifiesta en el considerando N° 2 de la resolución ilegal, que se limita a señalar "La facultad que me confiere el Reglamento de sumarios administrativos e investigaciones sumarias de la Policía de Investigaciones de Chile", siendo evidente que carece de fundamento fáctico y normativo.

Respecto de las garantías constitucionales que se estiman vulneradas, sostiene que el actuar ilegal y arbitrario de los recurridos lo ha privado del derecho a la libertad de trabajo y su protección, garantía fundamental que regula el artículo 19 N° 16 en sus incisos primero a cuarto de la Constitución Política de la República.

Asimismo, se configura una infracción al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, derecho reconocido en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución, al vulnerarse una norma de carácter obligatorio como lo es el artículo 138 bis del Estatuto del Personal, privándose al investigado de una de las garantías que por ley se le asegura, esto es, la suspensión efectiva y real del proceso, y no aquella artificiosamente creada a partir del 11 de septiembre de 2024, actuando la autoridad recurrida sin la investidura legal correspondiente, lo que equivale a la actuación de una comisión especial o un tribunal ad hoc constituido con el único objeto de juzgar una situación específica.

Finalmente, el derecho de propiedad sobre la integridad de sus remuneraciones se ve afectado, garantía fundamental que se encuentra protegida por el Estatuto del Personal en los artículos 97 y 98, que establecen la remuneración como un derecho y consagran el derecho a la integridad de las remuneraciones, afectación que obedeció a una causa injusta e ilegítima que priva de un 20% de las remuneraciones al recurrente, produciéndose materialmente en la remuneración que le fue pagada el 14 de septiembre del año 2024.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se haga lugar a la constitucional de protección deducida, dejando sin efecto la resolución recurrida, alzando la suspensión impuesta y en consecuencia eliminarla de todo registro público, oficiando a todas las instituciones que haya tomado conocimiento de la misma.

Segundo: Que, comparece la abogada doña María Inés Wise Díaz de la Vega, en representación del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Eduardo Alejandro Cerna Lozano, solicitando que se desestime la presente acción de protección por los siguientes fundamentos.

En primer lugar, expone que los hechos que dieron origen al presente recurso de protección se iniciaron con la instrucción de la Orden N° 508, de fecha 10 de julio de 2024, emanada de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional de Arica y Parinacota, mediante la cual se dispuso la apertura de un sumario administrativo. Sostiene que el propósito de dicha investigación disciplinaria consistió en establecer clara y fehacientemente las causas y circunstancias que motivaron la presentación de una querella criminal por parte de don nombre reservado en contra del Comisario nombre reservado, por el delito de violación de secreto contemplado en el artículo 246 del Código Penal, debiendo determinarse la veracidad de los hechos expuestos por el querellante, además de establecer la eventual responsabilidad administrativa que pudiere recaer al mencionado Comisario o a algún otro miembro de la institución.

Asimismo, señala la informante que en la referida orden fue designado como fiscal del sumario el Subprefecto Carlos Rojas Churkovic. Prosigue indicando que mediante Oficio Ordinario N° 05, de fecha 10 de septiembre de 2024, la fiscalía en comisión solicitó a la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional de Arica y Parinacota la aprobación de la suspensión de funciones del Comisario nombre reservado, fundándose en que tal medida resultaba necesaria para el mejor éxito de la investigación, toda vez que los hechos investigados comprometen el prestigio de la institución y las circunstancias ameritan su adopción por tratarse de hechos de suma gravedad, acreditándose mediante auditoría entregada por la Jefatura Nacional de Tecnologías de la Información y Transformación Digital que el inculpado consultó en el sistema BRAIN información relativa a don nombre reservado el día 13 de marzo de 2024, correspondiendo a antecedentes que habrían sido aportados en su querella contra don nombre reservado.

