nombre reservado con INSPECCION DEL TRABAJO DE PROVIDENCIA

Fojas: 378 C.A. de nombre reservado.

nombre reservado, veintisiete de abril de dos mil diez.

VISTOS:

A fojas 57, comparece don nombre reservado, presidente del Consejo de las Américas, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra la Inspección del Trabajo de Providencia, organismo que se ha arrogado las competencias de resolver sobre la legalidad del Consejo de las Américas, interpretar un Tratado Internacional, “decidiendo sobre que determinados trabajadores pueden negociar colectivamente”, dejando de aplicar un tratado internacional, resolviendo la naturaleza jurídica del Consejo de las Américas, sin atribuciones para ello y “careciendo de facultades para interpretar hechos y calificar situaciones que las partes controvierten”, vulnerando el derecho a “no ser juzgado por comisiones especiales”, contemplado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución de la República de Chile, y otros derechos vulnerados según el tenor de los antecedentes de hecho y de derecho que expone.

Manifiesta el recurrente que el Consejo de las Américas nace como un órgano internacional ejecutor de un Acuerdo entre Chile y Estados Unidos de América, producto de un Tratado Internacional suscrito entre ambos países en 1993, en el marco del Acuerdo de Cooperación Internacional entre ambos Estados de 1951, documentos acompañados a fojas 2, 5 y 72. Agrega, que de esta forma el Consejo es un órgano propiedad del Estado de Chile, sus recursos son de propiedad del estado chileno, los convenios y proyectos que ejecuta este organismo son firmados por el Presidente de la República, sus órganos son designados por los Estados de Chile y Estados Unidos de América y su rol único tributario en Chile es como organismo internacional. De esta forma las normas, competencias de interpretación y cuestiones relacionadas con el Tratado, son materia de los Estados concurrentes y del Consejo, careciendo todo otro organismo de competencias para abordar estos asuntos.

Agrega el recurrente que haciendo caso omiso de la regulación del Consejo de las Américas, de su historia y de su naturaleza jurídica contenida en el Tratado Internacional que tiene valor de Ley al tenor de la jurisprudencia nacional, la Inspección del Trabajo de Providencia se ha arrogado competencias para interpretar contratos de trabajo y el Tratado Internacional que funda el Consejo, decidir sobre la naturaleza jurídica de la institución, interpretando hechos y valorando la prueba, tasando prueba presentada por las partes ante la recurrida, careciendo de facultades para ello y arrogándose competencias que le corresponden al Presidente de la República y/o a los Tribunales de Justicia, constituyéndose en una comisión especial de las que sanciona la Constitución de la República. Así, arrogándose competencias que no le pertenecen inscribió un Sindicato en el Consejo, resolviendo la creación del mismo, por un órgano dentro del Tratado y que el acuerdo internacional no contempla, señalando que no es parte del Estado de Chile, extralimitándose en el ejercicio de sus facultades legales, constituyéndose en una comisión especial alterando las reglas de un debido proceso de ley. Continúa señalando la recurrente, que con esta actuación la recurrida ha aplicado multas y ha permitido que se desarrolle un proceso de negociación colectiva en un órgano creado por un Tratado Internacional, hecho sin precedente en la historia del Estado de Chile como sujeto de Derecho Internacional Público, y agrega que, permitir negociar colectivamente en instituciones regidas por esta rama del derecho, equivale a tolerar la negociación del contenido de los Tratados y promover la negociación colectiva en una embajada o consulado, situación que constituye una aberratio iuris.

