Protección contra nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, cinco de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, el 16 de septiembre de 2024, comparece doña nombre reservado, en representación de la menor de edad nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra del nombre reservado, por las omisiones que estima ilegales y arbitrarias consistentes en no aplicar los protocolos en caso de “bullying” y no adoptar todas las medidas conducentes a poner fin y sancionar a la responsable de los abusos cometidos a su representada de manera reiterada, lo que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 1, 2 y 10 de la Constitución Política de la República.

Expone que es tutora legal de la adolescente en cuyo favor recurre, de 15 años de edad, quien fue matriculada en el año 2024 en el curso primero medio del establecimiento educacional recurrido.

Refiere que, desde el ingreso de su representada al Instituto, y durante el año 2024, fue hostigada por otra estudiante, nombre reservado, a través de roces, agresiones físicas, miradas amenazantes y comentarios burlescos, destacando una agresión física cometida el 22 de octubre de 2024, consistente en haber tirado el cabello de la víctima, causándole contractura muscular y cervicalgia.

Asevera que, atendida la naturaleza de la agresión y situaciones previas entre las estudiantes, debió considerarse la falta como gravísima, sancionada de acuerdo con el reglamento con medidas disciplinarias que abarcan desde la suspensión hasta la cancelación de matrícula, incluyendo la condicionalidad, sin embargo, en este caso la estudiante nombre reservado fue sancionada con suspensión de tres días, lo que fue insuficiente, toda vez que no impidió evitar futuras agresiones cometidas durante el año 2025.

En efecto, indica que desde el comienzo del año 2025 los actos de hostigamiento se acrecentaron, afectando el estado anímico de la víctima, en particular una agresión de 7 de abril de 2025, durante la clase de educación física, en que la agresora le lanzó una pelota al rostro a su representada, quien logró esquivarla, siendo golpeada en el hombro. Asevera que dicha situación fue denunciada a la inspectora quien determinó que se trataba de un accidente, sin tomar en consideración las agresiones de larga data que venían ocurriendo entre las involucradas, e incluso instó a su representada a firmar un documento en el que reconocía que el acto en cuestión no había sido intencional.

Hace presente que la última situación descrita motivó una denuncia ante la Superintendencia de Educación, que evacuó un informe en la causa proteccional X-6579-2018, seguida ante el Centro de Medidas Cautelares de Santiago, en el que indica que se detectaron posibles incumplimientos a la normativa educacional, sin embargo, no se ha aplicado sanción alguna en contra de la agresora a este respecto.

Agrega que, a mediados del año 2025, su representada comenzó a sufrir crisis de pánico ante la idea de concurrir a clases, razón por la que en agosto de 2025 el establecimiento educacional le informó que elaboraría una propuesta y adecuación a los hechos reclamados, sin embargo, atendido que su representada no estaba asistiendo a clases, la propuesta que se le efectuó fue la adecuación de asignaturas troncales (lenguaje, matemáticas, historia y ciencias) a través del envío de materiales y fechas de evaluaciones.

Puntualiza que un psiquiatra que atiende a su representada desde septiembre de 2024 evacuó un informe en septiembre de 2025, en el que indica que la adolescente “se encuentra en tratamiento psicológico y psiquiátrico por un Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión relacionado con bullying y acoso escolar, presentando una importante alteración de su funcionalidad. Se aplicaron test de screening validadas como PHQ-9 y CDI con puntaje que respalda el diagnóstico”.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad cometida por la recurrida, asevera que consisten en: (i) no desplegar actuaciones tendientes a detectar situaciones de acoso escolar; (ii) no aplicar sanciones acordes a la categoría de la agresión, minimizando todos los actos y comportamientos denunciados; (iii) no ejecutar un plan de intervención, que debía durar un semestre; (iv) no adoptar medidas de resguardo en favor de la alumna acosada y; (v) no disponer medidas reparatorias y formativas; todo ello conforme a lo previsto en el reglamento escolar.

Previa referencia a las garantías que estima como vulneradas y a la normativa que entiende pertinente, solicita que se adopten todas las medidas necesarias para sancionar a los responsables, de acuerdo con las faltas cometidas, y que se adopten las providencias que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, con costas.

Segundo: Que, el 26 de septiembre de 2025, el nombre reservado evacuó el informe que le fue requerido, a través del cual asevera que el establecimiento educacional cuenta con un Plan de Gestión de Convivencia Escolar en línea con las directrices ministeriales, que establece protocolos claros para la prevención, mediación y resolución de conflictos.

En cuanto a los hechos del año 2024 descritos en el libelo, refiere que se identificó un conflicto interpersonal entre la estudiante nombre reservado y dos compañeras, por un lado, y la estudiante nombre reservado, por otro, quienes reportaron un conflicto de carácter mutuo y provocaciones menores, como roces físicos, miradas y comentarios que ambas partes interpretaron negativamente.

Señala que la situación descrita llevó a la activación del protocolo respectivo, que: (i) en su etapa de indagación, no se encontró evidencia concluyente de acoso escolar, sino que la existencia de dos grupos distanciados sin disposición a resolver sus diferencias; (ii) intervención con apoderados y; (iii) se ofreció a las estudiantes sesiones con la orientadora del establecimiento, sin embargo, la apoderada recurrente declinó formalmente la oferta, argumentando que su representada ya recibía apoyo de profesionales externos.