En relación con lo anterior, expone que mediante Oficio N° 1613, de fecha 11 de septiembre de 2024, la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional de Arica y Parinacota autorizó la suspensión de funciones solicitada, en virtud de lo cual, mediante Resolución N° 01, de igual fecha, el fiscal Carlos Rojas Churkovic resolvió suspender de funciones a contar de ese mismo día al Comisario nombre reservado, en conformidad a lo preceptuado en el artículo 13 del Reglamento de Sumarios e Investigaciones Sumarias de la Policía de Investigaciones de Chile, considerando la gravedad de los hechos investigados y con el objeto de conferir mayor transparencia al proceso investigativo. Agrega que el funcionario suspendido fue debidamente notificado de la resolución.

Por otra parte manifiesta que mediante Resolución Exenta N° 01, también de fecha 11 de septiembre de 2024, el fiscal Carlos Rojas Churkovic resolvió suspender la tramitación del procedimiento disciplinario y el plazo de prescripción de su acción, en razón de que los hechos investigados motivaron una querella por constituir delito, habiéndose incoado el RUC 2410029988-3 del Juzgado de Garantía de Arica, causa que a esa fecha se encontraba en estado de investigación, suspendiéndose el sumario hasta el término de la causa penal, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 bis del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile. Indica que el Comisario nombre reservado fue debidamente notificado de esta resolución el día 11 de septiembre de 2024 por el Subcomisario nombre reservado, entregándosele copia de la misma.

Respecto de los fundamentos jurídicos que amparan la actuación de la institución recurrida, el informe invoca, en primer término, el artículo 13 del Decreto N° 1 de 6 de enero de 1982 sobre Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la Policía de Investigaciones de Chile, se faculta al fiscal para suspender de sus funciones al o los inculpados cuando sea necesario para el mejor éxito de la investigación, cuando los hechos investigados comprometan el prestigio de la institución, o cuando las circunstancias lo aconsejen en hechos de suma gravedad, medida que surte efecto previa aprobación de la autoridad que ordenó instruir el sumario y desde que sea notificada por el actuario. Destaca que dicha norma establece que la suspensión privará al inculpado del 20% de la remuneración correspondiente a los días que ella dure, pero que si el funcionario fuere absuelto o sobresalido, tendrá derecho a percibir la parte de remuneración que no se le canceló, pudiendo la suspensión ser dejada sin efecto en cualquier etapa del sumario por el fiscal o por la autoridad que ordenó instruirlo.

Asimismo, hace referencia al artículo 138 bis del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, que dispone la suspensión de la tramitación del procedimiento disciplinario y del plazo de prescripción de su acción si respecto de los hechos que lo motivaron se formula denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito, manteniéndose dicha suspensión hasta el término de la causa penal. Complementariamente, cita el artículo 136 del DFL 29 de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, aplicable supletoriamente, que faculta al fiscal en el curso de un sumario administrativo para suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo al o los inculpados como medida preventiva.

En cuanto a la interpretación armónica de estas disposiciones, argumenta que la suspensión del procedimiento disciplinario ordenada conforme al artículo 138 bis del Estatuto no puede traer como consecuencia que la suspensión de funciones previamente decretada respecto de uno o varios inculpados quede sin efecto, toda vez que la normativa prevé expresamente las causales y la época en que esta medida puede ser dejada sin efecto, no contemplándose entre ellas la paralización del sumario por la existencia de una causa penal. Sostiene que entender lo contrario implicaría que el inculpado, al retornar a sus labores, podría realizar acciones que afecten la obtención de medios de prueba o ejercer influencia que menoscabe la imparcialidad de futuros testigos, citando al efecto el Dictamen N° E393403 de 2023 de la Contraloría General de la República.

Adicionalmente, precisa que la suspensión de la tramitación del sumario debe operar desde que el fiscal toma conocimiento, por cualquier vía, de que se ha interpuesto una denuncia o querella, pero que no basta el solo conocimiento de la existencia de una causa penal, sino que esta debe encontrarse vigente, debiendo el fiscal constatar que la causa no se encuentra terminada. Explica que en el caso de autos, mientras el fiscal determinaba la vigencia de la causa a la que había dado lugar la querella, se procedió a recopilar antecedentes, lo que una vez verificado dio lugar a la suspensión del sumario administrativo, sin que ello implique adoptar decisión alguna sobre el fondo del asunto.

