nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

Santiago, veintiuno de junio de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 22 de marzo del año en curso, nombre reservado deduce acción de protección a favor de nombre reservado, y en contra de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y La Araucana, por el acto arbitrario e ilegal consistente en los descuentos realizados en sus remuneraciones desde octubre de 2018 a la fecha, por un supuesto préstamo, sin que haya consentido ni autorizado dicha retención. Estimando vulneradas las garantías contenidas en el artículo 19 N° 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, solicita en definitiva se acoja el recurso y se ordene el cese de dichos descuentos, se disponga el reintegro de los descuentos efectuados y se condene en costas a las recurridas.

Expone que en el año 2010 solicitó un crédito a la Caja de Compensación La Araucana, cuando era funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, crédito que no pudo pagar desde abril de 2011, adeudando más de 7 millones de pesos, sin que hasta la fecha dicha Caja haya iniciado alguna demanda en su contra para obtener el pago de la deuda.

No obstante lo anterior, y luego de cambiarse de empleador al Servicio Nacional del Adulto Mayor en abril de 2011 hasta la actualidad, comenzó a percatarse que en los últimos meses se ha producido un descuento en sus remuneraciones por aproximadamente $140.000.-, el cual se realiza por instrucciones de Caja de Compensación Los Andes, sin que con dicha institución tenga deuda alguna ni haya autorizado descuento alguno en sus remuneraciones. Al solicitar información a su empleador, éste emitió un certificado, que acompaña, el que da cuenta de los descuentos efectuados desde octubre pasado, todos por $141.987.- Alega que dichos descuentos resultan ilegales pues nunca se ha iniciado cobro judicial alguno en su contra, y las recurridas carecen de algún título ejecutivo no prescrito que las habilite a efectuar dicho descuento, o de alguna acción ordinaria, por lo que el acto se torna en arbitrario e ilegal, vulnerando las garantías indicadas, lo que hace procedente el recurso en los términos indicados.

Segundo: Que, nombre reservado en representación de Caja de Compensación La Araucana evacua informe al tenor del recurso de autos, manifestando que si bien es efectivo el descuento realizado al recurrente, por intermedio de la Caja de Compensación Los Andes, mediante el denominado “Protecto Intercajas”, sin reconocer los fundamentos que esgrime el recurrente en su recurso, ha dispuesto el cese de los descuentos de las cuotas del crédito que mantiene con su parte, excluyéndose tal operación de las planillas de crédito que se dirigen a su actual empleador. Asimismo, hará devolución únicamente de la suma descontada en el mes de marzo de 2019, fecha en la que presentó el recurso de protección.

Tercero: Que, finalmente, nombre reservado por Caja de Compensación Los Andes, evacua informe y solicita sea desestimado el recurso, toda vez que, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social, de acuerdo a las facultades conferidas por la Ley N°18.833, se procede a realizar el cobro de la deuda que el recurrente mantiene con la Caja de Compensación La Araucana, por intermedio del denominado “Proyecto Intercajas”; mediante el cual las distintas cajas de compensación han suscrito diversos mandatos y convenios para ubicar a deudores morosos y obtener el pago de las deudas que por concepto de créditos adeuden, por lo que, en este caso, Caja de Compensación Los Andes le solicitó recaudar la deuda pendiente con el recurrente, desconociendo el origen y naturaleza de ésta.

Considerando además, que el empleador se encuentra obligado a descontar dicha suma de las remuneraciones de la recurrente (artículo 58 Código del Trabajo y artículo 22 de la Ley N°18.883), estima que, el descuento no es arbitrario ni ilegal, sino que se encuentra respaldado en una deuda que la recurrente mantiene, por concepto de créditos sociales solicitados, y su acción se ha efectuado en cumplimiento de la normativa vigente.

No obstante lo anterior, y sin reconocer los fundamentos que esgrime el recurrente en su recurso, ha dispuesto el cese de los descuentos de las cuotas del crédito que mantiene con su parte, excluyéndose tal operación de las planillas de crédito que se dirigen a su actual empleador.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Quinto: Que, la cuestión controvertida consiste en determinar si los descuentos ordenados retener al Servicio Nacional del Adulto Mayor por parte de la recurrida, por cuenta de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y por concepto de un crédito social no pagado por el recurrente, constituyen un acto ilegal y arbitrario.

Sexto: Que, de lo relacionado, el acto que la recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en los descuentos que comenzaron a efectuarse en su remuneración a partir del mes de octubre de 2018.

Según se desprende de los antecedentes, ellos fueron practicados luego de transcurridos más de siete años desde el mes de abril de 2011, en que se según se desprende del documento denominado "Carga Financiera" acompañado por la Caja de Compensación La Araucana, se pagó por última vez el crédito otorgado al actor, habiendo sido interrumpido el transcurso de dicho lapso sólo con el pago efectuado en octubre de 2018 vía descuento de su remuneración.

Séptimo: Que, en tales circunstancias, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan. Tal beneficio en la especie resultaba improcedente, considerando el extenso lapso (más de siete años) que alcanzó a transcurrir entre abril de 2011 y octubre de 2018 sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito; con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio del derecho de la Caja acreedora para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios.

Octavo: Que, este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde sea declarado y se otorgue amparo al actor, pues de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendría un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podría mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.

Noveno: Que, el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad del actor sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso, como se adelantó, debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por nombre reservado a favor de nombre reservado y, en consecuencia, se declara que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado a la recurrente vía descuentos de sus remuneraciones, como asimismo, deberá proceder a reembolsarle los montos indebidamente descontados a partir de octubre de 2018, en adelante, sin perjuicio del derecho de la Caja acreedora a perseguir su cobro por la vía jurisdiccional pertinente.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó la abogado integrante Sra. Herrera.

Rol N° 20.646-2019 (protección).

Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Leopoldo Llanos Sagristá e integrada, además, por la Ministro (S) señora Claudia Burgos Sanhueza y la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

No firma la Ministro (S) señora Burgos, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado sus funciones en esta Corte.

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