De otra parte, en lo relativo al incidente del 22 de octubre de 2024, en que la estudiante nombre reservado le tiró del cabello a la estudiante nombre reservado, explica que la primera, en entrevista con la Inspectora, admitió la agresión, justificándola como una reacción al sentirse hostigada verbalmente y acusada constantemente por la segunda, razón por la que, en aplicación del reglamento interno, se le aplicó la medida disciplinaria de suspensión por tres días hábiles, notificada a los apoderados de ambas partes, y sin que se reportaran nuevos incidentes.

En cuanto al año 2025, asegura que el establecimiento educacional tomó dos medidas proactivas, esto es: (i) designó como profesor jefe al docente en Educación Física y Encargado de Convivencia Escolar, para un manejo más directo del curso y; (ii) se mantuvo una matrícula reducida de 24 estudiantes, para facilitar el monitoreo y gestión del aula.

En lo relativo al incidente ocurrido en clase de Educación Física de 7 de abril de 2025 aludido en el recurso, los compañeros testigos y el profesor a cargo declararon unánimemente que se trató de un acto accidental, y que la estudiante nombre reservado reconoció, mediante declaración escrita, que el golpe recibido no había sido intencional.

Finalmente, en cuanto a la situación actual de la estudiante, hace presente que dejó de asistir a clases el 5 de agosto de 2025, recibiéndose un informe médico, en el que el facultativo solicita que la adolescente “finalice su año académico mediante la modalidad híbrida, solo presentando al Establecimiento a realizar sus evaluaciones, evitando la exposición continua a factores estresores escolares que han demostrado ser perjudiciales para su salud mental” (sic), razón por la que la tutora fue citada el 28 de agosto de 2025, para proponerle un ajuste curricular que, en su primera etapa, contempla evaluar y calificar las asignaturas de lenguaje, matemática, historia y biología, como asignaturas troncales, y evaluar la respuesta de la estudiante frente a tales exigencias, lo que fue aceptado por la apoderada.

Tercero: Que, el 10 de octubre de 2025, la Superintendencia de Educación evacuó el informe que le fue requerido, en el que, previa referencia a la normativa que rige el actuar de dicha repartición pública, indica que el 7 de mayo de 2025 ingresó una denuncia relativa a malos tratos a estudiantes y/o párvulos.

Explica que el 19 de junio del mismo año, luego de analizar los antecedentes aportados por la denunciante y el establecimiento educacional, se derivó la denuncia a la Unidad de Fiscalización, ante eventuales incumplimientos, realizándose la fiscalización el 8 de octubre de 2025, constatándose que: (i) el protocolo de accidentes escolares no se ajusta a la normativa educacional vigente y; (ii) el establecimiento no activó ni aplicó su protocolo de accidentes escolares ante la agresión que recibió la estudiante en clase de educación física.

Complementando su informe el 29 de octubre de 2025, la misma institución indicó que, en cuanto a las gestiones realizadas por la Superintendencia de Educación, con fecha 22 de octubre del 2025 se ordena instruir proceso administrativo a establecimiento educacional por presuntas contravenciones a la normativa educacional detectadas en fiscalización informada en ORO.

NUM000, por lo que en la actualidad, el expediente se encuentra en Unidad de Fiscalía de esta Superintendencia, donde Fiscal asignado formulará o no cargos contra el establecimiento educacional, según corresponda, adjuntando al efecto la Resolución Exenta Nº NUM001.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que de la lectura del arbitrio en análisis, surge que lo pretendido por la parte actora es que se constaten por esta Corte, las omisiones de la institución educacional recurrida que estima como ilegales y arbitrarias, consistentes en no aplicar los protocolos en caso de “bullying” y no adoptar todas las medidas conducentes a poner fin y sancionar a la responsable de los abusos cometidos a su representada de manera reiterada.

Sexto: Que, de la revisión de los antecedentes, surge que la Superintendencia de Educación, con fecha 22 de octubre del 2025 instruyó un proceso administrativo al establecimiento educacional recurrida, por presuntas contravenciones a la normativa educacional detectadas en fiscalización informada en ORO. NUM000, por lo que en la actualidad, el expediente se encuentra en Unidad de Fiscalía de esta Superintendencia, donde Fiscal asignado formulará o no cargos contra del colegio en contra del que se acciona.

En ese entendido, la omisión denunciada por la parte recurrente, consistente en la inaplicación del protocolo relativo a las agresiones y malos tratos entre estudiantes, se encuentra actualmente sometida al conocimiento del Órgano competente, en el marco de un procedimiento, siendo aquella la sede natural para su conocimiento, excediendo en consecuencia tal materia, los márgenes de la acción cautelar de urgencia consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Asimismo, es conveniente resaltar que los hechos narrados en el arbitrio en análisis están siendo conocidos en la causa proteccional X-6579-2018, seguida ante el Centro de Medidas Cautelares de Santiago, de lo que se colige que los mismos se encuentran bajo el amparo del derecho.

Séptimo: Que, por lo demás, resulta pacífico para las partes que la niña protegida se encuentra actualmente en clases a distancia por prescripción médica, por lo que en la actualidad no hay medida de urgencia alguna que ésta Corte puede adoptar a su respecto, a fin de resguardar su integridad física y psicológica.

En consecuencia, la acción constitucional en análisis será desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción deducida en favor de nombre reservado, en contra del nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el ministro (S) señor Fernando Valderrama M.

N°Protección-20674-2025.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner, e integrada, además, por la ministra señora Iara Barrios Melo y el ministro (S) señor Fernando Valderrama Martínez. No firma la ministra señora Barrios, por encontrarse con permiso administrativo.