En lo concerniente a la presunta vulneración del derecho consagrado en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, relativo a la libertad de trabajo y su protección, sostiene que de los antecedentes expuestos por el recurrente no se advierte de qué manera una medida de suspensión de funciones, ajustada a la regulación vigente, habría transgredido dicha garantía constitucional.

Respecto de la presunta vulneración de la garantía del debido proceso contemplada en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, la recurrida arguye que conforme al texto del artículo 20 constitucional, la garantía protegida por el recurso de protección se refiere única y exclusivamente a que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, por lo que, de los antecedentes presentados por el recurrente, no se observa de qué manera la adopción de una medida de suspensión de funciones, cuyo objetivo es salvaguardar el éxito de la investigación, podría considerarse una decisión de una comisión especial, toda vez que en ningún momento se ha abordado el fondo del asunto que da origen al procedimiento administrativo en cuestión.

En cuanto a la presunta vulneración del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, señala que la jurisprudencia ha declarado uniformemente que el nombramiento de un funcionario público como titular de un empleo no confiere derecho de propiedad sobre él, ni puede enmarcarse en la concepción patrimonial de dominio.

Por lo expuesto solicita que se desestime la acción.

Tercero: Que, a su turno, informa don Claudio Alberto Sepúlveda Navarro, abogado, en representación de don nombre reservado, Subprefecto de la Policía de Investigaciones de Chile y Fiscal instructor del Sumario Administrativo N°508-2024.

En primer lugar, señala que se le designó como fiscal instructor en un sumario administrativo seguido en contra del Comisario nombre reservado, cuyo fin era establecer clara y fehacientemente las causas y/o circunstancias que motivaron la presentación de una querella criminal en su contra.

Indica que el 10 de septiembre de 2024, la Fiscalía PDI solicitó a la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Arica-Parinacota, mediante Ordinario número 5, la aprobación de suspensión de funciones del Comisario nombre reservado. Dicha petición se fundó en la necesidad de la medida administrativa para un mejor éxito de la investigación, porque los hechos que se investigan comprometen el prestigio de la Institución y las circunstancias ameritan por ser hechos de suma gravedad, toda vez que se acreditaba mediante auditoría entregada por la Jefatura Nacional de Tecnologías de la Información y Transformación Digital, que el inculpado consultó a nombre reservado el día 13 de marzo de 2024, en el sistema BRAIN, correspondiendo a antecedentes que habrían sido aportados en su querella contra nombre reservado.

Destaca que, mediante Oficio N° 1613 (reservado por sumario), de fecha 11 de septiembre de 2024, la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Arica-Parinacota autorizó la suspensión de funciones del Comisario nombre reservado. Consecuentemente, mediante Resolución N° 01, de fecha 11 de septiembre de 2024, el Fiscal Carlos Rojas Churkovic suspendió de funciones a contar de la misma fecha al Comisario nombre reservado, en conformidad a lo preceptuado en el artículo 13 del Reglamento de Sumarios e Investigaciones Sumarias de la Policía de Investigaciones de Chile, en razón de la gravedad de los hechos y a fin de darle mayor transparencia al proceso investigativo. Mediante acta de notificación del 11 de septiembre de 2024, siendo las 19:10 horas, el funcionario suspendido fue notificado personalmente de la resolución, entregándosele copia de la misma y haciéndosele retiro de las especies fiscales.