Señala que la recurrida Inspección del Trabajo exigió a esta recurrente que se acompañaran antecedentes para acreditar la inhabilidad para negociar colectivamente y contenida en el artículo 305 del Código del Trabajo, que establece que no pueden negociar colectivamente las “empresas” que tengan aportes de más de un 50% de parte del Estado, documento que es el mismo texto del Tratado y que fue acompañado a la Inspección, en que se indica que todos los fondos del Consejo de las Américas son propiedad del Estado y que el 100% de su financiamiento es del Estado chileno al tenor del artículo 4 del mismo Tratado. Así, la Inspección haciendo caso omiso de la presentación, resolvió la legalidad del proceso de negociación colectiva sin atribuciones para ello, constituyéndose en una comisión especial para valorar la prueba y resolver sobre el tema a través de la resolución 168 la que es comunicada a la recurrente con fecha 15 de abril de 2008, y que se adjunta a fs. 28 y siguientes, señalando que el proceso de negociación colectiva es legal y que la recurrente debe evacuar un proyecto de contrato colectivo, desconociendo por medio de esta resolución la aplicación de un Tratado Internacional suscrito por Chile y que se encuentra vigente y además desconociendo la inhabilidad del Consejo de las Américas para negociar colectivamente. Abunda en su argumentación señalando que la resolución 168 además obliga al Consejo a negociar con trabajadores que están contratados a honorarios civiles, como si fueran contratados por el régimen laboral común, no estando habilitados estos trabajadores a negociar colectivamente.

La recurrente acompaña diversos documentos: a fojas 33 y siguientes sentencias de la Excma. Corte Suprema señalando que en casos idénticos ha resuelto concediendo la protección solicitada; a fojas 65 certificado del Auditor General del Consejo de Américas Sr. nombre reservado, quien certifica que el 72% de los recursos del Consejo son de uso del Estado de Chile y a fojas 70 formulario de acreditación del Consejo de las Américas como Organismo Internacional ante el Servicio de Impuestos Internos.

A fojas 130, la recurrente amplía el presente recurso por nuevos hechos y antecedentes, reafirmando la naturaleza jurídica del Consejo de las Américas señalando que es un organismo del Estado de Chile y que la calificación jurídica del organismo le corresponde al legislador y a los Tribunales de Justicia y a la Contraloría General de la República y no a la Inspección del Trabajo. Continúa manifestando, que con fecha 28 de mayo de 2008 la recurrida resolvió aplicar a un organismo del Estado de Chile, esto es, el Consejo de las Américas, una multa pecuniaria N° 7424/08/64, por no reincorporar a trabajadores despedidos por razones de necesidad del organismo y por incumplimiento de contrato, fundado en el supuesto proceso de negociación colectiva, resolución adjuntada a fojas 140 y siguientes. La referida multa no es más que otra pretensión de la recurrida de sostener una calificación jurídica que no le corresponde, como se ha señalado reiteradamente.

Finalmente, la recurrente solicita conceder protección constitucional al Consejo de las Américas, dando trámite al presente recurso, declararlo admisible, reestableciendo el debido imperio del Derecho y señalar que la Inspección del Trabajo de Providencia se arroga competencias de las que carece, constituyéndose en Comisión Especial de las que prohíbe la Constitución Política de la República en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental y que la Inspección debe cesar toda actuación referida al Consejo de las Américas dando plena aplicación al Tratado Internacional suscrito por Chile y Estados Unidos el año 2003, con costas.

A fojas 105, informa el presente recurso de protección don nombre reservado, abogado, por su representado don nombre reservado, Inspector Comunal del Trabajo de Providencia, señalando que el recurso no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en el auto acordado de la Excma. Corte Suprema, toda vez que el escrito de la pretendiente no menciona ningún hecho realizado por el Servicio que pueda constituir la vulneración de garantías constitucionales; además agrega que la recurrente en la parte petitoria de su escrito no señala cuál es el acto administrativo ilegal y arbitrario contra el cual recurre, por lo que solicita se declare la inadmisibilidad del recurso interpuesto, con costas. Continúa manifestando, que el recurso interpuesto por la recurrente es improcedente en atención a la naturaleza jurídica del acto recurrido, al no mencionar el acto u omisión contra el cual recurre, lo cual dificulta informar el presente recurso, pero como la recurrente acompaña a fojas 28, copia de la resolución N° 168 de fecha 14 de abril de 2008, dictada por el Inspector Comunal del Trabajo de Providencia, informarán al respecto. Señala que el recurso de protección tiene como finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del ofendido, cuando éste ha sufrido arbitraria e ilegalmente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que taxativamente se enumeran, es decir, constituye un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado, y en este caso se ha interpuesto la acción cautelar en contra de una resolución administrativa, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de esta resolución, la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo. En estas circunstancias, el recurso de protección se está utilizando como mero sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias contempladas por la legislación y que protegen suficientemente los derechos que se dicen conculcados, ya que bastaría a un empleador con observar la participación de ciertos trabajadores , aún ilegalmente, para privar a éstos, en caso de controversia por parte de la comisión negociadora, del derecho a participar en un proceso de negociación colectiva, impidiéndoles reclamar ante la Inspección del Trabajo respectiva a pesar del claro tenor literal del artículo 331 del Código del Trabajo y en atención a lo expuesto solicita se declare la improcedencia del recurso interpuesto, con costas.

