nombre reservado con SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR

C.A. de Santiago Santiago, nueve de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente Primero: Que, comparece don Ernesto Manríquez Mendoza, abogado, en representación de nombre reservado y nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por su director, don nombre reservado, y de la Subsecretaría del Interior, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la omisión arbitraria e ilegal consistente en el no pronunciamiento respecto de sus solicitudes de nacionalización dentro de un plazo razonable, vulnerando las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución Política de la República.

Refiere como fundamentos de hecho que nombre reservado presentó, el 17 de agosto de 2022, una solicitud de nacionalización por el sistema informático establecido para el efecto por el Servicio Nacional de Migraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Migración y Extranjería, y 42, 43 y 62 de su Reglamento. Posteriormente, su cónyuge, nombre reservado, realizó idéntica solicitud el 7 de noviembre de 2022. Ninguna de estas solicitudes ha recibido una respuesta final por parte de las autoridades recurridas, ya sea en el sentido de conceder o denegar las nacionalizaciones solicitadas.

Expone que sus representados son de nacionalidad venezolana y buscan obtener la nacionalidad chilena debido a la grave desprotección que han sufrido por parte de su Estado de origen. Señala que, tras la victoria del opositor nombre reservado con más del 67% de los votos el 28 de julio de 2024, el régimen de Maduro habría respondido convirtiendo las cárceles de Tocorón y Tocuyito en campos de concentración de opositores, donde se encuentran detenidas más de 2.000 personas, incluyendo 140 niños, por su participación en actividades relacionadas con la campaña de González. Agrega que existe persecución política contra miles de personas por parte de los directores del equivalente venezolano de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios, sumado a bajos sueldos que llegan a dos dólares al mes y la toma de control por parte del Estado venezolano del Tren de Aragua, hechos que han sido denunciados por organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Advierte además que el Ejecutivo ha presentado, con fecha 8 de julio del presente año, indicaciones al proyecto de reforma a la Ley de Migración y Extranjería, Boletín 16.072-06, que aumentará el plazo requerido para solicitar la nacionalidad, de cinco años de residencia y la residencia definitiva, a diez años desde la concesión de la residencia definitiva, lo cual haría prácticamente imposible que sus representados puedan solicitar la nacionalidad chilena en el futuro.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, el recurrente sostiene que la omisión denunciada atenta contra los artículos 4, 7, 8, 14 y 27 de la Ley N° 19.880 sobre Bases del Procedimiento Administrativo, además del 3 y 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Argumenta que el artículo 175 de la Ley de Migración y Extranjería, en su numeral 11, ordenó la derogación del artículo 3º del Decreto N.º 5.142 de 1960, que definía el procedimiento de nacionalización como una gracia del Estado chileno, transformándolo en un procedimiento reglado sujeto a la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos.

Invoca los principios de celeridad administrativa, eficiencia, eficacia y coordinación, contenidos en los artículos 4º de la Ley N° 19.880 y 3º y 5º de la LOCBGAE. Cita especialmente el artículo 27 del citado cuerpo normativo, que establece un plazo máximo de 6 meses para la tramitación de procedimientos administrativos, y el principio de inexcusabilidad consagrado en el artículo 14 de la misma ley. Fundamenta también su recurso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en los casos "nombre reservado contra Chile", "Comunidad Indígena Sawhoyamaxa con Paraguay" y "Comunidad Indígena Yayka Axa con Paraguay", así como en la jurisprudencia de la Corte Suprema en el Rol N° 96.429-2021.

Reclama que la omisión denunciada vulnera el derecho al debido proceso administrativo, específicamente la garantía de resolución en un plazo razonable, consagrada en el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales vigentes. Además, argumenta que se ha establecido arbitrariamente por la autoridad dos categorías de extranjeros: aquellos que obtienen su nacionalidad dentro de un plazo razonable y aquellos que no, afectándose con ello la garantía del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene al Servicio Nacional de Migraciones remitir los antecedentes ya analizados a la Subsecretaría del Interior y a esta última que emita el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de nacionalización, todo ello dentro de quinto día hábil contado desde la notificación de la sentencia, o en subsidio, en el plazo que la Corte ordene, bajo el apercibimiento de que, si no se resolviere la solicitud, se remitirán los antecedentes al superior jerárquico y a Contraloría General de la República.