Asimismo, señala que mediante Resolución Exenta N° 01, de fecha 11 de septiembre de 2024, el Fiscal Carlos Rojas Churkovic resolvió suspender a contar de esa fecha la tramitación del procedimiento disciplinario y el plazo de prescripción, por cuanto los hechos investigados motivaron una denuncia o querella por constituir delito, incoándose al efecto el RUC 2410029988-3 del Juzgado de Garantía de Arica, la cual a la fecha se encuentra en estado de investigación, manteniéndose hasta el término de la causa penal, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 bis del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

Dicho lo anterior y en cuanto a los motivos por los que estima que el recurso debe ser desestimado, se refiere, en primer lugar, respecto de la supuesta vulneración del artículo 19 N° 16 sobre la libertad de trabajo y su protección, no se advierte de qué manera una medida de suspensión de funciones, ajustada a la regulación, haya transgredido la garantía de libertad de trabajo. En efecto, sostiene que la sola circunstancia de haber sido suspendido de funciones no puede ser considerada una vulneración de sus derechos fundamentales, toda vez que el fiscal del sumario administrativo se encuentra legalmente facultado por el artículo 13 del Decreto N°1 de 1982, Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la Policía de Investigaciones, para tomar dicha medida, la que surte efecto previa aprobación de la autoridad que ordenó instruir el sumario, ajustándose por cierto a la regulación que existe en relación a la tramitación del procedimiento disciplinario.

En segundo lugar, respecto de la supuesta vulneración del artículo 19 N° 3 inciso 5° sobre la garantía del debido proceso, en relación al artículo 138 bis del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, señala que nuestros tribunales han esgrimido que, conforme al texto del artículo 20 de la Constitución Política, es claro que la garantía que protege el recurso de protección se refiere única y exclusivamente a que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, protección que no se extiende al inciso del mismo artículo relativo al debido proceso propiamente tal.

Respecto del análisis del artículo 138 bis inciso final del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, esgrime que en autos queda claro que antes del sumario ya se había presentado una querella, lo cual es determinante para la confección de los supuestos del artículo 138 bis. Lo que hizo la Policía de Investigaciones fue establecer el alcance del reclamo, para lo cual, en ejercicio de potestades y cuidando el debido proceso, instruyó sumario. Arribado el fiscal a la causa administrativa, como cuestión principal, en procedimiento hoy suspendido, tan pronto se recibió respuesta desde el departamento informativo, determinó el señor fiscal mérito para proponer la suspensión del funcionario, lo que fue refrendado por la superioridad, materializándose el 11 de septiembre de 2024 mediante ordinario respectivo.

El informante cita Dictamen E393403 de Contraloría, de fecha 14 de septiembre de 2023, posterior a la modificación de la ley que vino en agregar el artículo 138 bis. En dicho dictamen, Contraloría señaló que, considerando que no se reguló desde cuándo debe operar la suspensión ni las facultades o mecanismos para que el fiscal del sumario pueda requerir o tomar conocimiento de las denuncias o querellas, cabe entender que el fiscal deberá decretar la suspensión de la tramitación del sumario en cuanto haya tomado conocimiento, por cualquier vía, de que se ha interpuesto la pertinente denuncia o querella.

Adicionalmente, destaca que el funcionario no interpuso administrativamente ningún recurso o requerimiento en reposición o apelación administrativa, a fin de cuestionar o modificar la suspensión de actividades laborales, la rebaja consecuencial de remuneraciones mientras se mantenga con suspensión administrativa, así como del hecho de la suspensión del procedimiento.

Respecto de la supuesta vulneración del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, señala que no hay derecho de propiedad sobre el cargo del recurrente, por lo que concluye que no se ha verificado vulneración alguna a las garantías pretendidas por el actor, toda vez que el fiscal, actuando en el ámbito de su competencia y atribuciones y de acuerdo al ordenamiento legal, solo ha dado cumplimiento fiel a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N°1 de 06 de enero de 1982, Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la Policía de Investigaciones, y al artículo 138 bis inciso final del DFL N° 1 de 1980, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

Por todo lo expuesto, solicita el rechazo a cabalidad del recurso de protección interpuesto, con expresa condenación en costas.