Agrega que el recurso es improcedente en atención a la falta de requisitos constitucionales para su procedencia, en razón de que la actuación de su representada se encuentra exenta de toda ilegalidad y arbitrariedad, al haberse dictado dentro de la competencia que la ley le confiere y previa ponderación de los hechos y normativa aplicable. En cuanto a los hechos, señala que con fecha 4 de febrero de 2008, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Consejo de las Américas presentó a su empleadora un proyecto de contrato colectivo el cual fue respondido y depositado en la Inspección Comunal el 25 de marzo del mismo año y el 28 del mismo mes y año el Sindicato, en ejercicio del derecho que le otorga el artículo 331 incisos 1° y 2° del Código del Trabajo, interpuso ante la Inspección objeción de legalidad en contra de la respuesta de la recurrente, esto por: a) negarse a negociar colectivamente sosteniendo como argumento el ser un órgano del Estado de Chile, ser un organismo internacional y no encontrarse dentro de aquellas empresas que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción determina que teniendo el Estado aportes, participación o representación mayoritarios, deberá negociar por establecimiento; b) negarse a negociar colectivamente por sostener que los contratos de los dependientes del Consejo han sido suscritos para una obra o faena determinada; c) no dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 329 y 315 del Código del Trabajo en el sentido de no acompañar a la respuesta del proyecto de contrato colectivo todos los documentos y antecedentes necesarios para justificar las circunstancias económicas y demás pertinentes que invoca; d) no dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 329 del cuerpo legal ya citado, esto es, no dar la respuesta en forma de proyecto de contrato colectivo, el que deberá contener todas las cláusulas de su proposición; y e) no dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 329 del Código del Trabajo , al no dar respuesta específicamente sobre todas y cada una de las cláusulas propuestas por los trabajadores en el proyecto de contrato colectivo. Así, a fin de resolver la objeción, la recurrida mediante resolución N° 161 de fecha 2 de abril de 2008, dispuso como medidas para mejor resolver la realización de una fiscalización y que el Consejo de las Américas acreditare fehacientemente que está inhabilitada para negociar colectivamente por encontrarse en los casos excepcionales dispuestos por ley, esto es, que su presupuesto ha sido financiado en más de un 50% por el Estado, directamente o a través de derechos o impuestos, en los dos últimos años calendarios. Continúa señalando que, transcurrido el plazo y evacuado el informe fiscalizador, la Inspección dictó la resolución N° 168 con fecha 14 de abril de 2008 resolviendo que se rechaza la observación del empleador, en el sentido de que estaría impedido de negociar colectivamente por ser un organismo internacional, toda vez que la Contraloría General de la República mediante Dictamen N° 000996 de 11/01/2001, acompañado a fojas 101, luego de estudiar la naturaleza jurídica de la empresa recurrente , determinó que no forma parte de la Administración del Estado. Además se rechaza la observación del Consejo, basada en que su presupuesto ha sido financiado en más de un 50% por el Estado en los dos últimos años calendarios, en atención a lo establecido en el Convenio entre el Fondo Mundial de lucha contra el Sida y el Consejo de las Américas adjunto a fojas 90 que señala que el Consejo de las Américas es el “receptor principal” de fondos de origen internacional, que financian la actividad del Consejo y que la recurrente no aportó ningún antecedente en este sentido.

