Protección contra Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en representación de nombre reservado, pasaporte N°NUM000, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, por la negativa a la debida tramitación de la solicitud de refugio de la recurrente, con sus respectivos antecedentes y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, así como por no haberle otorgado la visación de residente temporario.

Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la autoridad recurrida, mediante Resolución Exenta N°NUM001 de fecha 20 de agosto de 2025, resolvió tener por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por la recurrente con fecha 22 de mayo de 2025, sin haber realizado de manera previa la correspondiente derivación de los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión.

Expone que la recurrente es una ciudadana venezolana que se vio forzada a escapar de su país e ingresar por pasos inhabilitados a Chile con fecha 17 de octubre de 2021, debido a la violencia generalizada, conflictos internos y violación masiva de derechos humanos en Venezuela. Una vez en Chile, con fecha 22 de mayo de 2025, acudió a las dependencias de la recurrida para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, donde llenó un formulario y dio su declaración.

Sostiene que la autoridad migratoria recurrida justificó su decisión de desistimiento alegando que la solicitud excedía el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, según el artículo 26 de la Ley N°20.430. Sin embargo, la recurrente realizó una subsanación de su solicitud con fecha 12 de agosto de 2025.

Alega que no ha existido un desistimiento efectivo de su solicitud, ya que no lo ha manifestado de manera expresa ni tácita, siendo la interposición de este recurso prueba de su voluntad de mantener la pretensión. Invoca jurisprudencia que exige que el desistimiento sea "individual, expreso y voluntario".

Argumenta que el proceder de la recurrida vulnera el principio de proporcionalidad de los actos jurídicos, al dar mayor importancia a requisitos formales que a la realidad humanitaria, y el principio de irretroactividad de la ley y las sanciones, al aplicar plazos establecidos en una normativa posterior a su ingreso al país.

Señala además que no se le ha otorgado la visación de residente temporario prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N°20.430 y el artículo 42 del Decreto N°837, normas que, a su juicio, son perentorias e imperativas, ordenando la concesión inmediata de dicha visa una vez presentada la solicitud de refugio.

Invoca el derecho a buscar y recibir asilo como un derecho humano fundamental, el principio de No Devolución, y la obligación de los funcionarios de las Direcciones Regionales de SERMIG de no deliberar sobre la legitimidad de los antecedentes, sino derivarlos a la Secretaría Técnica. Concluye que la actuación de la recurrida importa una discriminación y vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se acoja el presente recurso de protección, declarando que la autoridad migratoria ha actuado de manera arbitraria e ilegal, vulnerando derechos fundamentales de la recurrente. En consecuencia, pide que se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM001 de fecha 20 de agosto de 2025, y se ordene la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio, prescrita en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N°20.430.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido en autos, comparece doña nombre reservado, abogada del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, por no configurarse los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente contra alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Señala que la recurrente ingresó al país por paso no habilitado el 17 de octubre de 2021, según su propia declaración.

Con fecha 22 de mayo de 2025, manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, otorgándosele una cita para el 31 de julio de 2025. Una vez ingresada la solicitud, y advertida su incompletitud, con fecha 31 de julio de 2025, mediante Resolución Exenta N°NUM002, se le solicitó antecedentes bajo apercibimiento de tenerla por desistida, indicándole un plazo de 15 días hábiles para subsanar, lo cual fue debidamente notificado.

Los motivos para la subsanación fueron: a) Exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG (Art. 26 Ley N°20.430); y b) Mantener ingreso por paso no habilitado y no presentar los antecedentes que acrediten cumplimiento de los plazos (Arts. 8 y 35 D.S. N°837; Art. 26 N°5 Ley N°20.430). La recurrente presentó antecedentes, los cuales fueron analizados.

Indica que, con fecha 20 de agosto de 2025, mediante Resolución Exenta N°NUM001, y en cumplimiento de la legislación vigente, se tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de su condición de refugiado, por cuanto no cumplió con los requisitos formales, específicamente el de exceder el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, conforme al artículo 26 de la Ley N°20.430. Hace presente que no se ha dictado sanción migratoria alguna en contra de la recurrente.

Explica los cambios legislativos operados, indicando que la Ley N°21.655, publicada el 20 de febrero de 2024, modificó la Ley N°20.430, estableciendo nuevos requisitos para la admisibilidad y formalización de solicitudes de refugio. Debido a que la recurrente manifestó su intención de solicitar refugio con fecha 22 de mayo de 2025, la Ley N°21.655 es la normativa aplicable a su solicitud.