Cuarto: Que, finalmente, con nombre reservado, en representación de don Eduardo Alejandro Cerna Lozano, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, aclara que el Sumario N° 508-2024, de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional de Arica y Parinacota, se encuentra actualmente suspendido.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos ciertos y preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que el acto que se estima como ilegal y arbitrario, corresponde a la Resolución Exenta N° 1, de fecha 11 de septiembre de 2024, dictada por Carlos Rojas Churkovic, Subprefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante la cual se dispuso la suspensión de funciones del recurrente con merma del 20% de sus remuneraciones, como efecto de las actuaciones del Sumario Administrativo N° 508-2024 de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional de Arica y Parinacota, incoado por hechos vinculados a la supuesta revelación de secreto.

Implícitamente el recurrente objeta dos cuestiones fundamentales: primero, que no se haya suspendido el procedimiento disciplinario de inmediato, al tomarse conocimiento de la existencia del proceso penal incoado ante el Juzgado de Garantía de Arica; y segundo, que se le haya suspendido de sus funciones en circunstancias que debió estar suspendido el sumario administrativo abierto en su contra.

Séptimo: Que con el conjunto de antecedentes aportados por la recurrente y la institución e instructor recurridos, en particular la exhibición de documentos, apreciados con arreglo al sistema de valoración de la sana crítica racional, se pueden inferir los siguientes hechos pertinentes y relevantes:

a) El día 25 de junio de 2024, el señor nombre reservado presentó una querella criminal contra el recurrente don nombre reservado, en dicho entonces Comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, como autor del delito consumado de violación de secreto por empleado público, declarándose admisible por el Juzgado de Garantía de Arica, proceso que se tramita bajo el RUC N°2410029988-3 / RIT N° 4449-2024;

b) De dicha acción penal pública tomó conocimiento la Prefectura de la Policía de Investigaciones de Arica y Parinacota, a través de una comunicación de doña nombre reservado enviada por correo electrónico, instruyéndose la Orden N° 508-2024, de fecha 10 de julio de 2024, de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional de Arica y Parinacota, la que dispuso la apertura de sumario administrativo contra don nombre reservado, investigación disciplinaria destinada a esclarecer circunstancias y eventual responsabilidad en hechos constitutivos del delito de violación de secreto contemplado en el artículo 246 del Código Penal;

c) Se designó como fiscal en comisión del sumario al Subprefecto Carlos Rojas Churkovic, recurrido, quien, mediante Oficio Ordinario N° 05, de fecha 10 de septiembre de 2024, solicitó a la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional de Arica y Parinacota la aprobación de la suspensión de funciones del Comisario nombre reservado;

d) Por medio del Oficio N° 1613, de fecha 11 de septiembre de 2024, la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional de Arica y Parinacota autorizó la suspensión de funciones pedida;

e) El fiscal Carlos Rojas Churkovic dictó la Resolución Exenta N° 01, de la misma fecha, suspendiendo las funciones a contar de ese mismo día al Comisario nombre reservado; y f) Mediante dicha Resolución Exenta N° 01 de fecha 11 de septiembre de 2024, el fiscal Carlos Rojas Churkovic adicionalmente resolvió suspender la tramitación del procedimiento disciplinario y el plazo de prescripción de la acción.

Octavo: Que para resolver la controversia acerca de las prerrogativas del instructor de la investigación disciplinaria, resulta ilustrativo y útil revisar las normas que regulan la materia.

El inciso final del artículo 138 bis del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, introducido mediante la Ley N° 21.041 de 2022, estipula que “Con todo, se suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario y el plazo de prescripción de su acción si respecto de los hechos que lo motivaron se formula denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito, en los términos que establece la ley, hasta el término de la causa penal”.