En definitiva, la resolución 168 resolvió que el empleador Consejo de las Américas, se encuentra habilitado para negociar colectivamente, así como también los trabajadores individualizados en la nómina de socios adjunta al proyecto de contrato colectivo de los trabajadores y otorgar un plazo de cinco días a la recurrente para que complete su respuesta con los antecedentes necesarios para justificar las circunstancias económicas que invoca y para que presente su propio proyecto de contrato colectivo, bajo apercibimiento de tenerse por no contestado oportunamente el proyecto de negociación colectiva.

En cuanto a la legalidad de las actuaciones y a la competencia de la Inspección del Trabajo para dictar la resolución 168, señala la parte recurrida que la Constitución Política consagra en sus artículos 6 y 7 el denominado “principio de legalidad” o de “ juridicidad”, el cual prescribe que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, los cuales actuarán válidamente si lo hacen dentro de su competencia y en la forma prescrita por las leyes, siendo la Dirección del Trabajo y consecuentemente las Inspecciones del Trabajo uno de esos órganos, y en conformidad con este principio constitucional referido, la Inspección del Trabajo debe velar por la legalidad de las objeciones que la comisión negociadora de los trabajadores formule a la repuesta de su empleador al proyecto de contrato colectivo, y como sucedió en el caso de autos el Inspector recurrido actuó en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 331 del Código del Trabajo acogiendo las objeciones de legalidad formuladas por la comisión negociadora de los trabajadores del Consejo de las Américas. Agrega que la norma legal citada dispone:”recibida la respuesta del empleador, la comisión negociadora podrá reclamar de las observaciones formuladas por éste y de las que le merezca la respuesta, por no ajustarse éstas a las disposiciones del presente Código. La reclamación deberá formularse ante la Inspección del Trabajo dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha de la recepción de la respuesta. La Inspección del Trabajo tendrá igual plazo para pronunciarse, contado desde la fecha de presentación de la reclamación.” Continúa señalando que de la disposición legal transcrita se desprende que el legislador previendo que la respuesta del empleador y sus observaciones al proyecto de contrato colectivo adolecería de ilegalidades, estableció dentro de plazos muy limitados la posibilidad de objetar tales observaciones confiriéndole a la Inspección del Trabajo la competencia para pronunciarse en ese procedimiento, siempre que la negociación involucre a menos de 1000 trabajadores. Dada estas características de procedimientos con plazos tan limitados el legislador entrega la resolución de la controversia a la Inspección del Trabajo, constituyendo una excepción a la competencia natural de tal conocimiento por parte de los Tribunales de Justicia, sin perjuicio de las atribuciones de éstos para conocer de las resoluciones administrativas dictadas por las Inspecciones del Trabajo. Es así como el legislador limitó las facultades de estos Servicios, para pronunciarse respecto de objeciones de legalidad que han infringido lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 306 del Código del Trabajo.

Continúa sosteniendo que así se cumplen los presupuestos fundamentales de todo Estado de Derecho, esto es, órgano administrativo ejerciendo un limitado control de legalidad en el procedimiento de negociación colectiva y órgano jurisdiccional competente para conocer de toda reclamación de lo resuelto por el órgano administrativo, por lo que en caso alguno puede afirmarse, como lo pretende la recurrente, que su representada con su actuación, se ha constituido en una comisión especial, en virtud de que al concluir la falta de competencia de la Inspección para conocer y resolver el asunto de autos, parte de una supuesto equivocado. Por último, expresa la recurrida, que por no encontrarse con la única limitación de procedimiento, en conformidad al inciso final del artículo 331 del Código del Trabajo, el Inspector estaba obligado a pronunciarse respecto de las objeciones de legalidad planteadas.