Detalla los requisitos para la formalización de la solicitud, incluyendo la manifestación de intención dentro del plazo legal, el cumplimiento de requisitos para ingresos irregulares, y que la solicitud sea declarada admisible por tener suficientes fundamentos, de acuerdo a los artículos 2, 6, 26, 28 y 28 bis de la Ley N°20.430, y los artículos 8, 35 y 37 de su Reglamento.

Sostiene que, conforme al artículo 26 de la Ley N°20.430 (modificado), todo extranjero que ingrese al territorio nacional con el objeto de solicitar refugio debe informar a la autoridad de frontera y, posteriormente, manifestar su voluntad de solicitar refugio en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones en un plazo fatal de siete días desde su ingreso al país. En caso de ingreso irregular, debe presentarse ante la Policía de Investigaciones en el término de 10 días desde la infracción migratoria.

Afirma que el artículo 28 bis de la Ley N°20.430 establece que, si no se cumplen los requisitos formales, el Servicio Nacional de Migraciones debe notificar al solicitante los requisitos incumplidos y el plazo para subsanar, advirtiendo que, en caso de no cumplir, la solicitud se tendrá por desistida. La visación de residente temporario, de acuerdo al artículo 32 de la Ley N°20.430 (modificado), se extiende "una vez acogida a trámite la solicitud", lo que no ocurrió en este caso al no cumplir con los requisitos formales.

Concluye que el desistimiento de la solicitud de la recurrente se ajusta al cumplimiento estricto de la normativa que regula la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado, y que la autoridad ha actuado con estricto apego a la Constitución y las leyes, por lo que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que vulnere las garantías constitucionales invocadas.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio del derecho de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese atributo. De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Cuarto: Que la actuación que se tacha de ilegal y arbitraria corresponde a la dictación de la Resolución Exenta N°NUM001 de fecha 20 de agosto de 2025, por parte de la Dirección Regional de Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, que tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente doña nombre reservado, y la consecuente no concesión de la visación de residente temporario. La recurrente imputa a la recurrida una vulneración de los derechos de igualdad ante la ley, así como de los principios de proporcionalidad e irretroactividad, al aplicar de manera, a su juicio, indebida, los plazos y requisitos formales para la tramitación de su solicitud de refugio.

Quinto: Que, sin embargo, conforme consta de los antecedentes y del informe evacuado por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), la autoridad recurrida, tras la manifestación de voluntad de la recurrente de solicitar refugio con fecha 22 de mayo de 2025, dio curso inicial a dicho procedimiento. Al detectarse que la solicitud no cumplía con los requisitos formales, se dictó la Resolución Exenta N°NUM002 de fecha 31 de julio de 2025, mediante la cual se le requirió a la recurrente subsanar las omisiones en un plazo de 15 días hábiles, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, especificando los requisitos incumplidos, tales como el plazo de 7 días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el SERMIG, y la condición de ingreso por paso no habilitado sin acreditar cumplimiento de plazos específicos.

Sexto: Que, ante la subsanación realizada por la recurrente, la autoridad migratoria procedió a analizar los antecedentes y, considerando que no se habían subsanado adecuadamente los requisitos formales —especialmente el relativo al plazo de presentación desde el ingreso al país, conforme al artículo 26 de la Ley N°20.430, en su versión modificada por la Ley N°21.655—, dictó la Resolución Exenta N°NUM001 de fecha 20 de agosto de 2025, teniendo por desistida la solicitud. Este proceder de la autoridad recurrida se enmarca dentro de las facultades y el procedimiento establecido en la Ley N°20.430, en su texto vigente a la fecha de la manifestación de voluntad de la recurrente y de la tramitación de su solicitud, incluyendo las modificaciones introducidas por la Ley N°21.655 y su reglamentación. En este contexto, la no concesión de la visación de residente temporario también se justifica en la normativa, la cual supeditada su otorgamiento a que la solicitud sea "acogida a trámite", lo que implica el cumplimiento de los requisitos formales.

Séptimo: Que, de lo expuesto, se desprende que la autoridad recurrida no ha incurrido en una omisión o una negativa de tramitación arbitraria, sino que ha emitido actos administrativos formales y fundados en su interpretación de la legislación aplicable a la solicitud de la recurrente. Si bien dicha interpretación puede ser objeto de discusión en otras vías legales, no corresponde al recurso de protección, de naturaleza cautelar y excepcional, dirimir controversias sobre la aplicación e interpretación de la ley cuando la autoridad ha actuado en el ejercicio de sus facultades legales y siguiendo un procedimiento establecido. No se advierte en su actuar una privación, perturbación o amenaza manifiesta y arbitraria o ilegal de las garantías constitucionales invocadas, sino la aplicación de la normativa migratoria que rige el procedimiento de refugio. Por consiguiente, el recurso de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso deducido por doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-20644-2025.