Segundo: Que, informando la Subsecretaría del Interior, solicita el rechazo de la acción constitucional, argumentando la inexistencia de una omisión arbitraria o ilegal, dado que las solicitudes se encuentran en trámite ante el Servicio Nacional de Migraciones siguiendo el procedimiento legal establecido. Asimismo, no habría privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales, pues no se ha acreditado una afectación concreta de derechos fundamentales. Y finalmente, sostiene que existiría una potencial vulneración a la garantía de igualdad ante la ley en caso de acogerse acciones de esta naturaleza, al otorgar un trato preferente injustificado respecto de otros solicitantes.

El informe señala que con fecha 10 de octubre de 2024, se interpuso acción de protección en favor de don nombre reservado y doña nombre reservado, alegando una supuesta omisión ilegal y arbitraria consistente en la no dictación de un acto administrativo terminal que resuelva su solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización.

Respecto al marco normativo aplicable, se indica que el otorgamiento de cartas de nacionalización a extranjeros se efectúa por decreto expedido con la firma de la autoridad superior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conforme a los artículos 84 de la Ley N° 21.325, 1° y 2° del Decreto Supremo N° 5.142 de 1960, y 1° apartado IV N° 4 de la ley N° 16.436. Asimismo, según el artículo 157 N° 8 de la ley N° 21.325, corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes para su posterior resolución ministerial.

En cuanto al estado actual de las solicitudes, estas se encuentran en tramitación ante el Servicio Nacional de Migraciones, etapa previa necesaria a la resolución por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El informe destaca que entre enero y marzo de 2024 se han presentado en promedio de 3.400 solicitudes mensuales, contextualizando que en años anteriores se recibieron más de 10.000 solicitudes en 2021, más de 30.000 en 2022 y más de 40.000 en 2023.

La Subsecretaría argumenta que no existe arbitrariedad en la tramitación, pues esta obedece a un procedimiento reglado cuya aplicación se ha incrementado exponencialmente. Respecto a la alegación de ilegalidad por no dictación del acto terminal dentro de plazo, cita jurisprudencia de la Corte Suprema y Contraloría General que establece que el plazo de 6 meses del artículo 27 de la ley N° 19.880 no es fatal.

Enfatiza que los recurrentes no han demostrado una vulneración concreta de garantías constitucionales, recordando que el solo hecho de tener una solicitud pendiente no implica afectación de derechos fundamentales, especialmente considerando que los solicitantes mantienen su situación migratoria regular con permanencia definitiva vigente.

Finalmente, advierte que acoger este tipo de recursos podría afectar la igualdad ante la ley, al favorecer injustificadamente a quienes recurren a la vía judicial por sobre aquellos que siguen el procedimiento regular. Se destaca que el otorgamiento de la nacionalización es una facultad discrecional del Estado y no una obligación, conforme lo han reconocido sentencias de la Corte Suprema en causas Roles Nros. 32.598-2022 y 52.030-2023.

Tercero: Que, por su parte, informa el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción, argumentando que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, por cuanto los recurrentes mantienen situación migratoria regular en el país al contar con permisos de permanencia definitiva vigentes. Además, la demora en la tramitación de las solicitudes de carta de nacionalización se encuentra justificada por caso fortuito derivado del aumento exponencial de flujos migratorios, y el plazo de 6 meses establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880 no es fatal para la Administración. Por ello, no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que vulnere garantías constitucionales.

De los antecedentes expuestos en el informe, consta que doña nombre reservado y don nombre reservado, ambos de nacionalidad venezolana, ingresaron a Chile el 12 de noviembre de 2016 por el paso fronterizo Carretera Chacalluta en calidad de turistas. Posteriormente, mediante Resolución Exenta N° 381.063 de fecha 13 de diciembre de 2018 y Resolución Exenta N° 209.510 de fecha 4 de junio de 2018, respectivamente, se les otorgó el beneficio de permanencia definitiva, el cual se encuentra actualmente vigente.

Con fecha 7 de noviembre de 2022, doña nombre reservado solicitó carta de nacionalización mediante ID N° 57639433. El 4 de julio de 2023, el Servicio Nacional de Migraciones le requirió remitir certificado del Servicio de Impuestos Internos que acredite estar al día con el pago de obligaciones tributarias, otorgándole un plazo de 60 días hábiles. Posteriormente, el 27 de junio de 2024, se remitieron los antecedentes a la Policía de Investigaciones para la entrevista de rigor, la cual fue realizada exitosamente, remitiendo dicha institución el informe respectivo el 3 de julio de 2024. Actualmente la solicitud se encuentra en etapa de Análisis.