Respecto a la ausencia de arbitrariedad del acto recurrido, señala que éste fue dictado dentro de las atribuciones contenidas en el artículo 331 del Código ya citado, esto es, resolver dentro del marco legal laboral vigente, la reclamación que el respectivo Sindicato de Trabajadores formuló en contra de la respuesta del empleador, por lo que no tiene carácter de arbitrario. Agrega que por acto arbitrario se entiende aquel equivalente al sin razón, discrecionalidad, o al simple capricho o donde existe voluntad no gobernada por la razón y que de la simple lectura de la resolución administrativa impugnada se concluye que ésta es fundada y razonada, dictada previo informe de fiscalización y demás antecedentes tenidos a la vista ya referidos, y además todos los fundamentos de la misma están debidamente explicados siendo el producto de la adecuada ponderación y análisis de los antecedentes de hecho y de derecho que se han aportado.

Finalmente la recurrida expresa que en cuanto a la garantía constitucional contemplada en los artículos 19 N° 1 y 2 de la Carta Fundamental le parece que es un exageración, por decir, que la resolución recurrida constituiría una supuesta vulneración al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, como respecto a la igualdad ante la ley estima que es curiosa la alegación de la recurrente, quien latamente en su escrito ha señalado una y otra vez que son un grupo privilegiado. Así, tampoco la resolución recurrida viola la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, en virtud de que el Inspector no efectuó ningún juzgamiento al dictar la resolución, lo hizo dentro de las facultades que le otorga la ley, toda vez, que su actuación no tiene naturaleza jurisdiccional, de lo contrario la ley le hubiera entregado directamente a los tribunales de justicia la facultad de dictarlas, por lo que no se ha estado en presencia de una comisión especial, sino que de la autoridad establecida por la ley para resolver una objeción de legalidad dentro de un proceso de negociación colectiva. Solicita finalmente la recurrida, que se tenga por informado el recurso de protección interpuesto por el Consejo de Américas, rechazarlo completamente, con costas, por inadmisible e improcedente.

A fojas 257, con fecha 23 de marzo de 2009 esta Corte resolvió la acumulación material del recurso de protección, ingreso N° 2238-2008, tramitado entre las mismas partes, por cumplirse los presupuestos del numeral 13 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema. Así entonces, en dicho recurso y a fojas 181 de los autos acumulados, comparece don nombre reservado, presidente del Consejo de las Américas, ambos domiciliados en domicilio reservado quien deduce, esta vez, recurso de protección en contra la Inspección del Trabajo de Providencia, organismo que se ha arrogado las competencias de resolver sobre la legalidad de la negociación colectiva posibilitando una huelga en un órgano ejecutor de un Tratado Internacional de propiedad del Estado de Chile y Gobierno de Estados Unidos, constituyéndose en comisión especial de las que prohíbe el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental.

Agrega que el organismo que preside es un órgano internacional, que tiene rol único tributario como tal, que sus recursos son de propiedad del Estado chileno, según lo dispone el punto 4 del Tratado Internacional que crea el Consejo, que los proyectos y convenios son firmados por el Presidente de la República y sus órganos son designados por los Estados de Chile y Estados Unidos, que sus aportes son más de un 50% del Estado y son gastados por gestión del Ministerio de Salud y en conformidad al artículo 305 del Código del Trabajo chileno no pueden negociar colectivamente las empresas cuyos aportes sean superiores al 50% de propiedad del Estado de Chile. Así haciendo caso omiso de la regulación del Consejo, la recurrida ha declarado la legalidad del proceso de negociación colectiva lo que ha posibilitado la declaración de huelga con fecha 25 de abril de 2008.

Reitera que la calificación jurídica del Tratado, como del Consejo de las Américas, corresponde a los dos estados partes por la aplicación de la Convención de Viena y por el propio texto del Tratado, constituyendo la errónea interpretación por parte de la recurrida, una alteración del orden internacional e incluso posibilita el ejercicio de delitos de la Ley de Seguridad del Estado. La recurrente ajunta diversos documentos que ya se encuentran todos acompañados a la causa rol 2065-2008.