Por su parte, el artículo 13 del Decreto Supremo N° 1 de 1982 (Ministerio de Defensa Nacional), Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la Policía de Investigaciones de Chile, reza que “Cuando sea necesario para el mejor éxito de la investigación o cuando los hechos investigados comprometan el prestigio de la Institución, o las circunstancias lo aconsejen en hechos de suma gravedad, el Fiscal podrá suspender de sus funciones al o los inculpados, y esta medida surtirá efecto previa aprobación de la autoridad que ordenó instruir el sumario y desde que sea notificado por el Actuario, debiendo comunicarse ella a su Jefe directo y al Departamento del Personal. La suspensión privará al inculpado del 20% de la remuneración correspondiente a los días que ella dure, pero si el funcionario fuere absuelto o sobresalido, tendrá derecho a percibir la parte de remuneración que no se le canceló. En todo caso la suspensión podrá ser dejada sin efecto, atendida la circunstancia, en cualquier etapa del sumario, por el Fiscal o por la autoridad que ordenó instruirlo. Se cuidará que la suspensión se aplique por el tiempo indispensable y en base a antecedentes que la justifiquen, lo que se hará constar en la respectiva resolución. La suspensión decretada en el Sumario Administrativo no obsta a la que pudiere ordenar la autoridad judicial”.

Noveno: Que, en cuanto a la objeción que el sumario administrativo incoado contra el recurrente no se hubiese suspendido de inmediato -10 de julio de 2024-, ante la noticia de la existencia de un proceso penal abierto, debe tenerse presente que precisamente dicho conocimiento motivó la apertura de la investigación sumaria, debiendo el instructor designado -el recurrido- realizar las indagaciones requeridas para confirmar la certeza de su existencia y estado actual de tramitación, además de aquellas mínimas que permiten evaluar su seriedad, máxime si la imputación constitutiva de delito estaba referida a la conducta del recurrente en el ejercicio de sus funciones dentro de la institución.

De los antecedentes entregados se puede apreciar que, obtenida la información fehaciente del proceso penal vigente, el fiscal en comisión procedió a suspender el procedimiento con arreglo al inciso final del artículo 138 bis del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, la que contó con la autorización de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional de Arica y Parinacota, con fecha 11 de septiembre de 2024.

Décimo: Que, en cuanto a las suspensión de funciones decretada, cabe destacar que esta resolución se adoptó simultáneamente con la suspensión del sumario administrativo, conforme a las atribuciones exclusivas del sumariante que describe el artículo 13 del Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la Policía de Investigaciones de Chile, norma que es consistente con los términos del artículo 136 del Estatuto Administrativo.

En efecto, al acreditarse con la auditoría de la Jefatura Nacional de Tecnologías de la Información y Transformación Digital, que el día 13 de marzo de 2024 don nombre reservado consultó en el sistema de base relacional para análisis e información “BRAIN” y en el sistema integrado de búsqueda de información “SIBI”, por los antecedentes policiales de nombre reservado, se confirmó la información aportada en la querella en acción penal privada que el recurrente dirigió contra don nombre reservado, justificándose, por ende, que la medida cautelar resultaba necesaria para asegurar el éxito de la investigación -medios de prueba podrían desaparecer-, además de la gravedad de los hechos que comprometían el prestigio de la institución -información utilizada de sistema informático institucional para querellarse contra un particular por injurias-.

Desde luego, la suspensión del procedimiento disciplinario por la existencia de un proceso penal vigente no trae como efecto automático la suspensión o terminación de una medida cautelar decretada para asegurar los fines de la investigación. Por el contrario, la constatación de una causa criminal abierta puede corroborar o intensificar la necesidad de suspender las funciones del empleado público.

Undécimo: Que, en consecuencia, y no estableciéndose los supuestos básicos de este arbitrio de tutela conservativo -acciones u omisiones antijurídicas o abusivas directas, graves y manifiestas de parte de los recurridos-, pues no son incompatibles la suspensión del procedimiento administrativo y la suspensión de las funciones del investigado, resulta inconducente entrar al análisis de las garantías constitucionales que se alegan vulneradas, no pudiendo esta acción constitucional de protección prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile y Carlos Rojas Churkovic, Subprefecto de la misma institución.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el Ministro (I) Fernando Guzmán Fuenzalida.

N°Protección-20677-2024.