Por su parte, don nombre reservado solicitó carta de nacionalización el 17 de agosto de 2022 mediante ID N° 53324465. El 30 de marzo de 2023 se remitieron los antecedentes a la Policía de Investigaciones para la entrevista correspondiente, la cual fue realizada exitosamente, remitiendo el informe respectivo el 13 de abril de 2023. Con fecha 28 de octubre de 2024, se le solicitó remitir documentos actualizados y vigentes, otorgándole un plazo de 60 días hábiles. Actualmente la solicitud se encuentra en etapa de Análisis 2.

El Servicio fundamenta su defensa señalando que la carta de nacionalización es una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por gracia, siendo su competencia limitada únicamente a la tramitación de la solicitud y no a su resolución, la cual corresponde al Presidente de la República mediante decreto refrendado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Respecto al tiempo de tramitación, argumenta que el plazo de 6 meses establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es fatal, citando jurisprudencia de la Corte Suprema, en la causa Rol N° 13364-2023, que confirma dicha interpretación. Además, sostiene que el aumento exponencial de flujos migratorios constituye caso fortuito que justifica una mayor demora, sin que ello implique vulneración de derechos fundamentales al mantener los recurrentes residencia regular. Cita también sentencia de la Corte de Apelaciones, en la causa Rol N° 3151-2023, que ha rechazado recursos similares considerando que la calidad de residente y condición migratoria regular obsta a que la pendencia de la solicitud constituya vulneración de garantías.

Cuarto: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, el hecho que motiva la presente acción constitucional es la demora en el pronunciamiento sobre las solicitudes de nacionalización presentadas por los recurrentes nombre reservado y nombre reservado el 17 de agosto de 2022 y el 7 de noviembre de 2022, respectivamente.

Sexto: Que, en cuanto al fondo, cabe considerar que nombre reservado solicitó carta de nacionalización el 17 de agosto de 2022 mediante ID N° 53324465, realizándose la entrevista con la PDI el 13 de abril de 2023, encontrándose actualmente en etapa de Análisis 2 y habiéndosele solicitado documentos actualizados el 28 de octubre de 2024. Por su parte, nombre reservado solicitó carta de nacionalización el 7 de noviembre de 2022 mediante ID N° 57639433, realizándose la entrevista con la PDI el 3 de julio de 2024, encontrándose actualmente en etapa de Análisis.

Séptimo: Que, en el escenario descrito es posible advertir que las solicitudes de Carta de Nacionalización se encuentran aún en trámite y si bien se constata una demora en su tramitación, ello puede encontrar respuesta en la gran cantidad de solicitudes que han formulado los extranjeros en el último tiempo, lo que es de público conocimiento, constatándose según lo informado por la Subsecretaría del Interior un promedio de 3.400 solicitudes mensuales entre enero y marzo de 2024, contabilizándose más de 10.000 el 2021, más de 30.000 el 2022 y más de 40.000 el 2023.

Octavo: Que, así ha sido reconocido por la Corte Suprema en causas Roles Nros. 32.598-2022 y 52.030-2023, señalando que el otorgamiento de la nacionalización es una facultad discrecional del Estado y no una obligación, y que la demora en la tramitación no constituye vulneración de derechos fundamentales.

Noveno: Que, en consecuencia, tratándose en este caso de una situación análoga a la examinada en los aludidos fallos por la Excma. Corte Suprema, pues lo impugnado aquí ha sido la demora en la dictación de un Acto Terminal, esto es, emitir pronunciamiento de la solicitud de Carta de Nacionalización, debe necesariamente concluirse que, en la presentación efectuada en estos autos, no se vislumbra arbitrariedad, pues la demora es razonable; y tampoco ilegalidad, puesto que el plazo que se confiere a la Administración establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, no es fatal.

Décimo: Que, tampoco se advierte un perjuicio o atentado a alguna garantía constitucional que pueda verse afectada con la demora, pues los solicitantes se encuentran en condición regular en el territorio nacional al contar con permanencia definitiva otorgada mediante Resolución Exenta N° 381.063 de fecha 13 de diciembre de 2018 y Resolución Exenta N° 209.510 de fecha 4 de junio de 2018, respectivamente, las cuales se encuentran actualmente vigentes.

Undécimo: Que, a mayor abundamiento, tratándose de un retardo en resolver las peticiones pendientes, debe considerarse que no hay un acto terminal respecto de los recurrentes, por lo que el recurso de protección no resulta ser la vía idónea para obtener lo solicitado en la presente acción.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado y doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior.

Sin perjuicio se recomienda a dichas entidades que procedan a agilizar la tramitación del proceso seguido respecto de los recurrentes para que emitan pronunciamiento respecto de sus solicitudes, a la brevedad posible.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-20673-2024.