Por último, solicita a esta Corte conceder protección constitucional al Consejo de las Américas, declarar admisible este recurso y reestablecer el debido imperio del derecho y en especial se declare que la Inspección del Trabajo se ha excedido en sus facultades y ha resuelto materias que son de competencia del Derecho Internacional Público, del Presidente de la República y de los Tribunales de Justicia, con costas.

A fojas 224, informa este segundo recurso don nombre reservado, abogado, por su representado don nombre reservado, Inspector Comunal del Trabajo de Providencia, señalando que el recurso no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en el auto acordado de la Excma. Corte Suprema, toda vez que el escrito de la pretendiente no menciona ningún hecho realizado por el Servicio que pueda constituir la vulneración de garantías constitucionales y tampoco señala cuál es el acto administrativo ilegal y arbitrario contra el cual recurre, por lo que solicita sea declarado improcedente y rechazado, con costas. Agrega que en cuanto a la omisión del acto recurrido, deben estimar que la recurrente al mencionar que el Servicio “…se ha arrogado las competencias de resolver sobre la legalidad de la negociación colectiva…”, se está refiriendo a la facultad del la Inspección para resolver acerca de la objeción de legalidad al responder al proyecto de contrato colectivo presentado por el Sindicato de la recurrente en el curso de la negociación colectiva reglada y, de ser así, estaría nuevamente pretendiendo por esta vía atacar la Resolución N° 168 de fecha 14 de abril de 2008, dictada por el Inspector Comunal del Trabajo de Providencia, lo que ya ha realizado por medio de las siguientes acciones constitucionales: recurso de protección rol 2065-2008 y recurso de amparo económico rol 2239-2008, ambos informados y pendientes de la vista en esta Corte, como la petición de nulidad administrativa interpuesta y pendiente de resolución ante este Servicio.

Continúa informando en términos idénticos al informe presentado en la causa anterior ingreso 2065-2008, cuyo contenido ya ha sido latamente expuesto, con la siguiente salvedad. Señala que ni la resolución recurrida, ni la actuación de su representado al dictar dicha resolución, viola de alguna forma la garantía establecida en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, ya que éstas fueron realizadas dentro de las facultades que le otorga la ley, no teniendo naturaleza jurisdiccional sino que administrativa, por lo que no se ha estado en presencia de una comisión especial, sino que de una autoridad facultada por ley para conocer y resolver una objeción de legalidad dentro de un proceso de negociación colectiva.

Agrega que en el ejercicio de sus facultades, su representado procedió a rechazar la solicitud intentada por la recurrente y que dicha resolución tiene fundamentos constitucionales como el artículo 19 N° 16 en su inciso 5° y final de la Carta Fundamental que señala que la Constitución garantiza a todas las personas el derecho a la negociación colectiva con la empresa en que desarrollan sus labores, salvo en los casos expresamente prohibidos por la ley, como las municipalidades, funcionarios del Estado, empresas o corporaciones que atienden servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población y a la seguridad nacional, como también así lo establece el artículo 384 del Código del Trabajo, situación en la que no se encuentra la recurrente; los artículos 1 inciso 3°, 5 inciso 2° y 19 N° 26 de la Constitución consagran principios que aseguran a las personas sus derechos, los cuales no podrán ser afectados en su esencia, ni podrán imponerse condiciones, tributos o requisitos que impidan su ejercicio, y que el estado reconoce y ampara a los grupos intermedios; todas disposiciones a las que la recurrente pretende no dar aplicación con respecto a sus dependientes e impedirles el ejercicio de su derecho a negociar colectivamente y a paralizar sus funciones. Agrega que el derecho a huelga es internacionalmente reconocido como uno de los medios esenciales para la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores contemplados en diversas normas legales nacionales e internacionales.

Sostiene además que es improcedente la petición del Consejo de las Américas en orden a solicitar en su presentación que se oficie a la Inspección “...para que suspenda todo proceso en curso o negociación colectiva…”, en virtud de que el derecho a huelga es ejecutado directamente por los trabajadores, sin corresponderle a este Servicio ninguna participación en las etapas de la huelga. La recurrida acompaña diversos documentos que ya se encuentran adjuntados a la causa rol 2065-2008.

Finalmente concluye que la huelga legal y el proceso de negociación colectiva reglada ha concluido con fecha 6 de mayo de 2008 y el Consejo de las Américas procedió a despedir a los trabajadores que participaron en dicho procedimiento, violando las normas legales y constitucionales que regulan la negociación y que no existe por estos motivos ninguna providencia que pueda ser dictada por esta Corte, en estas materias. Por lo expuesto solicita tener por informado el presente recurso solicitando su completo rechazo, con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho, en aquellos casos en que se han vulnerado los derechos constitucionales amparados por esta acción cautelar, cuando se ha privado, perturbado o amenazado a su titular en su ejercicio.

SEGUNDO: Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del texto constitucional, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, contribuyendo a crear las condiciones sociales que permitan a los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización material y espiritual posible, con pleno respeto de los derechos y garantías constitucionales, evitando toda forma de discriminación entre ellos.

TERCERO: Que, previo al análisis propiamente jurídico, es preciso consignar, como reiteradamente en los últimos años lo ha señalado la Excma. Corte Suprema, que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Así entonces, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley; o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas, contempladas taxativamente en el artículo 20 de la Carta Fundamental, entre las cuales se encuentran la señalada por la recurrente. La Corte, enfrentada a una situación como la descrita, adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer, el recurrente, ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Que de lo dicho deriva una cuestión que constituye un requisito indispensable para que los tribunales puedan acoger un recurso de cautela de derechos constitucionales, cual es, que la Corte esté en situación de aplicar las medidas de protección que se piden o las que se estimen pertinentes, lo que presupone que los efectos del acto u omisión denunciados, efectivamente constituyan una infracción respecto de algunas de las garantías constitucionales que se supone infringida.

CUARTO: Que como queda de manifiesto en la parte expositiva precedente, la recurrente solicita conceder protección constitucional al Consejo de las Américas, reestableciendo el debido imperio del derecho y declarar que la Inspección del Trabajo de Providencia, se arroga competencias de las que carece, constituyéndose en Comisión Especial de las que prohíbe la Constitución Política de la República en el artículo 19 N° 3, inciso cuarto, de la Carta Fundamental y que dicha entidad debe cesar toda actuación referida al Consejo de las Américas dando plena aplicación al Tratado Internacional suscrito por Chile y Estados Unidos el año 2003. Luego en su segundo recurso, acumulado, pide nuevamente reestablecer el debido imperio del derecho y en especial se declare que la Inspección del Trabajo se ha excedido en sus facultades y ha resuelto materias que son de competencia del Derecho Internacional Público, del Presidente de la República y de los Tribunales de Justicia.

QUINTO: Que, a juicio del recurrente, con lo actuado por la recurrida se han vulnerado las garantías constitucionales de su representada contenidas en el número 3, inciso cuarto, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que se solicita que esta Corte reestablezca el imperio del derecho que se entiende violentado, acogiendo el presente recurso, formulando las declaraciones indicadas en el motivo precedente. Que las declaraciones que se solicita emitir a esta Corte, resolviendo esta acción de protección, no resultan procedentes, toda vez que las materias debatidas, esto es la naturaleza del organismo que recurre, en el sentido de si es o no un organismo internacional, si los fondos que administra son o no de aquellos a que se refiere el inciso tercero del artículo 304 del Código del Trabajo y, finalmente, si la Inspección del Trabajo recurrida, tiene o no facultades para haber actuado en la forma que lo hizo, frente a la constitución de una organización sindical y de un posterior proceso de negociación colectiva al interior de la entidad recurrente, exceden los marcos de la acción constitucional intentada, pues se trata de materias variadas, cuyo contenido no es compatible con la sumariedad de este procedimiento, toda vez que lo pretendido es contrario a la naturaleza y objetivo de esta acción, que parte del supuesto de un derecho no discutido, ni discutible, el que por acto arbitrario y/o ilegal se vulnera, priva o amenaza una garantía constitucional, lo que nunca puede acontecer tratándose de obtener decisiones declarativas de derechos; lo que es contrario a la naturaleza procesal de esta acción cautelar de carácter constitucional, por lo que la jurisprudencia mayoritaria se ha inclinado por declarar sin lugar esta clase de recursos, lo que llevará a resolver de esa manera a estos sentenciadores.

SEXTO: Que a mayor abundamiento, con lo expuesto por la recurrente al describir las actuaciones de la Inspección del Trabajo recurrida, no es posible estimar que haya existido acto ilegal o arbitrario que haya perturbado, amenazado o vulnerado la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 3 inciso cuarto de la Carta Fundamental por parte de la autoridad administrativa, por cuanto las facultades de la Dirección del Trabajo están expresamente señaladas en su Ley Orgánica y en el Código del ramo y, el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras necesariamente comprenden las de verificar los hechos y contrastarlos con las normas cuyo cumplimiento están llamados a comprobar, actividad inherente a la función que por ley está obligados a desarrollar. Por otra parte, el ejercicio de estas potestades, no interfiere las atribuciones del Poder Judicial, tanto porque no obsta al ejercicio de acciones jurisdiccionales, como porque se trata de potestades expresamente atribuidas a entidades administrativas. A este respecto, la doctrina ha sostenido, en general, que los actos administrativos carecen de los elementos propios que caracterizan a los actos jurisdiccionales, siendo los elementos diferenciadores de ambas clases de actos jurídicos, la eficacia de la cosa juzgada que sólo se da donde ha habido o podido haber ejercicio de jurisdicción y su coercibilidad, elementos que no concurren respecto de este tipo de actuaciones de la administración, las que siempre pueden ser reclamadas y revisadas jurisdiccionalmente. Por ello la fiscalización no implica un acto de juzgamiento o de “jurisdicción”, entendida ésta como función exclusiva y excluyente de los Tribunales de Justicia.

SÉPTIMO: Que por último, preciso es dejar constancia, para los efectos de resolver adecuadamente el presente recurso, que el Inspector Comunal del Trabajo de Providencia recurrido, informando el recurso acumulado, a fojas 224, expresa que en el ejercicio de sus facultades, procedió a rechazar la solicitud intentada por la recurrente y que dicha resolución tiene fundamentos constitucionales como el artículo 19 N° 16 en su inciso 5° y final de la Carta Fundamental que señala que la Constitución garantiza a todas las personas el derecho a la negociación colectiva con la empresa en que desarrollan sus labores, salvo en los casos expresamente prohibidos por la ley, situaciones en ninguna de las cuales se encuentra la recurrente. Agrega, finalmente, un antecedente de gran importancia, no discutido en los autos, cuando señala que “ha concluido la huelga legal y el proceso de negociación colectiva reglada, el día 6 de mayo de 2008 y la empresa, Consejo de las Américas, procedió a despedir a todos los trabajadores que participaron en dicho procedimiento, violando las normas legales y constitucionales que regulan la negociación…”; por ello, reiteran, no existe ninguna resolución ni medida que pueda ser adoptada por esta Corte en estas materias.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de los recursos de protección, SE RECHAZAN, los interpuestos en lo principal de fojas 57, y en lo principal de fojas 181, ambos por don nombre reservado, presidente del Consejo de las Américas, en contra la Inspección del Trabajo de Providencia.

Regístrese y archívese.

Redacción del abogado integrante Sr. Asenjo.

Rol Corte Nº 2065 – 2008. (Acum. 2238-2008).- Pronunciada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de nombre reservado, presidida por la Ministro doña Dobra Lusic Nadal e integrada, además, por el Ministro don Joaquín Billard Acuña y por el Abogado Integrante don Rodrigo Asenjo Zegers. No firma el señor nombre reservado, por encontrarse ausente.